La política migratoria de la administración Trump estuvo marcada por una fuerte percepción de inmigración como un riesgo para la seguridad nacional. Esta perspectiva fue clara en dos de las iniciativas más emblemáticas: la construcción del muro en la frontera sur y la implementación de la prohibición de viajes. Estos dos actos reflejaron una visión de la inmigración como una amenaza potencial que debía ser gestionada antes de que los posibles peligros pudieran manifestarse.

Desde el principio, Trump enmarcó la inmigración no solo como un asunto económico o social, sino como una cuestión de seguridad nacional. En su retórica, ciertos grupos étnicos y nacionales, en particular las poblaciones musulmana y latina, fueron presentados como potenciales fuentes de riesgo. La administración identificó una variedad de "indeseables" dentro de estas comunidades, tales como terroristas, narcotraficantes, traficantes de personas y otros criminales violentos que supuestamente representaban una amenaza intolerable para la seguridad de los Estados Unidos. Esta construcción del "otro" como peligroso alimentó el miedo colectivo, construyendo la imagen de que los inmigrantes podrían participar en conductas delictivas violentas después de ingresar al país.

Sin embargo, es crucial notar que ni el muro ni la prohibición de viajes implicaron una acción directa contra los inmigrantes considerados "indeseables". El propósito de ambas medidas era prevenir su entrada al país antes de que pudieran llevar a cabo cualquier acción dañina o destructiva. Esta prevención se basa en la idea de gestionar el riesgo de forma proactiva, no solo reaccionar ante él una vez que ocurre.

En cuanto al muro, su función era más simbólica y material: la construcción de una barrera física a lo largo de la frontera sur representaba un intento por cambiar las características de una zona considerada peligrosa, al prevenir la entrada de inmigrantes indocumentados y otros considerados "de riesgo". En paralelo, la prohibición de viajes operaba de manera similar, pero en un ámbito internacional: al identificar países con "indicadores de riesgo" y restringir la entrada desde ellos, la administración trataba de mitigar las posibilidades de que situaciones adversas se desarrollaran a raíz de la inmigración.

Este enfoque preventivo se basa en lo que se conoce como "gestión situacional del riesgo", un concepto derivado de la teoría de la "prevención situacional del crimen". Esta última teoría sostiene que, en lugar de centrarse en los criminales, es más efectivo modificar los entornos y reducir las oportunidades para que el crimen ocurra. El muro y la prohibición de viajes siguen esta lógica: buscan reducir las oportunidades para que los inmigrantes "problemáticos" lleguen a suelo estadounidense.

Es importante reconocer que este enfoque no es exclusivo de la administración Trump. En términos generales, la gestión del riesgo ha sido una constante en las políticas de seguridad de Estados Unidos desde la Guerra Fría, con diferentes administraciones utilizando distintas estrategias para abordar lo que consideran riesgos a la seguridad nacional. Por ejemplo, la administración de Bush utilizó la doctrina de la "autodefensa anticipatoria" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, justificando la invasión de Irak bajo el supuesto riesgo de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva que podrían ser transferidas a terroristas. De manera similar, Obama implementó ataques con drones como una forma de gestionar el riesgo de grupos terroristas en el Medio Oriente.

Aunque las formas específicas de gestión del riesgo variaron según la administración, el concepto central permanece constante: la seguridad nacional se construye y se gestiona a través de la identificación y prevención de posibles riesgos antes de que puedan materializarse. Esta lógica de "riesgo" no es nueva, sino que refleja un cambio en las concepciones de seguridad de Occidente, que ha pasado de un enfoque centrado en amenazas claras y directas a un paradigma donde lo incierto y lo desconocido se manejan con medidas preventivas.

Además de entender la importancia de la gestión del riesgo en las políticas de inmigración y seguridad, el lector debe reconocer que este enfoque no se limita únicamente a la inmigración. El uso de la "gestión de riesgos" se extiende a diversas áreas de la política y la estrategia, influyendo en cómo los gobiernos occidentales perciben y responden a una variedad de amenazas potenciales. Este cambio hacia una lógica de riesgo puede ser interpretado como una adaptación a un entorno global cada vez más impredecible, donde los actores políticos buscan protegerse de futuros inciertos más que enfrentar amenazas inmediatas. La política de inmigración bajo Trump no solo se trató de una respuesta a una amenaza visible, sino de un intento de anticiparse y prevenir futuros desastres percibidos.

