La demolición de estructuras urbanas, resultado de violaciones del código, ejecuciones fiscales, incendios provocados o riesgos a la seguridad, ha sido tradicionalmente una respuesta reactiva y fragmentaria en ciudades sin recursos suficientes para planificar una regeneración sistemática. Esta práctica, basada en denuncias más que en políticas integrales, ha servido durante años como un mecanismo defensivo frente al abandono urbano progresivo. Sin embargo, en tiempos recientes, esta misma demolición ad hoc ha comenzado a perfilarse como una herramienta regenerativa, capaz —en teoría— de estimular el crecimiento económico y reconfigurar comunidades más funcionales. El cambio de paradigma ha venido acompañado por nuevas fuentes de financiación que respaldan su implementación, y una retórica cada vez más elaborada que justifica su expansión como política pública.

La literatura académica, popular y teórica ha contribuido de manera significativa a legitimar esta transición. Diversos estudios señalan los impactos negativos que generan los espacios vacíos y en ruinas, tanto a nivel físico como psicológico. La concentración de estructuras abandonadas afecta la salud pública: atraen actividades delictivas, infestaciones, y presentan peligros especialmente graves para la infancia. Además, generan un efecto estigmatizante que erosiona la moral colectiva y fomenta el retraimiento social. Investigaciones como las de Eugenia Garvin evidencian cómo el deterioro del entorno construye una percepción de desorden social que termina desarticulando los vínculos comunitarios.

Otra dimensión crítica es la conexión directa entre la vacancia y el crimen. Las viviendas vacías funcionan como nodos de tráfico de drogas, vandalismo, y puntos de ignición para incendios. Detroit es emblemático en este sentido: la abundancia de residencias deshabitadas ha configurado una geografía del delito que se superpone con la geografía del abandono. Estudios empíricos han intentado cuantificar este fenómeno, demostrando cómo la vacancia no solo coexiste con la criminalidad, sino que la facilita estructuralmente.

El tercer argumento —quizá el más decisivo para transformar la demolición en política pública— es de orden económico. Las estructuras vacías no generan ingresos fiscales, pero sí demandan altos costos operativos para los municipios: seguridad, servicios de emergencia, mantenimiento mínimo. A corto plazo, disminuyen el valor de las propiedades vecinas; a largo plazo, provocan una disfuncionalidad total del mercado inmobiliario. En barrios marcados por la desinversión, estos efectos se acumulan, creando un espiral descendente que erosiona las bases fiscales municipales, desincentiva la inversión y condena al territorio a un estado de estancamiento perpetuo.

Estos argumentos han sido instrumentalizados por promotores del paradigma demolitorio para justificar una ampliación de intervenciones a lo largo del Rust Belt. A escala federal, programas como el Neighborhood Stabilization Program (NSP) han canalizado miles de millones de dólares desde 2007 para gestionar propiedades vacantes, con un énfasis implícito, aunque no exclusivo, en la demolición. Posteriormente, fondos como el Hardest Hit Fund y el Blight Elimination Program destinaron centenares de millones de dólares a demoler estructuras deterioradas, particularmente en estados golpeados por la crisis hipotecaria.

El impacto de estos programas se ha materializado en cifras contundentes: en 2014, Detroit demolió más de 7,000 casas combinando fondos federales y municipales. Flint, Michigan, a través del Genesee County Land Bank, accedió a más de 22 millones de dólares para derribar más de mil estructuras. El estado de Michigan en su conjunto ha canalizado más de 100 millones de dólares a estas operaciones. Simultáneamente, programas estatales como Moving Ohio Forward han inyectado decenas de millones con un objetivo similar: eliminar estructuras deterioradas para "recuperar nuestros vecindarios".

Estas intervenciones, sin embargo, presentan una característica clave que las distingue de políticas de renovación urbana del pasado: no forman parte de un esfuerzo integral de reinversión o reconstrucción. Operan bajo el supuesto —explícito o implícito— de que eliminar la plaga (blight) es suficiente para permitir que la regeneración ocurra de manera orgánica, como si bastara con extirpar el tejido enfermo para que el sano se multiplique. Este postulado es defendido con fervor por figuras como Dan Gilbert, quien sugiere que la esperanza y el optimismo volverán una vez que las estructuras sean removidas, dejando lotes vacíos listos para el renacimiento urbano.

