Los trabajadores tienen el derecho de controlar sus propias contribuciones políticas y el derecho de rechazar hacer tales contribuciones sin temor a represalias, sanciones o la pérdida de derechos establecidos por la ley u otros derechos. Este principio fundamental se encuentra en la legislación estadounidense relacionada con las organizaciones laborales y su derecho a influir en las actividades políticas. Sin embargo, más allá de la autonomía de los trabajadores y las leyes que protegen su participación política, se ha dado lugar a un fenómeno interesante: la conexión entre las propuestas de ley de los estados y los modelos de ley elaborados por la American Legislative Exchange Council (ALEC).

Mi estrategia general, desarrollada en colaboración con el experto metodológico político Konstantin Kashin, consistió en comparar sistemáticamente cada proyecto de ley que los legisladores estatales han presentado y promulgado con los modelos de leyes de ALEC. Por motivos de disponibilidad de datos, mi enfoque se centró en la legislación estatal presentada o promulgada entre mediados de la década de 1990 y 2013. El objetivo de estas comparaciones era determinar si los legisladores derivaron algún aspecto de un proyecto de ley o resolución de los textos originalmente contenidos en las propuestas modelo de ALEC. Este enfoque metodológico me permitió analizar con más profundidad el alcance de la influencia de ALEC sobre la política estatal.

El primer paso en mi análisis fue recopilar todas las propuestas de ley modelo de ALEC que pude encontrar. Para ello, recurrí a diversas fuentes, comenzando con las propuestas publicadas por el Center for Media and Democracy, un grupo de vigilancia de tendencia progresista con sede en Madison, Wisconsin, que ha estado siguiendo a ALEC durante años. En 2011, el Center publicó una filtración anónima de muchos de estos modelos de leyes. Esta filtración fue de gran ayuda para mi proyecto, cubriendo una cantidad considerable de propuestas recientes de ALEC. Sin embargo, también quise ampliar mi perspectiva, por lo que me embarqué en un viaje por todo el país, visitando varias bibliotecas legislativas estatales y archivos en la Biblioteca del Congreso, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad de California en Berkeley, con el fin de recopilar y escanear modelos de leyes más antiguos que no estaban incluidos en la filtración original. Estos modelos no estaban destinados a la distribución pública, pero ALEC los enviaba por correo a sus miembros legislativos, quienes a su vez los donaban a las bibliotecas legislativas estatales, creando un valioso archivo de propuestas para mi análisis.

Tras este recorrido por los archivos de ALEC, Konstantin y yo digitalizamos los documentos escaneados y los organizamos según áreas de política sustantiva, abarcando un total de 16 áreas. Al final, logramos recopilar, digitalizar y compilar cerca de 1,000 propuestas únicas de ALEC. Esta colección es, hasta donde sabemos, la más completa fuera de la organización misma. A pesar de que sería más fácil contar con acceso a los registros archivados de ALEC, mi solicitud de revisión fue rechazada por la organización.

Una vez que se recopiló todo este material, mi siguiente paso fue trabajar con la legislación estatal. Para ello, recopilamos casi 2.4 millones de proyectos de ley y resoluciones de sitios web de legislaturas estatales. Esta base de datos, que cubre desde mediados de la década de 1990 hasta 2013, incluyó una gran variedad de legislación, aunque algunos estados no tenían disponible toda la información debido a limitaciones electrónicas. Posteriormente, procesamos los textos, un paso común cuando se trabaja con datos textuales, lo que incluyó cambios como convertir todo el texto a minúsculas, reducir las palabras a sus raíces y eliminar palabras comunes que no aportaban al análisis.

La clave del proceso fue la comparación. Usamos un enfoque basado en secuencias de palabras (bi-gramas y tri-gramas) para medir la similitud entre las propuestas de los estados y los modelos de ALEC. Este análisis arrojó un resultado impresionante: más de 10,000 proyectos de ley y resoluciones estatales mostraron una similitud considerable con los modelos de ALEC, sugiriendo una clara influencia o "plagio" de las políticas que ALEC había desarrollado. Nuestro algoritmo, que detectaba coincidencias entre las propuestas de ALEC y las leyes estatales, alcanzó una tasa de precisión de aproximadamente un 84% en las verificaciones manuales de las coincidencias.

La base de datos resultante revela patrones interesantes sobre las áreas de política más afectadas por estas influencias externas. Las leyes sobre justicia penal, salud, agricultura, energía y medio ambiente fueron las más comunes en los modelos de ALEC. Sin embargo, las propuestas sobre derechos de armas y leyes electorales, aunque provocadoras y controversiales, fueron las que menos se reflejaron en la producción de ALEC a lo largo del tiempo. Esto refleja cómo, en la historia reciente de la organización, se ha producido un giro hacia una legislación más conservadora en temas sociales.

Al estudiar esta influencia de ALEC sobre la política estatal, es fundamental comprender que las conexiones entre las propuestas modelo y las leyes reales no siempre son evidentes o explícitas. La metodología empleada no se limita a encontrar coincidencias textuales, sino que también explora cómo estas ideas influyen en la política pública más allá de las palabras exactas. Los modelos de ALEC ofrecen un marco para la formulación de políticas que los legisladores adoptan, adaptan o modifican para ajustarse a sus propios contextos, a menudo sin una visibilidad total sobre la influencia externa que está en juego.