¿Cómo la construcción discursiva de los musulmanes como "riesgosos" impactó en las políticas de inmigración bajo Trump?

La representación de los musulmanes como individuos inherentemente vinculados al terrorismo, la violencia y el riesgo se ha convertido en un componente clave de la construcción discursiva que justifica políticas de vigilancia intensificada y otras medidas de gestión del riesgo. Esta narrativa ha sido particularmente evidente en la ideología de Trump y su doctrina de "America First", que resalta las quejas sobre el trato que Estados Unidos recibe tanto de sus aliados como de sus opositores. Tal doctrina se sustenta en una imagen de excepcionalismo estadounidense, nativismo y fortaleza a través no solo de poder militar, sino también de fronteras fuertes y efectivas. La visión de los musulmanes como peligrosos y "riesgosos" en la retórica de Trump también está racializada y de género.

El veto migratorio de Trump y su declaración de 2018 sobre los "criminales y desconocidos del Medio Oriente" intentando infiltrarse en Estados Unidos con una caravana de migrantes, refleja la racialización y la orientación de género de los musulmanes tras el 11 de septiembre. La racialización no se limita a los aspectos visuales, sino que se extiende a la nacionalidad, etnia, religión y género. Como señala Selod (2019), el género es un aspecto crucial de la racialización de los musulmanes después de los atentados. Un ejemplo claro es cómo las mujeres musulmanas, a través de su vestimenta religiosa como el burka o el hiyab, son percibidas como oprimidas y abusadas, además de ser vistas como símbolo de engaño y peligro. Esta ropa ha sido objeto de prohibiciones en varios países europeos y africanos, y en otras sociedades occidentales como Australia, algunos políticos han impulsado la idea de una "prohibición del burka", argumentando que es una afrenta a los valores occidentales y un riesgo para la seguridad.

Por otro lado, para los hombres musulmanes, las señales visuales, el lenguaje hablado, el acento o el nombre pueden ser suficientes para ser racializados como peligrosos o terroristas. Es esta construcción discursiva de la racialización y el género lo que habilita y legitima prácticas específicas de gestión del riesgo, como la vigilancia intrusiva y, por supuesto, la prohibición de entrada al país.

Trump no fue el único en construir un discurso islamófobo. Su retórica apuntó hacia una "musulmanización" del miedo, que conceptualizaba a los musulmanes como una amenaza de la que Estados Unidos debía protegerse. Esto también refleja una larga historia de políticas inmigratorias excluyentes en Occidente. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido una historia de políticas de inmigración discriminatorias, como la Ley de Página de 1875, que prohibía la entrada de mujeres chinas, o la "Política de Australia Blanca" que restringió la inmigración desde países no blancos durante varias décadas. Trump, al igual que estos precedentes históricos, reconfigura la percepción del "otro" y las medidas para excluirlo, basadas no solo en su religión, sino también en su raza y género.

El veto de entrada de Trump a musulmanes no pasó desapercibido. Aunque muchos líderes republicanos criticaron su propuesta, argumentando que era una violación de los valores constitucionales y un acto contraproducente que solo fortalecería la narrativa de los grupos terroristas islamistas, una parte significativa del electorado estadounidense resonó con el discurso de Trump. Sin embargo, las críticas se centraron principalmente en los mecanismos de gestión del riesgo del veto, más que en la idea de que los musulmanes representaban una amenaza real para la seguridad. Los opositores a la propuesta afirmaron que aunque el riesgo existía, el veto no era la manera más efectiva de abordarlo. Este desacuerdo sobre la solución no implicaba que el riesgo fuera descartado, sino que ponía en duda la eficacia de las políticas propuestas.

