En 2012, la presión sobre la American Legislative Exchange Council (ALEC) alcanzó su punto máximo debido a las críticas por su vinculación con la controvertida ley de "stand your ground" tras el tiroteo de Trayvon Martin. Aunque esta fue solo una chispa que encendió el fuego, el foco de la crítica pronto se amplió hacia el modelo de legislación que ALEC promovía, diseñada para beneficiar los intereses corporativos de manera evidente.

Este tipo de activismo y las campañas en su contra no eran algo nuevo. Grupos liberales como People for the American Way ya habían intentado en 2003 llamar la atención sobre el trabajo de ALEC, sin éxito. En ese momento, se formó una coalición con organizaciones de izquierda, como la NAACP, AFL-CIO, NEA, y el Natural Resources Defense Council. Sin embargo, el contexto y la falta de un detonante concreto dificultaron que esta campaña lograra generar un cambio significativo.

El asesinato de Trayvon Martin y la posterior controversia por las leyes promovidas por ALEC brindaron un momento propicio para que las críticas sobre la influencia corporativa en las políticas públicas ganaran visibilidad. Este suceso permitió a los grupos progresistas centrarse en cómo ALEC operaba de forma encubierta, promoviendo legislación escrita por corporaciones con fines específicos que beneficiaban a estas empresas, como las leyes de derechos de armas o la legislación que favorecía a grandes corporaciones en temas de impuestos o regulaciones laborales.

A raíz de la creciente presión pública, grandes compañías que previamente apoyaban a ALEC, como Coca-Cola, Pepsi, Kraft, Wendy's y Walgreens, decidieron retirarse de la organización. Esta pérdida de apoyo también afectó las finanzas de ALEC, enfrentándose a un déficit de 1.4 millones de dólares en su presupuesto proyectado de 2013. La salida de estas empresas reflejaba el temor de las corporaciones a verse envueltas en controversias públicas, pues incluso las acusaciones, ya fueran ciertas o no, tenían un impacto negativo en su imagen.

Este episodio también subrayó la vulnerabilidad de ALEC al escrutinio público, ya que su éxito dependía de operar en las sombras, lejos de la atención pública. Tal como indicó un portavoz de la organización, las empresas no desean involucrarse en controversias de ningún tipo, y este tipo de visibilidad solo afectaba sus intereses económicos. En respuesta a la presión, ALEC se vio obligado a disolver su "Public Safety and Elections Task Force", el panel responsable de diseminar leyes sobre autodefensa y registros electorales.

A pesar de la pérdida de miembros corporativos, la organización no se disolvió. ALEC, lejos de ceder ante la presión, amplió sus actividades hacia nuevas áreas. Reconociendo que los movimientos progresistas comenzaban a movilizarse a nivel local, la organización amplió su alcance a concejos municipales y gobiernos locales, creando una nueva rama: el American City-County Exchange (ACCE). Este paso representó una tentativa de ALEC por influir no solo en los legisladores estatales, sino también en los funcionarios locales, que en muchos casos tienen poder sobre servicios públicos y educación, áreas que las grandes corporaciones consideran vitales para su estrategia política.

Además de este movimiento estratégico, la organización también vio la necesidad de proteger a sus miembros de la exposición pública, pues, como se mencionó en varios informes, si ALEC operara con total transparencia, perdería su atractivo para las empresas. El objetivo de ALEC siempre fue presentar legislación respaldada por industrias como una iniciativa popular, pero si esto se hiciera evidente, las empresas perderían su interés.

Por último, los medios de comunicación, como The New York Times y The Nation, intensificaron la cobertura sobre las actividades de ALEC, exponiendo la organización a un mayor escrutinio. Los informes filtrados y el sitio web alecexposed.com permitieron a los críticos acceder a los modelos de ley y analizarlos, demostrando la influencia de grandes corporaciones en la legislación y fortaleciendo la oposición a ALEC. Los esfuerzos para desacreditar a la organización también se extendieron al ámbito político, con figuras como el senador Dick Durbin y la campaña de Organizing for America criticando las relaciones de empresas con ALEC.

Es evidente que el tiroteo de Trayvon Martin, a pesar de ser el catalizador de la atención pública sobre ALEC, reveló la profunda interconexión entre intereses corporativos y el proceso legislativo. Las leyes que ALEC promovía estaban profundamente orientadas a proteger a las grandes empresas y sus intereses, lo que provocó la indignación del público. Sin embargo, el impacto de esta controversia también evidenció cómo los actores políticos conservadores y corporativos buscan mantener sus actividades en la sombra para evitar el rechazo social y político.

