¿Cómo se construye el poder político progresista a nivel estatal en Estados Unidos?

A mediados del siglo XX, el poder político en los Estados Unidos comenzó a consolidarse a nivel estatal mediante una serie de instituciones diseñadas específicamente para coordinar agendas ideológicas. Uno de los modelos más influyentes fue el Consejo de Gobiernos Estatales (Council of State Governments), creado en 1933 para fomentar la cooperación interestatal y racionalizar la gobernanza subnacional. Sin embargo, su diseño institucional, como advierte Teaford, no pretendía desafiar el statu quo ni movilizar nuevas fuerzas sociales, sino más bien mantener la estabilidad administrativa.

Décadas después, el surgimiento de organizaciones como ALEC (American Legislative Exchange Council) transformó este modelo en una herramienta más claramente ideológica. ALEC logró una integración sin precedentes entre intereses empresariales y legisladores estatales, facilitando la circulación de proyectos de ley conservadores entre legislaturas de distintos estados. Su capacidad de replicación se basó en manuales, redes, conferencias y una estructura institucional que ofrecía recursos tangibles a legisladores alineados con su visión de libre mercado.

En contraste, los esfuerzos progresistas por construir poder político a nivel estatal se vieron obstaculizados por una fragmentación organizativa significativa. Mientras los conservadores se aglutinaban en torno a nodos centralizados como ALEC o la Heritage Foundation, el campo progresista proliferó en múltiples redes y organizaciones que a menudo duplicaban funciones. Ejemplos notables incluyen el Center for Policy Alternatives (CPA), Progressive Legislative Action Network (PLAN), y más tarde ALICE (American Legislative and Issue Campaign Exchange). Estas organizaciones compartían objetivos comunes pero rara vez lograban una coordinación estratégica sostenida.

A pesar de ello, hubo avances. Entrevistas con estrategas progresistas revelan que el campo aprendió gradualmente a priorizar la producción de contenidos legislativos modelo, la formación de líderes estatales y la generación de capacidades técnicas. No obstante, la financiación persistió como un obstáculo estructural. A diferencia de los actores conservadores, que gozaban de fondos estables y de largo plazo, las organizaciones progresistas dependían de subvenciones fragmentadas y a menudo condicionadas por prioridades temáticas fluctuantes de sus financiadores.

El Comité de los Estados, una iniciativa promovida por la Democracy Alliance, intentó corregir estas fallas mediante inversiones coordinadas en estados clave. Sin embargo, análisis posteriores no mostraron una correlación clara entre estas inversiones y un cambio efectivo en el control partidista o la introducción de legislación progresista. Esto sugiere que, más allá de la financiación, el poder político sostenible requiere estructuras organizativas resilientes y una visión estratégica común.

A lo largo de estos esfuerzos, se evidencia una tensión estructural dentro del progresismo: su compromiso con la diversidad organizativa y la autonomía local ha obstaculizado en ocasiones la creación de estructuras disciplinadas y centralizadas. Esta característica, si bien coherente con valores democráticos participativos, contrasta con la eficiencia organizativa de la derecha estadounidense, que ha logrado consolidar una arquitectura de poder vertical y replicable en múltiples jurisdicciones.

Es esencial comprender que construir poder político no se reduce a tener buenas ideas o propuestas legislativas técnicamente sólidas. Lo que demuestra la experiencia estadounidense es que el poder se organiza: requiere estructuras, redes, financiamiento estable y capacidad institucional. El progresismo estatal, si desea competir en igualdad de condiciones, debe aceptar esta realidad sin renunciar a su pluralismo, pero integrándolo dentro de una lógica estratégica común. Las lecciones del fracaso parcial de iniciativas como ALICE o CPA no radican en la calidad de sus propuestas, sino en su incapacidad para sostener una arquitectura organizativa con proyección de largo plazo.

También es importante tener en cuenta que la creación de poder no se da en el vacío. Está condicionada por narrativas dominantes, por la composición del electorado, por los mecanismos institucionales de cada estado y por la capacidad de movilización social. Organizaciones progresistas deben aprender a tejer alianzas transversales, formar cuadros técnicos con capacidad de gobernar y, sobre todo, generar propuestas que no sólo respondan a demandas sociales legítimas, sino que también sean viables dentro de las estructuras estatales existentes.

¿Cómo influye el poder corporativo en la política estadounidense?

