La idea era un gran experimento: demostrar finalmente que, sin la intervención del gobierno en la economía o los sistemas sociales de una nación, surgiría una utopía. L. Paul Bremer, como figura principal de este experimento, llegó a Irak el 2 de mayo de 2003 para iniciar el proceso de "liberación" de la economía del país, permitiendo que las corporaciones globales invadieran el mercado e impulsaran la creación de un paraíso económico. Según Naomi Klein, en su artículo para Harper’s Magazine titulado "Bagdad Año Cero", el tono del mandato de Bremer se estableció desde su primer gran acto: despidió a 500,000 trabajadores del estado, la mayoría de ellos soldados, pero también médicos, enfermeras, maestros, editores e impresores. Posteriormente, abrió las fronteras del país a importaciones absolutamente irrestrictas: sin aranceles, sin impuestos, sin inspecciones y sin tasas. Irak, declaró Bremer dos semanas después de su llegada, estaba "abierto para los negocios".

Un mes después, Bremer presentó la pieza central de sus reformas. Antes de la invasión, la economía de Irak no relacionada con el petróleo estaba dominada por 200 empresas estatales, que producían desde cemento hasta papel o lavadoras. En junio, Bremer voló a una cumbre económica en Jordania y anunció que estas empresas serían privatizadas de inmediato. "Poner las empresas estatales ineficientes en manos privadas", dijo, "es esencial para la recuperación económica de Irak". Esto representaba la mayor venta de activos estatales desde el colapso de la Unión Soviética. Con este movimiento, Milton Friedman, sus seguidores y el liberalismo económico hicieron que algunos multimillonarios se enriquecieran, mientras destruían las vidas de literalmente millones de personas.

El origen de los fondos que financió las ideas de Friedman en 1949 fue un hombre llamado Herbert Nelson, quien fue el principal lobista y vicepresidente ejecutivo de la National Association of Real Estate Boards. Esta organización no solo se oponía a las leyes de control de rentas, sino que también tenía uno de los presupuestos de cabildeo más grandes en Washington D.C. Investigaciones congresionales encontraron una carta que Nelson escribió en 1949, en la que afirmaba: "No creo en la democracia. Creo que apesta. No creo que nadie más que los contribuyentes directos deba tener derecho a votar. No creo que las mujeres deban tener derecho a votar en absoluto. Desde que comenzaron a votar, nuestros asuntos públicos han empeorado más que nunca". Aunque los detalles aún son algo difusos, parece que el liberalismo económico (y la creación de un partido político con ese nombre) fue idea de Nelson, o al menos algo que promovió vigorosamente. Con un presupuesto de más de 60 millones de dólares (en los valores actuales), Nelson contrató a la Fundación para la Educación Económica (FEE) para crear un tercer partido que defendiera los intereses de los ricos desarrolladores y arrendadores que él representaba. La FEE, a su vez, contrató a Milton Friedman.

El movimiento libertario, financiado en gran parte por los hermanos Koch, encontró su principal voz en la revista Reason durante la década de 1970. En 1977, la revista publicó un artículo fascinante de Moshe Kroy, que describía cómo los libertarios deberían comercializar su fundamentalismo del libre mercado ante los estadounidenses escépticos. Kroy afirmaba que, para lograrlo, no debían mentir directamente, sino utilizar "trucos" de marketing. En lugar de explicar la teoría de los derechos individuales y la disminución del gobierno, Kroy sugería que los libertarios deberían centrarse en algo que todos pudieran entender: el crimen. Y en este contexto, el crimen se definía como el robo, el secuestro o la esclavitud. La idea era que, al presentar el sistema de impuestos como una forma de robo armado, la inflación como un robo a través de la impresión de dinero, y el servicio militar obligatorio como un secuestro, los ciudadanos entenderían mejor las ideas libertarias.

