¿Cómo la movilización política impacta la participación electoral en los Estados Unidos?

Uno de los impulsores más significativos de la nueva política estadounidense fue la movilización de los protestantes evangélicos blancos, quienes se organizaron en una fuerza política cohesiva. La Moral Majority, la primera organización política de base amplia de los cristianos evangélicos, ascendió rápidamente a la prominencia en las elecciones de 1980, al aliarse con el Partido Republicano. La identidad religiosa seguía siendo un factor crucial en los patrones de votación, y los evangélicos continuaron fortaleciendo su movimiento mediante el registro y la movilización de votantes. El éxito de este esfuerzo fue evidente en las elecciones de 1984, cuando 8 de cada 10 votantes evangélicos apoyaron a los republicanos. En 1988, el televangelista Pat Robertson se postuló para presidente. Aunque su candidatura no tuvo éxito, sus seguidores ganaron el control de algunos partidos republicanos estatales, obteniendo posiciones de poder en otros. A lo largo de los años, George W. Bush se alineó estrechamente con los conservadores religiosos, y la derecha religiosa desempeñó un papel fundamental en su elección. En 2016, la mayoría de los evangélicos apoyaron a Donald Trump en las elecciones generales.

El entorno político juega un papel esencial en la participación electoral. Las decisiones de votar dependen en gran medida de la socialización política: las interacciones con amigos y familiares, el lugar en que viven, y las asociaciones a las que pertenecen. Por ejemplo, los ciudadanos que viven en estados clave para las elecciones presidenciales (donde los demócratas y republicanos están casi equilibrados en número) están más expuestos a una avalancha de anuncios de campaña, visitas de candidatos y esfuerzos de movilización a nivel de base. Estas personas suelen estar mejor informadas sobre las elecciones presidenciales, tienen mayor interés en la campaña y tienen más probabilidades de votar que aquellos que residen en estados "seguros", como Texas o Nueva York.

Las redes sociales pueden simular la comunicación cara a cara. En un estudio realizado con 61 millones de usuarios en Facebook, se encontró que la participación electoral aumentó en 340,000 personas adicionales que de otro modo no habrían votado. Los amigos más cercanos dentro de la red social fueron los más influyentes en la decisión de votar. Por lo tanto, tanto las redes en línea como las fuera de línea desempeñan un papel en la movilización de los votantes.

En décadas pasadas, los partidos políticos y los movimientos sociales dependían del contacto personal directo para movilizar a los votantes. Durante el siglo XIX, las máquinas partidistas estadounidenses emplearon a cientos de miles de trabajadores para llevar a los votantes a las urnas, lo que resultó en tasas de participación muy altas, generalmente superiores al 90% de los votantes elegibles. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, las máquinas partidistas comenzaron a declinar, y para finales del siglo, los partidos políticos se convirtieron en organizaciones centradas más en la recaudación de fondos y la publicidad que en la movilización de personas. Sin los trabajadores del partido para alentar a los votantes a ir a las urnas, muchos votantes elegibles no participaban en las elecciones.

En las elecciones de 2016, los esfuerzos de movilización se desplazaron a las redes sociales, que se convirtieron en una herramienta primordial para movilizar a los votantes y proporcionar actualizaciones directas a los seguidores. Alrededor del 30% de los estadounidenses recibieron mensajes digitales sobre noticias y elecciones, y muchos optaron por seguir las publicaciones de los candidatos en redes sociales, en lugar de visitar sus sitios web o leer correos electrónicos. La campaña de Donald Trump fue especialmente eficaz en movilizar votantes a través de este medio.

¿Qué papel desempeñan los partidos políticos en una democracia moderna?

Los partidos políticos son piezas fundamentales en el engranaje de cualquier sistema democrático. No sólo organizan elecciones y presentan candidatos; son la vía principal a través de la cual el ciudadano común puede incidir en el gobierno. A través de los partidos, la participación política se transforma en poder colectivo. Como escribió Walter Dean Burnham, los partidos generan poder colectivo en nombre de los muchos que, individualmente, carecen de fuerza frente a los pocos que sí la tienen, ya sea de forma individual u organizacional. La acción política individual puede ser limitada, pero al actuar colectivamente a través de partidos organizados, los ciudadanos adquieren capacidad real de influir en las decisiones gubernamentales.

