El gasto público, en particular el gasto obligatorio, constituye una gran parte del presupuesto federal de los Estados Unidos, lo que limita considerablemente la capacidad del gobierno para manejar desafíos presupuestarios a corto plazo. Aproximadamente el 73% del gasto federal actual está compuesto por gastos obligatorios, un incremento respecto al 47% de los años 70. Estos gastos, que incluyen programas como el Seguro Social, Medicare, Medicaid y el pago de intereses sobre la deuda pública, son considerados "gastos incontrolables" debido a su naturaleza preestablecida y a su falta de flexibilidad para ser reducidos o modificados rápidamente.

El gasto obligatorio deja al gobierno con solo el 27% de su presupuesto bajo control directo, lo que limita su capacidad de actuar ante nuevas crisis económicas sin recurrir a préstamos o recortes significativos en el gasto discrecional, que a su vez afecta a áreas como la defensa, la educación o la salud pública. Esta estructura del gasto, sumada a un contexto político que a menudo no favorece cambios legislativos, explica la tendencia histórica de crecimiento del gasto público, que parece difícil de revertir en el futuro cercano.

Además, el gasto público se clasifica de acuerdo con varios criterios, como el nivel de agregación, el tipo de consumo o inversión, y si es un gasto "en el presupuesto" o "fuera del presupuesto". El gasto en defensa, por ejemplo, representa alrededor del 13% del presupuesto federal, mientras que el gasto no relacionado con la defensa constituye el 87% restante, involucrando áreas como salud, educación y servicios sociales. Durante períodos de guerra, el gasto en defensa puede multiplicarse rápidamente, lo que a su vez influye en el balance general del presupuesto.

Otra distinción importante es entre el gasto de consumo y el gasto de inversión. El primero incluye los bienes y servicios destinados al consumo inmediato, como los programas de asistencia pública o la educación, mientras que el segundo está relacionado con inversiones a largo plazo, tales como el desarrollo de infraestructuras o el capital humano. A pesar de que ambos tipos de gasto contribuyen de manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB), las inversiones en bienes intangibles, como la investigación y el desarrollo, también juegan un papel crucial, aunque su impacto no siempre sea inmediato.

Aparte de estos tipos de clasificación, existe un concepto relevante en el gasto público: los elementos "fuera del presupuesto". Estos son gastos que no siguen el proceso presupuestario normal y que no se reflejan directamente en las cifras del déficit, como los fondos fiduciarios del Seguro Social o el servicio postal. Estos gastos, a pesar de no ser parte del presupuesto tradicional, son parte integral de la economía y pueden influir en la forma en que se gestionan otros aspectos del gasto público.

El crecimiento del gasto público a lo largo del tiempo también merece atención. Desde la Gran Depresión, el gasto federal ha experimentado un aumento significativo, pasando del 5% del PIB en los primeros años del siglo XX al 40% durante la Segunda Guerra Mundial, y alrededor del 20% hacia finales del siglo. En términos absolutos, las salidas federales aumentaron de 525 millones de dólares en 1901 a más de 4 billones en 2018. A pesar de algunas fluctuaciones, esta tendencia sigue en aumento.

Es esencial entender que, si bien gran parte de este crecimiento se ha debido a la expansión de programas obligatorios, las decisiones sobre el futuro del gasto público dependerán de la capacidad del gobierno para adaptarse a las presiones económicas, políticas y sociales. Las reformas en áreas como el Seguro Social o Medicare podrían ser necesarias para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, y cualquier intento de reducir el gasto discrecional puede tener implicaciones profundas en el bienestar de la población.

Además, el aumento del gasto público plantea una cuestión central: la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. A medida que crecen las obligaciones de gasto obligatorio, el margen de maniobra para abordar nuevos retos, como las crisis económicas o los desastres naturales, se ve cada vez más limitado. La capacidad de los gobiernos para realizar grandes inversiones en infraestructura, educación o tecnología dependerá de su habilidad para equilibrar los presupuestos y gestionar los recursos de manera eficiente.

¿Cómo se estructura y aplica un presupuesto estratégico en la gestión pública?

