La acusación de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Donald Trump en el Senado no culminó en su destitución, reflejando una división estrecha y profunda en el panorama político estadounidense. Sorprendentemente, una voz inesperada surgió tras el proceso: la revista Christianity Today, un medio conservador y defensor de intereses evangélicos, condenó con firmeza el comportamiento del expresidente, calificándolo no solo como una violación constitucional, sino como una inmoralidad profunda. Este llamado a la remoción de Trump y la exhortación a que los votantes evangélicos reconsideraran su apoyo en 2020 representaron un raro punto de luz en un ambiente de polarización y controversia.

La conformidad y la resistencia al cambio se entienden mejor cuando se examinan las condiciones laborales cotidianas de muchas personas. Según Lofgren, la monotonía, el aburrimiento y la rutina en los empleos contribuyen a una asimilación que deriva en complacencia y miedo a desafiar el statu quo. En el entorno político y laboral, muchos prefieren conservar su puesto a costa de callar frente a irregularidades, especialmente aquellos con cargas familiares que necesitan estabilidad. Así, la amenaza de represalias y el riesgo de perder empleo o reputación disuaden a los posibles denunciantes, quienes son objeto de burlas y ataques por parte de las élites en el poder. En el caso de Trump, el propio presidente ridiculizó públicamente al denunciante que originó la investigación de destitución, calificándolo de cobarde y traidor, evidenciando un ambiente hostil hacia quienes se atreven a iluminar la corrupción.

El concepto de un "Estado Profundo" —una estructura oculta y poderosa dentro del aparato estatal que actúa más allá del control democrático— ha sido objeto de debate y escepticismo en Estados Unidos. Investigaciones periodísticas y análisis de expertos han concluido que el país no cuenta con un Estado Profundo similar a los de Egipto o Pakistán, donde redes burocráticas clandestinas socavan gobiernos electos. Muchas filtraciones de información, incluso provenientes del equipo de Trump, no constituyen una conspiración organizada sino expresan tensiones internas y dinámicas normales de control del poder. La narrativa que culpa al "Estado Profundo" de todos los males políticos se interpreta más bien como una estrategia del propio Trump para desviar la atención de sus deficiencias y mala gestión.

Esta instrumentalización política tiene consecuencias graves. Ataques constantes a las instituciones, la negativa a aceptar informes de inteligencia incómodos y la paralización de organismos gubernamentales ponen a los empleados públicos ante un dilema insostenible: someterse y permitir la marginalización de sus instituciones o defenderlas y exponerse a represalias políticas. La polarización y la politización que surgen de estas tensiones minan la capacidad de las agencias para funcionar con eficacia y pierden la confianza pública esencial para su legitimidad y operación. Situaciones similares ocurrieron durante la presidencia de Nixon, cuyo desprecio por las agencias de inteligencia contribuyó a su caída, ejemplificada por el histórico rol del informante “Garganta Profunda”.

Las filtraciones y denuncias durante la presidencia de Trump, incluyendo la que desencadenó el juicio político, reflejan una dinámica compleja donde el término “Estado Profundo” ha sido reconfigurado para señalar a un supuesto bloque liberal opuesto a Trump. Sin embargo, esta etiqueta no es unánime ni aceptada por todos los especialistas, quienes advierten que la realidad estadounidense dista mucho de las intrigas clandestinas de otros países. Más bien, las tensiones se entienden desde la teoría del conflicto sociológico, donde distintos grupos sociales compiten por recursos limitados como el poder y la influencia, y donde las élites buscan perpetuar su dominio a costa de los subordinados.

Es crucial comprender que el fenómeno no se limita a una conspiración oculta, sino que es parte de una lucha abierta y constante dentro de la estructura política y social. Las presiones sobre las instituciones y sus empleados reflejan también las contradicciones inherentes al sistema democrático y a la coexistencia de intereses enfrentados. La erosión de la confianza en las instituciones y la polarización política comprometen no solo la gobernabilidad sino también la cohesión social, generando un círculo vicioso donde la desinformación y la desconfianza alimentan la división.

En este contexto, es fundamental reconocer que la salud de la democracia depende del equilibrio entre el poder político y la autonomía institucional, así como de la valentía de quienes denuncian irregularidades. La protección de los denunciantes y el fortalecimiento de mecanismos transparentes son indispensables para impedir que el miedo y la complacencia se impongan. También es importante entender que el malestar social y político no surge exclusivamente de conspiraciones ocultas, sino de estructuras complejas y dinámicas sociales que requieren análisis profundos y soluciones integrales.

