Tras la inauguración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en 2017, varios científicos mexicanos de renombre advirtieron en la revista Science que la negativa del gobierno hacia los mexicanos podría tener repercusiones no solo en el ámbito social, sino también en el mundo académico de la ciencia. En su carta, solicitaban soluciones constructivas en lugar de prohibiciones de viaje, "para proteger nuestros esfuerzos científicos conjuntos" y "defender la libertad académica". Este breve comunicado reafirmaba la visión internacionalista de la ciencia, señalando que la colaboración entre Estados Unidos y México representaba una tercera parte de más de 100,000 artículos académicos coescritos por mexicanos con colegas extranjeros desde la década de 1940.

El escepticismo del presidente Trump sobre el cambio climático antropogénico hizo que muchos se preguntaran si su administración adoptaría posturas hostiles hacia la ciencia. Los eventos posteriores a su inauguración incrementaron esas inquietudes: la cuenta de Twitter de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) permaneció desatendida durante un mes, lo que culminó con el nombramiento de Scott Pruitt, un crítico abierto del cambio climático causado por el ser humano. Ante este panorama, surgieron cuentas "rebeldes" en Twitter que representaban otras organizaciones gubernamentales como el Departamento del Interior y la NASA, pretendiendo ser la voz de los científicos preocupados dentro de ellas. Varios científicos, alarmados por el destino de los datos climáticos en la nueva administración, comenzaron el trabajo de "rescatar datos", intentando encontrar servidores donde se almacenara la vasta cantidad de datos climáticos generados por agencias como la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Aunque parezca que la administración Trump se disponía a ignorar los consejos científicos, en realidad los eventos reflejan una serie de tensiones históricas que existen dentro de la ciencia estadounidense contemporánea, marcadas por la dependencia del patrocinio federal y los constantes conflictos sobre el acceso a la ciencia. Esta problemática no es nueva y no desaparecerá una vez que Trump deje la Casa Blanca. Los temores expresados por Lazcano y otros científicos al respecto subrayan la facilidad con que las políticas gubernamentales pueden restringir el acceso a colaboraciones, datos y asociaciones científicas. Las acciones de los llamados científicos "rebeldes" —que quebrantaron las reglas para hablar sobre el cambio climático mientras el resto del gobierno guardaba silencio— nos recuerdan que la experiencia científica, los datos y las actividades pueden quedar atrapados en los pasillos cerrados de las instituciones. Las apelaciones a la cooperación internacional y a la libertad académica son estrategias de largo alcance entre los científicos que navegan dentro del peculiar contexto del financiamiento científico federal, donde el patrón determina cuándo se levantan o se bajan los muros de acceso.

La ciencia ambiental se ve particularmente afectada por este problema de acceso, ya que no se ajusta a la justificación tradicional para el financiamiento científico. En los Estados Unidos, el patrocinio a la ciencia está orientado hacia el modelo lineal, que imagina un progreso entre la "investigación básica" —es decir, el trabajo científico sin interferencia política— y las aplicaciones tecnológicas y el crecimiento económico. Este modelo, expresado en el famoso informe Science: The Endless Frontier de Vannevar Bush en 1945, se ha mantenido como un pilar fundamental para la ciencia financiada por el gobierno federal. Sin embargo, este enfoque entra en conflicto con hallazgos científicos relacionados con problemas de salud y medio ambiente, los cuales suelen señalar las consecuencias negativas de las mismas aplicaciones tecnológicas que el modelo justifica. Paul Sears, un ecólogo destacado, describió la ecología como un campo "subversivo" precisamente porque, al estudiar la interacción de los seres humanos con los ecosistemas, proporciona una crítica constante a las actividades humanas.

A pesar de financiar una enorme cantidad de ciencia relacionada con temas ambientales, no existe garantía alguna de que el público general tenga acceso a esos datos. Cuando los resultados científicos entran en conflicto con las opiniones de un político, especialmente de un presidente, resulta relativamente fácil bloquear el acceso a los grandes volúmenes de datos financiados por los ciudadanos a lo largo de las últimas décadas. Este fenómeno no es exclusivo del presente, sino que refleja una práctica que se ha venido gestando desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el poder de separar los resultados científicos financiados con fondos públicos del público ha sido una prerrogativa del gobierno federal. En este sentido, los "muros" entre la ciencia y la ciudadanía no son un producto reciente de la administración Trump, sino que representan una tradición institucionalizada.

Históricamente, la principal justificación para separar los resultados de la ciencia financiada con dinero de los impuestos de la ciudadanía del público ha sido la seguridad nacional. Muchos de los datos climáticos recopilados por la NOAA y la NASA en las últimas décadas fueron inicialmente recolectados con fines militares o de inteligencia, no para estudiar el cambio climático. Durante la Guerra Fría y después de ella, el gobierno de los Estados Unidos, y especialmente sus fuerzas armadas, fueron los mayores empleadores de científicos y las organizaciones científicas mejor financiadas y capacitadas del mundo. La investigación sobre el clima que hoy preocupa a los científicos fue en su mayoría realizada bajo la sombrilla de proyectos militares.

Cuando la Guerra Fría terminó, se vivió un momento político eufórico en el que se valoraba la apertura, lo que llevó a que el vicepresidente Al Gore y el director de la CIA, Robert M. Gates, convocaran a los científicos más destacados para evaluar qué datos podrían desclasificarse para ampliar el conocimiento científico sobre los procesos ambientales. Este esfuerzo, conocido como el programa Medea, permitió liberar ciertos datos que antes estaban restringidos, abriendo nuevas puertas para los estudios científicos en un contexto de cooperación internacional.

