ALEC, o el Consejo Legislativo Estadounidense para el Intercambio de Políticas, ha jugado un papel fundamental en el ámbito legislativo de los estados de EE. UU., especialmente en aquellos con legisladores que carecen de los recursos necesarios para hacer frente a la vasta cantidad de proyectos de ley que deben abordar anualmente. Desde su fundación, ALEC ha ofrecido servicios de investigación y asesoría, convirtiéndose en un recurso esencial para los legisladores que, en muchos casos, no cuentan con el personal suficiente para procesar la ingente cantidad de información legislativa.

Uno de los aspectos clave de ALEC es su capacidad para responder rápidamente a las solicitudes de investigación de los legisladores estatales, proporcionando informes detallados sobre proyectos de ley y propuestas políticas. Según publicaciones, ALEC respondía entre 100 y 200 solicitudes de investigación al mes, ofreciendo asesoramiento en cuestión de horas. Esta rapidez y eficiencia le ha permitido posicionarse como la primera y última llamada para muchos legisladores cuando se trata de investigaciones políticas. Además, ALEC no solo ofrece información, sino que también pone a disposición de los legisladores a expertos dispuestos a testificar a favor o en contra de proyectos de ley durante las audiencias legislativas, lo que le otorga una influencia significativa sobre las decisiones políticas.

Otro punto de gran relevancia es que ALEC organiza eventos anuales donde se presentan temas de política pública y se generan espacios para que los miembros del consejo puedan interactuar con expertos y otros legisladores. Estos encuentros se convierten en oportunidades clave para discutir temas complejos, como reformas fiscales, pensiones públicas o desarrollo económico, a menudo con la participación de economistas y representantes de think tanks. Además, los nuevos miembros del ALEC reciben orientación especial sobre cómo abordar los principales problemas legislativos que enfrentarán a lo largo de su carrera.

El contexto en el que ALEC opera es esencial para comprender su impacto. La mayoría de los legisladores estatales no son políticos a tiempo completo, y muchos carecen de personal de apoyo. En algunos estados, la falta de recursos humanos es tan pronunciada que los legisladores se ven desbordados por la cantidad de proyectos de ley que deben revisar. En este sentido, ALEC proporciona un servicio crucial: asistir a los legisladores con personal capacitado que se encargue de leer, analizar y proporcionar informes sobre los proyectos de ley. Este apoyo, que en su inicio costaba unos 4,000 dólares (alrededor de 11,000 dólares actuales), se presenta como una herramienta indispensable para aquellos que no pueden permitirse una infraestructura legislativa propia.

La capacidad de ALEC para ofrecer asesoría técnica especializada también radica en su habilidad para conectar a los legisladores con otros miembros de ALEC de distintos estados que han patrocinado leyes similares. Esta red de contactos y apoyo mutuo facilita la circulación de ideas y estrategias legislativas, lo que contribuye a la efectividad de las políticas promovidas por el consejo. Además, ALEC juega un papel importante al ofrecer un marco de colaboración que no solo beneficia a los legisladores, sino también a las empresas que se alinean con sus políticas. Estas interacciones entre el sector público y privado son uno de los pilares de la influencia de ALEC en el ámbito estatal.

No es un secreto que ALEC ha sido objeto de críticas, especialmente por su estrecha relación con empresas que buscan influir en las políticas públicas. Grupos como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y Defensores de la Vida Silvestre han señalado cómo ALEC explota las debilidades de los legisladores estatales, como la falta de personal y el ritmo frenético de las sesiones legislativas. Según sus críticos, ALEC no solo influye en la formulación de leyes sino que también define las soluciones a muchos de los problemas estatales, especialmente aquellos relacionados con políticas fiscales y medioambientales. A pesar de estas críticas, el alcance de su influencia no puede ser subestimado, dado que ALEC sigue siendo un actor clave en la elaboración de políticas a nivel estatal.

El éxito de ALEC también se debe a su habilidad para atraer a los legisladores mediante eventos de networking que incluyen desde torneos de golf hasta cenas de gala. Estos eventos proporcionan un ambiente relajado y de colaboración en el que los legisladores pueden estrechar relaciones con representantes de grandes empresas, creando vínculos que van más allá de lo legislativo. Estos encuentros no solo ofrecen oportunidades de aprendizaje, sino que también son espacios donde los intereses corporativos tienen la oportunidad de conectar directamente con los encargados de crear las leyes.