En el contexto de las políticas de Estados Unidos, el poder corporativo ha jugado un papel crucial en la conformación de decisiones y leyes que impactan tanto a los ciudadanos como a la estructura económica del país. El análisis de la relación entre las grandes corporaciones y la política revela cómo los intereses empresariales y los grupos de poder tienen una influencia directa en la creación de leyes y políticas públicas. Esta interconexión genera un tipo de democracia en la que las grandes fortunas y las corporaciones son capaces de dirigir los rumbos del país de forma sigilosa pero constante.

Un ejemplo claro de esta influencia se observa en la creación de leyes que favorecen a las grandes corporaciones, muchas veces sin la participación activa del público general. Grupos como el American Legislative Exchange Council (ALEC), que reúne a legisladores y representantes corporativos, tienen un control notable sobre la legislación estatal, promoviendo leyes que favorecen a los intereses de las grandes empresas, como las reformas laborales y fiscales, sin tener en cuenta el bienestar general. Estos grupos actúan de forma eficiente para avanzar sus agendas políticas mediante una serie de prácticas que no siempre son transparentes.

En cuanto a la política laboral, la capacidad de las grandes corporaciones para influir en la legislación sobre los derechos de los trabajadores también se ha intensificado. La supresión de los sindicatos, como se ha visto en varios estados, es una de las estrategias más efectivas para reducir el poder de negociación de los trabajadores y permitir que las empresas tengan un control más absoluto sobre los salarios y condiciones laborales. La propuesta del "Derecho al Trabajo", por ejemplo, es una de las iniciativas impulsadas por estos grupos para debilitar a los sindicatos y reforzar la influencia empresarial en las políticas laborales.

Este poder corporativo no se limita solo a la política estatal, sino que también afecta las políticas federales. En temas como el cambio climático, por ejemplo, las grandes corporaciones han logrado posicionarse como actores clave en la creación de políticas que retrasan o incluso bloquean la implementación de reformas significativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las presiones de estas corporaciones en el Congreso han llevado a un estancamiento legislativo, lo que impide que se tomen medidas más agresivas contra el cambio climático.

Además, la manera en que las corporaciones financian campañas políticas a través de super PACs (Comités de Acción Política) ha alterado por completo la dinámica electoral. La participación política de las grandes empresas asegura que sus intereses estén siempre representados en el proceso legislativo. Este sistema contribuye a una creciente polarización política, donde los intereses corporativos y los de las élites económicas prevalecen sobre los de los votantes promedio, creando una brecha más amplia entre las clases sociales.

A pesar de los esfuerzos por presentar una imagen de imparcialidad y bienestar social, las grandes corporaciones están cada vez más presentes en la formulación de políticas públicas. Los movimientos conservadores, respaldados por grandes fortunas, tienen la capacidad de moldear el debate político a su favor, promoviendo un modelo económico que beneficia a los más ricos y empuja a las clases medias y bajas a la periferia.

Para comprender en profundidad cómo funciona este sistema, es esencial que los ciudadanos sean conscientes de las estrategias empleadas por estas corporaciones para manipular las decisiones políticas. La transparencia en las relaciones entre las grandes empresas y los legisladores es crucial para restaurar la equidad en el proceso democrático. Las reformas deben apuntar a limitar la influencia del dinero en la política y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Es importante también considerar que la influencia corporativa no es un fenómeno exclusivamente estadounidense. Si bien el caso de Estados Unidos es emblemático, esta dinámica se replica en muchos otros países, donde las élites económicas tienen el poder de influir en las decisiones gubernamentales. El estudio de estos fenómenos, tanto a nivel nacional como global, revela las profundas conexiones entre el dinero, el poder político y la desigualdad social, y cómo estas relaciones perpetúan un sistema que favorece a unos pocos en detrimento de las mayorías.

¿Cómo construyó SPN una red nacional de poder desde los think tanks estatales?

A partir de los años 2000, la red State Policy Network (SPN) inició un viraje estratégico que marcaría una nueva fase de expansión y consolidación de su poder dentro del ecosistema conservador estadounidense. Ya no se trataba solo de promover ideas de libre mercado en los estados a través de think tanks independientes; el objetivo se volvió crear una infraestructura nacional interconectada, sostenida por una base financiera más ambiciosa y diversificada.

Uno de los elementos clave de esta transformación fue el llamado a los afiliados estatales a colaborar en la captación de grandes donantes individuales, rompiendo con la tradición de depender principalmente de fundaciones y financiadores locales. En una circular interna de 2001, SPN exhortó a sus miembros a superar la competencia entre sí por recursos y, en cambio, unirse en la búsqueda de nuevos filántropos. La lógica era simple: una red más amplia de donantes implicaría una base de recursos más sólida y compartida por todos. Esta visión solidaria de la recaudación de fondos buscaba replicar la cooperación ya existente en temas de políticas públicas.