De esta forma, los libertarios no solo intentaron convencer a la sociedad de que el gobierno era un mal necesario, sino que se asociaron con los intereses de grandes corporaciones. Esta visión promovía que el gobierno, lejos de proteger a los ciudadanos, era el principal enemigo, ayudando a las empresas a explotar al pueblo a través de políticas que permitían la privatización y la desregulación.

Este proceso de privatización masiva y desregulación en Irak fue una manifestación clara de cómo los intereses económicos, respaldados por grandes corporaciones y financiados por grandes fortunas, moldean las políticas económicas en beneficio de unos pocos. No importa si el costo para la población es altísimo, siempre que las empresas puedan lucrar sin restricciones.

Es importante destacar que lo sucedido en Irak no fue un caso aislado ni un accidente. Este tipo de reformas, impulsadas por el modelo neoliberal, buscan erradicar cualquier tipo de intervención del estado en la economía, promoviendo la privatización de bienes públicos y la desregulación en todos los ámbitos. Si bien el modelo promete prosperidad, en la práctica lo que ocurre es una concentración de la riqueza en manos de unos pocos, mientras las grandes mayorías quedan al margen, sufriendo las consecuencias de políticas que favorecen exclusivamente a las corporaciones.

El proceso de privatización y desregulación, impulsado por la ideología neoliberal, también afecta a las estructuras políticas de los países. Los mismos intereses económicos que presionan por la desregulación también se encargan de moldear el panorama político, comprando políticos y manipulando elecciones. El caso de Irak muestra cómo el intervencionismo extranjero puede ser utilizado para imponer una agenda económica en un país, sin que los ciudadanos tengan ninguna voz en el proceso.

Es fundamental entender que el modelo neoliberal no solo busca reducir el tamaño del gobierno, sino que, a través de la privatización, pretende transformar los bienes y servicios públicos en oportunidades para la acumulación privada de riqueza. Esto genera una creciente desigualdad, pues mientras una pequeña élite se enriquece, las grandes mayorías ven cómo sus derechos laborales y sociales son reducidos a su mínima expresión.

Además, el experimento iraquí demuestra cómo las intervenciones externas pueden tener consecuencias devastadoras para los pueblos. Lejos de crear un paraíso económico, las políticas neoliberales impuestas en Irak no solo destruyeron la economía local, sino que generaron un ciclo de pobreza y exclusión del que el país sigue siendo víctima.

¿Cómo controlan los multimillonarios y las empresas que los hicieron ricos los límites del debate político en los Estados Unidos?

El control de los multimillonarios y las grandes corporaciones sobre los debates políticos en los Estados Unidos es una fuerza dominante que configura la agenda pública de manera silenciosa pero efectiva. A través de su influencia sobre los partidos políticos y los medios de comunicación, logran definir lo que se considera “aceptable” en la conversación política, marginando debates cruciales sobre temas que afectan a la mayoría de los ciudadanos. En la actualidad, temas como el cambio climático, la destrucción de la protección al consumidor y la explotación irresponsable de tierras públicas han sido sistemáticamente ignorados o minimizados en el discurso político, a pesar de su importancia vital.

En lugar de fomentar un debate honesto sobre la crisis climática, por ejemplo, los intereses de los petro-multimillonarios han desviado la atención del problema, negando la realidad del cambio climático con el objetivo de proteger sus enormes ganancias. No se escucha hablar de las políticas que están destruyendo las pequeñas empresas y las pequeñas comunidades, o de la creciente desregulación que permite a las grandes corporaciones ganar a costa del bienestar de los ciudadanos comunes. Esto es algo que ya ocurrió a principios del siglo XX, cuando las grandes corporaciones, después de una serie de fusiones corporativas, provocaron la Gran Depresión, llevando a la economía de los Estados Unidos al colapso en los años 1920. Hoy en día, las señales son alarmantes, ya que las grandes corporaciones y sus dueños ejercen un control aún mayor sobre la política, especialmente a través del financiamiento de campañas políticas y el lobby.

