¿Por qué la libertad está en declive globalmente y qué podemos aprender de ello?

A nivel global, el año 2018 marcó un nuevo hito negativo en términos de libertad política y derechos humanos. Según el informe anual de Freedom House (2019), fue el décimotercer año consecutivo (2005–2018) en que se observó una disminución en la media global de libertad. Aunque la caída de la Guerra Fría permitió un auge de la democratización a finales del siglo XX, muchos de los países recién independizados no lograron sostener sus sistemas democráticos. Esta tendencia a la baja en las libertades se ha acentuado por las transformaciones sociales y económicas derivadas de la globalización, las cuales han contribuido a una crisis de confianza en los sistemas políticos de democracias consolidadas.

Este fenómeno no es meramente una cuestión de números, sino una realidad palpable que afecta la vida de millones. Las fuerzas hostiles en todo el mundo siguen desafiando las instituciones encargadas de proteger los derechos políticos y las libertades civiles, y los daños acumulados durante más de una década difícilmente podrán corregirse de manera rápida o sencilla. En 2019, países como Hungría y Serbia vieron cómo su clasificación en el informe de Freedom House descendía de “libres” a “parcialmente libres”. Hungría, bajo la administración de Viktor Orbán, fue objeto de ataques continuos a sus instituciones democráticas, mientras que Serbia sufrió una disminución debido al deterioro en la conducción de elecciones, el hostigamiento legal a periodistas independientes y el control de poder por parte del presidente Aleksandar Vučić, en un claro conflicto con su rol constitucional.

Otros casos reveladores de la erosión de los derechos humanos incluyen Nicaragua y Uganda. En Nicaragua, la represión brutal de un movimiento de protesta antigubernamental llevó a miles de muertes, arrestos y ataques violentos contra líderes religiosos. En Uganda, el gobierno de larga duración de Yoweri Museveni ha restringido la libertad de expresión mediante la vigilancia de las comunicaciones electrónicas y la imposición de impuestos regresivos sobre el uso de redes sociales.

Los derechos humanos no solo se ven afectados por la represión política directa. En Rumanía, por ejemplo, en 2018 se intentó cambiar la constitución para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, respaldado por grupos religiosos que impulsaron un referéndum que finalmente fracasó debido a la baja participación. En Chechenia, la comunidad LGBTQ+ ha sido víctima de persecuciones violentas, con miles de arrestos y asesinatos como parte de una brutal campaña de represión.

Además de estas tragedias, conflictos bélicos como el de Yemen y Venezuela agravan aún más la situación. En Yemen, la guerra civil iniciada en 2015 ha causado más de 10,000 muertes y desplazado a millones. La crisis humanitaria en el país es de tal magnitud que, según expertos, se está perfilando como la peor catástrofe humanitaria del mundo, con millones de personas enfrentando hambre, enfermedades y la falta de agua potable. En Venezuela, la situación política y económica sigue deteriorándose, con el gobierno de Nicolás Maduro implicado en asesinatos sin justificación, además de ser responsable de la crisis alimentaria y de salud que afecta a toda la población.

Dentro de los casos más emblemáticos de retroceso de la libertad se encuentran también las críticas que se han realizado sobre el sistema electoral de Estados Unidos. A pesar de que la democracia estadounidense sigue siendo robusta comparada con otros países, su estabilidad se ve seriamente amenazada por ataques al estado de derecho, a la libertad de prensa y a las normas democráticas esenciales. El informe de Freedom House (2019) alerta que, aunque Estados Unidos sigue siendo una democracia funcional, las divisiones internas y la manipulación del sistema electoral por parte de actores externos e internos han creado tensiones peligrosas. La interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y las tácticas de supresión del voto en diversos estados del país son solo algunos de los desafíos que enfrenta la democracia estadounidense.

En 2016, se impusieron leyes restrictivas de votación en diez estados, lo que afectó a 80 millones de personas, quienes decidieron el resultado de las elecciones presidenciales. Restricciones como la exigencia de identificación con dirección residencial, la clausura de oficinas de registro y la implementación de políticas de “coincidencia exacta” han limitado el acceso al voto, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables y a las minorías que tienden a votar en favor de partidos opositores.

Esta serie de retrocesos a nivel global nos invita a reflexionar sobre las fragilidades de los sistemas democráticos, tanto en países con democracias consolidadas como en aquellos que recién comienzan a experimentar los beneficios de la libertad. La lucha por los derechos humanos y la democracia continúa siendo un desafío crucial, y la historia nos demuestra que los avances en este terreno nunca están garantizados. Es fundamental entender que los sistemas democráticos no son inquebrantables y requieren un esfuerzo constante para mantenerse a salvo de las amenazas que surgen tanto desde el exterior como desde dentro.

