¿Cómo la gestión del riesgo redefine la seguridad global en tiempos contemporáneos?

El concepto de seguridad en el siglo XXI se ha transformado, especialmente tras los eventos traumáticos del 11 de septiembre de 2001. Con la creciente interdependencia global y el surgimiento de amenazas transnacionales, las políticas de seguridad no pueden ser consideradas desde una perspectiva unidimensional o puramente militar. Los ataques terroristas, las guerras preventivas y el uso de tecnologías avanzadas como los drones han desafiado las nociones tradicionales de defensa nacional y gestión del riesgo.

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la política internacional contemporánea es el manejo de los riesgos asociados a la guerra, el terrorismo y los conflictos armados, que ya no son eventos aislados, sino procesos globalizados. Las intervenciones militares, como las realizadas en el Medio Oriente, han mostrado que el uso de la fuerza no siempre lleva a una reducción del riesgo, sino que puede, a menudo, exacerbarlo. Esta situación ha obligado a los gobiernos a repensar cómo gestionar no solo las amenazas inmediatas, sino también las consecuencias a largo plazo de sus acciones.

Esta evolución de las estrategias de seguridad resalta cómo el concepto de riesgo se ha globalizado y cómo las amenazas ya no se perciben como simples conflictos entre estados, sino como dinámicas complejas que involucran actores no estatales, tecnologías disruptivas y redes de comunicación globales. La gestión del riesgo en la seguridad internacional ya no se limita al control de las fronteras físicas de los países, sino que ahora abarca aspectos tecnológicos, económicos, culturales y sociales.

El uso de drones en particular ha generado un debate fundamental sobre la ética de la guerra moderna. La capacidad de llevar a cabo asesinatos selectivos sin la necesidad de presencia física en el territorio ha permitido a las potencias mundiales proyectar su fuerza de manera precisa y menos costosa. Sin embargo, esta tecnología también ha llevado a cuestionamientos sobre la legalidad y moralidad de la guerra en el siglo XXI. La falta de claridad sobre los criterios para seleccionar los objetivos, junto con las consecuencias inesperadas de los ataques, ha creado un ambiente de incertidumbre en el que las decisiones de seguridad se toman con un alto grado de opacidad.

La constante evolución de las amenazas, junto con la incertidumbre generada por el cambio climático, las pandemias y las crisis económicas globales, hace aún más urgente la necesidad de una reflexión profunda sobre las políticas de seguridad y gestión del riesgo. En este contexto, es esencial considerar que la seguridad no puede ser vista únicamente desde una óptica de control y represión, sino que debe ser entendida como un equilibrio dinámico entre la protección, la libertad y el respeto a los derechos humanos.

En resumen, la gestión del riesgo en la política internacional debe ser vista como un proceso multifacético, que implica no solo la toma de decisiones en el ámbito militar y político, sino también la integración de valores éticos, jurídicos y humanos en la construcción de un futuro más seguro para todos. La comprensión de la seguridad en un mundo globalizado requiere una visión holística, en la que el riesgo no se limite a una amenaza inminente, sino que considere sus implicaciones a largo plazo en todos los niveles de la sociedad.

¿Cómo influye la lógica del riesgo en las políticas de seguridad contemporáneas?

La cuestión del riesgo ha cobrado una importancia central en las últimas décadas, especialmente dentro del ámbito de la seguridad y la política exterior. En el contexto de la política estadounidense bajo la administración Trump, la gestión del riesgo se convirtió en un eje fundamental que justificaba políticas de inmigración estrictas, como el veto migratorio y la construcción de un muro en la frontera. A través de este enfoque, se buscaba no solo proteger al país de amenazas externas, sino también dar forma a las percepciones públicas sobre los riesgos inherentes a la inmigración, la amenaza terrorista y la seguridad nacional.

El concepto de "sociedad de riesgo", desarrollado por Ulrich Beck, proporciona una base teórica fundamental para entender cómo se construyen y gestionan los riesgos en la política contemporánea. Beck argumenta que vivimos en una era donde los riesgos no solo son omnipresentes, sino que son inherentemente difíciles de controlar y, por lo tanto, se gestionan a través de medidas políticas y sociales que a menudo amplifican el miedo y la desconfianza. Esta perspectiva es especialmente relevante cuando se considera cómo se perciben los inmigrantes, las personas de ciertas nacionalidades o religiones, como una amenaza potencial para la seguridad nacional.

El proceso de "risquización", o la construcción social del riesgo, es clave para entender cómo ciertos grupos son definidos como riesgos. Este proceso no es neutro; está impregnado de dinámicas de poder y de representación que dependen de la política y de las relaciones sociales en un contexto determinado. En el caso de las políticas migratorias de Trump, la risquización fue una herramienta eficaz para vincular la inmigración con el terrorismo, la violencia y la inseguridad, reforzando la percepción de una amenaza constante desde el exterior.

Desde una perspectiva post-estructuralista, los riesgos no se consideran una realidad objetiva, sino una construcción social que está profundamente influenciada por discursos políticos. En este sentido, las decisiones sobre qué constituye un riesgo, cómo se evalúa ese riesgo y qué medidas se toman para gestionarlo, dependen de los actores que controlan las narrativas y las estructuras de poder. En el caso del gobierno de Trump, el discurso de la amenaza terrorista, a menudo vinculado a ciertas comunidades musulmanas o de países de mayoría musulmana, fue un elemento crucial para justificar políticas restrictivas.