La profunda desconexión entre los intereses de la élite económica y la mayoría de la población estadounidense es cada vez más evidente. Un estudio realizado en 2014 por la Universidad de Princeton reveló que la probabilidad de que las políticas que representaran los intereses del 90% de los estadounidenses fueran aprobadas por el Congreso era, estadísticamente, similar al ruido blanco. Este fenómeno ha resultado en una grave apatía electoral, ya que la mayoría de los ciudadanos se sienten desconectados de un sistema que, en la práctica, solo representa a las élites económicas.

A lo largo de la historia, uno de los mayores mitos empleados para manipular al público ha sido el de la “fraude electoral”. Desde la aprobación de la Ley del Motor Voter en 1993, que permitió un registro más accesible para los votantes, la idea de que miles de “ilegales” estarían votando ha sido constantemente utilizada para justificar políticas restrictivas como las leyes de identificación para votar. Sin embargo, la preocupación por el fraude electoral era un mito inventado y manipulado por intereses políticos, particularmente dentro del Partido Republicano, para restringir el acceso al voto de comunidades tradicionalmente más vulnerables, como las de origen latino o afroamericano. Estas leyes no han sido implementadas para proteger el sistema electoral, sino para desactivar la participación de las minorías y grupos de votantes que pudieran inclinarse hacia partidos que no favorecen a las grandes corporaciones.

En la presidencia de George W. Bush, se intensificó el temor al fraude electoral, y el gobierno federal presionó a los fiscales para que investigaran la “fraude electoral” que supuestamente había ocurrido durante las elecciones de 2000. Sin embargo, los resultados fueron abrumadoramente insignificantes: de decenas de millones de votos examinados, solo 24 casos de fraude fueron documentados, y ninguno de ellos involucraba la falsificación de identidad en las urnas. A pesar de esto, la campaña de desinformación sobre el fraude electoral siguió adelante, con el objetivo de crear la percepción de que las elecciones estaban siendo manipuladas por grupos externos.

La reacción del Partido Republicano a este problema fue la implementación de leyes de identificación estrictas en más de 12 estados hacia finales de 2004. El resultado fue que, en promedio, la implementación de estas leyes redujo el número de votantes registrados en un 10%. En particular, las comunidades hispanas y afroamericanas fueron las más afectadas, ya que estos grupos eran menos propensos a tener las identificaciones requeridas, lo que limitaba aún más su capacidad para participar en el proceso electoral. La disminución de la participación electoral no solo refleja la desconfianza creciente en un sistema que parece funcionar en favor de los más ricos, sino que también señala la creciente exclusión de ciertos grupos de la vida política del país.

Es fundamental entender que la influencia de los multimillonarios y las grandes corporaciones en la política no solo se refleja en las leyes y regulaciones, sino también en los medios de comunicación y la cultura política. La manipulación de la información y la creación de narrativas que favorezcan sus intereses son herramientas clave en la construcción de un sistema que perpetúe su poder. Aunque la lucha contra esta hegemonía parece ser una batalla constante, es importante recordar que los movimientos sociales y las acciones colectivas han demostrado ser un motor de cambio significativo en el pasado, y continúan siendo una fuerza relevante para contrarrestar la influencia de los poderosos.

¿Cómo garantizar el derecho al voto en las elecciones?

El proceso electoral, en muchos sistemas democráticos, no solo se enfrenta a desafíos logísticos, sino también a cuestiones relacionadas con la accesibilidad y la equidad en el ejercicio del derecho al voto. En Estados Unidos, uno de los problemas más persistentes es el denominado "voter caging", una práctica que pone en peligro la participación de miles de votantes. Bajo el pretexto de limpiar las listas de votantes, los funcionarios electorales envían grandes cantidades de correos no reenvíables a cada persona registrada en el censo electoral. Si el correo es devuelto porque el votante se ha mudado (aunque solo haya sido a unas pocas calles de distancia), los funcionarios pueden utilizarlo como un motivo para desafiar formalmente su derecho al voto. Esta práctica es una manera de excluir a votantes de manera sistemática, forzándolos a demostrar que tienen derecho a votar.