La demolición se ha convertido así en una política autosuficiente, justificada por sus efectos inmediatos —reducción del crimen, mejora estética, alivio fiscal— y sustentada por una fe casi teleológica en las fuerzas de mercado. La narrativa predominante asume que, al remover los obstáculos visibles, las ciudades encontrarán una vía hacia su equilibrio funcional. Esta lógica ha transformado lo que alguna vez fue una maniobra desesperada y localizada, en una estrategia urbana deliberada y sistemática, concebida como solución en sí misma.

Sin embargo, es fundamental advertir que esta política se sostiene en una promesa de regeneración que rara vez se acompaña de planes concretos de reinversión social, habitacional o económica. Se deposita una confianza excesiva en la capacidad del mercado para autorregularse y regenerar tejido urbano simplemente a partir de la eliminación del deterioro físico. Pero en ausencia de inversiones complementarias —en educación, infraestructura, transporte, empleo— lo más probable es que los lotes vacíos se conviertan en nuevos vacíos urbanos, replicando, más que resolviendo, las condiciones que originaron la crisis.

¿Por qué el declive urbano no es natural, sino una forma deliberada de planificación neoliberal?

La narrativa dominante que explica el declive urbano como una consecuencia inevitable del mercado global o de la desindustrialización, reproduce un mito funcional al proyecto ideológico del neoliberalismo. Esta interpretación despolitiza el fenómeno y lo convierte en un resultado “natural”, fuera del control humano, cuando en realidad se trata de un proceso profundamente político y planificado, ejecutado con intencionalidad y amparado por un aparato institucional complejo.

La lógica neoliberal que sustenta estas transformaciones se basa en la premisa de que el mercado es una entidad autónoma, autorreguladora, y, sobre todo, natural. Desde esta perspectiva, cualquier intervención estatal —regulaciones laborales, políticas sociales, impuestos redistributivos, protección del medio ambiente— es vista como una deformación artificial que impide el funcionamiento óptimo del mercado. Por tanto, el ideal conservador es un mercado libre de restricciones, un utopismo económico donde el crecimiento y la justicia emergen espontáneamente de la competencia sin trabas. Pero como ya demostró Karl Polanyi en The Great Transformation, esta utopía no es más que una construcción ideológica cuidadosamente planificada: el “laissez-faire” fue, en sí mismo, una política pública deliberada, no un orden espontáneo. El desmantelamiento de los sistemas de protección social no fue una respuesta pasiva a las crisis urbanas, sino un movimiento organizado para redefinir las ciudades según los intereses del capital.

La idea de “rightsizing” o “ajuste del tamaño urbano” se presenta como una respuesta técnica y neutral al fenómeno del decrecimiento poblacional. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde una política activa de eliminación de barrios empobrecidos, expulsión de residentes y reciclaje territorial en función de nuevas oportunidades de inversión. No se trata de redistribuir recursos o de promover una justicia espacial, sino de reconfigurar el espacio urbano para convertirlo en una plataforma de rentabilidad. Las propuestas más progresistas que promueven el reverdecimiento urbano o la concentración comunitaria rara vez se materializan porque no encajan con los intereses de los actores que controlan el capital urbano.

Los conservadores han logrado construir una verdad funcional: si una ciudad fracasa, es porque sus líderes no supieron adaptarse a las señales del mercado. Esta visión culpabiliza a las víctimas, silencia los mecanismos estructurales de desinversión y desvincula el poder político del declive material. No fue la intervención estatal lo que destruyó Detroit o Cleveland, sino el retiro planificado de capital, la fuga de la clase media blanca, y la negación sistemática de derechos básicos. Esta estrategia implicó, y aún implica, decisiones políticas precisas, normativas diseñadas para limitar alternativas redistributivas, y una ofensiva ideológica sostenida para consolidar este marco como sentido común.

Como plantean Peck y Tickell en su análisis sobre la neoliberalización del espacio, este proyecto avanza mediante dos modalidades: la primera es la revocación de los logros del periodo keynesiano —como la vivienda justa, la acción afirmativa o la desegregación escolar—; la segunda es la implantación de nuevas normativas que imposibiliten la reconstrucción de aquellos derechos —como los techos constitucionales a los impuestos o la liberalización de la propiedad inmobiliaria. Esta dinámica no solo desarma las herramientas institucionales que permitían una cierta justicia urbana, sino que además crea un marco legal que perpetúa la exclusión.