Los partidos no sólo movilizan votantes, también articulan intereses, informan sobre las políticas públicas y canalizan demandas sociales hacia el gobierno. Se convierten así en un punto de encuentro entre el Estado y la sociedad. Esta capacidad de mediación política es lo que llevó al politólogo E. E. Schattschneider a sostener que un sistema democrático genuinamente igualitario necesita partidos responsables y competitivos, capaces de ofrecer opciones reales al electorado. Solo así se garantiza la inclusión de amplios sectores sociales en los debates políticos.

La responsabilidad de los partidos no termina con la campaña electoral. Una vez en el poder, deben responder a los intereses de quienes los eligieron, legislando en favor de sus bases sociales. Deben mantener informada a la población y actuar con coherencia frente a sus propuestas programáticas. En este modelo idealizado, la existencia de partidos responsables y competitivos permite un aumento de la participación política, favoreciendo una representación más equitativa, especialmente para los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, la realidad contemporánea dista mucho de ese ideal. Investigaciones recientes muestran que los grandes partidos estadounidenses, a pesar de su fuerza organizativa, tienden a representar desproporcionadamente los intereses de las clases media y alta. Larry Bartels ha demostrado que tanto demócratas como republicanos responden más a las preferencias económicas de los sectores acomodados, ignorando con frecuencia las demandas de la clase trabajadora. Esta desconexión ha generado lo que él llama una "democracia desigual", donde las reglas formales del sistema se mantienen, pero el contenido de la representación política favorece sistemáticamente a los más privilegiados.

Este fenómeno ha sido una de las razones por las cuales candidaturas populistas —como las de Donald Trump o Bernie Sanders en 2016— lograron captar la atención de amplios sectores del electorado. La frustración con el sistema bipartidista, percibido como cerrado y cooptado por élites económicas, impulsó la búsqueda de alternativas políticas que prometían romper con el establishment. Así, el populismo emergió como una respuesta directa a la sensación de abandono político de millones de votantes.

Para muchos analistas, una solución posible sería reformar las reglas electorales, abriendo espacio a la competencia de más de dos partidos relevantes. Un sistema multipartidista permitiría una representación más precisa de la diversidad ideológica y social del país. Mientras tanto, la persistente crítica hacia los partidos no debe hacernos olvidar su papel insustituible en una democracia funcional. Pese a sus defectos, siguen siendo los instrumentos primordiales para la participación, la representación y la gobernabilidad democrática.

Comprender el papel de los partidos requiere también entender cómo surgen y evolucionan. En la historia estadounidense, los partidos nacen tanto de conflictos internos entre facciones gubernamentales (movilización interna) como de movimientos organizados fuera del poder que buscan ingresar al sistema (movilización externa). Ejemplos de lo primero incluyen el surgimiento de los Federalistas y los Jeffersonianos tras las disputas entre comerciantes del noreste y agricultores del sur. Ejemplos de lo segundo son el nacimiento del Partido Republicano en el siglo XIX, impulsado por opositores a la expansión de la esclavitud.

Con el tiempo, tanto demócratas como republicanos han cambiado sustancialmente en composición y orientación. Estos cambios se deben tanto a transformaciones sociales —como la inmigración o los movimientos por derechos civiles— como a factores demográficos. En la actualidad, los demócratas tienden a atraer votantes jóvenes, minorías étnicas y residentes urbanos, mientras que los republicanos mantienen su base entre votantes blancos, mayores y rurales. Este realineamiento sugiere nuevas mutaciones en el sistema de partidos que podrían modificar profundamente el futuro político del país.