El declive de la libertad no es un fenómeno aislado; es parte de un patrón global que está afectando a naciones en todos los continentes. Enfrentar este reto exige una acción colectiva y la reafirmación de los valores democráticos, como el respeto a los derechos humanos, la protección de la libertad de expresión y la garantía de procesos electorales transparentes y justos.

¿Por qué debemos reducir la dependencia de los combustibles fósiles y cómo contribuye esto a la sexta extinción masiva?

Es incuestionable la urgencia de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, numerosos gobiernos y sectores de la sociedad continúan ignorando la evidencia científica. Un claro ejemplo de esta negación es la decisión de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, de retirarse del Acuerdo de París de 2015, suscrito por 195 países con el objetivo de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta acción coloca al país —el segundo mayor emisor mundial de CO2 después de China— en una situación precaria y retrógrada, ignorando predicciones alarmantes que señalan que los efectos devastadores del cambio climático podrían manifestarse con mayor intensidad y décadas antes de lo previsto.

Mientras algunos líderes políticos se mantienen en la negación, amplias redes y organizaciones académicas a nivel global han declarado una emergencia climática, comprometiéndose a movilizar recursos para la investigación, aumentar la educación ambiental y alcanzar la neutralidad de carbono entre 2030 y 2050. Sin embargo, estas fechas, aunque representan un paso, no reflejan una verdadera urgencia ni un compromiso tangible frente a la crisis ambiental.

En este contexto, se debe entender que la humanidad está contribuyendo activamente a la sexta extinción masiva, un fenómeno que, aunque puede extenderse por millones de años, se encuentra acelerado por la acción humana. A diferencia de las cinco extinciones masivas anteriores, causadas por fenómenos naturales —como erupciones volcánicas, incendios forestales, especies invasoras o la liberación de gases tóxicos— la actual tiene como principal agente el impacto humano desmedido.

La industrialización ha modificado radicalmente el planeta, alterando ecosistemas a través de la urbanización y la expansión agrícola. La transformación de vastas áreas de bosque, praderas y tierras vírgenes en ciudades, campos cultivables y pastizales ha reducido la biodiversidad, poniendo en peligro innumerables especies y afectando la capacidad del planeta para sostener la vida. El crecimiento demográfico descontrolado ha llevado a la sobreexplotación de los recursos y a un uso insostenible del medio ambiente, acercándonos peligrosamente a un punto de no retorno.

Además de la dependencia de combustibles fósiles, la humanidad contamina el aire, el agua y el suelo, generando impactos adversos que se retroalimentan. La contaminación atmosférica, producida mayoritariamente por la combustión de hidrocarburos, introduce partículas y gases nocivos que penetran los sistemas respiratorio y circulatorio, causando millones de muertes prematuras cada año, principalmente en países con bajos y medianos ingresos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica esta contaminación como el mayor riesgo ambiental para la salud pública.

La contaminación del agua, igualmente grave, proviene de fuentes industriales, agrícolas y domésticas que contaminan ríos, lagos y océanos con químicos, residuos orgánicos y plásticos. La dependencia petrolera ha causado múltiples derrames, como el tristemente célebre caso del Exxon Valdez, comprometiendo ecosistemas acuáticos fundamentales. Mientras que el oxígeno es vital y solo podemos sobrevivir minutos sin él, el agua, imprescindible para la vida, puede mantenernos apenas días sin su consumo, lo que revela la fragilidad y la urgencia de proteger nuestras fuentes hídricas.

Estos daños, aunque exacerbados por actividades humanas, ocurren en un contexto natural donde fenómenos como erupciones volcánicas o incendios han alterado la vida en la Tierra en el pasado. No obstante, la diferencia reside en que ahora tenemos la capacidad y responsabilidad de frenar la destrucción que provocamos.

Es crucial comprender que la acción humana no solo afecta el presente, sino que determina el futuro de la biosfera. La reducción drástica de las emisiones de CO2 y la protección de los ecosistemas no son opciones sino necesidades imperativas para evitar un colapso ambiental acelerado. La conciencia global debe traducirse en compromisos reales y acciones inmediatas que transformen los modelos de desarrollo, la producción energética y los hábitos de consumo.

Además, es fundamental entender la interconexión de los distintos tipos de contaminación y su impacto acumulativo sobre la salud humana y la biodiversidad. La contaminación del aire y del agua, junto con la destrucción de hábitats, son síntomas de un desequilibrio más profundo en la relación entre humanidad y naturaleza. Por ello, cualquier estrategia ambiental debe ser integral y considerar no solo la mitigación del cambio climático, sino también la restauración y conservación de los ecosistemas naturales.

