El manejo de los riesgos en la política de seguridad de los Estados Unidos ha sido un tema recurrente a lo largo de varias administraciones presidenciales, cada una adaptando sus enfoques a las circunstancias del momento. Aunque los métodos específicos varían, la estrategia general sigue un patrón claro: la gestión de riesgos se ha centrado en la manipulación y regulación de entornos en los que los riesgos pueden surgir. Este enfoque, denominado “gestión de riesgos situacionales”, se ha aplicado tanto dentro de las fronteras de los EE. UU. como en sus políticas exteriores, y ha dado lugar a una variedad de prácticas de gestión de riesgos, que oscilan entre lo rutinario y lo excepcional.
El concepto de gestión de riesgos situacionales parte de una premisa básica: los riesgos contemporáneos, como el terrorismo, son percibidos como nebulosos, difíciles de ubicar de manera precisa en el tiempo y el espacio. A medida que estos riesgos se vuelven más difusos, las estrategias de seguridad adoptadas por las administraciones de EE. UU. han tendido a centrarse en la manipulación de los entornos en los que estos riesgos se podrían manifestar, en lugar de tratar de prever y eliminar los riesgos mismos. Este enfoque no es exclusivo de EE. UU.; países como Australia y miembros de la Unión Europea también lo han adoptado, aunque con matices distintos. En el contexto europeo, por ejemplo, la Comisión Europea ha destacado que, si bien la globalización y la digitalización traen prosperidad, también conllevan riesgos inherentes, lo que subraya la necesidad de una estrategia de seguridad dinámica.
Bajo este marco, cada administración de EE. UU. ha adoptado una forma particular de gestionar el riesgo. La administración de George W. Bush, tras los ataques del 11 de septiembre, se centró en la idea de una "autodefensa anticipatoria", lo que implicaba intervenciones militares preventivas en Estados considerados como fuentes de riesgos potenciales. Esta estrategia resultó en las invasiones de Afganistán e Irak, cuyo objetivo no era solo castigar a los responsables de los atentados, sino también prevenir futuros ataques mediante la reconfiguración de estos territorios. La noción de que ciertos estados eran inherentemente riesgosos y necesitaban ser transformados para evitar que se convirtieran en focos de terrorismo fue central en la lógica de seguridad del gobierno de Bush.
Por su parte, la administración de Barack Obama adoptó un enfoque más cauteloso en cuanto a intervenciones militares a gran escala. Si bien continuó la lucha contra el terrorismo, el uso de la fuerza se limitó a ataques selectivos con drones, dirigidos a "poblaciones riesgosas" en territorios considerados problemáticos. Esta estrategia representaba una extensión de la lógica de gestión de riesgos, aunque con una mayor énfasis en intervenciones específicas y menos visibles, como los ataques con drones, que evitaban el tipo de confrontaciones militares directas que habían caracterizado la era de Bush.
El enfoque de la administración de Donald Trump fue aún más restringido en términos de intervención militar exterior, prefiriendo en su lugar centrarse en el control y la regulación de las fronteras de EE. UU. y sus alrededores como la principal vía para gestionar los riesgos. Su famoso muro fronterizo y la prohibición de entrada a ciudadanos de varios países musulmanes se inscriben dentro de este enfoque. Trump priorizó la seguridad interna por encima de los compromisos internacionales, considerando que la regulación de los flujos migratorios y el control estricto de las fronteras eran esenciales para proteger a los EE. UU. de los riesgos que percibía como inminentes.
La gestión de riesgos, en este sentido, se ha convertido en una forma de control social a nivel global. Según los estudios criminológicos sobre el manejo del riesgo, como los de Coker y Rose, la idea de que los riesgos se gestionan mejor al modificar los entornos potencialmente peligrosos antes de que los problemas se materialicen es central para las políticas de seguridad contemporáneas. Este concepto de "policía de comunidades de riesgo" implica un cambio de enfoque, de una policía reactiva a una preventiva. La gestión de riesgos situacionales en la seguridad nacional de EE. UU. refleja esta misma tendencia: la regulación de los entornos percibidos como peligrosos es vista como la forma más eficaz de prevenir futuros incidentes.