Es importante resaltar que el modelo de ALEC no solo se basa en la oferta de investigaciones y billes modelo, sino también en una estrategia de apoyo a los legisladores mediante la creación de redes de colaboración y el acceso a recursos que de otro modo estarían fuera de su alcance. Además de los eventos de alto nivel, los informes detallados y la asesoría directa, ALEC ha logrado construir un ecosistema que le permite tener un impacto duradero en las políticas estatales. Para comprender la magnitud de su influencia, no basta con ver sus servicios como simples recursos; hay que entender cómo estos servicios permiten a los intereses corporativos y a los legisladores estatales alinear sus objetivos y facilitar la creación de leyes que reflejan estos intereses.

¿Por qué los esfuerzos de la izquierda para contrarrestar a la troika han fracasado?

Los sindicatos de empleados públicos, a diferencia de sus contrapartes del sector privado, podrían haberse convertido en aliados confiables y poderosos en el apoyo de aumentos de impuestos y expansiones de programas sociales. En este sentido, un análisis del sindicato de maestros de Wisconsin ilustra cómo este grupo ha dedicado una cantidad significativa de esfuerzo en cabildeo hacia políticas no relacionadas directamente con la educación. De hecho, entre 1999 y 2016, aproximadamente el 48% de los esfuerzos de cabildeo del sindicato de maestros de Wisconsin fueron dirigidos a cuestiones educativas, mientras que el resto se concentró en asuntos más amplios relacionados con el sector público, el gobierno local, el presupuesto, los impuestos y la salud, temas de relevancia para muchas otras comunidades liberales.

Los sindicatos públicos, con su influencia a nivel estatal y una agenda legislativa amplia, parecían estar en una posición ideal para contrarrestar la influencia de la troika de la derecha. Además, con algunos de los fondos más profundos del movimiento laboral, los sindicatos públicos también tenían el potencial de financiar generosamente otros esfuerzos liberales a nivel estatal. No obstante, esta red estaba lejos de ser completa, dado que la fuerza de los sindicatos públicos en algunos estados, especialmente en el sur y suroeste, era mucho más débil que en los estados del oeste, noreste o medio Atlántico. Estas limitaciones geográficas en el poder de los sindicatos públicos significaban que nunca podrían alcanzar la extensión de poder de la troika en estados rojos, azules y morados por igual.

Además, los sindicatos públicos han estado a la defensiva en muchos estados debido a los esfuerzos de la troika, como se evidenció en el capítulo anterior. La membresía en los sindicatos del sector público disminuyó en 37 estados entre 1996 y 2016, con una caída promedio de aproximadamente cuatro puntos porcentuales en esos estados. De manera significativa, 15 estados experimentaron caídas de al menos cinco puntos porcentuales, y 4 estados vieron reducciones de al menos diez puntos porcentuales. Al analizar los gastos políticos de los sindicatos de maestros a nivel estatal, encontramos que en 27 estados, los sindicatos de maestros gastaron menos en política estatal y local entre 2007 y 2016 que entre 2000 y 2006. Estos descensos, independientemente de los esfuerzos a nivel estatal de la troika, probablemente se acelerarán a raíz de la decisión de la Corte Suprema de 2018 en el caso Janus v. AFSCME, que permitió a todos los empleados públicos optar por no pagar cuotas sindicales, incluso cuando los sindicatos debían representarlos y negociar en su nombre. Esta decisión extendió la legislación del derecho al trabajo a todos los empleados del sector público, incluso en estados como Nueva York y California, que previamente no lo tenían.

Inmediatamente después del fallo en el caso Janus, la Asociación Nacional de Educación (NEA) proyectó una gran disminución en sus ingresos y membresía durante los próximos años. A partir de 2018, parecía que el movimiento sindical del sector público, especialmente el de los maestros, podría estar alcanzando un punto de quiebre. Ante la caída de sus salarios y condiciones de trabajo, a menudo como resultado de los recortes en impuestos y el gasto en educación respaldados por la troika, los maestros en estados como Arizona, Colorado, Kentucky, Oklahoma, Carolina del Norte y Virginia Occidental se declararon en huelga. Es impresionante que en la mayoría de estos estados las huelgas sean ilegales, con la amenaza de severas multas y la pérdida de licencias de enseñanza. Sin embargo, lo más notable es que estas huelgas parecen estar funcionando: los gobiernos republicanos en esos estados ahora están aprobando aumentos en los salarios y en el gasto educativo. A pesar de ello, estas huelgas aún no han logrado asegurar derechos legales más amplios para los maestros, y los desafíos generales que enfrenta el movimiento siguen siendo considerables.

