La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), al añadir miles de millones a las arcas de las grandes compañías de seguros y farmacéuticas, continuó impidiendo el acceso de los estadounidenses menores de 65 años (que no estuvieran discapacitados) al Medicare. En 2015, un magnate inmobiliario y estrella de la televisión irrumpió en la escena política, destrozando el cuidadoso montaje que sus colegas multimillonarios habían edificado durante generaciones. Donald Trump denunció la corrupción del Partido Republicano, que mentía para arrastrar a los estadounidenses a guerras ficticias por intereses políticos, reducía impuestos a los ricos como él mismo a expensas del ciudadano común, y se arrastraba ante supuestos héroes de guerra como John McCain y personajes vacíos como Jeb Bush y Rick Perry. También señaló la manipulación interna dentro del Partido Demócrata, destacando la forma en que Bernie Sanders, pese a convocar multitudes de entre 5,000 y 30,000 personas en sus actos, fue ignorado por los medios corporativos durante casi un año.

Trump propuso un sistema de atención médica universal que, según él, costaría menos y ofrecería mejores beneficios que el Obamacare o el propio Medicare. Aseguró que se traerían de vuelta trabajos sindicalizados a Estados Unidos, y prometió que los multimillonarios se verían castigados con impuestos más altos — "Yo asumiré un gran golpe", proclamó solemnemente. La mayoría de la clase de los multimillonarios conservadores se horrorizó, y la red Koch, conocida por sus encuentros semestrales donde se recaudan cientos de millones para la política, decidió no apoyarlo en 2016. Sin embargo, algunos, como Sheldon Adelson y Robert Mercer, se alinearon con él, y con la ayuda de oligarcas de Rusia, Arabia Saudita e Israel, Trump logró llegar a la Casa Blanca.

Al poco tiempo de asumir el poder, los estadounidenses comenzaron a darse cuenta de que la situación no era más que otro fraude al estilo Reagan. Trump logró mantener unida a su base principalmente mediante tácticas de miedo racista, alimentando el temor sobre una supuesta invasión de hordas morenas del sur. Mantuvo a los republicanos a su lado amenazando con apoyar a los retadores en las primarias si no juraban lealtad. Pero esa táctica no bastó, y los profesionales del Partido Republicano vieron lo inevitable: la aplastante derrota de 2018. Ya no era posible demonizar los sindicatos ni el sistema de salud universal, pues Trump los había presentado como beneficios. Además, la reforma fiscal de 2017, considerada como una transferencia de 1.5 billones de dólares a la clase millonaria, comenzó a ser vista como una dádiva de proporciones gigantescas a costa de las futuras generaciones. Incluso las tácticas de miedo relacionadas con el crimen negro y la "invasión" de mexicanos empezaron a volverse contraproducentes, y la Corte Suprema dio un paso decisivo legalizando el matrimonio homosexual a nivel nacional.

En este contexto, la única opción que quedó para asegurar el éxito electoral fue evitar que la "gente equivocada" votara, o, en su defecto, asegurarse de que sus votos no fueran contados. La supresión del voto y el fraude electoral se convirtieron en las principales herramientas de éxito electoral, respaldadas por cientos de millones de dólares en publicidad televisiva y sofisticadas operaciones de influencia en línea. Esta estrategia marcó el inicio de una nueva era para el Partido Republicano, en la que se comprometieron a bloquear el voto de los jóvenes, ancianos, personas de bajos ingresos y comunidades de color, de forma sistemática.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, la supresión del voto ha sido una táctica empleada por diversos actores políticos, pero fue en 1993 cuando el Partido Republicano comenzó a utilizarla de forma más agresiva, con la creación de la Ley Nacional de Registro de Votantes (National Voter Registration Act, NVRA), también conocida como la "Motor Voter Act". Esta ley, respaldada por 27 demócratas y un republicano, y aprobada en la Cámara de Representantes con 238 votos demócratas y 20 republicanos, requería que todos los estados permitieran a los ciudadanos registrarse para votar al presentar su solicitud para obtener o renovar su licencia de conducir en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Sin embargo, los republicanos se opusieron fuertemente a este y otros aspectos de la ley, temiendo que pudiera desmantelar las estrategias de supresión del voto que ya habían comenzado a implementarse en varios estados.

