¿Cómo las fuerzas políticas limitan la autonomía de las ciudades y afectan su desarrollo?

En Wisconsin, un estado generalmente considerado proarrendador, las sanciones para los propietarios de viviendas en malas condiciones consisten en lo que algunos llaman "escuela para arrendadores", donde se les imparte una charla acerca de alquilar a las "personas equivocadas". Sin embargo, esta medida de castigo parece casi una formalidad, ya que el sistema de justicia para los propietarios predatorios se muestra sorprendentemente tolerante. La situación empeora cuando los propietarios grandes, como los inversionistas no residentes, caen en incumplimiento de sus impuestos o cuentas de servicios públicos. Las ciudades, limitadas en sus recursos, carecen de la capacidad para perseguirlos de la misma manera en que se perseguiría a los arrendadores locales o a los propietarios residentes que no cumplen con sus obligaciones. Si un inversionista no residente comete una infracción, la sanción generalmente es leve o incluso tolerada. Por el contrario, un arrendador residente que incurre en la misma falta enfrenta un castigo mucho más severo.

Este fenómeno es producto, en gran parte, de las decisiones políticas que emanan de los capitolios estatales, no de los gobiernos municipales. Los legisladores conservadores, al adoptar el paradigma del "elección pública", han impuesto un modelo de gobernanza donde las ciudades son disciplinadas para que se ajusten a las demandas del mercado. Este marco de pensamiento considera que las ciudades deben convertirse en espacios "amigables al mercado", y que aquellas que implementen políticas redistributivas deben ser castigadas, mientras que las que favorezcan políticas de desarrollo y crecimiento económico sean recompensadas.

Este proceso ha tenido consecuencias devastadoras, particularmente para las ciudades en el "Rust Belt" (Cinturón Oxidado) de Estados Unidos, donde la desindustrialización ha dejado profundas cicatrices en el tejido social y económico. A estas ciudades se les ha arrebatado la posibilidad de utilizar herramientas clave para su desarrollo económico y social, al mismo tiempo que se les ha limitado el control sobre su propio destino. La intervención externa, liderada por políticos conservadores, ha convertido a muchas de estas áreas en espacios donde la ley y el orden están subordinados a las fuerzas del mercado y los intereses privados.

Un ejemplo emblemático de este fenómeno es el caso de Heidelberg Street en Detroit, un vecindario que, desde 1950, ha perdido más del 90 por ciento de su población y más del 80 por ciento de su infraestructura debido a la deserción, la negligencia, los incendios provocados y la demolición. El abandono masivo de viviendas y la destrucción de propiedades son características comunes de los barrios en muchas ciudades del Rust Belt, pero pocas veces se les presta atención, excepto cuando sirven como herramientas de propaganda para las narrativas conservadoras. Aunque algunos de estos barrios, como el de Heidelberg Street, han sido convertidos en símbolos del arte y la resistencia, la realidad para sus residentes es mucho más sombría. La presencia de casas vacías y deterioradas crea un ambiente peligroso para los niños y los jóvenes, expuestos a incendios, invasiones y actividades ilegales. Las casas abandonadas se convierten en objetivos de saqueo y vandalismo, y la falta de inversión en la zona disuade tanto a compradores como a bancos de financiar renovaciones.

Además de la explotación económica, la presencia de estas prácticas genera un sinfín de problemas para las autoridades municipales. La creciente necesidad de medidas de control, como la inspección de viviendas y la aplicación de códigos de construcción, aumenta los costos para las ciudades, mientras que el colapso de la población limita las fuentes de ingresos para financiar los servicios públicos necesarios. Sin embargo, las limitaciones impuestas a las ciudades no se deben únicamente a la falta de recursos o a la falta de interés, sino a un marco ideológico más amplio que refuerza la visión del "paraíso del mercado libre". En este modelo, el mercado opera sin restricciones, a pesar de sus efectos perjudiciales sobre las comunidades más vulnerables.

Este modelo no solo despoja a las ciudades de su autonomía y capacidad de intervención, sino que también crea una cultura de victimización y estigmatización en torno a los barrios más pobres y abandonados. La narrativa conservadora suele ignorar los problemas estructurales que originan estas condiciones, centrándose en su lugar en culpar a las comunidades afectadas por su "decadencia". Este enfoque, que deshumaniza a las personas que habitan estos barrios, ignora las causas profundas de la pobreza y el abandono, y propaga la idea de que los problemas urbanos son culpa exclusiva de sus residentes.

¿Es el "derechamiento" de las ciudades una solución viable o una nueva forma de austeridad urbana?

El concepto de "derechamiento" de las ciudades surge como una respuesta a los desafíos que enfrentan las ciudades en declive, particularmente aquellas con vastas extensiones de terrenos desocupados. Los defensores de esta propuesta argumentan que reducir el tamaño de las ciudades en crisis, transformando los barrios vacíos en parques o zonas verdes, es una forma de hacerlas más sostenibles y de aliviar la presión sobre los recursos y la infraestructura. Se sugiere que, al concentrar a los residentes en áreas urbanas más pequeñas y dinámicas, se crearía una comunidad más funcional y fiscalmente viable. Este proceso, según sus promotores, también permitiría la recuperación ambiental de los terrenos abandonados, al tiempo que actuaría como un sumidero de carbono, contribuyendo a mitigar las emisiones de CO2.