Es importante entender que la propuesta de Trump sobre el veto no solo fue un acto aislado, sino parte de una narrativa más amplia sobre la inmigración y la seguridad. Esta narrativa ha sido utilizada desde los atentados del 11 de septiembre para justificar políticas de vigilancia y exclusión que se centran en los musulmanes. La retórica de Trump sobre los musulmanes reflejaba un proceso de "racialización" que no solo los etiquetaba como un riesgo, sino que también los excluía y les atribuía características de peligrosidad. A través de este proceso, se habilitaba una forma de exclusión legal y social que se justificaba como una necesidad de seguridad.

Además, es fundamental recordar que las medidas restrictivas en la inmigración no son fenómenos nuevos. La historia de políticas excluyentes en los países occidentales ha sido constante, ya sea por razones raciales, religiosas o de género. Lo que cambia es el contexto específico en el que estas políticas se articulan. En el caso de Trump, se destacó el uso de un discurso agresivo y polarizante para justificar la exclusión de musulmanes, pero esto se enmarca en un contexto más amplio de construcción de identidades de "riesgo" en las que el otro, el musulmán, se convierte en un blanco fácil para las políticas de control social y político.

La crítica a este tipo de políticas no se limita solo a su impacto inmediato, sino también a la construcción de un mundo donde las fronteras no son solo físicas, sino ideológicas. La percepción de los musulmanes como una amenaza no es solo una cuestión de seguridad, sino de poder, control y representación. Y es en este campo discursivo donde se juega una parte importante del futuro de las sociedades occidentales: cómo se construyen los "otros" y cómo se gestionan los riesgos que representan, ya sea a través de políticas explícitas o de un discurso que los coloca constantemente en la periferia de la sociedad.

¿Cómo la resistencia popular y política dio forma a las prohibiciones de viaje de Trump?

La propuesta de Trump y la resistencia que esta suscitó, tanto en el gobierno como en la sociedad civil, demostraron que la prohibición de viajar no era una opción viable ni aceptable para gestionar el riesgo terrorista identificado por el presidente. Este hecho fue subrayado por las declaraciones reiteradas de Trump y de altos funcionarios de la Casa Blanca, quienes insistieron en que la orden ejecutiva no constituía una prohibición musulmana, a pesar de las evidentes implicaciones. La resistencia al ban se mantuvo constante a lo largo de todas sus versiones, cada una de las cuales fue modificada en respuesta a desafíos legales y a una oposición tanto política como popular.

La reacción de la sociedad fue inmediata. Apenas firmada la orden, comenzaron las protestas populares, las cuales se originaron el 28 de enero en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York y rápidamente se extendieron a otras terminales aéreas en los Estados Unidos. Además, se organizaron marchas en varias ciudades de EE. UU. y manifestaciones en diversas partes del mundo. La oposición al ban se articuló principalmente en torno a su carácter discriminatorio y a la violación de los valores fundamentales de la nación, con la argumentación de que los riesgos que justificaban la prohibición estaban exagerados y no eran suficientes para implementar una medida tan extrema.

Las primeras protestas en los aeropuertos fueron intensificadas por la confusión que se generó después de que la orden entrara en vigor. Varias personas aprobadas como refugiadas, estudiantes, titulares de visas y residentes permanentes legales de los países afectados fueron detenidas al llegar a los EE. UU. o se les impidió embarcarse en vuelos hacia el país desde diversas ciudades de Europa, Medio Oriente y África. A raíz de esto, muchas organizaciones de derechos humanos, civiles y de inmigrantes, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Centro de Leyes Nacionales de Inmigración, condenaron formalmente la medida. La ACLU denunció que el ban era "ilegal, inconstitucional y fundamentalmente incorrecto". Además, 17 fiscales generales de varios estados emitieron una declaración en la que condenaron la orden, insistiendo en que violaba la Constitución y los valores históricos de los EE. UU. como nación de inmigrantes.