La Ley también incluía un preámbulo que declaraba que el derecho al voto era fundamental y que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y locales debían promover su ejercicio, protegiendo a las minorías raciales de leyes discriminatorias. Este enfoque provocó la oposición de muchos republicanos, quienes comenzaron a difundir la idea de que existía un fraude electoral masivo, con personas votando múltiples veces o bajo nombres falsos, e incluso alegaban que millones de "ilegales" estaban votando en las elecciones. Donald Trump se sumó a esta narrativa, sosteniendo que el fraude electoral alcanzaba cifras de hasta tres millones de votos fraudulentos, a pesar de que no se presentaron pruebas concretas.

Con el paso del tiempo, la supresión del voto y el fraude electoral se convirtieron en elementos clave de la estrategia del Partido Republicano para asegurar su dominio en las elecciones, particularmente tras la decisión de la Corte Suprema en 2018, que permitió la purga de votantes en el estado de Ohio. Esta decisión fue vista como una amenaza para los votantes de bajos recursos y minorías raciales, quienes ya enfrentaban barreras significativas para ejercer su derecho al voto. Las tácticas de supresión no solo apuntaban a grupos históricamente desfavorecidos, sino que también servían para debilitar el poder de los votantes que tradicionalmente se oponían a la agenda republicana.

En este contexto, lo que está en juego no es solo el acceso al voto, sino la propia esencia de la democracia. A medida que las estrategias de manipulación electoral se vuelven más sofisticadas, es esencial comprender que las políticas de supresión no solo afectan a las elecciones locales, sino que tienen un impacto profundo en la dirección política y social del país. El control del voto es el control del poder, y quienes buscan consolidar este poder mediante la exclusión de los más vulnerables no solo debilitan el sistema electoral, sino que socavan los principios fundamentales sobre los que se construyó la nación.

¿Cómo la Privatización de las Máquinas de Votación y la Supresión del Voto Amenazan la Democracia?

La privatización de las máquinas de votación y el manejo de los procesos electorales por empresas con intereses políticos y económicos son cuestiones fundamentales que afectan la integridad de las elecciones en los Estados Unidos. Esta tendencia comenzó en el año 2002 con la promulgación de la Ley Ayuda para Votar a América (HAVA), impulsada por la administración Bush. Bajo esta ley, el gobierno federal facilitó la entrada de empresas privadas en el negocio de las votaciones, lo que significó un cambio radical en cómo se gestionaban y se aseguraban los procesos electorales. Las máquinas de votación, que antes eran controladas por los gobiernos locales y estatales, pasaron a estar en manos de compañías privadas con sus propios intereses.

En este contexto, las elecciones han sido vulnerables a manipulaciones tecnológicas y fraudes. Las convenciones de hackers, año tras año, han demostrado lo fácil que es hackear una gran variedad de máquinas de votación utilizadas en los Estados Unidos. En 2018, por ejemplo, un niño de 11 años logró hackear en menos de 10 minutos un clon del sistema electoral de Florida, lo que subraya la fragilidad y el riesgo inherente a estas máquinas. Ante este panorama, países como Irlanda decidieron vender sus máquinas de votación de segunda mano a chatarra, luego de que experimentaran con ellas durante una elección, debido a los riesgos de manipulación. Esta decisión fue un acto de precaución, al entender que permitir la reventa de estas máquinas podría poner en peligro el sistema democrático de otros países.

El uso de tecnología insegura y privatizada para contar los votos, que es difícil de auditar y cuyo software es opaco debido a las "propiedades comerciales", es una amenaza constante para la transparencia de los procesos electorales. Las empresas encargadas de estas máquinas son renuentes a compartir sus sistemas con los estados, lo que hace aún más difícil la supervisión y el control público. Esto refuerza la necesidad urgente de que las máquinas de votación sean propiedad de los gobiernos locales, y que su software sea de código abierto para garantizar su transparencia y seguridad.