El concepto de gestión de riesgos también se aplica a nivel más local, donde las estrategias de control social buscan anticiparse a los problemas antes de que ocurran, desde el diseño urbano hasta las políticas de inmigración. En este sentido, el objetivo no es solo prevenir actos delictivos o amenazas externas, sino también reducir las oportunidades para que tales amenazas surjan en primer lugar.
Un aspecto clave que debe entenderse es que la gestión de riesgos no se limita a las intervenciones directas en territorios extranjeros o en las fronteras nacionales. Las políticas de seguridad también abarcan la vigilancia y el control de las poblaciones dentro de los propios países, regulando las condiciones sociales, económicas y políticas que pueden facilitar la aparición de riesgos. A medida que el mundo se globaliza y las amenazas se perciben como transnacionales, estas estrategias de control se expanden más allá de las fronteras nacionales, involucrando una red compleja de alianzas, tecnologías y políticas internacionales.
Es fundamental que los lectores comprendan que la gestión de riesgos no se trata solo de proteger a los países de amenazas inmediatas, sino también de configurar el futuro de acuerdo con la percepción de lo que se considera “seguro”. En un mundo cada vez más incierto y conectado, las estrategias de seguridad deben evolucionar constantemente para hacer frente a los riesgos emergentes, y a menudo implican un balance entre el control social, la intervención militar y el uso de tecnologías de vigilancia, todo ello bajo una lógica de prevención y anticipación.
¿Cómo se transforma el miedo en política? La prohibición de viaje de Trump como gestión del riesgo y construcción del enemigo
Desde los primeros días de la administración de Donald Trump, la seguridad nacional se transformó en un campo de batalla discursivo donde el riesgo fue elevado al rango de principio rector. La orden ejecutiva 13769, firmada apenas una semana después de su investidura, materializó el deseo de traducir el miedo en política pública: un veto migratorio que suspendía el ingreso de personas provenientes de países musulmanes, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. No se trataba de una medida aislada, sino de la expresión de un paradigma más amplio, donde la gestión de la incertidumbre se justificaba mediante la exclusión preventiva.
El veto de viaje, lejos de ser una simple política migratoria, se convirtió en un acto de gestión situacional del riesgo. Las poblaciones enteras de ciertos países fueron catalogadas como potencialmente peligrosas, no por actos concretos, sino por su pertenencia a un grupo percibido como fuente de amenaza. Este proceso, que algunos autores denominan “riesguización”, transformó el principio de seguridad en una herramienta de discriminación institucionalizada. El miedo se tecnificó; el control se racionalizó. El resultado fue una arquitectura política que operaba bajo la lógica del “por si acaso”, donde el peligro no se comprobaba, sino que se presumía.
A lo largo de sus tres versiones —desde enero hasta septiembre de 2017— el veto enfrentó resistencia jurídica, política y social. Las protestas espontáneas en los aeropuertos estadounidenses se convirtieron en símbolos de oposición civil, mientras los tribunales federales desafiaban la legitimidad del decreto
¿Cómo la política de restricciones de viaje de Trump redefine la gestión de riesgos en la seguridad nacional?
La Proclamación de 2017, bajo la administración de Donald Trump, establece un claro énfasis en la prevención y el intercambio de información como parte de una lógica de gestión de riesgos. Al declarar que las restricciones impuestas eran necesarias para evitar la entrada de aquellos individuos sobre los que el gobierno de los Estados Unidos carecía de suficiente información para evaluar los riesgos que representaban, el gobierno buscaba, en principio, proteger la seguridad nacional mediante la exclusión de personas cuyo perfil no se alineara con los parámetros de seguridad establecidos. Este enfoque refleja el creciente uso de indicadores de riesgo, tanto en términos de nacionalidades específicas como de antecedentes, como parte fundamental de una estrategia preventiva.