El rechazo a la prohibición también se materializó en diversas instancias políticas y gubernamentales. Gobernadores como Jay Inslee de Washington se opusieron abiertamente, argumentando que las órdenes del presidente contradecían los valores fundamentales de su estado. En sus declaraciones, Inslee subrayó la importancia de la inclusividad y la tolerancia como pilares esenciales de la identidad estadounidense. La oposición a la orden ejecutiva, principalmente impulsada por gobernadores y fiscales generales demócratas, contrastó con el apoyo que la medida recibía en estados republicanos.

El debate también se dio dentro del Congreso. Aunque algunos senadores republicanos como John McCain y Lindsey Graham criticaron la medida, hubo otros, como el senador Steve Daines, que respaldaron la prohibición, argumentando que Estados Unidos estaba en guerra con extremistas islámicos y que cualquier medida de precaución era necesaria para garantizar la seguridad nacional. La cuestión del riesgo, siempre planteada de manera amplia y vaga, se convirtió en el eje central del discurso, donde la necesidad de tomar medidas preventivas se justificaba sin especificar peligros concretos, sino apelando a la incertidumbre y la necesidad de controlar el flujo de información sobre los posibles refugiados.

La resistencia al Travel Ban 1.0 fue multifacética, desde protestas populares hasta acciones legales que comenzaron apenas horas después de que Trump emitiera su orden. La ACLU presentó varias demandas en busca de la liberación de personas detenidas injustamente, y un grupo de estados presentó una acción legal en la que se argumentaba que la prohibición era ilegal e inconstitucional. La Corte de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington emitió una orden judicial temporal contra aspectos clave de la prohibición. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó esta decisión, suspendiendo el Travel Ban hasta que Trump emitiera una nueva versión en marzo, lo que dio lugar al Travel Ban 2.0.

Aunque la primera versión de la prohibición fue efímera, su importancia radica en ser solo una parte de un proceso más amplio en el que las medidas de seguridad nacional, basadas en la identificación de entornos peligrosos y personas riesgosas, se enfrentaron a una gran oposición. El Travel Ban 1.0 no solo representa la lógica de riesgo utilizada por Trump y sus administradores, sino también las luchas políticas y legales que definieron la evolución de las siguientes versiones del Travel Ban, y que demostraron que el gobierno no podía implementar su agenda sin una lucha constante con una resistencia activa en todos los niveles de la sociedad.

La resistencia a la prohibición de viajar también dejó claro que el proceso de "riesgización" no se limita a las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales, sino que involucra a una variedad de actores: desde los ciudadanos hasta las organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios estatales y otros actores políticos. El impacto de estas resistencias fue significativo en la forma en que se desarrollaron y modificaron las políticas de inmigración, demostrando que la lógica de la seguridad no es tan simple ni tan unívoca como a menudo se presenta, sino que es permeable a las luchas sociales y políticas.

¿Qué significa la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos?

Uno de los aspectos más controvertidos del anuncio de campaña presidencial de Donald Trump en junio de 2015 fue su declaración de que construiría un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Este muro fue presentado como una medida para imponer orden y control sobre lo que se percibía como una zona fronteriza problemática y riesgosa. Desde su inicio, la propuesta del muro estuvo rodeada de controversia y sujeta a desafíos políticos y legales. El muro provocó el cierre más largo de la historia del gobierno estadounidense, cuando el Congreso se negó a autorizar los niveles de financiamiento deseados por Trump a finales de 2018. Se argumenta que el muro representa otro intento de gestionar riesgos situacionales, diseñado para prevenir una serie de riesgos de seguridad percibidos asociados con una frontera sur porosa y la entrada no documentada al país.

La propuesta inicial de Trump para construir el muro (o, más precisamente, construir nuevas secciones de muro y reforzar las barreras y cercas fronterizas existentes) a lo largo de la frontera con México fue una idea que precedió incluso a la declaración de su veto migratorio. En el anuncio de su campaña presidencial, Trump (2015) afirmó: "Construiría un gran muro, y nadie construye muros mejor que yo, créanme, y lo construiré de manera muy económica, construiré un gran, gran muro en nuestra frontera sur. Y haré que México pague por ese muro". Así comenzó una serie de controversias y disputas sobre el muro, cuyas críticas provenían de miembros demócratas del Congreso, otros políticos, parte del público estadounidense, así como de funcionarios y ciudadanos en México y más allá.