Es crucial reconocer que los partidos no son estructuras estáticas ni neutrales. Son actores con intereses, historia y dinámicas propias, atravesados por presiones internas y externas. Para que puedan cumplir su función en una democracia, deben estar sometidos al escrutinio ciudadano constante, y deben garantizar mecanismos que aseguren la rendición de cuentas, la transparencia en el financiamiento y la apertura a nuevas voces dentro del sistema político.

¿Cómo influyen las divisiones internas de los partidos en el funcionamiento del gobierno?

El proceso de identificación de un problema y la formulación de políticas dentro de un partido político, al igual que en el ámbito empresarial, busca ampliar la base de apoyo de una organización mientras debilita la de la oposición. Los líderes partidarios se enfocan en desarrollar propuestas y programas que atraigan a la ciudadanía, quienes, al final, mediante su voto, tienen la última palabra sobre la aceptación de estas propuestas. Esta dinámica se vuelve fundamental cuando las decisiones políticas afectan la capacidad del gobierno de operar adecuadamente, como en el caso de los cierres gubernamentales.

Los bloqueos legislativos, como el ocurrido en 2013 bajo la presidencia de Obama, demuestran las consecuencias de la polarización partidaria. En ese año, el Congreso no pudo llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal debido a la oposición de los legisladores republicanos, que intentaban frenar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. El presidente Obama respondió prometiendo vetar cualquier intento de eliminar la reforma de salud, lo que llevó a un cierre gubernamental de 17 días, afectando a más de 2 millones de empleados federales. Aunque este tipo de crisis son menos comunes cuando un solo partido controla tanto el Congreso como la Casa Blanca, situaciones similares volvieron a ocurrir en 2018, cuando republicanos y demócratas no lograron un acuerdo sobre un proyecto de ley de gasto que dejaba en suspenso la protección de los "DREAMers" — inmigrantes traídos al país ilegalmente de niños.

Además de la división entre partidos, las fracturas dentro de cada partido son igualmente determinantes. Los partidos políticos son coaliciones amplias que representan intereses diversos, lo que puede hacer que sea difícil mantener la unidad interna. En el Partido Republicano, por ejemplo, se observa una fragmentación en varios bloques: los conservadores pro-negocios, como el senador Ben Sasse, los de la extrema derecha o alt-right, como el presidente Trump, los conservadores sociales como el senador Ted Cruz, y los libertarios, como el senador Rand Paul. Estas divisiones han dificultado la gobernabilidad, especialmente cuando las diferencias en temas clave, como la inmigración, afectan el consenso necesario para aprobar políticas.

A pesar de estas fracturas, los partidos a menudo se unen cuando es necesario. La victoria de Trump en las primarias republicanas de 2016, por ejemplo, se debió en parte a la fragmentación del campo de candidatos. Aunque durante su presidencia Trump libró una batalla interna contra otros líderes republicanos, como el líder del Senado Mitch McConnell y el exfiscal general Jeff Sessions, la mayoría de los legisladores republicanos se alinearon detrás de él cuando las circunstancias lo exigieron.

En el Partido Demócrata también existen divisiones profundas, especialmente entre su ala más liberal, que apoya a figuras como Bernie Sanders, y los demócratas tradicionales, que respaldaron a Hillary Clinton. La falta de unidad dentro del partido fue un factor que contribuyó a la derrota demócrata en las elecciones de 2016, cuando muchos seguidores de Sanders decidieron no votar por Clinton. No obstante, en la actualidad, el Partido Demócrata ha encontrado una renovada fuerza y, en gran medida, ha permanecido unido en su oposición al presidente Trump.

El estudio de estas divisiones y la comprensión de cómo influyen en el proceso legislativo son fundamentales para entender cómo funcionan los partidos políticos y el sistema democrático en su conjunto. Los votantes deben ser conscientes de que, más allá de las posturas que los partidos expresan públicamente, las luchas internas pueden tener un impacto considerable en las políticas que finalmente se implementan. La política estadounidense está marcada por una constante tensión entre la cooperación y la confrontación, tanto entre partidos como dentro de ellos, lo que refleja la complejidad del sistema democrático.