Sin embargo, la gestión del riesgo no es un proceso unidireccional. A menudo, las políticas que intentan gestionar el riesgo se encuentran con resistencia tanto interna como externa. Las protestas contra el veto migratorio de Trump, por ejemplo, reflejaron una disidencia significativa ante lo que muchos consideraron un uso excesivo del miedo para justificar medidas discriminatorias. Esta resistencia resalta la naturaleza política y dinámica de la gestión del riesgo, que no solo depende de las decisiones de los gobernantes, sino también de las respuestas de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otros actores globales.

La noción de "gestión situacional del riesgo" proporciona un marco útil para comprender cómo las políticas de seguridad, como el muro fronterizo o el veto migratorio, se implementan en respuesta a incertidumbres específicas sobre el lugar y el tiempo de los riesgos percibidos. Esta estrategia busca modificar o controlar zonas geográficas problemáticas que se consideran vulnerables a amenazas, sin necesariamente abordar las causas subyacentes de esos riesgos. En otras palabras, se trata de una solución a corto plazo, que intenta manejar los síntomas del riesgo, pero que a menudo ignora las dinámicas más profundas que lo generan.

El enfoque en la lógica del riesgo ha transformado el campo de la política internacional y la seguridad, destacando cómo los gobiernos construyen narrativas de amenaza y gestionan la percepción del peligro. Las políticas de Trump en torno a la inmigración reflejan cómo el riesgo se ha convertido en una herramienta política crucial para moldear la opinión pública y justificar medidas de control y exclusión. Sin embargo, este enfoque no está exento de críticas y resistencia, lo que demuestra la complejidad y la tensión inherentes en la política de seguridad contemporánea.

¿Cómo afecta la construcción del muro fronterizo a las comunidades latinas y al medio ambiente en los Estados Unidos?

A pesar de las preocupaciones y la activa resistencia de los pueblos indígenas, la construcción del muro fronterizo ha continuado. En mayo de 2020, el Secretario de Seguridad Nacional utilizó su poder bajo la sección 102(c) de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 para suspender varias leyes con respecto a la construcción del muro en Texas. La medida fue tomada para "asegurar la construcción expedita de barreras y caminos en las cercanías de la frontera terrestre internacional en los condados de Webb y Zapata, Texas". Esta exención de leyes implicó la eliminación de protecciones legisladas para las comunidades indígenas y el entorno local, dejándolos vulnerables a los daños causados, directa e indirectamente, por la construcción del muro.

Además, la suspensión de las leyes federales que protegen el medio ambiente ha permitido la construcción del muro sin las evaluaciones de impacto ambiental que normalmente serían requeridas para proyectos federales. La prisa por erigir el muro, particularmente en las últimas semanas de la administración Trump, ha afectado gravemente tanto a las comunidades locales como al entorno natural.

El proceso de "racialización de la ilegalidad", tal como lo describe Menjívar (2021), ha tenido profundas implicaciones para los pueblos latinos. La forma en que ciertos grupos raciales son representados y entendidos como inmigrantes ilegales ha producido consecuencias desproporcionadas, como la sobre-representación de los latinos en los detenidos y deportados. A pesar de que los latinos constituyen aproximadamente el 70% de la población indocumentada, un 88,6% de los detenidos provienen de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Este fenómeno ha convertido a los latinos en blancos de políticas de control migratorio y represión.

Este proceso de "riesgización", aunque no directamente vinculado a la construcción del muro, ha sido alimentado por un discurso racista y xenófobo que ha hecho que los latinos y otros grupos racializados sean vistos como amenazas. La necesidad de gestionar esos riesgos, reales o percibidos, justifica la construcción de muros y otras barreras físicas en la frontera. No se trata solo de construir una estructura, sino de crear un entorno donde ciertos grupos sociales son etiquetados como peligrosos.

La retórica y las políticas de Trump hacia los pueblos latinos e inmigrantes irregulares también han provocado un aumento en el abuso y la violencia contra estas comunidades. Durante la campaña presidencial de 2016, los condados que acogieron mítines de Trump experimentaron un aumento del 226% en los crímenes de odio. En 2019, un tirador terrorista atacó un Walmart en El Paso, Texas, matando a 22 personas e hiriendo a otras 26. El atacante, antes de cometer la matanza, había sostenido un discurso de odio contra los latinos, alegando que defendía a los Estados Unidos de una "invasión" cultural y étnica. Estos son solo dos ejemplos de un patrón más amplio de odio racializado, marginación y exclusión que han vivido los latinos en los Estados Unidos.

Es fundamental que se entienda que la construcción del muro no solo es una cuestión de infraestructura física, sino que está ligada a una narrativa política que racializa, estigmatiza y criminaliza a amplios sectores de la población. La "gestión del riesgo" a través de la construcción de barreras físicas no solo busca proteger, sino excluir, dejando a comunidades enteras vulnerables tanto a las consecuencias ambientales como a las sociales. La persistencia de estas políticas refleja un patrón que va más allá de la administración Trump y que podría continuar influyendo en la política estadounidense en los próximos años.