A pesar de la evidencia de que las máquinas de votación pueden ser vulnerables a ciberataques, muchos estados, especialmente aquellos bajo control republicano, han persistido en el uso de sistemas inseguros. La razón de esta resistencia no solo radica en la inercia administrativa, sino en un proyecto político de largo plazo: el control de las elecciones por parte de actores privados y políticos que se benefician de los fallos en el sistema electoral.

Además de la inseguridad tecnológica, la supresión del voto es otro mecanismo utilizado para alterar los resultados electorales. La Ley Ayuda para Votar a América incluyó una disposición para que los votantes que fueran eliminados erróneamente de los registros pudieran votar mediante una "boleta provisional". Aunque la ley fue promulgada con la intención de garantizar que todos los votantes tuvieran acceso a las urnas, en la práctica, las boletas provisionales rara vez son contadas, especialmente en los estados gobernados por el Partido Republicano. En muchos casos, los votantes deben presentar pruebas de su elegibilidad dentro de un corto período después de la elección, un proceso que es inaccesible para aquellos que no pueden tomarse tiempo libre del trabajo o quienes no tienen los recursos para cumplir con los requisitos.

El caso de Georgia es emblemático de este fenómeno. Un ejemplo claro de la discriminación electoral fue el caso de Christine Jordan, la prima de 92 años de Martin Luther King Jr., quien, a pesar de haber votado durante más de 50 años en el mismo lugar, fue eliminada de las listas de votantes debido a las políticas del Secretario de Estado, Brian Kemp. Cuando intentó votar, los trabajadores de la mesa electoral le negaron una boleta provisional, incluso después de que se hizo evidente que su exclusión de los registros fue un error. Este tipo de supresión es un reflejo de un esfuerzo deliberado por mantener ciertos grupos, en su mayoría minoritarios, fuera del proceso electoral.

Este fenómeno de la privatización de las elecciones y la supresión del voto no es algo aislado, sino parte de un esfuerzo más amplio para consolidar el poder político en manos de unos pocos, excluyendo a las mayorías de las decisiones que definen el curso del país. Mientras que la tecnología debe servir para fortalecer la democracia, en los Estados Unidos, se ha utilizado para crear un sistema opaco y manipulable, que beneficia a intereses privados y partidistas, mientras socava la confianza pública en el sistema electoral.

Además de los problemas mencionados, es esencial que los ciudadanos comprendan que la protección del voto no solo depende de la integridad de las máquinas de votación, sino también de la accesibilidad al proceso electoral. Es necesario que se promuevan políticas que garanticen la igualdad en el acceso a las urnas para todos los ciudadanos, sin importar su raza, género, o afiliación política. La lucha por una democracia plena también implica la lucha por la transparencia en la tecnología electoral y la eliminación de barreras burocráticas que impiden a los votantes ejercer su derecho. Solo cuando los sistemas de votación sean seguros, accesibles y transparentes, podremos hablar de un proceso electoral genuinamente democrático.

¿Cómo afectan los sistemas electorales a la democracia en los Estados Unidos?

El sistema electoral de los Estados Unidos es un reflejo complejo de su historia, sus ideales fundacionales y sus continuas luchas políticas. Aunque en su origen se pensó como una estructura destinada a garantizar la representación justa de los ciudadanos, en la práctica ha sufrido numerosas transformaciones que han puesto en duda su eficacia y legitimidad. El debate sobre la democracia y sus mecanismos de representación continúa siendo una cuestión crucial en el país.

Uno de los elementos más discutidos es el Colegio Electoral. Establecido por los fundadores para equilibrar el poder entre los estados pequeños y grandes, se ha convertido en un sistema controvertido, especialmente cuando los resultados de las elecciones presidenciales no coinciden con el voto popular. Esto ocurrió en las elecciones de 2000 y 2016, donde los ganadores del voto popular no asumieron la presidencia. La desigualdad en el peso del voto en diferentes estados plantea serias dudas sobre la equidad del sistema electoral estadounidense. Aunque hay propuestas para modificarlo, la permanencia de este sistema refleja una resistencia al cambio y una falta de consenso sobre cómo lograr una verdadera representación democrática.