Simultáneamente, SPN impulsó una estrategia más audaz para vincularse con grandes empresas privadas. Inspirados por el modelo de ALEC, la organización alentó a sus afiliados a cortejar a actores corporativos poderosos. Un encuentro regional en Filadelfia permitió a los think tanks locales presentar propuestas directamente a representantes de la industria farmacéutica, como PhRMA, con el fin de financiar proyectos de reforma sanitaria alineados con políticas de libre mercado.

El caso del Washington Policy Center y su relación con Microsoft sirvió como modelo ilustrativo. A pesar de que, en teoría, las corporaciones deberían ver con claridad el valor de los think tanks en la defensa de un entorno regulatorio favorable, en la práctica, era necesario convencerlas. El éxito de esta negociación se concretó cuando Microsoft empezó a financiar tanto al afiliado estatal como a la organización nacional de SPN. El mensaje era claro: no basta con tener buenas ideas; hay que demostrar resultados tangibles que generen beneficios sostenibles a largo plazo.

Estas estrategias dieron frutos considerables. Entre 2005 y 2010, las contribuciones a SPN aumentaron más del 300 %. A finales de esa década, la red contaba con más de 60 think tanks distribuidos por los 50 estados del país. Su influencia no solo crecía en términos financieros, sino también en presencia mediática: para 2013, sus miembros promediaban 267 menciones anuales en medios locales, estatales y nacionales.

Este crecimiento no fue solo cuantitativo. Gracias al apoyo corporativo, SPN pudo ofrecer a sus afiliados una gama más amplia de servicios: desde subvenciones operativas generales hasta fondos específicos para proyectos concretos. En 2014, su oficina nacional otorgó 32 subvenciones con una media de 56.000 dólares cada una, cifras significativas para organizaciones con presupuestos anuales promedio por debajo de 700.000 dólares. También se organizaron encuentros cada vez más masivos, como el de 2013, que celebró públicamente al think tank Mackinac, ejemplo paradigmático de la estrategia de SPN.

No obstante, esta expansión vino acompañada de una fuerte voluntad de operar en la sombra. En 2013, un estudiante de posgrado inscrito legítimamente en la conferencia nacional de SPN en Oklahoma City fue contactado días antes del evento y se le prohibió la asistencia. Incluso se le ofreció reembolsar los gastos de cancelación del viaje, dejando en evidencia la intención deliberada de evitar la exposición pública.

Para entender mejor la acción concreta de los afiliados de SPN, es revelador observar los informes enviados por estos a la oficina nacional en 2016. Estos informes, aunque breves, condensan las prioridades políticas más destacadas de cada think tank. La reforma educativa encabezó la lista, especialmente en lo referente a la promoción de vales escolares que permitieran a las familias elegir escuelas privadas. Un ejemplo claro fue el Instituto de Investigación de Políticas de Nevada, que desarrolló un sitio web y organizó decenas de eventos comunitarios para impulsar su propuesta de "Cuentas de Ahorro Educativo".

Le siguieron la reforma fiscal —orientada principalmente a recortes del impuesto sobre la renta— y la oposición a la expansión del Medicaid. En estados que rechazaron ampliar la cobertura sanitaria bajo el marco del Affordable Care Act, los afiliados trabajaron activamente para impedir que el tema regresara a la agenda legislativa.

Las estrategias más utilizadas por los afiliados fueron la organización de eventos públicos y la publicación de informes sobre temas específicos, seguidos por la difusión de "scorecards" legislativos, que evaluaban la fidelidad de los legisladores locales a la agenda del libre mercado. Estas tácticas no solo generaban influencia directa sobre las políticas estatales, sino que también consolidaban la percepción de legitimidad y profesionalismo de los think tanks ante donantes y medios de comunicación.

A través de esta estructura coordinada y profesionalizada, SPN logró consolidar un bloque ideológico eficaz en la política estatal estadounidense, convirtiendo sus afiliados en actores estratégicos con capacidad real de incidir en legislaciones concretas.

Lo que es fundamental entender es que el éxito de SPN no reside únicamente en su discurso ideológico o en la calidad intelectual de sus propuestas, sino en su arquitectura organizacional, su capacidad de movilización de recursos, y su habilidad para operar simultáneamente en múltiples niveles —político, mediático, corporativo— sin perder cohesión estratégica. La profesionalización de la filantropía conservadora, la articulación con el mundo empresarial, y la construcción de una narrativa tecnocrática legitimadora convirtieron a SPN en mucho más que una red de think tanks: en un actor estructural del conservadurismo contemporáneo.