Para enfrentar esta crisis, se requiere un compromiso ético y científico, apoyado en la educación, la cooperación internacional y la innovación tecnológica sostenible. Solo así podremos revertir el rumbo y garantizar un futuro habitable para las próximas generaciones y para todas las formas de vida en el planeta.

¿Qué es la pseudociencia y cómo se manifiesta en prácticas como el vudú, la brujería y la superstición?

La pseudociencia es un fenómeno complejo que se caracteriza por la prevalencia de emociones y opiniones sobre evidencias científicas bien establecidas. Este fenómeno se manifiesta en múltiples prácticas culturales y religiosas, donde la línea entre la creencia, la tradición y la evidencia se diluye, generando un espacio fértil para la irracionalidad. Entre estas prácticas, el vudú, la brujería y la superstición destacan por su amplia difusión y su impacto cultural.

El vudú, cuyo nombre significa “espíritu de Dios”, representa una amalgama de prácticas religiosas originarias de África, que han sido influenciadas en diferentes regiones por tradiciones locales y el cristianismo, especialmente el catolicismo romano. En lugares como Luisiana o Haití, el vudú adquiere características únicas que reflejan la fusión cultural entre las religiones africanas y europeas. Esta religión popular utiliza amuletos y objetos rituales como el famoso muñeco de vudú, que, aunque carecen de validación científica, ejercen un efecto psicológico significativo sobre quienes creen en su poder. Los sacerdotes y sacerdotisas del vudú, conocidos como houngans y mambos, actúan como intermediarios entre lo espiritual y lo físico, ofreciendo servicios de sanación y protección.

Por su parte, la brujería, entendida como el uso de poderes mágicos o sobrenaturales para influir en personas o acontecimientos, presenta múltiples interpretaciones. Para algunos, la brujería es una religión en sí misma, basada en el estudio y la canalización de energías interiores, lejos de las visiones negativas tradicionales asociadas con el mal o la oscuridad. Este movimiento, especialmente en su expresión moderna dentro de la Wicca, reivindica una espiritualidad ligada a la naturaleza y una ética de amor y alegría que se distancia de los dogmas cristianos del pecado y la salvación exclusiva en la vida después de la muerte. Sin embargo, no existe consenso sobre si la brujería debe considerarse una religión o simplemente un conjunto de prácticas mágicas.

La superstición, por último, se define como un conjunto de creencias y prácticas irracionales basadas en el miedo, la ignorancia o la confianza en fuerzas mágicas o sobrenaturales. La superstición atribuye causalidades falsas a ciertas conductas o rituales, como creer que un “gafe” puede traer mala suerte, o que ciertos rituales deportivos pueden influir en el resultado de un juego. Estas conductas, aunque carecen de fundamento científico, proporcionan un sentido de control o seguridad emocional a quienes las practican, y en el ámbito deportivo, incluso pueden aumentar la confianza y el rendimiento percibido de los atletas.

Es importante entender que estas prácticas pseudocientíficas, aunque desprovistas de evidencia empírica, responden a necesidades humanas profundas: el deseo de control, la búsqueda de significado y la necesidad de conectar con lo trascendente. Reconocer esto permite abordar estos fenómenos no solo desde la crítica racional, sino también desde una perspectiva empática que explique por qué continúan vigentes en sociedades contemporáneas.

Además, es fundamental distinguir entre la fe religiosa y las creencias pseudocientíficas. Aunque ambas implican elementos de ritual y confianza en lo intangible, la religión organizada posee estructuras, doctrinas y comunidades establecidas que han evolucionado con el tiempo, mientras que la pseudociencia se caracteriza por su resistencia a la evidencia y la falta de método científico.

Por último, la superación de estas creencias irracionales requiere educación formal, desarrollo del pensamiento crítico y un compromiso con la razón ilustrada. Solo a través de estos medios es posible liberarse del miedo y la ignorancia que alimentan la superstición y la pseudociencia, promoviendo una cultura de conocimiento y esclarecimiento.

¿Qué revela el modelo de gobierno de Trump sobre la fragilidad de la democracia estadounidense?

La posibilidad de que Donald Trump obtuviera un tercer nombramiento en la Corte Suprema desató temores fundados sobre el futuro de los Estados Unidos como referente democrático basado en el pensamiento racional, científico y deliberativo. Las implicaciones eran claras: con una Corte Suprema inclinada ideológicamente hacia la derecha por décadas, los pilares del equilibrio institucional podían quedar socavados. Basta observar la edad promedio de retiro de los jueces supremos (80 años) y notar que, en 2019, Ruth Bader Ginsburg tenía ya 86 años y Stephen Breyer 81, ambos con posturas progresistas. La fragilidad del sistema se exponía no solo por la edad de los jueces, sino por el peligro de una transformación estructural y duradera en la interpretación de la ley constitucional.