Otro aspecto importante de la política electoral estadounidense es la supresión del voto. A pesar de los avances de derechos civiles en el siglo XX, muchos grupos, especialmente comunidades afroamericanas, latinas y de bajos recursos, siguen enfrentándose a obstáculos sistemáticos que les impiden ejercer su derecho al voto. El uso de leyes de identificación estricta y la eliminación de registros de votantes han afectado particularmente a estas poblaciones. En algunos estados, los votantes deben cumplir con requisitos de identificación rigurosos que no son fácilmente accesibles para todos, mientras que otros enfrentan restricciones sobre los lugares y horarios de votación. Esta práctica ha sido una estrategia utilizada históricamente para favorecer a ciertos partidos, lo que socava el principio de una democracia inclusiva.

La fraude electoral también es un tema recurrente en los debates sobre la legitimidad del sistema. Aunque las pruebas de fraude sistemático son limitadas, las campañas de desinformación sobre la integridad del proceso electoral han sembrado dudas en una parte significativa de la población. Los ataques a las máquinas de votación y las acusaciones de interferencia extranjera han exacerbado la desconfianza pública. A pesar de que la mayoría de los estudios demuestran que el fraude electoral es un fenómeno raro, la percepción de fraude sigue siendo una herramienta poderosa en la política estadounidense, especialmente cuando se trata de movilizar a los votantes en favor de ciertas agendas.

El sistema de votación por representación mayoritaria o "winner takes all" en muchas elecciones también ha sido objeto de críticas. En este sistema, el candidato que obtiene la mayoría de los votos en un estado gana todos los votos electorales de ese estado, lo que puede resultar en una representación desproporcionada. Este mecanismo ha favorecido tradicionalmente a los dos grandes partidos, limitando la influencia de terceros partidos y reduciendo la diversidad de opiniones en las decisiones políticas. Esto puede desincentivar a los votantes que apoyan partidos minoritarios, ya que sienten que sus votos no tienen impacto en los resultados finales.

Además de estos problemas, el creciente papel del dinero en la política ha generado una sensación de que las elecciones están cada vez más controladas por intereses corporativos y elites económicas. La lobbying y las contribuciones de grandes empresas a las campañas políticas tienen el potencial de distorsionar la representación política, ya que los políticos pueden sentirse obligados a actuar en beneficio de los grandes donantes en lugar de sus electores. Esto ha dado lugar a un sistema donde las políticas públicas pueden estar diseñadas para beneficiar a los más ricos y poderosos, en detrimento de la mayoría de la población.

Por último, la influencia de los medios de comunicación en el proceso electoral no debe subestimarse. Las campañas de desinformación, la manipulación de la opinión pública y la polarización exacerbada de los medios han desempeñado un papel clave en los recientes ciclos electorales. En un entorno donde las noticias falsas y los discursos divisivos proliferan, es más difícil para los votantes tomar decisiones informadas y basadas en hechos.

A pesar de estas complicaciones, es crucial que los ciudadanos comprendan la importancia de su participación en el sistema democrático. Las reformas y mejoras en el sistema electoral, como la implementación de la votación anticipada y el voto por correo, pueden ofrecer soluciones a algunos de los problemas de accesibilidad y equidad en las elecciones. Además, iniciativas como el Motor Voter Act y el National Voter Registration Act han facilitado el registro de votantes y han trabajado para eliminar algunas de las barreras históricas que limitaban el acceso al voto.

Es importante tener en cuenta que, aunque el sistema electoral estadounidense presenta una serie de fallos y limitaciones, sigue siendo un campo de constante evolución y debate. Las luchas por una democracia más inclusiva y representativa continúan siendo una parte fundamental de la política en los Estados Unidos. Sin una participación activa y consciente de los ciudadanos, es probable que estas fallas persistan. Por lo tanto, es esencial que los votantes se informen sobre los procedimientos electorales, comprendan sus derechos y exijan reformas que aseguren que el sistema funcione para todos, no solo para unos pocos privilegiados.