Lo esencial es entender que el declive urbano es la otra cara del proyecto neoliberal: no es un fallo del sistema, sino su expresión más coherente. Las ciudades que se desmoronan no lo hacen por azar ni por mala gestión, sino porque su destrucción fue rentable para otros territorios, otras clases y otros intereses. El mercado no es una fuerza ciega; es un campo de batalla donde se disputa quién tiene derecho a la ciudad y bajo qué condiciones.

Es crucial comprender también que el discurso de lo “natural” en el mercado es una operación ideológica. Presentar la desigualdad como inevitable, o la exclusión como resultado de decisiones personales o fallas locales, desactiva la posibilidad de construir una alternativa. El mercado solo se presenta como autónomo cuando sus reglas benefician a los que ya poseen el capital. Cuando es necesario intervenir para proteger esos intereses, entonces la intervención se normaliza, se invisibiliza o se naturaliza. Lo que se considera “no planificado” es, en realidad, la planificación hegemónica disfrazada de espontaneidad.

¿Cómo se construyó el deterioro urbano como herramienta política y económica?

El deterioro urbano —o "blight", como se define en la jurisprudencia estadounidense— ha funcionado como una categoría maleable y ambigua que permite una intervención política intensa, generalmente en beneficio del capital privado bajo el disfraz del interés público. En el contexto estadounidense del siglo XX, esta categoría sirvió para justificar procesos de expropiación de tierras mediante la figura del "dominio eminente", legalizando la transferencia de propiedades de comunidades marginadas a grandes intereses económicos en nombre de la "renovación urbana". Pritchett detalla cómo el deterioro fue instrumentalizado por actores estatales no para resolver las condiciones de pobreza o marginación, sino para facilitar procesos de acumulación por desposesión.

El uso de políticas de renovación urbana se presentó como una respuesta a la supuesta amenaza que representaban los barrios deteriorados para la seguridad y la economía de la ciudad. Esta narrativa permitió que el Estado interviniera sobre territorios racializados, generalmente habitados por comunidades negras y latinas, bajo la lógica de su regeneración. Pero lo que realmente se regeneraba no eran las condiciones de vida de esos habitantes, sino las condiciones para la valorización inmobiliaria. Como apunta Rothstein en The Color of Law, estas políticas estaban imbricadas en una lógica segregacionista sistemática, donde las decisiones sobre planificación urbana respondían directamente a estructuras raciales institucionalizadas.

Laura Pulido, al analizar el caso de Flint, Michigan, expone con claridad cómo el racismo ambiental y el capitalismo racial se entrelazan. El abandono deliberado de infraestructuras básicas en comunidades negras no responde únicamente a negligencia, sino a una racionalidad económica que considera a ciertos cuerpos prescindibles. El envenenamiento del agua en Flint no es un accidente; es el síntoma de un sistema donde la rentabilidad del capital prima sobre la vida.

El "capitalismo racial" no solo produce desigualdad, la reproduce activamente mediante herramientas jurídicas, tecnocráticas y discursivas. La criminalización del "deterioro", la representación del espacio urbano como amenaza, la estetización del abandono, todo esto se convierte en una maquinaria cultural que legitima políticas violentas y excluyentes. Así, la estigmatización de ciertos territorios y sus habitantes se transforma en un prerrequisito para su transformación capitalista.

Putnam, en Bowling Alone, argumenta que el colapso del capital social en las comunidades estadounidenses tuvo consecuencias devastadoras en la participación cívica. Este vacío fue ocupado por mecanismos de control estatal y financiero que dejaron poco espacio para la autoorganización barrial. La descomposición del tejido comunitario no fue solo consecuencia de las dinámicas socioeconómicas, sino también una condición buscada: cuanto más fragmentada está una comunidad, más fácilmente puede ser desplazada.

En ciudades como Youngstown, Ohio, y otras del Rust Belt, la "contracción urbana" fue abordada no desde una perspectiva de justicia social, sino desde una lógica tecnocrática de eficiencia. Las políticas de “rightsizing” —ajustar el tamaño de la ciudad a su nueva población reducida— sirvieron para legitimar un abandono selectivo. Schilling y Logan proponen modelos ecológicos de reconversión urbana, pero incluso estos modelos pueden convertirse en vehículos de gentrificación cuando no se acompañan de políticas redistributivas efectivas.

La gentrificación, como advierte Neil Smith, no es un proceso espontáneo, sino una estrategia consciente de recuperación del valor del suelo urbano. La frontera urbana se reconfigura a través de la violencia simbólica y material contra los habitantes originales. La ciudad no crece de forma orgánica; se reconstruye siguiendo la lógica revanchista del capital.