A diferencia de las órdenes ejecutivas anteriores, que solo se dirigían a ciudadanos de países de mayoría musulmana, la tercera versión de la prohibición de viaje amplió el espectro de países afectados. La lista incluyó a Chad, Irán, Siria, Yemen, Somalia, Libia y Corea del Norte, además de imponer un “examen más riguroso” a los ciudadanos iraquíes. Los ciudadanos de estos países experimentaron restricciones diferenciadas: desde una prohibición total de entrada como inmigrantes y no inmigrantes, hasta limitaciones específicas sobre visas de turistas o de negocios, con excepciones para quienes ya poseían visas de estudiante o de intercambio. En este contexto, la política se enfocó no solo en la prohibición, sino también en una mayor supervisión de aquellos que podían demostrar una relación legítima con Estados Unidos.
Este enfoque no estuvo exento de controversia y enfrentó varios desafíos legales. Los opositores argumentaron que la medida era inconstitucional, discriminatoria y contraria a los principios de tolerancia religiosa que los tribunales habían defendido en el pasado. A pesar de los esfuerzos de los opositores, la Corte Suprema falló a favor del gobierno, estableciendo que el presidente tiene amplias facultades para proteger la seguridad nacional bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Sin embargo, el fallo no puso fin al debate, pues las disidencias destacaron las implicaciones de este tipo de medidas para la integración de las comunidades religiosas y culturales, señalando que la prohibición podría enviar un mensaje de exclusión a las minorías.
A lo largo de este proceso, el debate sobre la eficacia de la prohibición también se mantuvo vivo. Los opositores, como Neal Katyal, abogado de Hawaii, continuaron argumentando que, lejos de proteger la seguridad nacional, la prohibición era contraproducente. Señalaron que este tipo de políticas eran innecesarias y poco efectivas, además de ser contrarias a los ideales fundacionales de Estados Unidos, que históricamente no se había excluido a las personas por su nacionalidad o religión.
La administración Trump, por su parte, defendió la medida como una necesidad frente a lo que percibían como una amenaza continua de terrorismo. Al retratar la prohibición como un instrumento indispensable para gestionar el riesgo, el discurso oficial vinculó la lucha contra el "Islam radical" con una noción de guerra global, presentando la seguridad nacional como un campo de batalla frente a una amenaza difusa y omnipresente. Esto significó que las restricciones no solo se basaban en riesgos claramente identificables, sino también en una conceptualización abstracta del peligro, en la que cualquier individuo de los países afectados podría ser visto como una amenaza potencial.
Lo que subyace en todo esto es una redefinición de cómo se percibe y se maneja el riesgo en las políticas de seguridad nacional. En lugar de abordar amenazas específicas y cuantificables, la administración construyó un riesgo difuso y global, lo que justificaba la implementación de medidas amplias, como la prohibición de entrada. Esta conceptualización del riesgo contribuyó a la creación de un clima de incertidumbre y miedo, donde la seguridad se volvía dependiente de la exclusión y la vigilancia.
Es esencial entender que este enfoque no solo tiene implicaciones en el plano de la política de inmigración, sino también en el modo en que las sociedades gestionan el concepto de "riesgo". La administración Trump transformó el miedo a lo desconocido en una herramienta de control y de toma de decisiones políticas, creando una narrativa en la que la seguridad nacional estaba constantemente en juego frente a amenazas invisibles.
Los beneficios de las papillas
INFORMACIÓN SOBRE LOS EVENTOS PLANIFICADOS DURANTE LA SEMANA DE ASISTENCIA JURÍDICA A MENORES EN LA REGIÓN DE KOSTROMÁ (19–23 DE NOVIEMBRE DE 2018)
Programa de Trabajo de Química para Estudiantes de 11º Grado
Trivia sobre el mundo natural: «El más, la más, lo más»

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