¿Existe realmente un “Estado profundo” en Estados Unidos o es un mito político?

La existencia de múltiples grupos con valores, objetivos y aspiraciones divergentes genera inevitablemente tensiones, fricciones y conflictos dentro de cualquier sistema social. Tal como subraya Lewis Coser, el conflicto no solo separa a los grupos, sino que refuerza su conciencia interna y su identidad colectiva, marcando los límites dentro del sistema. En este contexto, los líderes democráticos están llamados a negociar compromisos que aseguren cohesión social o, al menos, reduzcan los enfrentamientos abiertos. Sin embargo, en Estados Unidos, país que se presenta como exportador del modelo democrático, esta expectativa se ve frecuentemente desafiada. La administración de Donald Trump ilustra de manera clara cómo un líder puede interpretar filtraciones y críticas internas no como advertencias o intentos de influir en la política, sino como ataques personales, creando un ambiente de conflicto institucional abierto en Washington.

Taub y Fisher han analizado este fenómeno y concluyen que lo que se denomina “Estado profundo” no sería tanto una conspiración sombría, sino un conflicto político entre el líder de una nación y sus instituciones gubernamentales. Esta visión, aunque útil, es limitada, ya que ignora las teorías de las élites del poder planteadas por Mills y otros teóricos del conflicto, quienes señalan la interacción entre las estructuras ocultas de poder y los procesos democráticos. La noción de “Estado profundo” podría entenderse, al menos en parte, como un aspecto de estas tensiones internas descritas por dichos teóricos.

Julie Hirschfeld Davis profundiza en el uso del término “Estado profundo” y recuerda que históricamente se ha empleado para describir redes en países como Egipto, Turquía o Pakistán, donde militares y burócratas conspiran en secreto para influir o incluso controlar la política gubernamental. En el caso de Trump, tanto él como su círculo íntimo —en constante reconfiguración— perciben las filtraciones y acusaciones de corrupción como ataques internos de su propio gobierno. Aunque ni Trump ni Steve Bannon utilizaron públicamente el término “Estado profundo” en aquel momento, medios conservadores como Breitbart lo hicieron con frecuencia, amplificando su carga simbólica y generando un relato de conspiración que inflamó a sus bases. Sin embargo, figuras como Michael V. Hayden, exdirector de la CIA, rechazan el término para describir la realidad estadounidense, considerándolo propio de repúblicas con historia de golpes militares y corrupción sistémica.

Loren DeJonge Schulman, exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional, también cuestiona que exista en Estados Unidos un “Estado profundo” operativo al estilo de Turquía o Egipto. Lo que se observa —filtraciones, obstrucciones o interferencias— puede formar parte de la dinámica histórica del poder y no necesariamente de una conspiración organizada. James Jay Carafano, de la Heritage Foundation, va más allá y sugiere que solo podría hablarse de un auténtico “Estado profundo” si existiera evidencia clara de una oposición interna consciente y orquestada por miembros de administraciones anteriores. En ausencia de pruebas, es difícil discernir si se trata de retórica política fuerte o de una realidad estructurada.

John W. Whitehead, en cambio, describe un fenómeno diferente: un “gobierno en la sombra” que opera al margen de cualquier concepto democrático y cuya existencia se remonta a la Guerra Fría. Según Whitehead, este entramado, protegido por el secretismo incluso frente a los representantes electos del Congreso, estaría diseñado para emerger en caso de un evento catastrófico. Su evidencia es el Plan de Continuidad del Gobierno (COG), que contempla la evacuación masiva de las agencias federales y el traslado de personal clave a búnkeres secretos para garantizar la operatividad del Estado tras un ataque devastador. Bajo estas circunstancias, individuos no electos asumirían funciones críticas bajo una emergencia presidencial, con la Constitución y la Carta de Derechos suspendidas y el país sometido a la ley marcial. Durante la administración de Ronald Reagan, por ejemplo, figuras como Dick Cheney y Donald Rumsfeld participaron en ejercicios secretos para ensayar estos escenarios, mientras que tras el 11 de septiembre de 2001 el plan fue reformulado para otorgar carácter permanente a ciertas funciones de gobierno en la sombra, incluyendo instalaciones subterráneas del tamaño de pequeñas ciudades como Mount Weather, en Virginia.

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