¿Cómo influye el dinero en las campañas políticas de EE. UU.?

Las campañas políticas modernas en Estados Unidos son sumamente costosas y, en muchas ocasiones, el dinero es un factor determinante para el éxito electoral. Desde la década de 1980, el gasto en las campañas ha aumentado considerablemente, y los candidatos deben empezar a recaudar fondos mucho antes de la elección. Para lograrlo, recurren a diversas fuentes de financiamiento, como donantes individuales, comités de acción política (PAC), partidos políticos e incluso sus propios ahorros. Este proceso se ha vuelto tan crucial que, en muchos casos, los candidatos con mayores recursos financieros tienen una ventaja considerable.

La recaudación de fondos no es una tarea sencilla y requiere de una estrategia bien definida. Los candidatos deben tomar decisiones estratégicas sobre el mensaje que desean transmitir y cómo llegar a sus electores de manera efectiva. La mayoría de los recursos son empleados en la publicidad, las reuniones públicas, y los costos administrativos de la campaña. Además, el uso de consultores, asesores de medios, encuestadores y directores de personal se ha convertido en una práctica común para optimizar el impacto de las campañas.

Uno de los aspectos más complejos del financiamiento electoral en Estados Unidos es la regulación de las contribuciones. La Corte Suprema, a través de sentencias como Buckley v. Valeo (1976), dictaminó que las contribuciones de los individuos para financiar sus campañas son constitucionalmente protegidas. Sin embargo, las decisiones judiciales posteriores, como Citizens United v. FEC (2010), removieron muchas de las restricciones existentes sobre los aportes de las grandes corporaciones y los sindicatos, permitiendo la creación de los llamados Super PACs (Comités de Acción Política Independientes). Estos Super PACs pueden gastar ilimitadamente en apoyo a un candidato, pero deben operar de manera independiente, sin coordinarse directamente con la campaña.

A pesar de la flexibilidad en el financiamiento privado, el sistema de financiación pública de las campañas presidenciales ha sido una parte importante del proceso electoral, aunque ha enfrentado críticas y desafíos a lo largo del tiempo. La Ley de Reforma de la Financiación de Campañas Bipartidista de 2002 (BCRA) buscaba frenar el exceso de dinero en la política, pero las decisiones judiciales han debilitado este esfuerzo.

El uso de fondos de dark money, es decir, dinero que proviene de fuentes no identificadas o no transparentes, también ha aumentado. Estos fondos son canalizados a través de organizaciones como los comités 501(c)(4), que no están obligados a divulgar sus donantes. Esta opacidad ha generado preocupaciones sobre la influencia que tienen los intereses privados en las elecciones, ya que los votantes a menudo no saben quién está detrás de los anuncios que ven en los medios.

Además del dinero, hay factores clave que afectan la manera en que los votantes toman decisiones. La lealtad partidaria, las preferencias en cuanto a políticas y los atributos personales de los candidatos son factores influyentes en el proceso electoral. Muchos votantes basan su decisión en cómo perciben el futuro del país o en la evaluación del desempeño pasado de los partidos políticos. La figura del candidato, su raza, religión, género y otros aspectos sociales también juegan un papel en las decisiones de los electores.

El uso de los fondos y la relación con los votantes no se limitan al aspecto económico. La gestión de una campaña también implica tomar decisiones sobre la dirección política que el candidato desea seguir, el tipo de electores que desea atraer y los valores que quiere transmitir. Esta estrategia se ve reflejada en las elecciones presidenciales de 2016, donde el candidato Donald Trump, con un enfoque populista y un fuerte uso de los medios sociales, logró conectar con un segmento significativo del electorado, superando las expectativas de la mayoría de los analistas.

