En las semanas previas a las elecciones de 2016, los eventos tomaron un giro inesperado cuando se filtraron correos electrónicos de John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton. Estos mensajes, aunque en su mayoría triviales, contenían detalles sobre discursos privados que Clinton había pronunciado ante grupos exclusivos, hechos que hasta ese momento no habían sido públicos. Este fue un acontecimiento sin precedentes en una elección estadounidense: una filtración masiva de material confidencial, cuyo origen era incierto y cuya veracidad era difícil de verificar.

El día siguiente, mis editores me enviaron a la Torre Trump, donde Donald Trump se encontraba refugiado junto a sus consejeros más cercanos, tratando de evaluar y gestionar las consecuencias del escándalo provocado por la grabación de "Access Hollywood". En su primer reconocimiento público del incidente, Trump afirmó: “Me disculpo si alguien se ofendió.” Defendió sus comentarios, calificándolos como una conversación privada, propia de un vestuario, que había ocurrido años atrás. Afirmó que Bill Clinton había dicho cosas mucho peores en sus encuentros privados de golf. Sin embargo, la presión aumentaba, y, tras el clamor de quienes pedían una disculpa más profunda, Trump grabó un nuevo mensaje en video, donde pidió disculpas pero también prometió abordar las acusaciones contra Bill y Hillary Clinton.

La respuesta de los republicanos fue rápida y furiosa. Muchos de los líderes republicanos que habían mostrado dudas sobre Trump, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se sintieron profundamente incómodos con el comportamiento del candidato. Algunos retiraron su apoyo, otros llegaron a decir que Trump debería ser reemplazado en la boleta electoral. La idea de sustituirlo parecía, sin embargo, una opción complicada, sobre todo a tan solo un mes de las elecciones y con varios estados ya habiendo comenzado a emitir sus votos.

Trump, por su parte, mantenía una postura de desafío. La negativa de mostrar arrepentimiento solo avivaba la indignación. Aunque las cadenas de televisión empezaban a contar las bajas entre los republicanos, Trump encontraba consuelo en su base de apoyo. Decenas de sus seguidores se agruparon frente a la Torre Trump, mostrándole solidaridad. La escena era tensa, pero para Trump, esos seguidores demostraban que, aunque algunos lo abandonaban, su popularidad en la calle seguía intacta.

En Wisconsin, Trump y Paul Ryan protagonizaron un episodio que quedaría grabado en la memoria de la campaña. Ryan, que había declarado estar “consternado” por el contenido de la grabación de "Access Hollywood", canceló su aparición junto a Trump. En su lugar, Mike Pence se presentó en el evento, aunque este también optó por no asistir, reflejando el creciente malestar dentro del Partido Republicano. Cuando Ryan intentó dirigirse al público, sus palabras fueron ahogadas por gritos y aplausos de apoyo a Trump, una clara manifestación de la desconexión entre los líderes del partido y sus votantes.

La campaña de Trump, siempre impredecible, tomó un giro aún más dramático cuando, después de rechazar la idea de una entrevista conjunta con Melania, Trump decidió salir a la calle entre su multitud de seguidores. Este contacto directo con el pueblo le dio una energía renovada. Mientras muchos de sus asesores veían la situación como un golpe fatal para la campaña, Trump encontraba en la multitud la validación que necesitaba.

El fin de semana que siguió a la filtración de la grabación de "Access Hollywood" consolidó en la mente de Trump la percepción de que, a pesar de las críticas de los medios y la élite política, su base de apoyo estaba más fuerte que nunca. Durante las siguientes semanas, Trump seguiría desafiando las normas del discurso político, convencido de que su lucha contra el "correctismo político" y los medios le daría réditos entre los votantes. Al mismo tiempo, su postura frente a las acusaciones de fraude electoral lo consolidaba como un líder dispuesto a enfrentarse incluso a los propios republicanos, a quienes consideraba débiles ante los "enemigos" comunes: los medios y la élite política.

Durante la preparación para el tercer debate, el equipo de Clinton sufrió otra distracción cuando se les advirtió sobre un posible intento de envenenarla por parte de agentes rusos, lo que reflejaba un clima de paranoia creciente en ambas campañas. La tensión de esos días no solo marcaría el futuro de la elección, sino que cambiaría de manera irreparable la política estadounidense y la relación entre los políticos republicanos y sus votantes.

En este contexto, los debates no fueron solo un enfrentamiento entre Clinton y Trump, sino una manifestación palpable de cómo las emociones de la base popular de Trump, alimentadas por el resentimiento hacia las instituciones y la prensa, superaban cualquier tipo de corrección política o convencionalismo. La campaña de Trump evidenció una nueva era en la política estadounidense, donde el rechazo a la corrección política y las normas tradicionales de comportamiento se convirtieron en una fuerza política de primer orden.

