El proceso de demolición masiva en ciudades como Detroit ha sido un elemento clave en la redefinición del paisaje urbano, especialmente en áreas afectadas por la pérdida de industria y población. Durante décadas, las autoridades locales y estatales han implementado políticas orientadas a reducir la oferta de vivienda mediante la demolición de unidades residenciales, consideradas como obsoletas o desocupadas. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de debate, pues aunque las cifras demuestran una alta cantidad de unidades demolidas, los impactos sociales y económicos de estas decisiones no siempre han sido claros o positivos.

Entre 1970 y 2010, se demolieron grandes cantidades de viviendas en Detroit, en un intento por reducir la cantidad de espacios habitacionales vacíos y deteriorados. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones para demoler unidades adicionales debido a su vacancia, estos espacios probablemente ya estaban contabilizados en el censo. Al aplicar los números del DRPS a los 63 sectores de EHLN en Detroit, se concluyó que solo un pequeño porcentaje de la vivienda de la ciudad, alrededor del 1.8% en promedio y 0.9% en la mediana, se encontraba realmente fuera de uso y susceptible a demolición. Incluso si consideramos estos números, la demolición de unidades no hizo que el número total de viviendas demolidas entre 1970 y 2010 fuera inferior al 50%, lo que implica que casi toda la pérdida de vivienda fue efectivamente por la demolición de estructuras.

La diferencia clave en esta cuestión es que muchas de las unidades demolidas eran precisamente aquellas que estaban siendo señaladas por los funcionarios de vivienda como objetivo. De no haber sido demolidas para 2009, estas estructuras probablemente ya lo habrían sido o estarían en la lista de demolición. Esta es la parte más significativa del debate: la demolición no solo afecta a las viviendas vacías o en ruinas, sino que implica una política más amplia que redefine el carácter de los barrios enteros, desplazando a los residentes de clases bajas y comunidades de color, a menudo sin ofrecer alternativas adecuadas.

Entre 1994 y 2015, aproximadamente 260,000 unidades de vivienda pública fueron demolidas en Estados Unidos como parte de programas como HOPE VI, que se centraron en revitalizar áreas urbanas y reemplazar viviendas públicas deterioradas. Sin embargo, los resultados de este programa son ambiguos. Mientras que alrededor de 117,000 unidades fueron demolidas bajo HOPE VI, solo 56,800 fueron reconstruidas, y de ellas, apenas 5,500 fueron unidades de vivienda pública. Esto señala una tendencia hacia la privatización y la reducción de la oferta de vivienda accesible para las comunidades más necesitadas. En el área de estudio, aproximadamente 43,000 unidades fueron demolidas, pero la cantidad de viviendas reconstruidas fue significativamente menor, con una pérdida neta de unas 28,400 unidades en total, de las cuales 37,500 eran de vivienda pública.

Es crucial reconocer que este fenómeno de demolición no debe ser visto exclusivamente como un proceso aislado o mal ejecutado de renovación urbana. En su esencia, refleja una visión más amplia de la política urbana neoliberal, que busca transformar las ciudades post-industriales en áreas más atractivas para los inversionistas, a menudo a costa de las comunidades más vulnerables. El concepto de "abandono planificado" y las estrategias de demolición no solo buscan deshacerse de estructuras físicas deterioradas, sino también redefinir el espacio urbano para ajustarse a una visión de ciudad más funcional para los sectores económicamente privilegiados.

Lo que subyace en este proceso es la profunda creencia de que eliminar el "cáncer" de los barrios deteriorados llevará a mercados más funcionales y a la reconfiguración de comunidades menos marginalizadas. Sin embargo, este estudio no pretende sugerir una relación causal directa entre la demolición y la disminución de ingresos o el aumento de vacantes en ciertos barrios. En cambio, evalúa estas afirmaciones en las áreas donde la demolición ha sido la política dominante durante más de cuatro décadas. La pregunta fundamental es si estas políticas realmente contribuyen a la regeneración urbana o si, por el contrario, perpetúan la segregación social y la exclusión de los sectores más desfavorecidos.

Más allá de las cifras y de los datos duros, es importante considerar cómo estas políticas de demolición afectan la identidad y la cohesión social de las comunidades. Las ciudades no son solo estructuras de ladrillo y cemento; son espacios cargados de historias, relaciones y cultura. La demolición, entonces, no es solo una cuestión de espacio físico, sino también de memoria colectiva y de justicia social. Sin un enfoque integral que contemple las necesidades de las personas afectadas, la política de demolición podría ser vista como un ejercicio de "limpieza urbana" que no tiene en cuenta los costos sociales y humanos.

¿Cómo el declive urbano fue planificado?

