¿Cómo ejerce el Congreso control sobre la burocracia en Estados Unidos?

El control del Congreso sobre las agencias del poder ejecutivo es una característica fundamental del sistema político estadounidense. El mecanismo más visible de este control es el uso de audiencias públicas, en las que los burócratas y otros testigos son convocados para discutir y defender las decisiones pasadas de las agencias y sus presupuestos. Estos encuentros permiten que los miembros del Congreso, especialmente aquellos en comités específicos, adquieran un nivel de especialización comparable al de los propios burócratas, lo que les otorga una capacidad para supervisar de manera más efectiva las actividades del gobierno federal.

A finales de los años 60 y 70, el número de audiencias de los comités y subcomités del Congreso creció de manera significativa, como respuesta a la expansión del poder ejecutivo. Este crecimiento fue especialmente notable en la Cámara de Representantes, que realiza más días de audiencias de control que el Senado. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la preocupación por las deficiencias en el ejercicio del control. Si bien la supervisión “de patrullas” o “de rutina” era un elemento común, ha disminuido en favor de un modelo más reactivo y episódico, conocido como supervisión de "alarma de incendio". Este tipo de supervisión suele surgir cuando los medios de comunicación o los grupos de interés público alertan al Congreso sobre problemas graves, como lo evidenció la investigación de la Cámara de Representantes en 2016 sobre el aumento del precio de los EpiPens para tratar reacciones alérgicas graves.

Este fenómeno ha dado lugar a una situación en la que el control de la burocracia se ve frecuentemente influido por la polarización política. En ocasiones, las audiencias y los procesos de supervisión se perciben como un medio para atacar a la oposición, como sucedió durante la investigación del Comité Selecto de Benghazi, que se convirtió en un evento altamente politizado, donde el Comité de la Cámara de Representantes citó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sometiéndola a horas de interrogatorio.

Además de las audiencias públicas, los miembros del Congreso también llevan a cabo investigaciones y trabajos de supervisión a través de la "gestión de casos" o "casework", que trata de resolver problemas individuales de los constituyentes. Estas acciones, aunque más pequeñas en escala, también juegan un papel en el ejercicio de control sobre la burocracia.

El Congreso también ha creado tres agencias clave para llevar a cabo investigaciones constantes sobre la rama ejecutiva: la Oficina General de Contabilidad (GAO), el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) y la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO). Estas agencias proporcionan información independiente que complementa las audiencias y otras formas de comunicación directa entre los comités y las agencias del Ejecutivo. Además, los ciudadanos pueden acceder a documentos de las agencias a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), un derecho que les permite obtener acceso a archivos y datos que, en muchos casos, solo pueden ser utilizados eficazmente a través de los canales institucionalizados del Congreso.

La relación del público estadounidense con la burocracia federal está marcada por una paradoja. Por un lado, existe un fuerte rechazo a lo que se percibe como "un gobierno grande", asociado con la burocracia, visto como ineficiente y contrario a la libertad individual. Por otro lado, la ciudadanía apoya una gran cantidad de programas gubernamentales y mantiene altas expectativas respecto al gobierno. Este contraste genera un discurso público que, a menudo, está cargado de emociones y carece de base factual. Además, la percepción de que la burocracia es un ente despilfarrador de recursos debe ser matizada; de hecho, los contratistas privados, a quienes a menudo se les subcontratan actividades gubernamentales, pueden ser incluso más derrochadores que el sector público, a menos que exista una supervisión gubernamental estricta.

El debate sobre el tamaño del gobierno y el papel de la burocracia no es sencillo. Si bien los procesos burocráticos a menudo limitan la libertad de individuos y empresas, las leyes que implementan estas agencias son el resultado de decisiones tomadas por los representantes electos en el Congreso. Este aspecto de la burocracia debe entenderse como parte del sistema democrático, y la creación de una burocracia que refleje los valores estadounidenses no es tarea fácil. El equilibrio entre la autonomía de las agencias y el escrutinio público es crucial para construir un gobierno eficaz. La supervisión adecuada, tanto por parte del Congreso como del Presidente, es clave para garantizar que las agencias trabajen en el interés público y no persigan sus propios fines.

En el futuro, el advenimiento de los “grandes datos” (big data) promete cambiar la forma en que las burocracias operan. La capacidad de recopilar y analizar grandes volúmenes de información de diversas fuentes tiene el potencial de mejorar el desempeño del gobierno, permitiendo una mejor integración de datos y un análisis más exhaustivo. Esto podría, a largo plazo, hacer más eficiente la administración pública y proporcionar un mecanismo adicional de supervisión y control, complementando los métodos tradicionales del Congreso.