¿Cómo la Troika de la Derecha Redefine el Estado desde Adentro?

La derecha estadounidense organizada en torno a la "troika" compuesta por AFP (Americans for Prosperity), ALEC (American Legislative Exchange Council) y SPN (State Policy Network), no es un simple conglomerado de organizaciones conservadoras. Es una maquinaria ideológica bien articulada con estrategias distintas, estructuras divergentes y objetivos políticos que se entrelazan para transformar radicalmente la política estatal desde dentro, estado por estado, legislación por legislación.

Mientras algunos actores conservadores tradicionales, como la Cámara de Comercio de EE. UU., aún respaldan ciertas expansiones gubernamentales que favorecen al sector empresarial —como los subsidios agrícolas o la inversión en infraestructura—, AFP, impulsada por una visión libertaria extrema, se mantiene firme en su oposición a casi todo tipo de gasto público, incluso cuando se canaliza al sector privado. Esta postura la sitúa aún más a la derecha que muchas entidades históricamente conservadoras, generando tensiones dentro del propio espectro derechista.

Estas diferencias ideológicas se reflejan también en las formas de colaboración entre los miembros de la troika. ALEC y SPN mantienen vínculos más estrechos: los afiliados estatales de SPN participan activamente en los grupos de trabajo legislativo de ALEC, incentivados por su oficina nacional y respaldados por financiadores alineados ideológicamente. En cambio, AFP, aunque presente en ciertos paneles nacionales de ALEC —como el de política fiscal—, rara vez permite que sus capítulos estatales se integren de manera institucional en estas dinámicas. Esta decisión refleja su estructura más centralizada y subordinada a la sede nacional, a diferencia de SPN, cuyas afiliadas gozan de mayor independencia operativa, al menos en el plano legal.

No obstante, la colaboración entre ellos no se limita a la estructura formal. AFP, a través de sus capítulos estatales, proporciona el músculo político necesario para convertir en ley las propuestas de ALEC. Esto se traduce en presión directa sobre los legisladores a nivel local, movilización de bases y apoyo electoral para candidatos ultraconservadores que ya comparten la agenda política promovida por ALEC. Así, incluso sin participar directamente en los grupos de trabajo legislativo, AFP actúa como catalizador y fuerza multiplicadora de las políticas redactadas en los despachos de ALEC y SPN.

La dinámica de esta troika se hizo particularmente visible en Iowa tras las elecciones de 2016, cuando los republicanos lograron un control total del gobierno estatal. Esta "trifecta" permitió un giro radical en la política pública. A pesar de haber hecho campaña con promesas económicas genéricas, el nuevo liderazgo republicano priorizó un ataque frontal contra los sindicatos del sector público, desmantelando en pocos días décadas de derechos laborales conquistados mediante consenso bipartidista.

La ley aprobada en Iowa, inspirada por las medidas adoptadas en Wisconsin en 2011, fue aún más lejos: limitó la negociación colectiva exclusivamente a los salarios —y solo dentro del margen de la inflación—, eliminó el derecho de negociar condiciones laborales fundamentales como seguros de salud, pensiones, ascensos y despidos, y obligó a los sindicatos a renovar su legitimidad mediante votaciones periódicas. Además, prohibió la recolección automática de cuotas sindicales. En menos de una semana, se impuso una legislación que reconfiguró drásticamente las relaciones laborales en el sector público.

La velocidad y radicalidad de esta ofensiva legislativa dejó atónitos tanto a observadores políticos como a los propios ciudadanos. Muchos se sintieron traicionados, no solo por el contenido de la reforma, sino por la forma en que fue impuesta, sin un mandato claro de los votantes ni un debate público sustancial. Esta estrategia revela una táctica recurrente: la derecha troika opera en las sombras del proceso democrático, utilizando su influencia institucional y organizativa para transformar el Estado desde adentro, alejándose cada vez más del consenso social.

Comprender esta estrategia implica reconocer que no se trata simplemente de una agenda de reducción del gasto o de reformas fiscales conservadoras. Es un proyecto político de desmantelamiento de las instituciones públicas que sirven de contrapeso al poder del capital, un proyecto que busca redefinir las reglas del juego democrático a favor de una minoría ideológicamente motivada y financieramente respaldada.

Lo que resulta crucial entender es que esta transformación no se da en el vacío: se alimenta de una estructura nacional bien financiada, disciplinada y cohesionada, que identifica estados clave como laboratorios de política, donde las victorias legislativas pueden ser replicadas en cadena. La interacción entre redes como ALEC, SPN y AFP no solo refleja diferencias tácticas, sino una visión compartida de un nuevo orden estatal, donde el interés público se redefine según los valores del mercado y los sindicatos —como actores fundamentales de la democracia social— son neutralizados. Este tipo de intervencionismo político no es espontáneo ni reactivo: es deliberado, metódico y a largo plazo.