El concepto de "triage" en la política urbana tiene sus raíces en una visión que, lejos de considerar la regeneración global de las ciudades, opta por abordar los problemas urbanos de manera fragmentada. Este enfoque se refleja claramente en las intervenciones urbanísticas llevadas a cabo en ciudades como Detroit, Flint y Youngstown, donde la desinversión y el abandono de áreas enteras han sido tratados no como fallos de planificación o como una consecuencia de decisiones políticas erróneas, sino como algo casi inevitable, como si el declive fuera parte del ciclo natural de la ciudad. La lógica de estos planes se basa en la idea de que los recursos limitados deben concentrarse en las áreas con más potencial, dejando de lado las zonas más deprimidas y en descomposición. Este enfoque no solo ignora las causas profundas del declive, sino que también tiende a reforzar y perpetuar las desigualdades ya existentes.

En Detroit, por ejemplo, el plan "Detroit Future City" se presentó como una respuesta a la profunda crisis económica y social que sufrió la ciudad, especialmente después de la crisis financiera de 2008. La ciudad, con una población en disminución y una gran cantidad de terrenos abandonados, propuso un enfoque de concentración y optimización del uso del suelo, favoreciendo la revitalización de ciertas áreas y el abandono de otras. Sin embargo, la pregunta crucial es: ¿qué se entiende por "futuro" en este tipo de planes? La mayoría de estos enfoques asumen que el futuro de las ciudades pasa por reducir su tamaño, eliminar áreas y dejar que algunos barrios desaparezcan. Pero lo que se pasa por alto es que esto no solo afecta a las estructuras físicas, sino también a las comunidades, muchas veces empobrecidas y racializadas, que son desplazadas de forma forzada y violenta, aunque a menudo de una manera menos evidente.

El caso de Flint también ilustra cómo los enfoques neoliberales de "triage" pueden tener consecuencias devastadoras. Con el colapso de las industrias locales y la crisis económica, los planes de "reconcentración" de la población, como el programa de intercambio de casas "Project Home Again", se presentan como una solución. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que tales proyectos tienen un alcance limitado y no son capaces de revertir la desigualdad social y la pobreza urbana. Pese a la gran cantidad de dinero invertido, menos de 100 familias pudieron beneficiarse del programa, lo que subraya la falacia de creer que una ciudad en crisis puede ser rehabilitada solo con un enfoque que prioriza lo económico sobre lo social.

En Youngstown, otro ejemplo clásico de declive urbano, el plan "Youngstown 2010 Citywide Plan" buscaba reducir la población de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los residentes restantes. Este plan, basado en la idea de una ciudad "más pequeña pero más eficiente", también pasó por alto los efectos sociales de la desinversión y la gentrificación, dejando a las comunidades más vulnerables sin opciones de recuperación real.

Es importante destacar que muchas veces estos planes de triage no son el resultado de decisiones espontáneas, sino de políticas deliberadas que buscan reestructurar la ciudad de acuerdo con los intereses de los grandes desarrolladores y las élites económicas. La inversión en las áreas que aún tienen valor, mientras se abandona a aquellas que no lo tienen, refleja la idea neoliberal de que las ciudades deben ser tratadas como un mercado, donde solo sobreviven las áreas más rentables.

Sin embargo, no todos los enfoques son igual de destructivos. En ciudades como Rochester, algunos planes han intentado combinar la recuperación de áreas en declive con la reintegración de las comunidades locales, aunque los resultados siguen siendo limitados. El proyecto "Project Green" en Rochester, por ejemplo, trató de transformar áreas empobrecidas en espacios más habitables, pero también refleja la lucha por encontrar un equilibrio entre la revitalización urbana y la preservación de la comunidad.

Es crucial entender que el problema del declive urbano no se limita a la cuestión de la propiedad de la tierra o su uso futuro, sino que es un reflejo de políticas que, más que mejorar las condiciones de vida de los residentes, han priorizado la maximización de ganancias a corto plazo. Estos procesos están estrechamente vinculados a políticas neoliberales que promueven la desregulación y la privatización de recursos públicos, dejando a las ciudades atrapadas en un ciclo de abandono y desinversión. Esto también está relacionado con la política racial, donde los barrios más pobres y racializados, que en su mayoría están habitados por minorías, sufren las consecuencias de estos planes de manera desproporcionada.

A través de estos ejemplos, se puede ver cómo los planes de "triage" urbanístico han dado lugar a ciudades que, en lugar de crecer de manera inclusiva y sostenible, se ven reducidas y fragmentadas. La pregunta es si este modelo de intervención realmente tiene un futuro para las ciudades o si, por el contrario, está condenando a millones de personas a una vida de marginalidad y desposesión.

¿Cómo se construyó deliberadamente el declive urbano en Estados Unidos?

