La política migratoria estadounidense ha sido tradicionalmente un campo de tensiones, conflictos y contradicciones, en el cual se han implementado leyes y acciones que han marginado a los inmigrantes y a aquellos considerados “otros”. Sin embargo, bajo la administración de Donald Trump, estas tensiones no solo se intensificaron, sino que adquirieron una forma cualitativamente distinta, revelando una particular “biopolítica” que redefinió las fronteras de la nación y su trato hacia los inmigrantes.

El enfoque de Trump sobre la inmigración y las políticas de frontera fue marcado por una retórica de exclusión y seguridad que contradecía profundamente los valores democráticos en los que se cimenta la narrativa oficial estadounidense. A través de discursos que no solo descalificaban a los inmigrantes, sino que también los presentaban como amenazas existenciales para la nación, el gobierno de Trump propició un ambiente donde la ley dejó de ser una herramienta de protección y justicia para convertirse en una técnica de control y represión de cuerpos “no deseados”.

El uso de la ley y el orden no solo se aplicó a los inmigrantes ilegales, sino también a aquellos que defendían sus derechos. Las medidas como la separación de familias, la construcción del muro en la frontera con México y el endurecimiento de las políticas de asilo, reflejaron una lógica de segregación más allá de la simple criminalización. Estas acciones, lejos de ser simplemente represivas, implicaban una reconfiguración de lo que significaba pertenecer a la nación.

La administración Trump también favoreció una política de "sacrificio" donde el bienestar de los inmigrantes se subordinaba a los intereses de una ideología supremacista blanca y una economía centrada en el capital. En este sentido, las medidas migratorias fueron una manifestación de una biopolítica que intentaba regular quién merece vivir, quién merece morir, y quién merece ser parte de la comunidad nacional.

Además, el enfoque de Trump no solo se limitó a una dureza administrativa. Fue acompañado por una ideología que promovía el “libertarismo” económico y la reactivación de la economía a través de la explotación de mano de obra migrante, mientras desechaba cualquier noción de justicia social o dignidad humana. La retórica de la administración sostenía que los inmigrantes indocumentados eran un obstáculo para el “desarrollo” de la nación, ignorando completamente el hecho de que la mayoría de ellos desempeñaban trabajos esenciales, como en el sector agrícola y de la salud, que en realidad sostenían la economía misma.

De manera interesante, el debate sobre la inmigración también se vio reflejado en la respuesta a la crisis del COVID-19. Mientras que el gobierno de Trump minimizaba las consecuencias de la pandemia y promovía la reactivación económica a toda costa, los trabajadores migrantes fueron quienes en muchos casos sufrieron más duramente, enfrentándose a condiciones de trabajo precarias, falta de acceso a servicios médicos y la estigmatización pública de ser "portadores" del virus.

Este manejo de la pandemia desde una perspectiva económica también revela un componente de la biopolítica trumpista, que reduce la vida humana a una cuestión de rentabilidad. Los inmigrantes, al igual que otros grupos vulnerables, se vieron expuestos a una crisis sanitaria y económica sin precedentes, donde su vida no tenía un valor intrínseco, sino que era vista principalmente en términos de productividad.

Además, la noción de "hermandad nacional", que tradicionalmente unía a la ciudadanía en torno a ideales de libertad y oportunidad, se desmoronó bajo la administración Trump. El aprecio por la vida humana, en sus más diversas manifestaciones, se diluyó en favor de un proyecto nacionalista que priorizaba la exclusión y el control social por encima de cualquier otra consideración ética o moral.

Es importante reconocer que, si bien las políticas migratorias de Trump fueron radicales, sus efectos han tenido una continuidad que supera la administración misma. Las semillas de esta política de control biopolítico continúan presentes, no solo en la estructura migratoria, sino también en el modo en que las poblaciones vulnerables son tratadas por el sistema. De esta manera, los impactos del gobierno de Trump en la política migratoria continúan moldeando la política estadounidense, más allá de los gestos simbólicos que marcaron el fin de su mandato.

Al leer sobre la política migratoria bajo Trump, resulta crucial entender que la biopolítica no es solo una cuestión de leyes y regulaciones. Se trata de una manera de conceptualizar la vida humana, donde ciertos cuerpos son considerados valiosos mientras que otros son descartados o explotados. Es un marco conceptual que va más allá de las fronteras físicas y se internaliza en las políticas públicas, las prácticas sociales y las narrativas nacionales.

¿Cómo ha afectado la transformación económica de Estados Unidos a los trabajadores y al sindicalismo?

La transformación económica de Estados Unidos, particularmente durante la presidencia de Donald Trump, refleja una serie de dinámicas que han afectado a los trabajadores y al sindicalismo en formas complejas. A pesar de que Trump comenzó su campaña con un mensaje de apoyo a la clase trabajadora, su presidencia estuvo marcada por políticas que, en su mayoría, favorecieron a los intereses empresariales y redujeron las protecciones para los trabajadores.

