¿Por qué se combate el derecho al voto en la sociedad moderna?

La historia del pensamiento político moderno está plagada de argumentos que intentan restringir el acceso al voto, y no todos provienen de lugares evidentes. Algunos de estos argumentos, aunque enmascarados con la capa de la "sabiduría" y la "protección de la nación", se fundan en principios profundamente elitistas, racistas o utilitaristas. La idea de que no todos deberían poder votar no es nueva, sino que ha sido sostenida por figuras prominentes a lo largo de la historia, desde los padres fundadores de los Estados Unidos hasta políticos y pensadores contemporáneos.

La eugenesia, como concepto, alcanzó gran popularidad en el siglo XIX y principios del XX, especialmente en figuras influyentes como Winston Churchill y Woodrow Wilson, quienes promovieron políticas de esterilización forzada bajo la creencia de que eliminar a los individuos "defectuosos" de la población mejoraría la raza humana. Adolf Hitler adoptó esta retórica y la aplicó de manera aún más radical y mortal durante el régimen nazi. Es interesante notar que estas ideas no solo se han mantenido, sino que continúan influyendo en debates contemporáneos sobre quién debe y quién no debe tener derecho al voto.

En los Estados Unidos, figuras como Alexander Hamilton y John Adams compartían una visión elitista similar, creyendo que solo aquellos con propiedades y, por ende, un cierto nivel de estabilidad económica y "juicio propio", debían ser capaces de participar en la toma de decisiones políticas. Adams argumentaba que las personas sin propiedades no eran aptas para gobernar, dado que carecían de la "sabiduría" necesaria para tomar decisiones políticas informadas. Estas ideas dieron lugar a un sistema político que, aunque aparentemente democrático, tenía claras restricciones basadas en el poder económico.

Hoy en día, muchos sectores conservadores y libertarios defienden una versión moderna de estas creencias. La crítica al derecho al voto de las clases bajas, especialmente de las comunidades de color, se enmarca dentro de una lógica que considera que los pobres, por su condición "defectuosa", no deberían tener el mismo derecho a decidir sobre los asuntos del país. Este argumento se basa en una idea de la pobreza como resultado de la falta de virtudes o capacidades inherentes en las personas, algo que se refuerza mediante el uso de políticas de supresión del voto dirigidas principalmente a estas comunidades.

Los libertarios, en particular, rechazan abiertamente el sistema democrático. Consideran que la democracia, lejos de ser una herramienta de libertad, es una forma de "gobierno de la multitud" en la que los ciudadanos, a través del voto, buscan conseguir beneficios a expensas de los "productores". Según esta perspectiva, los ciudadanos que no contribuyen económicamente a la nación mediante impuestos no deberían tener voz en las decisiones políticas, ya que, según ellos, se convierten en una "carga" para la sociedad y son susceptibles de ser manipulados por políticos que buscan ganar su apoyo con promesas de bienestar social.

Este tipo de discurso encuentra eco en muchas personas que, por su posición económica, consideran que aquellos que reciben ayuda del Estado no deberían participar activamente en la política. En este sentido, el debate sobre los derechos de voto se mezcla con una crítica a los sistemas de bienestar social, vistos por algunos como una amenaza para la estabilidad económica y política.

Es crucial entender que el debate sobre el derecho al voto no es solo una cuestión de política o de leyes; es un reflejo de las luchas más profundas en nuestra sociedad sobre quién tiene derecho a participar en la toma de decisiones colectivas. Las barreras al voto no son solo un obstáculo técnico, sino una manifestación de un sistema que busca mantener el poder en manos de una élite económica, racial o intelectual.

Además de comprender el contexto histórico y filosófico que sustenta estos argumentos contra el derecho al voto, es esencial reflexionar sobre las consecuencias sociales de tales ideas. Excluir a grandes sectores de la población del proceso democrático no solo debilita la legitimidad del sistema político, sino que refuerza las desigualdades económicas y sociales. Al final, el derecho al voto no es solo una cuestión de privilegio, sino un derecho fundamental que asegura que todas las voces sean escuchadas, independientemente de su origen, su nivel económico o su raza.

¿Cómo podría la automatización del registro electoral transformar la democracia?

Uno de los episodios más oscuros de la historia electoral estadounidense fue la violencia y represión que enfrentaron activistas por los derechos civiles, como James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner, quienes fueron asesinados mientras intentaban registrar a votantes afroamericanos en Filadelfia, Mississippi. Si un sistema de registro electoral automático hubiera estado en vigor en ese momento, tales tragedias podrían haberse evitado.

A lo largo del siglo XX, la implementación de un sistema nacional de registro electoral automático habría sido una tarea monumental, mucho más compleja que programas como el de la Seguridad Social. En aquel entonces, los registros debían manejarse manualmente a través de montañas de papeleo, lo que representaba una carga administrativa casi imposible de superar. Sin embargo, la tecnología moderna ha hecho posible almacenar esta información electrónicamente en servidores gubernamentales seguros, lo que permitiría la implementación del sistema de forma eficiente y segura.

Actualmente, 15 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia han aprobado la AVR, obteniendo resultados muy positivos en términos de participación democrática. Según el Centro Brennan, los resultados han sido impresionantes. Oregon, el primer estado en implementar este sistema en 2016, vio un incremento notable en las tasas de registro de votantes, duplicando las cifras en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Del mismo modo, Vermont experimentó un aumento del 62% en los registros en los primeros seis meses de 2017, tras la implementación del sistema.