¿Cómo influyen realmente las empresas en la política pública en Estados Unidos?

Determinar de manera concluyente cómo influyen las empresas en la política pública estadounidense es una tarea notablemente compleja. Parte de la dificultad radica en que las intervenciones corporativas más decisivas suelen tener lugar en las primeras etapas del proceso legislativo, cuando aún se están definiendo las alternativas posibles y el lenguaje específico de los proyectos de ley. Este momento clave, anterior a las votaciones finales en las cámaras legislativas, es donde los actores empresariales logran moldear la agenda política de manera eficaz pero difícilmente detectable para el observador común.

La organización ALEC (American Legislative Exchange Council), pieza central de la llamada "troika" conservadora, permite una ventana única para rastrear esta influencia temprana. ALEC promueve el uso de proyectos de ley modelo que son propuestos directamente a legisladores estatales. Este mecanismo permite comparar los textos originales de ALEC con legislaciones reales aprobadas en distintos estados, revelando con precisión cuándo y dónde se han adoptado propuestas redactadas por intereses empresariales.

Este enfoque revela una imagen mucho más rica y detallada del poder corporativo, al evidenciar que las empresas obtienen beneficios sustanciales por sus inversiones políticas. Además, pone en entredicho la utilidad de los indicadores tradicionales de influencia empresarial, como las contribuciones a campañas electorales o los informes de lobby federal. Estos métodos pierden de vista las relaciones duraderas entre empresas y organizaciones intermediarias como ALEC, que operan a largo plazo y en niveles de gobierno menos visibles para el público.

Otro hallazgo relevante es cómo las empresas logran mantener fuera del radar público sus participaciones políticas más controversiales e ideológicas. Esto no es un descuido, sino una estrategia deliberada para evitar reacciones negativas de consumidores o inversionistas. De ahí que analizar sólo las actividades políticas más públicas —como las donaciones a comités de acción política o el cabildeo registrado— conduzca a una imagen distorsionada. Muchas compañías que se presentan como moderadas en sus contribuciones electorales han apoyado intensamente a organizaciones como ALEC y SPN, con posiciones políticas más radicales.

Las estrategias corporativas también reflejan la fragmentación del sistema político estadounidense. Las empresas a menudo se debaten entre fomentar la descentralización, lo que permite que cada estado compita por atraer inversión reduciendo impuestos y regulaciones, y preferir una legislación uniforme a nivel nacional que facilite sus operaciones a través de múltiples jurisdicciones. ALEC ofrece una solución ideal: permite a las empresas influir en políticas estatales, donde los legisladores son más sensibles a las presiones del capital móvil, al mismo tiempo que promueve una homogeneidad regulatoria en los mercados donde operan.

ALEC, como el miembro más antiguo y activo de la troika, desempeña un papel central en la creación de propuestas legislativas interestatales y en el acceso de las empresas al poder legislativo. Su modelo organizativo, compuesto por políticos, empresas, activistas conservadores y grandes donantes, representa una alianza estratégica que combina intereses muchas veces contradictorios, pero unidos por una visión común de reforma del Estado.

Gracias a la digitalización de aproximadamente mil propuestas legislativas modelo de ALEC y a una base de datos original que rastrea leyes estatales desde mediados de los años noventa, se ha podido identificar con precisión casos de "plagio legislativo", donde los legisladores han copiado directamente textos redactados por ALEC. Este fenómeno es especialmente frecuente en estados donde los legisladores son mal remunerados, carecen de personal o experiencia, y tienen poco tiempo para redactar legislación por cuenta propia. En estos contextos, ALEC ofrece no sólo textos listos para su adopción, sino también apoyo político y respaldo técnico.

Es importante comprender que no son únicamente los incentivos financieros lo que motiva la participación empresarial en estos esquemas. El cálculo corporativo también toma en cuenta amenazas políticas a nivel estatal, como regulaciones restrictivas o propuestas fiscales adversas, lo que lleva a muchas empresas a buscar un canal eficaz para anticiparse y moldear esas políticas antes de que se conviertan en realidad.

La participación en ALEC representa para muchas compañías una inversión estratégica que les permite sortear la fragmentación institucional del sistema estadounidense, proyectar su influencia más allá del radar mediático y consolidar su poder a través de un andamiaje de relaciones políticas discretas pero sumamente eficaces.