Trump se presentó como un defensor de los trabajadores descontentos, en especial de los obreros industriales blancos, cuya situación económica se había deteriorado debido a la desindustrialización y a la globalización. Utilizó un lenguaje similar al de Bernie Sanders, el senador de Vermont, que había denunciado el declive económico de la clase trabajadora estadounidense. Sin embargo, mientras Sanders abogaba por la movilización democrática para implementar reformas económicas progresistas, Trump adoptó un enfoque autoritario, prometiendo que solo él podía traer el cambio y utilizando los poderes presidenciales para desafiar acuerdos internacionales y eliminar inmigrantes. Esto reflejaba una visión donde la intervención del gobierno debía ser decisiva, aunque de forma unilateral y sin considerar la colaboración política ni las necesidades de los trabajadores migrantes o de color.

Al llegar a la Casa Blanca, Trump pronto mostró que, aunque continuaba hablando a favor de los trabajadores, sus políticas favorecían a los intereses conservadores y las grandes corporaciones. Nombró a jueces como Neil Gorsuch para la Corte Suprema, quienes representaban una postura anti-sindical, y recortó impuestos a los más ricos, lo que resultó en una reducción de las regulaciones laborales implementadas por Obama. Además, su administración favoreció la contratación de individuos ligados a los intereses empresariales, como Eugene Scalia, hijo de un defensor de la Ley Laboral de los años 30, quien fue designado secretario del Trabajo. Estas acciones desmantelaron muchas de las protecciones laborales que los trabajadores habían ganado durante décadas de lucha.

La situación de los trabajadores empeoró aún más con la mala gestión de la pandemia de COVID-19 por parte de la administración Trump, lo que acentuó las desigualdades ya existentes. Sin embargo, a pesar de estas políticas, hubo un notable resurgimiento de los movimientos sindicales. Durante el mandato de Trump, se registraron cifras récord de huelgas y movilizaciones laborales, especialmente a nivel estatal, con incrementos salariales en estados tradicionalmente conservadores y la derrota de leyes que debilitaban el derecho a sindicalizarse.

La campaña presidencial de 2020 fue testigo de una polarización aún mayor. Trump, sin un historial favorable para los trabajadores, centró su mensaje en la ley y el orden, mientras que su rival, Joe Biden, promovió una agenda que fortalecía los sindicatos y proponía empleos en infraestructura y energías limpias. A través de movilizaciones sindicales y contribuciones de millones de dólares de organizaciones como el SEIU, los trabajadores fueron cruciales para la victoria de Biden, quien obtuvo el mayor número de votos de cualquier candidato presidencial en la historia de Estados Unidos. Esta elección reflejó el deseo de la población por una reforma económica real, especialmente por parte de quienes sentían que las promesas de Trump habían quedado en nada.

Desde el New Deal hasta la desindustrialización, el panorama económico de los trabajadores ha cambiado drásticamente. Los trabajadores de la posguerra, como Donald Trump, crecieron bajo una cultura que consideraba que un empleo en el sector manufacturero podría ser la clave para alcanzar la clase media. Las reformas del New Deal, como la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 y la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, crearon un sistema que otorgaba a los trabajadores el derecho a formar sindicatos y a negociar colectivamente, al mismo tiempo que establecía estándares laborales básicos como la jornada de 40 horas y el pago por horas extras. Sin embargo, estos avances no fueron equitativos para todos, ya que excluían a trabajadores de sectores como la agricultura y el trabajo doméstico.

A medida que los sindicatos fueron ganando fuerza, especialmente en el sector público, la desindustrialización de los años 60 y 70 comenzó a afectar gravemente al sector privado. Las fábricas se trasladaron al extranjero y la economía estadounidense pasó de ser industrial a una economía más dependiente de los servicios. Este cambio estructural redujo la presencia de los sindicatos en el sector privado, aunque la sindicalización creció en el sector público. Sin embargo, a pesar de los avances de los sindicatos públicos, el debilitamiento del poder de los sindicatos en el sector privado marcó el comienzo de una nueva era de desigualdad económica que, en muchos aspectos, perdura hasta el día de hoy.

Además, es esencial comprender que los movimientos laborales no son homogéneos y han estado marcados por luchas internas relacionadas con el racismo, el sexismo y la resistencia a la integración. En su apogeo, los sindicatos industriales a menudo no incluyeron a los trabajadores no industriales o a los trabajadores de color en sus luchas. Esta división racial y de clase ha sido una de las barreras más persistentes para una movilización laboral unificada y sigue siendo un desafío para los movimientos laborales en la actualidad.

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