¿Por qué es tan difícil modificar la Constitución de los Estados Unidos?

La Constitución de los Estados Unidos ha sido modificada en 27 ocasiones desde su adopción en 1791. Aunque parece ser un número considerable, es importante señalar que la mayoría de los intentos de enmiendas han fracasado, y las que finalmente han sido ratificadas están generalmente relacionadas con la estructura o composición del gobierno, y no tanto con la legislación sobre problemas específicos del día a día.

Las enmiendas que han sido propuestas han abarcado desde la creación de nuevas formas de participación política hasta la ampliación de derechos fundamentales. Sin embargo, el proceso para modificar la Constitución es intrínsecamente difícil, diseñado para evitar cambios impulsivos o populistas. En efecto, para que una enmienda sea adoptada, debe ser propuesta por el Congreso y luego ratificada por tres cuartas partes de los estados, un umbral alto que asegura que solo los cambios verdaderamente significativos y ampliamente respaldados por la sociedad sean los que pasen.

Entre las enmiendas exitosas más notables se encuentran las que abordan los derechos civiles, como la Decimotercera enmienda que abolió la esclavitud, y la Decimonovena, que otorgó el derecho al voto a las mujeres. Estas enmiendas reflejan cambios profundos en la sociedad estadounidense, aunque estos procesos fueron lentos y dolorosos, debido a la resistencia al cambio que existía en muchos sectores de la sociedad.

Por otro lado, se encuentran enmiendas más complejas, como la Decimocuarta enmienda, que no solo definió la ciudadanía nacional, sino que también estableció la base constitucional para la ampliación del electorado a diferentes razas, mujeres y residentes del Distrito de Columbia. Esta enmienda, junto con la Decimoséptima, que permitió la elección directa de los senadores, muestra cómo las enmiendas a menudo buscan equilibrar el poder entre los diferentes niveles del gobierno, fortaleciendo la representación directa del pueblo.

El hecho de que solo 27 enmiendas hayan sido ratificadas en más de 200 años refleja una visión conservadora del cambio constitucional. Las reformas profundas, aunque necesarias, no pueden ser impulsadas de manera impulsiva, y la estructura gubernamental establecida en la Constitución busca evitar modificaciones que puedan perturbar la estabilidad del sistema político y social. En este sentido, una constitución debe ser, en su esencia, un marco flexible pero firme, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su estabilidad.

No obstante, el proceso de enmienda no es el único medio a través del cual la Constitución se adapta a las nuevas realidades. En muchas ocasiones, ha sido la Corte Suprema quien ha jugado un papel clave en la interpretación de la Constitución, otorgando nuevas dimensiones a principios fundamentales. La Corte no modifica la Constitución de forma directa, pero mediante sus decisiones, ofrece una interpretación que puede cambiar la manera en que las leyes se aplican. Por ejemplo, la Decimocuarta enmienda, que protege la igualdad de derechos, ha sido un fundamento en las decisiones que han impulsado la desegregación y los derechos civiles, aunque la enmienda en sí misma no especificaba detalles sobre cómo se debían garantizar esos derechos.

Además de los cambios legislativos y las interpretaciones judiciales, también es relevante recordar que los ciudadanos tienen un papel en este proceso. Un ejemplo claro de esto es la historia de la Vigésima Séptima enmienda. Propuesta en 1789 junto con la Carta de Derechos, esta enmienda no fue ratificada por la mayoría de los estados hasta 1992, después de que un estudiante de la Universidad de Texas, Gregory Watson, hiciera campaña para completarla. Este proceso demuestra que incluso las propuestas más antiguas pueden convertirse en ley mediante la acción de individuos comprometidos.

La dificultad para modificar la Constitución también refleja la necesidad de estabilidad en el sistema político. La constitución debe proveer un marco duradero dentro del cual se puedan generar leyes ordinarias. Tomemos el ejemplo de la propiedad privada: no es una idea que se derive directamente de la Constitución, sino que se trata de un concepto que, bajo un marco constitucional establecido, ha sido reconocido y protegido por la legislación y la jurisprudencia. La protección de la propiedad privada, así como otros derechos fundamentales, depende de la correcta interpretación y aplicación de los principios constitucionales dentro del contexto social y político contemporáneo.

El proceso de enmienda de la Constitución de los Estados Unidos no debe ser visto como un obstáculo para el cambio, sino como una salvaguardia contra reformas precipitadas que podrían alterar profundamente el equilibrio del gobierno. Este proceso está diseñado para asegurar que solo los cambios realmente necesarios y justificados por una amplia mayoría sean los que prevalezcan, protegiendo la estabilidad y la integridad de la nación.