Como ocurrió con la prohibición de entrada, Trump no tardó en comenzar la construcción del muro tras asumir la presidencia en enero de 2017. El 25 de enero de ese mismo año, firmó una orden ejecutiva para la construcción del muro, marcando el comienzo de una serie de políticas relacionadas con el control de la inmigración y la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. La retórica en torno al muro rápidamente adquirió una carga simbólica muy poderosa. A menudo se trató de un tema polarizador, que dividió a la opinión pública estadounidense y generó fuertes protestas tanto dentro como fuera del país.

En el ámbito político, la idea del muro fue interpretada de distintas maneras. Para algunos, se trataba de una solución práctica a la creciente preocupación por la inmigración ilegal y el crimen transnacional, mientras que para otros, el muro representaba un símbolo de xenofobia, racismo y la exclusión de las comunidades migrantes. Los críticos sostenían que el muro no solo era ineficaz para resolver los problemas de seguridad, sino que además reforzaba estereotipos y fomentaba una narrativa divisiva y hostil. Los defensores, por su parte, veían en él una medida necesaria para garantizar la soberanía nacional y proteger a los ciudadanos estadounidenses de posibles amenazas.

A lo largo de los años, los intentos de Trump por financiar la construcción del muro enfrentaron constantes obstáculos, incluidos desafíos legales que retrasaron el proyecto. El Congreso se mostró reticente a aprobar los fondos para el muro, lo que llevó a un impasse político que culminó en el mencionado cierre del gobierno en 2018, el más largo de la historia de Estados Unidos. Esta situación expuso la profunda división política en el país, con los republicanos y demócratas enfrentándose sobre el valor y la viabilidad de la construcción del muro.

Además, la discusión sobre el muro se entrelazó con otros debates sobre la inmigración y la seguridad nacional. La construcción de un muro en la frontera sur se convirtió en un símbolo de una política de inmigración cada vez más restrictiva, que también incluía medidas como el veto migratorio a ciertos países de mayoría musulmana y la creciente militarización de la frontera. Este enfoque, considerado por algunos como una forma de "gestión de riesgos", trataba de prevenir lo que se percibía como amenazas a la seguridad provenientes de la inmigración indocumentada y el terrorismo. Sin embargo, esta visión fue criticada por muchos como reductiva y peligrosa, ya que no tomaba en cuenta la complejidad de los factores que motivan la migración.

Es importante comprender que, más allá de los debates políticos, el muro es un símbolo de cómo las políticas migratorias están fuertemente influenciadas por ideologías y construcciones sociales en torno al "otro". Las decisiones sobre las fronteras, sobre quién puede cruzarlas y quién no, no son simplemente cuestiones de seguridad, sino también de identidad, pertenencia y poder. El muro, en este sentido, no solo representa una barrera física, sino también una barrera ideológica que marca las fronteras entre lo "permitido" y lo "prohibido", entre lo "nacional" y lo "extranjero".

En este contexto, las implicaciones de la construcción del muro van más allá de la simple cuestión de inmigración. Está relacionado con una visión más amplia de control social y de redefinición de la nación. La pregunta que subyace en todo esto es quién tiene derecho a pertenecer, y quién está destinado a estar fuera. Esta cuestión, que ha estado en el centro del discurso político desde la campaña de Trump, sigue siendo una de las más relevantes en los debates contemporáneos sobre la política exterior y la identidad nacional.

¿Cómo el muro de Trump refleja la gestión de riesgos y las luchas políticas?