El acceso a la ciencia, especialmente en el campo de la ecología y las ciencias ambientales, sigue siendo un tema crucial que afecta no solo a los científicos, sino también a las sociedades en su conjunto. Entender los límites impuestos a la información científica y los procesos históricos que han llevado a la creación de estos muros es fundamental para comprender la evolución de la ciencia en la política estadounidense y el papel que juega en la construcción de un futuro sostenible.

¿Cómo el acceso restringido a los datos científicos afecta nuestra comprensión del cambio climático?

A lo largo de la Guerra Fría, la ciencia más crucial para comprender fenómenos globales, como el cambio climático, fue creada tras puertas cerradas y mantenida bajo estricta clasificación. A pesar de los intentos de desclasificar ciertos datos para el bien público, este proceso nunca ha sido sencillo ni transparente. El acceso a datos científicos, especialmente aquellos relacionados con los océanos y el clima, ha estado bajo el control de instituciones que gestionan tanto los intereses militares como los industriales. Esto ha permitido que ciertos actores, como agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tengan un control exclusivo sobre información vital que podría haber acelerado el entendimiento y la mitigación del cambio climático.

Un ejemplo claro de cómo este acceso limitado a los datos científicos puede afectar el conocimiento global es el programa Medea, que permitió la desclasificación de datos sobre la altimetría geodésica satelital (GEOSAT) y medidas de profundidad, temperatura y salinidad de los océanos obtenidas por submarinos a lo largo de varias décadas. Estos datos, que anteriormente estaban reservados para fines militares, ahora son fundamentales para comprender las dinámicas del clima. Sin embargo, el acceso a esta información no fue simple; solo un pequeño número de científicos pudo acceder a estos datos después de obtener las autorizaciones correspondientes. La desclasificación de información bajo programas como Medea fue un "éxito silencioso", pero subraya cómo los intereses de seguridad nacional pueden determinar el ritmo del progreso científico, limitando las posibilidades de colaboración abierta entre científicos.

Históricamente, el acceso a los datos oceanográficos ha sido un obstáculo para el desarrollo de teorías científicas fundamentales, como la tectónica de placas. A mediados de la década de 1960, las teorías sobre la expansión del fondo oceánico y la deriva continental fueron recibidas con escepticismo, especialmente en la Unión Soviética, en gran parte debido a la falta de acceso a los datos clasificados sobre el fondo marino. Estos datos, recopilados por científicos militares, fueron compartidos de manera restringida, a menudo en el contexto de colaboraciones internacionales que no reflejaban una verdadera apertura. Aunque algunos científicos afirmaban que mantenían una "reputación internacional" y defendían la colaboración científica, en la práctica, se solicitaba permiso a las autoridades gubernamentales antes de publicar cualquier hallazgo.

Por otro lado, los científicos en posiciones privilegiadas temían perder su acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo su investigación, lo que les llevaba a evitar temas políticos que pudieran poner en riesgo su carrera. La figura del científico "objetivo", como en el caso de Roger Revelle, oceanógrafo y asesor científico, es un ejemplo de cómo algunos investigadores preferían mantenerse alejados de la política para preservar sus oportunidades de investigación y su estatus dentro de la comunidad científica. Revelle se mostró reticente a unirse a movimientos políticos, pues consideraba que su influencia era más efectiva cuando se mantenía neutral. Sin embargo, su postura también reflejaba la tensión entre la ciencia y los intereses nacionales, como cuando defendió la libertad de investigación oceanográfica frente a las políticas de expansión territorial de los Estados Unidos.

La experiencia de científicos prominentes como J. Robert Oppenheimer, cuyo acceso a datos sensibles fue restringido debido a sus posturas políticas, subraya cómo la política y la ciencia a menudo se entrelazan de manera compleja. Oppenheimer, quien fue despojado de su autorización de seguridad en la década de 1950, se convirtió en un ejemplo de las consecuencias que enfrentan los científicos que traspasan ciertos límites. Su caso refleja la vulnerabilidad de los investigadores cuando sus descubrimientos o posturas desafían los intereses de seguridad nacional.

A lo largo de los años, los científicos del gobierno han intentado comunicarse directamente con el público, pero se han encontrado con la resistencia de las estructuras burocráticas, especialmente cuando sus investigaciones contradecían las políticas gubernamentales. En la década de 1980, durante la presidencia de Ronald Reagan, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) fue desfinanciada como parte de un esfuerzo por debilitar la capacidad del gobierno para regular el medio ambiente. Este tipo de censura y control gubernamental sobre la ciencia refleja cómo los intereses políticos y económicos pueden influir directamente en el progreso del conocimiento científico.

Es crucial comprender que el control de los datos científicos no solo limita el acceso de los investigadores a la información, sino que también crea un ambiente de desconfianza y desinformación. La opacidad con la que se gestionan muchos de estos datos afecta la transparencia en la investigación científica y, por ende, las decisiones políticas relacionadas con el cambio climático. Los ciudadanos deben ser conscientes de cómo los intereses de seguridad nacional y las políticas gubernamentales pueden afectar la calidad y el alcance de la ciencia que se comparte con el público. El cambio climático es un fenómeno global que requiere una cooperación internacional abierta y honesta, pero esta transparencia sigue siendo limitada por estructuras de poder que a menudo priorizan la seguridad y los intereses políticos por encima de la necesidad urgente de comprender y abordar los desafíos climáticos.

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