El fenómeno del abandono de tierras y la degradación urbana en el cinturón industrial estadounidense no puede comprenderse sin analizar la interacción deliberada entre el mercado, el Estado y las ideologías que definieron la política urbana desde mediados del siglo XX. Lo que en la superficie aparece como decadencia económica espontánea, tiene raíces en estructuras políticas, decisiones planificadas y estrategias orientadas a la redistribución espacial de la pobreza, la raza y la inversión.

Los programas federales como el Housing Act de 1949, 1954 y 1968 establecieron un marco normativo para la reconfiguración urbana, bajo el pretexto de la renovación y el desarrollo. No obstante, su implementación práctica, especialmente bajo las formas de desposesión vía eminent domain o clausura masiva de barrios de bajos ingresos, tuvo como resultado el desalojo sistemático de comunidades racializadas y empobrecidas. El desmantelamiento de viviendas públicas, las políticas de redlining, los convenios restrictivos y la manipulación del crédito hipotecario funcionaron como mecanismos para segregar y concentrar la pobreza urbana, generando condiciones estructurales de abandono.

El abandono de tierras no es un fenómeno meramente económico sino un instrumento político. Los bancos de tierras municipales, las políticas fiscales regresivas y la demolición sistemática de viviendas en nombre de la "derechización" (rightsizing) de las ciudades formaron parte de un modelo de austeridad espacial. Esta austeridad se articuló con la retórica del control local y del mercado como instancia neutral y eficiente, ocultando que las decisiones sobre qué barrios salvar y cuáles dejar morir respondían a coordenadas raciales, ideológicas y de clase.

La narrativa neoliberal impuso la lógica del mercado como única medida de valor territorial. Esta lógica desestimó intervenciones no mercantiles —como la regulación de alquileres, la inversión pública sostenida o los derechos de los inquilinos—, consolidando una estructura urbana donde los espacios valiosos se revalorizan a través de políticas de gentrificación encubierta, mientras que los espacios considerados “prescindibles” se abandonan o se destruyen. El modelo de laissez-faire racism permitió a los responsables políticos y empresariales negar la existencia del racismo estructural, mientras aplicaban medidas que reforzaban sus consecuencias materiales.

El rol del sector privado en esta dinámica fue central: desde inversores depredadores hasta entidades filantrópicas como la Kresge Foundation, que bajo el ropaje del “desarrollo” promovieron políticas que no beneficiaron a las comunidades existentes, sino que facilitaron su desplazamiento. A ello se sumaron los think tanks neoliberales —Manhattan Institute, Mackinac Center, Show-Me Institute—, que moldearon la opinión pública y las políticas estatales para favorecer la desregulación, la privatización y el vaciamiento de la esfera pública urbana.

La militarización del espacio urbano, la criminalización de los inquilinos, las reformas legales para limitar la autonomía municipal, y la transferencia de recursos públicos al capital inmobiliario a través de créditos fiscales como los Low Income Housing Tax Credits (LIHTC) fueron todas herramientas para mantener un orden urbano racializado y fragmentado. El discurso del “inner city patológico” funcionó como justificación simbólica de estas políticas, consolidando una imagen del centro urbano como un espacio fallido, violento y sin redención, que debía ser intervenido o borrado.

El resultado es un paisaje urbano gestionado por la escasez: demolido, desincentivado, vigilado. Un orden que penaliza la pobreza y premia la extracción financiera; que define a las comunidades no por su capacidad de reproducir vida, sino por su capacidad de atraer capital. La pérdida de valor inmobiliario en sí misma se convirtió en una forma de producción urbana: producida para justificar la intervención, la toma de tierras y la remodelación espacial al servicio de intereses privados.

Para entender este entramado, es imprescindible reconocer que la planificación urbana no ha sido neutral ni técnica. Ha sido política, racializada, e ideológicamente orientada. La supuesta ineficiencia de los centros urbanos no fue resultado de su gente ni de sus condiciones económicas, sino de un proyecto político que eligió dejar morir ciertos territorios para permitir la acumulación en otros.

Es fundamental, por tanto, que el lector comprenda que el abandono urbano y la reestructuración espacial no son eventos naturales ni inevitables. Son construcciones sociales y políticas que responden a intereses concretos y decisiones estratégicas. La defensa del derecho a la ciudad exige no solo resistir la lógica del mercado como criterio rector de lo urbano, sino también desmantelar los discursos que legitiman el despojo, el abandono y la violencia institucional como soluciones a los problemas que esas mismas estructuras generaron.

¿Cómo se relacionan los autoencoders lineales con el Análisis de Componentes Principales (PCA)?
¿Cómo el racismo y el sexismo moldean el apoyo a Trump y la polarización política en EE. UU.?
¿Cómo la intervención estatal limita el desarrollo urbano y perpetúa la desigualdad?
¿Cómo preparar platos saludables y sabrosos con pescado y vegetales?
¿Cómo afecta la soledad y la transformación tecnológica a la identidad y la interacción humana?