La Ley For the People de 2019 prohíbe esta práctica, a menos que el impugnante jure tener "una base fáctica de buena fe para creer que la persona es inelegible para votar o registrarse para votar". Esto traslada la carga de la prueba, anteriormente sobre el ciudadano, hacia los funcionarios del estado, quienes deben demostrar que un votante no tiene derecho al sufragio. Con solo estas dos reformas —el fin del "voter caging" y la implementación de un registro automático de votantes— millones de estadounidenses podrían acceder al derecho al voto y protegerlo de intentos frívolos de negárselo. Sin embargo, esto no garantiza que todos los votantes tengan los medios ni el tiempo suficiente para llegar a las urnas.

Una de las soluciones que podría contribuir a mejorar la participación electoral sería convertir el día de las elecciones en un día festivo nacional. Según el análisis de datos de Pew Research Center en 2017, alrededor del 14 % de los votantes registrados que no participaron en las elecciones de 2016 afirmaron que no lo hicieron porque tenían una agenda ocupada o conflictos de horario. Otros 12 % mencionaron problemas de salud o discapacidad, y un 8 % señaló que se encontraban fuera de la ciudad. Aunque la Constitución de Estados Unidos no especifica una fecha para las elecciones, desde 1845, se estableció que el Día de las Elecciones se celebraría el primer martes después del primer lunes de noviembre. Esta decisión fue pensada en una época donde la mayoría de los votantes eran agricultores y no podían viajar los domingos debido a sus creencias religiosas, ni el 1 de noviembre por la celebración de Todos los Santos.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y estas consideraciones ya no son relevantes para los votantes modernos. Hacer del Día de las Elecciones un día festivo nacional permitiría que muchos más votantes pudieran acudir a las urnas sin preocuparse por perder horas de trabajo o por la falta de tiempo para realizar el proceso de votación.

El voto por correo también podría ser una solución efectiva para aquellos que no pueden acudir a un centro electoral debido a limitaciones físicas o de tiempo. Este sistema ha sido probado a nivel estatal y local en Estados Unidos, y varios estados ya lo implementan en sus elecciones, permitiendo que los votantes reciban sus papeletas en casa, las completen y las devuelvan por correo o en un buzón de votación. Esta modalidad tiene la ventaja de eliminar las barreras físicas que impiden que algunas personas voten el día de las elecciones. Estados como Oregón, Colorado y Washington han adoptado completamente el voto por correo, lo que ha demostrado ser efectivo para aumentar la participación, especialmente en elecciones fuera del ciclo electoral principal.

Aunque el voto por correo ha mostrado buenos resultados en cuanto a la participación electoral, no está exento de dificultades. La entrega del correo no es uniforme en todo el país, y existen zonas donde los votantes, como los residentes de las reservas indígenas, enfrentan serias dificultades debido a la falta de direcciones físicas o a la utilización de apartados de correos compartidos. Además, la alfabetización es otro desafío, ya que los materiales electorales suelen estar redactados a un nivel académico alto, lo que puede resultar inaccesible para algunas personas.

Si bien el voto por correo puede ser una excelente opción para aumentar la participación electoral, la implementación de centros de votación accesibles y la oferta de asistencia para votantes con discapacidades o en otros idiomas también son vitales para garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer su derecho al voto. Estos centros permitirían que los votantes pudieran acceder a ayuda para completar sus papeletas o entender las instrucciones de manera adecuada.

Es crucial que las reformas en los procesos electorales no solo se enfoquen en la ampliación de los derechos de voto, sino también en la creación de un sistema que sea accesible, justo y eficiente para todos los votantes. La modernización del proceso electoral, como el voto por correo y la creación de un día festivo para las elecciones, son pasos en la dirección correcta para asegurar que ningún ciudadano quede excluido del ejercicio de sus derechos democráticos.

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