La lección fundamental que queda es la importancia de la visibilidad y la transparencia en el proceso legislativo. Si bien los grupos de poder como ALEC han demostrado ser resilientes, su supervivencia depende de su capacidad para operar sin que sus lazos con las grandes corporaciones sean demasiado evidentes. Esto pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y de un mayor escrutinio público sobre cómo se escriben las leyes que afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Es fundamental que los votantes y las organizaciones proactivas sigan luchando por la transparencia y por la regulación de las relaciones entre empresas y políticas públicas, garantizando que las decisiones legislativas sean en beneficio del bien común y no de intereses privados.

¿Cómo puede la izquierda aprender de los éxitos de los grupos conservadores en la política estadounidense?

Los esfuerzos de organización y activismo en los Estados Unidos han sido históricamente dominados por fuerzas conservadoras, cuyas tácticas y estrategias de movilización se han demostrado exitosas durante décadas. Para los progresistas, comprender las razones de este éxito y adaptarlas a sus propios objetivos podría ser fundamental para cambiar el equilibrio de poder en los estados.

A menudo se asume que los grupos progresistas deben funcionar como una serie de coaliciones ad hoc, donde diversas entidades con intereses compartidos se agrupan sin un verdadero enfoque estratégico. Este enfoque, aunque útil en ciertos contextos, puede llevar fácilmente a problemas de acción colectiva, especialmente cuando los intereses de los miembros no están claramente definidos ni son coherentes a lo largo del tiempo. El reto para la izquierda es lograr una estructura organizativa más efectiva que no se limite a acumular demandas dispares, sino que logre desarrollar una narrativa común y una acción coherente.

Una de las claves para lograr este tipo de estructura radica en la creación de grupos transnacionales más dinámicos, que formen fuerzas de tarea nacionales en áreas clave de interés. Estas fuerzas de tarea deben ser diseñadas con reglas claras sobre cómo resolver conflictos internos y qué intereses prevalecerán en caso de desacuerdo. En este sentido, la transparencia y la eficacia son fundamentales. Además, es crucial que estos grupos sigan el ejemplo de organizaciones como ALEC (American Legislative Exchange Council) y aseguren un sistema de membresía que incluya tanto derechos como deberes, como el pago de cuotas regulares, que en última instancia generan un compromiso más profundo entre los miembros.

En cuanto a la financiación, es imperativo que las nuevas organizaciones progresistas busquen fuentes más sostenibles, como el modelo de las cuotas de membresía, en lugar de depender excesivamente de donaciones de fundaciones, sindicatos o ricos donantes. Aunque las organizaciones de derecha como ALEC han contado con el apoyo financiero de grandes corporaciones, las organizaciones de izquierda pueden aprender a manejar recursos más modestos a través de cuotas de miembros y organizaciones que busquen un compromiso más directo y a largo plazo. Estas fuentes de financiación permitirían que los grupos progresistas se independicen de los cambios en las modas de donantes y tengan una base económica más sólida.

Por otro lado, la política debe ser vista no solo como una herramienta para resolver problemas sociales y económicos, sino también como un medio para fortalecer el poder político de la izquierda. Al igual que los conservadores han logrado movilizar sus propuestas políticas en torno a la creación de poder real, los progresistas deben buscar la implementación de políticas que no solo resuelvan problemas inmediatos, sino que fortalezcan la capacidad de participación de los ciudadanos en la vida política. Ejemplos de esto son el fortalecimiento del movimiento laboral, la expansión del acceso al voto, especialmente entre los ciudadanos desfavorecidos, y la implementación de reformas en la salud que favorezcan a los más vulnerables, como la expansión de la cobertura de Medicaid.

El caso de la American Association for Labor Legislation (AALL), fundada a principios del siglo XX, demuestra cómo una organización puede tener buenas intenciones y un enfoque académico robusto, pero fracasar por no establecer una red de apoyo de base que refuerce sus propuestas. La AALL intentó aplicar las lecciones aprendidas de los grupos empresariales para promover legislaciones que protegieran a los trabajadores, pero su falta de conexión con comunidades locales y su tendencia a permanecer dentro de círculos académicos limitados impidió que su influencia creciera de manera significativa.

Hoy, la izquierda tiene la oportunidad de evitar el mismo destino. Para evitar la desaparición silenciosa que sufrió la AALL, los reformadores progresistas deben construir redes federadas de organizaciones que no solo cuenten con académicos y expertos políticos, sino también con legisladores, organizadores y activistas ciudadanos. Estas redes deben extenderse por todo el país, logrando una presencia real en todos los estados, tal como lo hicieron sus oponentes conservadores.

Los esfuerzos de los activistas conservadores, las empresas y los donantes ricos de la derecha han mostrado cómo una red bien organizada y cohesionada puede generar poder y cambio. A pesar de que los progresistas pueden no contar con los mismos recursos económicos, su mayor desafío será aprender a organizarse de manera más eficiente y construir coaliciones duraderas que trasciendan los límites de las ideologías y que puedan generar un verdadero impacto político.

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