El 25 de enero de 2017, cinco días después de su toma de posesión, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 13767, que establecía una serie de medidas destinadas a lograr un "control operativo completo de la frontera sur" de los Estados Unidos, incluida la construcción de un muro. Este capítulo analiza la evolución de la propuesta de Trump para la construcción de dicho muro, desarrollando dos argumentos principales. En primer lugar, el muro es un ejemplo clásico de gestión de riesgos en situaciones de incertidumbre. Trump identificó un entorno de riesgo en la frontera sur con México y actuó para regular y remodelar ese entorno mediante la construcción de barreras físicas. Los peligros que Trump y sus funcionarios describieron fueron explícitamente en términos de riesgo: los inmigrantes que cruzaban la frontera irregularmente podían ser criminales o terroristas, y en algún momento, en algún lugar indeterminado, podrían actuar de manera violenta, perjudicando al pueblo estadounidense y la seguridad nacional de EE.UU. Actuar directamente contra las personas que intentaban cruzar irregularmente la frontera era difícil debido a la percepción de que representaban un riesgo difuso en el tiempo y el espacio; podían cruzar en cualquier punto a lo largo de los 3145 kilómetros de frontera en cualquier momento. Por lo tanto, remodelar el entorno construyendo un muro fue considerado el mejor curso de acción preventiva para gestionar los riesgos identificados.

Este enfoque de la gestión de riesgos no estaba exento de una clara racialización y genderización. Las personas de Centroamérica y Sudamérica fueron representadas como indeseables y peligrosas, en un contexto racial y de género que influenció profundamente la percepción de estas poblaciones. El muro no era solo una medida de seguridad física, sino también una construcción simbólica que reflejaba una visión distorsionada y estigmatizada de los migrantes, asociándolos de forma directa con peligros concretos e inminentes.

En segundo lugar, este capítulo sostiene que la resistencia y la agencia de actores más allá de Trump y su administración jugaron un papel crucial en la evolución de la propuesta del muro. La lucha política sobre el financiamiento del muro culminó en el cierre de gobierno más largo en la historia de EE.UU. y en la declaración de emergencia nacional por parte de Trump, lo que alteró de manera significativa el alcance, el tiempo y la forma de construcción del muro. La representación por parte de la administración de una crisis urgente de seguridad y humanitaria en la frontera, así como los riesgos que los migrantes indeseables del sur supuestamente representaban, fueron sometidos a un intenso debate político.

Así, la representación del muro no puede ser entendida sin un análisis de los conflictos políticos que la moldearon. El capítulo explora primero el contexto discursivo y normativo dentro del cual se propuso, implementó y se resistió la construcción del muro. Luego se examinan las formas de resistencia que surgieron en respuesta al muro y las batallas políticas y legales que ocurrieron en torno a él. Se prestará especial atención a los enfrentamientos políticos entre Trump y el Congreso sobre el financiamiento del muro, antes de abordar la resistencia en México, entre las comunidades indígenas a lo largo de la frontera entre México y EE.UU., y en la población estadounidense en general.

En particular, el capítulo profundiza en las luchas políticas internas que marcaron el desarrollo del muro, observando cómo la narrativa de seguridad que Trump presentó no solo fue puesta a prueba en los EE.UU., sino también en México, en una región históricamente marcada por relaciones de poder desiguales. Las discusiones sobre los efectos del muro no se limitaron a su construcción física, sino que también abrieron un debate sobre las consecuencias a nivel local y cotidiano para las personas afectadas. Para los habitantes de las comunidades fronterizas, el muro no solo era un símbolo de separación física, sino una barrera a la identidad, al comercio y a la vida diaria. La resistencia no solo se dio en el plano político, sino en la acción directa, con protestas y organizaciones de base que luchaban contra los efectos destructivos de la infraestructura.

Por último, el análisis del muro como un proceso de "riesgización" no debe omitirse en un contexto más amplio que considere no solo el impacto físico, sino también las tensiones raciales, de género y de clase que influyen en la percepción pública y la política migratoria. La construcción de un muro no solo es una cuestión de seguridad nacional, sino una manifestación de miedos raciales, de poder y de control territorial.

Es importante entender que el muro de Trump no fue solo un proyecto físico, sino un intento de transformar la percepción de la frontera y la inmigración en EE.UU. al presentar a los migrantes como amenazas inminentes. Los discursos que rodearon la construcción del muro estuvieron cargados de racismo y xenofobia, elementos que marcaron profundamente la política migratoria y las relaciones internacionales de EE.UU. con México y otros países de Centroamérica y Sudamérica.

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