El presupuesto estratégico se basa en una planificación meticulosa que permite medir el desempeño continuamente y ajustar las acciones para cumplir con los objetivos, metas y resultados esperados de una organización. Desde un punto de vista operativo, este tipo de presupuesto se asemeja en su estructura al presupuesto base cero (ZBB, por sus siglas en inglés), dado que las decisiones sobre estrategias y acciones se toman a nivel de unidades estratégicas, semejantes a las unidades decisorias del ZBB. Sin embargo, el presupuesto estratégico se diferencia principalmente por su enfoque a largo plazo, buscando la alineación constante entre las metas institucionales y las acciones presupuestarias.

El desarrollo del conjunto de estrategias es crucial para este proceso, pues la asignación de recursos depende en gran medida de la calidad del análisis previo. Cada unidad estratégica debe fundamentar la selección de sus estrategias con un análisis riguroso de datos relevantes, evaluando la factibilidad y viabilidad considerando los recursos disponibles, el tiempo y las limitaciones inherentes. Esto asegura que las acciones propuestas sean alcanzables y coherentes con la capacidad operativa de la organización.

En la construcción del presupuesto, se identifican las unidades estratégicas, se definen las estrategias y se determinan las acciones apropiadas, siguiendo un método similar al ZBB. Cada unidad puede contar con un conjunto de estrategias, y cada estrategia con múltiples acciones, siempre procurando claridad y flexibilidad. Esta flexibilidad es esencial para adaptarse a posibles cambios en el entorno o en la disponibilidad de recursos, lo que puede incluir la implementación de presupuestos continuos o rodantes que se actualizan periódicamente.

Adicionalmente, es fundamental contemplar planes de contingencia que incluyan medidas para enfrentar problemas previsibles, establecimiento de puntos de alerta que permitan detectar cambios significativos en el desempeño y posibles contramedidas para mitigar riesgos. Estas contingencias no deben ser exhaustivas, pero sí suficientes para cubrir el periodo del plan estratégico y ofrecer alternativas viables.

Un ejemplo ilustrativo es el presupuesto estratégico para la recolección de basura, en el cual se definen claramente la misión de mantener la salud comunitaria, la meta de recoger la basura a tiempo y el objetivo específico de realizar la recolección dos veces por semana durante todo el año. La estrategia adoptada sigue las directrices de la agencia para la recolección semanal, y la acción propuesta es asegurar que el 100% de las recolecciones se lleven a cabo semanalmente. Este ejemplo, aunque simplificado, refleja cómo se deben sincronizar misión, metas y estrategias para optimizar la asignación de recursos y evitar duplicidades.

En organizaciones de mayor escala, la importancia de alinear la misión, los objetivos y las estrategias se vuelve crítica para minimizar conflictos entre distintas unidades y evitar la superposición de programas. La definición clara y la coordinación eficiente de las unidades estratégicas contribuyen a la eficiencia y efectividad de la gestión presupuestaria.

Más allá del presupuesto estratégico, existen otros sistemas presupuestarios relevantes que amplían el enfoque tradicional, como el Sistema de Planificación, Programación y Presupuesto (PPBS), que integra un análisis sistemático de metas, alternativas y resultados, y enfatiza la relación entre programas y objetivos organizacionales mediante métodos como el análisis costo-beneficio. Otros sistemas incluyen el presupuesto basado en resultados, el presupuesto basado en prioridades, y modelos que incorporan la sostenibilidad y la participación ciudadana en la asignación de recursos.

El presupuesto estratégico, en suma, no solo representa una herramienta financiera, sino un marco integral de gestión que requiere una comprensión profunda de la misión institucional, un análisis riguroso y la capacidad para adaptarse a cambios y contingencias, lo que contribuye a una asignación racional, transparente y orientada a resultados. La comprensión del vínculo entre estrategias, objetivos y recursos es esencial para cualquier gestor público o privado que busque optimizar el impacto de sus programas y políticas.

Es importante considerar que el éxito del presupuesto estratégico depende en gran medida de la calidad de la información y del análisis previo, así como del compromiso de los responsables en mantener un proceso dinámico y adaptable. La inclusión de indicadores de desempeño claros, puntos de control y revisión periódica permite detectar desviaciones y actuar con anticipación. Además, la coordinación entre niveles organizativos asegura que los recursos se utilicen de manera congruente con la visión general, evitando conflictos y redundancias.

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