El carácter provisional y volátil del gobierno de Trump se evidenció en la rotación constante de funcionarios. En 2019, tres miembros de su gabinete actuaban en calidad de "interinos", lo que evitaba el proceso tradicional de confirmación senatorial exigido por la Constitución. A lo largo de sus primeros tres años de mandato, dieciocho altos funcionarios renunciaron o fueron reemplazados, una cifra que superaba ampliamente los precedentes inmediatos. La justificación presidencial fue reveladora: “Me gusta tener interinos. Me da más flexibilidad.” Esta preferencia no era meramente táctica, sino estructural, un intento por consolidar poder sin las restricciones normativas ni el escrutinio público. Al evitar la confirmación del Senado, se suprimía el debate público y se debilitaba la rendición de cuentas, valores esenciales en cualquier democracia.

La “promesa” de drenar el pantano político no solo no se cumplió, sino que se convirtió en un acto de simulación. Las reformas éticas anunciadas quedaron en papel, mientras que el gasto en cabildeo alcanzó niveles récord durante su administración. Los organismos vinculados al entorno de Trump —su campaña, transición, toma de posesión y hasta sus negocios— estuvieron todos bajo investigación. El informe Mueller, lejos de exonerarlo, identificó diez casos potenciales de obstrucción a la justicia. La estrategia del presidente fue reducir cualquier crítica a una consigna repetida hasta el cansancio: “¡No hubo colusión!” Sin embargo, incluso después de que se documentara la interferencia rusa en las elecciones de 2016, Trump declaró públicamente que aceptaría información de gobiernos extranjeros contra sus oponentes políticos. Lejos de mostrarse arrepentido, parecía validado por la impunidad.

Sus declaraciones televisadas, lejos de desactivar alarmas, generaron inquietud entre expertos en seguridad nacional, quienes advirtieron que tales posturas abrían la puerta a futuras intromisiones extranjeras. Robert Anderson, exdirector asistente del FBI, fue contundente: “No se trata solo de Rusia. Todo servicio de inteligencia hostil está escuchando: China, Irán…” Las consecuencias de esta retórica eran profundas, pues debilitaban no solo la integridad electoral, sino también la soberanía democrática frente a intereses foráneos.

La administración Trump también fue una puerta giratoria de escándalos, renuncias y nombramientos opacos. Varios de sus colaboradores más cercanos fueron condenados penalmente. Aunque el expresidente insistía en que actuaron por cuenta propia, el patrón era evidente: una estructura de poder dispuesta a operar al margen de la legalidad cuando fuese conveniente. Las normas institucionales, en lugar de ser garantes del orden, eran vistas como obstáculos que podían evadirse mediante subterfugios legales o actos unilaterales.

El ascenso de jueces federales y magistrados de la Corte Suprema con perfiles ideológicos rígidos transformó la arquitectura judicial del país. Esta estrategia de control judicial a largo plazo fue complementada por la preferencia presidencial por gobiernos autocráticos. Trump no ocultaba su admiración por líderes autoritarios como Kim Jong Un, a quien elogiaba por su control absoluto. Expresó abiertamente su deseo de que el pueblo estadounidense le mostrara la misma obediencia que los norcoreanos a su dictador. Tales comentarios no eran simples exabruptos, sino síntomas de una visión del poder profundamente contraria al ideal democrático.

La contradicción era flagrante: mientras su administración denunciaba con fuerza a regímenes autoritarios de izquierda en América Latina, simultáneamente tejía vínculos con autócratas de derecha. Esta doble moral revelaba que la defensa de la democracia no era un principio rector, sino una herramienta retórica según la conveniencia ideológica. El liderazgo global de Estados Unidos, basado históricamente en un prestigio moral y el compromiso con la democracia, se vio erosionado. La credibilidad internacional del país sufrió cuando su máximo representante parecía despreciar los mismos valores que históricamente había promovido.

Es fundamental que el lector comprenda que los mecanismos institucionales, aunque sólidos, pueden ser sistemáticamente debilitados desde dentro mediante prácticas que, sin romper del todo las reglas, las vacían de contenido. La democracia no se destruye únicamente con golpes de Estado o leyes represivas; también puede morir de manera lenta, a través de la erosión deliberada de sus principios fundacionales, disfrazada de legalidad, ejecutada con una sonrisa populista y legitimada por la indiferencia o el aplauso de una parte del electorado. La historia enseña que el autoritarismo moderno no siempre llega con uniformes ni tanques, sino con trajes, micrófonos y una narrativa envolvente.