Es necesario que el lector no solo entienda cómo las leyes propuestas por ALEC influyen en los proyectos de ley estatales, sino también la estrategia detrás de esta influencia. A menudo, no es simplemente el hecho de copiar textos, sino de adoptar marcos de política que se alinean con los intereses de grupos poderosos. Además, el análisis de estas relaciones revela cómo las políticas de ALEC se han expandido y cómo, en muchos casos, han logrado moldear la legislación en áreas clave como la justicia penal y la política ambiental, que afectan profundamente la vida cotidiana de los ciudadanos.

¿Por qué los esfuerzos de la izquierda para contrarrestar la Troika han fracasado?

Las políticas impulsadas por la troika (ALEC, AFP y SPN) no solo han servido para consolidar y mantener el poder político en manos de sus afiliados, sino que han tenido un impacto directo en las oportunidades de vida de los ciudadanos, dependiendo de los estados en los que vivan. En particular, la feroz oposición de estos grupos a la expansión de Medicaid ha resultado en que millones de estadounidenses pobres no tengan acceso a una cobertura de salud adecuada. Esta realidad revela que, en muchos estados, la troika ha operado sin una oposición significativa, especialmente después de haber logrado debilitar y desmovilizar a los sindicatos. A pesar de que en algunos casos el sector empresarial mainstream podría oponerse a la troika, este no es el patrón general, como se evidenció en los registros de cabildeo en Wisconsin.

Este panorama plantea una pregunta crucial: ¿dónde está la resistencia organizada desde la izquierda? Durante décadas, los conservadores y sus organizaciones han logrado construir una infraestructura sólida que promueve de manera coordinada una agenda política nacional. Este éxito ha dejado en evidencia las carencias del movimiento liberal, que no ha logrado replicar estos esfuerzos con la misma eficacia. Como reconoció recientemente un líder sindical, "los conservadores tomaron una decisión estratégica inteligente al priorizar la actividad a nivel estatal y nos ganaron de mano. Fueron más astutos que nosotros". El contraste entre los esfuerzos de la derecha y la izquierda es abismal, y se hace evidente al comparar los registros históricos de la troika con los intentos de los grupos progresistas por construir contrapesos a lo largo del tiempo.

La gráfica 7.1 ilustra de manera clara la disparidad: mientras que los grupos conservadores han permanecido activos y bien organizados a nivel estatal desde principios de la década de 1970, los esfuerzos de los activistas progresistas han sido mucho más efímeros. De las diez organizaciones identificadas que intentaron desafiar a la troika desde 1970, solo cinco continúan operando hasta el 2018. Esto plantea la siguiente cuestión: ¿por qué tantas organizaciones de izquierda han desaparecido mientras que las que aún persisten no han logrado el mismo peso político que la troika?

La respuesta radica en dos factores clave. En primer lugar, los líderes liberales subestimaron la capacidad de los conservadores para movilizarse fuera de las redes bipartidistas tradicionales, que dominaban la política estadounidense a principios del siglo XX. Mientras que, para la década de 1970, los empresarios políticos conservadores habían comprendido que podían ser más efectivos avanzando su agenda ideológica a través de redes alternativas estatales, los liberales no comenzaron a tomar medidas serias hasta años después del surgimiento de ALEC. En lugar de construir su propia infraestructura desde el principio, muchos líderes liberales seguían esperando que los esfuerzos bipartidistas fueran la vía para avanzar sus intereses, lo que les retrasó significativamente.

En segundo lugar, incluso cuando los liberales comprendieron la necesidad de fortalecer su presencia a nivel estatal, se encontraron con la falta de fondos consistentes para sus proyectos. En repetidas ocasiones, los emprendedores políticos de izquierda intentaron financiar una respuesta organizada a ALEC, pero no pudieron encontrar patrocinadores dispuestos a respaldar estos esfuerzos de manera sostenida. Las fundaciones de izquierda y los donantes adinerados mostraron escaso interés en financiar una acción coordinada a nivel estatal, prefiriendo canalizar sus recursos hacia actividades de servicio directo a nivel local o nacional, mientras que los esfuerzos para organizar a la izquierda en los estados se veían interrumpidos de forma cíclica dependiendo del control que tuvieran los Demócratas en el Congreso o la Casa Blanca.

La fragmentación y falta de cohesión en el financiamiento de estas iniciativas fueron obstáculos adicionales. Incluso cuando algunos patrocinadores filantrópicos financiaron redes estatales de izquierda, los esfuerzos resultaron dispersos, con diferentes iniciativas compitiendo por recursos limitados y concentrándose principalmente en los estados más liberales, donde las fuerzas progresistas ya tenían influencia.

En resumen, la izquierda no ha logrado construir una infraestructura de organización estatal comparable a la de la derecha, lo que ha dificultado su capacidad para contrarrestar el poder de la troika. El desafío radica en la falta de continuidad, la fragmentación de los esfuerzos y la escasez de apoyo financiero sostenido para una agenda coherente que abarque todo el país.

Es fundamental que los activistas progresistas comprendan que la clave para contrarrestar esta desigualdad en la construcción de redes radica en la capacidad de coordinar esfuerzos a nivel estatal de manera constante y con apoyo financiero robusto. Solo mediante una infraestructura sólida y un enfoque a largo plazo podrán aspirar a revertir el impacto de la troika y sus políticas. Además, deben superar la dependencia de los ciclos electorales nacionales, aprendiendo a organizarse de manera independiente, sin que sus esfuerzos dependan de la presencia de un gobierno de izquierda en el poder.

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