El problema real del "derechamiento", sin embargo, no debe ser ignorado: la creciente vacancia de tierras en muchas ciudades de la llamada "cintura ósea" (Rust Belt) no es un fenómeno meramente conceptual, sino una cuestión concreta de aislamiento social, estrés fiscal y deterioro ambiental. Los barrios con grandes áreas de viviendas vacías, a menudo poblados por comunidades de color y grupos marginalizados, enfrentan mayores tasas de contaminación, insuficiencia de servicios públicos y mayor vulnerabilidad a actividades ilegales, como el crimen o el vertido ilegal de desechos. Estos barrios experimentan un ciclo perpetuo de declive, que refuerza la marginalización de sus residentes y agrava las condiciones de vida.

Aunque los planes de "derechamiento" mencionan principios progresistas, como la creación de espacios verdes y la rehabilitación ambiental, en la práctica muchas de estas propuestas están desfinanciadas. Los esfuerzos reales se enfocan en la destrucción de viviendas y la reconfiguración de los terrenos para beneficiar a los desarrolladores, quienes pueden adquirir propiedades a bajo costo. En muchos casos, la participación comunitaria se reduce a una formalidad, ya que las decisiones ya están predeterminadas por los intereses del poder político y económico.

Las implicaciones raciales del "derechamiento" también son un tema crucial que rara vez se menciona en los planes oficiales. Los barrios más afectados por el proceso de vacancia son, en su mayoría, comunidades afroamericanas. Sin embargo, en las propuestas de "derechamiento", el racismo estructural queda implícito, ya que el proceso de eliminar barrios enteros poblados principalmente por personas de color se presenta como una solución técnica y progresista, disfrazada con un lenguaje ecológico que oculta el carácter profundamente destructivo de las políticas de despojo.

El análisis de los planes de "derechamiento" en ciudades como Detroit, Flint, Rochester, Saginaw y Youngstown revela que, lejos de ser una solución para revitalizar áreas en crisis, estos planes son la materialización de una política de despojo organizada. En lugar de invertir en el desarrollo de comunidades locales, estos planes priorizan la demolición y la venta de tierras, sin considerar el bienestar de los residentes que aún permanecen en estos barrios. La retórica progresista de "ciudades verdes" se desvanece rápidamente cuando se observa la falta de financiación real para implementar estos cambios. La mayoría de las propuestas de "derechamiento" se basan en la eliminación de viviendas y el impulso de proyectos inmobiliarios que benefician a las élites, mientras que las verdaderas necesidades de las comunidades se ignoran sistemáticamente.

Es fundamental que los ciudadanos comprendan que el "derechamiento" no debe ser visto como una solución simple a los problemas de vacancia urbana. Si bien existen problemas reales que requieren atención, como la reducción de la infraestructura y los problemas ambientales, estos deben ser abordados con un enfoque holístico que involucre a las comunidades afectadas y que respete sus derechos y deseos. Las decisiones sobre el futuro de las ciudades no deben ser tomadas desde arriba, sino en consulta directa con aquellos que han sido históricamente marginados.

¿Cómo la Amenaza Racial Influyó en el Declive Urbano en Estados Unidos?

Este fenómeno se ve reflejado en estudios históricos y contemporáneos que destacan cómo el aumento de la población negra en ciertos vecindarios fue percibido como una amenaza para los valores de propiedad y la cohesión social por parte de los residentes blancos. Estos temores no eran infundados solo en prejuicios raciales, sino que también estaban arraigados en ideas económicas sobre la devaluación de la propiedad. En ciudades como Detroit, el miedo a la “invasión” racial fue un motor fundamental del éxodo de residentes blancos hacia suburbios más seguros, donde las políticas públicas de vivienda contribuyeron a esta segregación geográfica y económica.

Al mismo tiempo, el análisis de ciudades como St. Louis o Youngstown revela cómo la desindustrialización no solo despojó a estas comunidades de sus fuentes principales de empleo, sino que también dejó a la población con un sentido de desesperanza económica y social. La migración hacia los suburbios, combinada con la disminución de la inversión pública, precipitó el declive urbano, mientras que las autoridades locales carecían de los recursos y la voluntad política para revitalizar estos espacios. A menudo, el problema se exacerba con la falta de una verdadera integración racial en los esfuerzos de renovación urbana. El control y la gestión de estas zonas se convierte en un campo de batalla político, donde los intereses de las élites urbanas, a menudo blancas, chocan con los de las comunidades marginadas.

El análisis de este fenómeno también debe ir más allá de las fronteras estadounidenses. En otros contextos, como Canadá, aunque la discriminación racial puede parecer menos evidente en la superficie, la historia de los “covenants” raciales y las prácticas exclusivas de propiedad muestran cómo la segregación racial ha sido una constante en la política de vivienda, tanto en América del Norte como en otras regiones del mundo.

Lo que queda claro es que el declive urbano y las tensiones raciales están profundamente entrelazados, y que las políticas de renovación urbana y rehabilitación no pueden limitarse únicamente a aspectos estéticos o económicos. Es fundamental reconocer el legado histórico de la discriminación racial en las ciudades, el cual se sigue manifestando en la distribución desigual de los recursos y el acceso a las oportunidades. La revitalización no será efectiva si no se enfrenta también a las estructuras de poder que continúan reproduciendo la desigualdad racial.

Para el lector, es esencial comprender que las políticas de “desarrollo” y “revitalización” urbanas a menudo no son neutras. Estas políticas pueden, en algunos casos, beneficiar a las clases medias y altas, pero a expensas de las poblaciones más vulnerables. Las iniciativas de renovación deben ser evaluadas críticamente, reconociendo las tensiones raciales y económicas que subyacen en ellas.