La campaña de Trump fue una prueba de fuego para el Partido Republicano. Al final, el comportamiento visceral y las posturas extremas no solo lo mantuvieron en la contienda, sino que le dieron una victoria inesperada, consolidando una división que seguiría marcada por la misma polarización y los mismos desafíos que se verían en las elecciones subsecuentes.

¿Cómo manejó Trump las investigaciones y la limitación de su poder presidencial?

Cuando Robert Mueller fue designado para investigar la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la posible conspiración con la campaña de Trump, el presidente creía que podría manejar la situación como lo había hecho en su carrera empresarial: imponiendo su voluntad. Desde el principio, Trump intentó interferir directamente en la investigación, sugiriendo a su equipo legal que podría hablar con Mueller en persona, un intento que fue rápidamente detenido por sus abogados, quienes entendieron que dicha estrategia sería un desastre para su defensa. El equipo legal de Trump inicialmente pensó que la designación de Mueller era una exageración innecesaria por parte del Departamento de Justicia, pero pronto comprendieron que tendrían que establecer un enfoque para tratar con la investigación, eligiendo finalmente cooperar.

Trump envió señales claras a McGahn, el abogado principal de la Casa Blanca, de que debía hablar con los investigadores de Mueller. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca no pusieron límites en las preguntas que McGahn podría responder, lo que llevó a más de treinta horas de testimonio voluntario en las que McGahn reveló los esfuerzos continuos del presidente para influir en la investigación. Entre las declaraciones más reveladoras se encontraba la exigencia de Trump de que McGahn presionara al Departamento de Justicia para despedir a Mueller, y su actitud hacia el despido de Comey. Durante el transcurso de la investigación, los esfuerzos de Trump para controlar la narrativa se hicieron cada vez más evidentes, lo que sorprendió e inquietó a su propio equipo legal, especialmente cuando se descubrió que McGahn había tomado extensas notas durante su tiempo en la Casa Blanca, algo que Trump siempre había rechazado.

A pesar de que los momentos oscuros de la investigación, como la confesión de culpabilidad de Michael Flynn, crearon una atmósfera de tensión, hubo algunos desarrollos que parecieron dar respiro a los asesores de Trump. La revelación en 2017 de que la campaña de Clinton había financiado el dossier que alegaba una conexión entre Trump y Rusia fue utilizada por los republicanos para alimentar la narrativa de que la investigación era un complot orquestado por los demócratas. Sin embargo, para Trump, el deseo de contener la investigación se encontraba con la intransigencia de su propio Departamento de Justicia. Jeff Sessions, el fiscal general, se negó a ceder ante las presiones de Trump, lo que llevó al presidente a explorar otras formas de influir sobre la situación. Trump, sintiéndose atrapado entre la incesante presión de la investigación y sus propios intereses, se vio cada vez más frustrado.

El 2017 estuvo marcado por una serie de decisiones cuestionables en torno a su capacidad de influir en asuntos judiciales. En su afán por frenar investigaciones y acusaciones, Trump recurrió a una de las facultades más exclusivas de su cargo: el perdón presidencial. Este poder se convirtió en un recurso al que acudió en momentos de creciente ansiedad. Un ejemplo claro fue el perdón otorgado a Joseph Arpaio, el exsheriff de Arizona, conocido por sus políticas agresivas contra los inmigrantes. Aunque sus asesores le advirtieron sobre la polarización política que esto podría generar, Trump procedió a conceder el perdón, un acto que se convertiría en un precedente para otras decisiones similares en su mandato. La decisión de perdonar a Arpaio antes de que fuera sentenciado mostró no solo la capacidad de Trump de usar su poder sin restricciones, sino también la estrategia política de un presidente que a menudo priorizaba la lealtad y la base de apoyo sobre la prudencia judicial.

El uso del perdón presidencial por parte de Trump es un ejemplo de cómo sus esfuerzos por controlar las investigaciones y limitar su propio poder se entrelazaban con sus intereses políticos y su concepto de lealtad. En muchos casos, el uso de este poder no solo fue un acto de clemencia, sino una declaración pública de que Trump estaba dispuesto a emplear todos los medios a su disposición para proteger su presidencia y su legado.

Es importante que el lector entienda que la administración Trump mostró una visión pragmática y, a menudo, confrontativa del ejercicio del poder. Si bien muchas de sus decisiones fueron vistas como intentos de manipular el sistema judicial y las investigaciones, también reflejaron una interpretación del mandato presidencial centrada en la autonomía y en la capacidad de decidir sin intervención externa. La pregunta que subyace a todo este contexto es cómo un presidente puede equilibrar la gestión de su poder con los límites impuestos por la ley, y cómo esos límites, o la falta de ellos, pueden definir su relación con las instituciones del Estado y con la opinión pública.

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