A pesar de estos avances, en algunos estados persisten leyes que impiden que los exconvictos recuperen sus derechos de voto una vez cumplida su condena. Esto es particularmente problemático en estados como Florida, donde las personas afroamericanas y latinas son desproporcionadamente afectadas por estas restricciones. En 2018, un 21% de los hombres afroamericanos en Florida no podían votar debido a condenas por delitos. Esto demuestra cómo las leyes estatales pueden ser utilizadas para restringir el acceso al voto de sectores específicos de la población, sobre todo aquellos que han sido históricamente marginados.

La legislación conocida como For the People Act de 2019 va un paso más allá del registro electoral automático al proponer que los exconvictos sean automáticamente registrados para votar al completar su condena. Sin embargo, actualmente 12 estados (incluidos cinco del sur) prohíben la restauración automática de los derechos de voto de los exconvictos. Esta restricción provoca consecuencias devastadoras, como las sufridas por Grant Ferguson, quien, tras haber cumplido su condena, enfrentó cargos por intentar votar en las elecciones de 2016 debido a un error burocrático que lo mantenía en la lista de votantes inelegibles. Este tipo de situaciones deja en claro la necesidad urgente de reformar el sistema de votación para que las personas que han pagado su deuda con la sociedad puedan participar plenamente en la democracia.

Por otro lado, la propuesta de Bernie Sanders, quien en 2019 destacó que Vermont y Maine permiten que los convictos voten mientras cumplen su condena, invita a la reflexión sobre cómo la inclusión de los exconvictos en el proceso electoral podría ser una vía para su reintegración social. Permitirles votar no solo les otorga un derecho, sino que también les da una voz activa en las decisiones políticas que les afectan, lo cual es un paso fundamental hacia su rehabilitación efectiva en la sociedad.

Las políticas de purga de votantes, como las implementadas en Florida durante las elecciones de 2000 bajo el liderazgo de Jeb Bush, muestran cómo los errores administrativos o los registros incompletos pueden dar lugar a la exclusión de ciudadanos con derecho a votar. Además, prácticas como el sistema Crosscheck implementado por Kris Kobach, que busca eliminar a personas de los registros simplemente porque comparten un nombre similar con un delincuente, agravan aún más la situación. La implementación de un sistema de registro automático no solucionaría completamente el problema, pero podría ser un paso importante para minimizar el impacto de estas prácticas injustas.

La democracia no puede permitirse excluir a individuos del proceso electoral basándose en errores administrativos, ni puede permitir que la participación política sea limitada por factores como el nombre, la raza o el pasado criminal. Para una democracia plena y justa, es fundamental que todos los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales tengan acceso al voto, sin excepciones, y que cualquier barrera administrativa o política que interfiera con este derecho sea eliminada.

¿Cómo los sistemas electorales influyen en las elecciones y qué tan viables son las soluciones?

No obstante, incluso si abolimos el Colegio Electoral o implementamos un sistema de voto popular nacional, las elecciones estadounidenses seguirían enfrentándose a un problema estructural: el estancamiento partidista. Esto se debe a que el sistema electoral estadounidense sigue el modelo "primero el pasado, el que obtiene más votos gana", un sistema que casi siempre resulta en una estructura bipartidista. Este sistema favorece dos grandes partidos políticos, ya que la mayoría de los votos se concentran en los dos principales contendientes, dejando a los partidos más pequeños con escasas oportunidades. Esto es respaldado por la ley de Duverger, que establece que los sistemas de votación "primero el pasado" terminan creando un sistema de dos partidos, ya sea porque los partidos pequeños desaparecen o se fusionan en los grandes.

Este modelo electoral, aunque sencillo y fácil de entender, genera un escenario en el que el votante se ve obligado a elegir al candidato "menos malo", en lugar de elegir al que más apoye en función de sus opiniones políticas. Esto es especialmente evidente en las primarias partidarias, donde la polarización obliga a los votantes a apoyar a candidatos que, aunque no sean sus primeros favoritos, son vistos como menos extremos o más moderados.

Además de la modificación del sistema de votación, se ha propuesto la implementación de la votación obligatoria, un modelo que ya se aplica en países como Australia y Bélgica. Aunque muchos consideran que esta medida va en contra de los principios democráticos, la experiencia de países con votación obligatoria demuestra que esta puede aumentar significativamente la participación electoral, sin afectar negativamente la libertad del individuo. En Australia, la participación electoral nunca ha sido inferior al 91% desde que se instauró la votación obligatoria en 1924. La sanción de una multa moderada por no votar parece ser lo suficientemente efectiva para fomentar la participación sin ser un obstáculo económico importante para los votantes. Es importante reconocer que el voto no solo es un derecho, sino también una responsabilidad cívica, tal como lo son el servicio de jurado o el registro para el servicio militar.

El debate sobre la votación obligatoria en Estados Unidos se ve generalmente como una cuestión inalcanzable debido a la fuerte cultura individualista y el valor que se otorga a la libertad de decisión en cuestiones políticas. Sin embargo, existen alternativas que podrían fomentar una mayor participación sin recurrir a la obligatoriedad, como incentivos fiscales o campañas nacionales que promuevan el voto, algo que ya se ha utilizado en el pasado, como durante la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, la discusión sobre la reorganización del sistema de representación también abarca la cuestión del estatus de Washington D.C. y Puerto Rico. Ambos territorios, aunque están sujetos a las leyes federales, carecen de representación plena en el Congreso. La incorporación de estos territorios como estados no solo abordaría una cuestión de representación democrática, sino que también reflejaría un paso más hacia la equidad en el sistema electoral estadounidense.