¿Por qué la lucha por el derecho al voto es clave para la democracia?

La historia del derecho al voto en América ha estado marcada por una serie de luchas políticas, sociales y económicas que, aunque en algunos momentos han avanzado, han estado también acompañadas de regresiones y obstáculos diseñados para excluir a grandes sectores de la población. Desde la época de la fundación del país hasta el siglo XXI, las élites han manipulado el sistema electoral para garantizar su dominio y la perpetuación de un orden que beneficia a los ricos y poderosos, mientras que el pueblo ha sido sistemáticamente despojado de su voz.

En las primeras etapas de la República estadounidense, los problemas relacionados con el sufragio no solo eran cuestión de quién podía votar, sino de la forma en que el sistema democrático estaba estructurado para proteger a ciertos grupos. Thomas Jefferson, uno de los Padres Fundadores, creía que el pueblo común, no los ricos, eran la clave para la preservación de la libertad. En una carta de 1816 a Samuel Kercheval, Jefferson advirtió que un gobierno oligárquico dirigido por los ricos resultaría en la esclavitud de los trabajadores, que tendrían que vivir en condiciones de extrema pobreza, como los europeos más desfavorecidos. Es una imagen que, al leerla hoy, se asemeja a las condiciones laborales que muchos enfrentan en la actualidad bajo grandes corporaciones.

Sin embargo, esa amenaza de concentración de poder no solo ha estado en manos de los ricos, sino que ha sido moldeada y alterada a lo largo del tiempo por las dinámicas partidarias. La historia de los partidos políticos estadounidenses también está marcada por una relación tensa con el sufragio universal. El Partido Demócrata, que en sus primeras etapas estuvo estrechamente asociado con la defensa de la esclavitud y la discriminación racial, experimentó un giro significativo en el siglo XX, especialmente después de la firma de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965. Este cambio fue fundamental, pero también generó una fractura en la política estadounidense, ya que muchos de los sureños blancos que se oponían a la integración racial se pasaron al Partido Republicano.

El ascenso del Partido Republicano en el sur, impulsado por la “estrategia del sur” de Richard Nixon en 1968, marcó el inicio de una nueva fase de exclusión, aunque disfrazada de otras justificaciones. Los discursos que apelaban a la “soberanía estatal” y el rechazo a la intervención federal fueron utilizados para atraer a los votantes racistas que sentían que su modo de vida estaba siendo amenazado por los avances en los derechos civiles. Ronald Reagan, en su primera campaña presidencial, continuó esa narrativa al dirigirse a audiencias de mayoría blanca, reafirmando una retórica que ha perdurado hasta nuestros días. Así, el derecho al voto se convirtió en un terreno de batalla, donde los intereses de una élite privilegiada chocaron con las necesidades del pueblo.

Hoy en día, la manipulación del voto sigue siendo una táctica prevalente. Desde la implementación de leyes de identificación de votantes hasta el gerrymandering y otras formas de supresión del voto, las élites económicas continúan buscando formas de limitar el acceso a las urnas, especialmente para las comunidades negras, latinas y pobres. La lucha por el derecho al voto es, por tanto, una lucha por la equidad, por la justicia social y por una democracia verdaderamente representativa.

Es esencial comprender que el derecho al voto no solo es un privilegio, sino un pilar fundamental de la democracia. No se trata simplemente de elegir a los representantes, sino de garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan voz en los procesos que determinan sus vidas. La manipulación del voto, en cualquiera de sus formas, es una amenaza directa al principio de igualdad que debe regir en cualquier democracia que se respete.

La historia del derecho al voto revela que la lucha por la democracia es incesante y que siempre habrá fuerzas que busquen revertir los avances alcanzados. Sin embargo, es crucial reconocer que la batalla por el voto es solo una parte de un esfuerzo mayor por asegurar la justicia social, económica y racial. El sufragio universal no es una meta final, sino una herramienta que permite a la sociedad ejercer su soberanía y desafiar las estructuras de poder que intentan mantener la desigualdad.

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