Lo fundamental para el lector es entender que el deterioro urbano no es un fenómeno natural ni inevitable. Es una construcción política que responde a intereses específicos y que actúa como justificación para intervenciones que consolidan la desigualdad. Las políticas de renovación, lejos de ser soluciones neutrales, son mecanismos de redistribución regresiva, que desplazan, marginan y silencian. Comprender este entramado exige mirar más allá de las fachadas y los discursos, y analizar las estructuras que deciden qué vidas y qué espacios merecen ser salvados, y cuáles pueden ser sacrificados.

¿Cómo se produjo la decadencia urbana en el cinturón industrial estadounidense?

La desindustrialización en ciudades como Detroit, Camden, Gary y Flint no fue un fenómeno meramente económico, sino un proceso profundamente estructural enraizado en decisiones políticas, ideologías conservadoras y prácticas institucionalizadas de abandono territorial. La pérdida de industrias pesadas —una vez columna vertebral del empleo urbano afroamericano— no solo desmanteló la capacidad productiva local, sino que dejó tras de sí una infraestructura vacía, una base impositiva erosionada y un capital humano desplazado o marginado. Este declive coincidió con la fuga de capitales, la automatización y la globalización, pero también con una deliberada retirada del Estado en lo que respecta a la inversión pública y el mantenimiento del espacio urbano negro.

Los ghettos, como resultado tanto de la segregación histórica como de nuevas dinámicas de exclusión, se convirtieron en territorios de desinversión sistemática. El racismo estructural en la vivienda y el empleo limitó la movilidad ascendente, mientras que políticas como la Community Reinvestment Act o el Fair Housing Act fueron insuficientes para contrarrestar la acumulación de décadas de marginalización espacial. La renovación urbana, frecuentemente anunciada como salvación, operó como instrumento de desplazamiento y demolición, más que de reconstrucción. El uso del dominio eminente, en muchos casos, borró barrios enteros sin ofrecer alternativas viables a sus habitantes.

El vaciamiento de ciudades como Detroit fue acompañado de una retórica neoliberal sobre la "responsabilidad individual", desplazando la culpa del colapso urbano a sus propios residentes. Think tanks conservadores, como el Cato Institute o la Heritage Foundation, promovieron una visión del Estado como enemigo del mercado, alentando políticas de desregulación que facilitaron la especulación inmobiliaria, las ejecuciones hipotecarias masivas y la entrada de inversores depredadores. Los bancos de tierras, como el de Genesee County, intentaron gestionar las propiedades abandonadas, pero muchas veces reprodujeron la lógica del mercado en lugar de priorizar la justicia espacial.

Las demoliciones, particularmente en los llamados "extreme housing loss neighborhoods", fueron justificadas como estrategia de “rightsizing”, una racionalización de la infraestructura urbana acorde a la nueva escala poblacional. Pero detrás de esa supuesta eficiencia se escondía una forma de privación organizada: la destrucción del entorno urbano sin alternativas funcionales, dejando a las comunidades en un limbo permanente entre el olvido y la especulación.

La violencia estructural se manifestó también en la infraestructura. Sistemas de agua contaminada como en Flint, el colapso del transporte público en Detroit, o el abandono de la inversión educativa constituyen ejemplos de cómo el deterioro no fue accidente sino producto de una gobernanza orientada al vaciamiento. El control financiero impuesto a los municipios, las juntas de intervención fiscal, y las políticas austeritarias redujeron aún más la capacidad de acción local, al tiempo que facilitaban la entrada de intereses externos.

El capital blanco huyó, pero el capital financiero volvió con otra cara: como comprador de propiedades devaluadas, como promotor de la gentrificación, como depredador de lo público. La marginación urbana fue redefinida no como un problema a resolver, sino como una oportunidad de acumulación. Los espacios abandonados fueron convertidos en escenarios de greenwashing y retórica de “renacimiento”, mientras los habitantes originales eran invisibilizados.

Es crucial entender que la decadencia urbana no puede explicarse únicamente como resultado de errores técnicos o cambios económicos impersonales. Es la expresión territorial de una ideología que, bajo la máscara del mercado libre y la eficiencia, reorganiza el espacio en función de la rentabilidad y no de la vida. Quien no ve esto, no entiende por qué los barrios se vacían, ni por qué los escombros persisten donde antes hubo hogares.

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