¿Por qué industrias letales continúan operando legalmente a pesar de sus impactos mortales?

La poderosa influencia política y económica de ciertas industrias ha permitido que actividades profundamente dañinas para la salud pública y el medio ambiente persistan, incluso cuando su capacidad de causar muerte y enfermedad está ampliamente documentada. La industria de los combustibles fósiles, por ejemplo, no solo domina la provisión mundial de energía, sino que también ha desplegado durante décadas una estrategia deliberada para ocultar los efectos del cambio climático inducido por el hombre, a pesar del consenso científico internacional y de la evidencia recogida por instituciones como la Organización Mundial de la Salud y el Pentágono. ExxonMobil, entre otras corporaciones, ha mantenido en secreto sus propias investigaciones que advertían sobre el calentamiento global, mientras se financiaban campañas para debilitar acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto. Esta obstrucción intencional contribuye no solo a la crisis ambiental, sino a la pérdida directa de vidas humanas.

Un caso igualmente alarmante es el del tabaco, una industria responsable de casi medio millón de muertes anuales solo en Estados Unidos y de millones más en el mundo. A pesar de que el consumo de tabaco es la principal causa prevenible de enfermedad y muerte, y a pesar de los inmensos costos médicos que genera, su comercialización sigue siendo legal. Más aún, la popularidad creciente del vapeo, especialmente entre jóvenes, introduce nuevos riesgos, como lo demuestran los casos de enfermedades pulmonares y muertes vinculadas a estos dispositivos. La paradoja reside en que mientras se han implementado medidas para prohibir ciertos productos peligrosos —como los sabores en los cigarrillos electrónicos—, la presión política y económica diluye estas acciones, manteniendo un statu quo que prioriza intereses económicos sobre la salud pública.

El tabaco no solo afecta a los fumadores directos sino también a quienes están expuestos al humo de segunda mano, que contiene miles de sustancias químicas tóxicas, muchas de ellas cancerígenas. Este humo es responsable de muertes prematuras y enfermedades en millones de personas no fumadoras. El hecho de que las enfermedades relacionadas con el tabaco generen una enorme carga para los sistemas de salud y para la sociedad en general, sin que se logre una prohibición o control efectivo, refleja la profunda conexión entre la industria tabacalera y la política.

La industria armamentística, particularmente en Estados Unidos, añade otra dimensión a esta problemática. La enmienda constitucional que garantiza el derecho a poseer armas ha sido objeto de interpretación y controversia desde sus orígenes, especialmente en cuanto a la regulación y límites del acceso a armas. La elevada tasa de muertes por armas de fuego en EE.UU. contrasta con la ausencia de reformas contundentes que moderen esta situación, debido en parte a la fuerte influencia política del lobby armamentista. La discusión gira en torno a la tensión entre el derecho individual y la necesidad colectiva de seguridad, pero la realidad palpable es que la falta de controles efectivos contribuye a un alto número de muertes evitables.

Estos ejemplos ilustran cómo industrias con un poder económico y político considerable operan en un ambiente donde la lógica sanitaria y ética queda subordinada a intereses corporativos. La persistencia de estas actividades mortales bajo un marco legal no es casual ni consecuencia de ignorancia, sino de decisiones políticas y económicas que privilegian ganancias por encima del bienestar colectivo. Es fundamental comprender que el daño no es solo ambiental o individual, sino estructural y sistémico, y que su erradicación requiere no solo conciencia pública sino también reformas profundas en la relación entre el poder económico, la política y la salud pública.

Además, es crucial entender que la responsabilidad no recae únicamente en las empresas, sino también en los mecanismos de regulación y en la sociedad que permite o tolera estas dinámicas. El análisis debe incluir cómo se forman y perpetúan los lobbies, cómo se financian campañas políticas, y de qué manera la desinformación y la manipulación mediática contribuyen a mantener estos problemas invisibilizados o minimizados. La interconexión entre diferentes industrias y sus estrategias para influir en políticas públicas evidencia la complejidad del fenómeno y la necesidad de abordajes multidisciplinarios para desentrañarlo y modificarlo.

Finalmente, es indispensable reconocer que los impactos de estas industrias son desiguales y afectan más severamente a comunidades vulnerables, exacerbando las desigualdades sociales y económicas. La justicia ambiental y social debe ser parte integral de cualquier discusión sobre regulación y control de industrias letales, para garantizar que las medidas adoptadas protejan a quienes más sufren las consecuencias de estas prácticas.