Es importante entender que la relación entre dinero y política no es un fenómeno aislado, sino que está profundamente relacionado con el sistema electoral estadounidense. El hecho de que los candidatos tengan que recaudar cantidades millonarias solo para competir es un reflejo de cómo las estructuras políticas y económicas del país influyen directamente en la democracia. Las campañas más grandes y costosas no siempre corresponden con las más efectivas, pero el gasto económico sí tiene una relación directa con la posibilidad de un candidato de alcanzar una mayor visibilidad y conexión con los votantes. La democratización del proceso político, por lo tanto, parece estar constantemente en tensión con la concentración del poder en aquellos con mayores recursos financieros.

¿Quién puede ejercer el poder presidencial y bajo qué condiciones se transfiere este poder?

La elegibilidad para ocupar el cargo de Presidente de los Estados Unidos no es una cuestión abierta a interpretación subjetiva ni a decisiones políticas circunstanciales; es una determinación constitucional precisa. Para acceder a esta magistratura, una persona debe haber alcanzado los treinta y cinco años de edad, haber residido al menos catorce años dentro del territorio de los Estados Unidos y haber nacido en el país o ser ciudadano al momento de la adopción de la Constitución. Estos requisitos condensan no sólo criterios de madurez y arraigo, sino también de fidelidad institucional.

El Presidente tiene el deber de informar periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión y puede recomendar aquellas medidas que, a su juicio, resulten necesarias o convenientes. Asimismo, tiene la capacidad de convocar a ambas Cámaras del Congreso en situaciones extraordinarias y, en caso de desacuerdo entre ellas respecto al momento de su suspensión, puede fijar la fecha de su aplazamiento. Esto refleja un equilibrio delicado entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, en el que se reconoce la necesidad de coordinación institucional, pero también la posibilidad de intervención directa en contextos excepcionales.

El Presidente recibe embajadores y otros ministros públicos, lo que lo posiciona como figura clave en la conducción de la política exterior. Tiene la obligación de velar por la fiel ejecución de las leyes, una responsabilidad que lo coloca como garante del cumplimiento normativo en todo el país. También le corresponde emitir los nombramientos oficiales de los funcionarios de los Estados Unidos, lo que lo convierte en un nodo esencial en la articulación de la estructura administrativa federal.

La responsabilidad del Presidente y de los demás altos funcionarios civiles del país no es meramente política, sino también jurídica. Pueden ser destituidos a través del proceso de impeachment si son hallados culpables de traición, soborno u otros delitos graves y faltas. Esta disposición consagra el principio de que ningún cargo público, por elevado que sea, está por encima de la ley.

El poder judicial de los Estados Unidos está concentrado en una Corte Suprema y en los tribunales inferiores que el Congreso considere necesarios establecer. Los jueces conservan sus cargos durante "buena conducta", y su remuneración no puede ser disminuida mientras permanezcan en funciones. Esta garantía de independencia judicial busca salvaguardar el equilibrio entre poderes y evitar presiones políticas indebidas sobre el órgano que debe interpretar y aplicar la Constitución.

Los tribunales tienen jurisdicción sobre todos los casos que surjan bajo la Constitución, las leyes federales y los tratados. También conocen de controversias entre Estados, entre ciudadanos de distintos Estados, y entre un Estado y ciudadanos o sujetos de países extranjeros. En los asuntos en los que estén implicados embajadores u otros ministros públicos, la Corte Suprema tiene jurisdicción original; en los demás, actúa en apelación.

Es crucial comprender que la estructura de sucesión presidencial no es un mero formalismo, sino un mecanismo vital para la continuidad del poder. La previsión de estos escenarios en el texto constitucional permite que incluso en momentos de interrupción del liderazgo ejecutivo, la autoridad y legitimidad del Estado no se vean comprometidas. Esta arquitectura constitucional de transferencia de poder, tanto en la cúspide del Ejecutivo como en el resto de las instituciones, no responde al azar ni a una simple técnica de organización: expresa la voluntad de preservar la república frente a cualquier amenaza o disfunción. La forma en que se ejerce el poder y cómo se sustituye a quien lo detenta refleja la concepción misma de gobierno que los Estados Unidos han querido asegurar desde su fundación.