En resumen, el movimiento sindical, al menos en su estado actual, no puede considerarse una alternativa viable a la troika ni en el sector público ni en el privado. Los sindicatos públicos nunca gozaron de la misma proyección de poder a través de los estados como AFP, ALEC o SPN, incluso en el apogeo de los sindicatos del sector público. Sin embargo, esto podría cambiar si los maestros logran aprovechar el impulso de las huelgas recientes para presionar por reformas institucionales más amplias a nivel estatal, aunque no es seguro que esto ocurra.

Por otro lado, los esfuerzos de la izquierda para construir estructuras de poder comparables a las de la troika en el ámbito estatal han fracasado repetidamente. Uno de los primeros intentos fue la creación en 1975 de la Conferencia Nacional de Políticas Alternativas Estatales y Locales (CASLP). Esta iniciativa tenía como objetivo proporcionar un foro para el intercambio de ideas, propuestas y proyectos de ley entre funcionarios locales y estatales, similar a lo que hace ALEC, pero orientado a la izquierda. CASLP recibió un apoyo moderado del Instituto para Estudios Políticos, un centro de pensamiento de izquierda en Washington D.C., pero nunca logró alcanzar el nivel de influencia de su contraparte conservadora.

A pesar de la alta demanda inicial de los legisladores por su modelo de bill de políticas, CASLP se desintegró a finales de los años 80, en gran parte debido a la falta constante de financiamiento. Incluso cuando algunos de sus miembros intentaron revivir la iniciativa en los años 90 con el Centro para Alternativas Políticas (CPA), este esfuerzo también decayó, ya que los principales financiadores se enfocaron más en la formación de líderes que en la elaboración de propuestas legislativas. Estos fracasos reflejan una de las razones clave por las cuales la izquierda ha luchado por crear una infraestructura robusta comparable a la de la troika de la derecha.

El análisis de estos fracasos subraya la importancia de comprender no solo las dinámicas de poder políticas, sino también las estructuras de financiamiento y apoyo organizacional. La falta de una infraestructura de base sólida y la dependencia de recursos limitados han sido obstáculos recurrentes para los esfuerzos progresistas a nivel estatal. En este contexto, la ausencia de un modelo claro de alianzas entre diversos grupos de izquierda, como lo demuestra la caída de CASLP y CPA, resalta la necesidad de que la izquierda reconsidere sus estrategias organizativas y busque formas más efectivas de cooperación y movilización a largo plazo.

¿Cómo la Preempción Estatal Desafía los Esfuerzos Progresistas en las Ciudades?

En 2017, 62 ciudades estaban bajo la administración de alcaldes demócratas, mientras que solo 29 estaban gobernadas por republicanos. Esta tendencia reflejaba un cambio significativo hacia el poder progresista en los centros urbanos, un fenómeno que fue destacado por la revista liberal The Nation. Según esta publicación, la era del liberalismo en las grandes ciudades acababa de comenzar, incluso en un contexto en el que la derecha controlaba la mayoría de los gobiernos estatales y federales. Los progresistas, afirmaban, estaban tomando el control de las ciudades, desafiando así las políticas de los conservadores.

Una de las áreas políticas donde los progresistas han utilizado esta influencia urbana es el aumento del salario mínimo. Durante décadas, el Congreso aprobó consistentemente leyes que aumentaban el salario mínimo para que su valor se ajustara, o incluso superara, los índices de inflación. En las décadas de 1960 y 1970, el salario mínimo federal promedio superaba los 9 dólares por hora (ajustado a los valores de 2016). Sin embargo, en los años 80, la creciente resistencia del Partido Republicano dificultó cada vez más la aprobación de aumentos al salario mínimo a nivel federal, lo que resultó en una disminución de su valor, que pasó a ser de algo menos de 8 dólares en la década de 1990 y se mantuvo estancado en 7.25 dólares por hora durante años.

Este estancamiento, sumado al control total del Partido Republicano sobre el Congreso y la Casa Blanca durante la redacción de este texto, hacía improbable un cambio en la legislación federal. Ante esta parálisis, los activistas progresistas centraron sus esfuerzos en las ciudades controladas por los demócratas, buscando que estas incrementaran su salario mínimo de manera independiente. El movimiento Fight for $15, iniciado en 2012 por trabajadores de bajos salarios en la industria de comida rápida, atención domiciliaria y otros sectores de servicios, representó un impulso importante para este cambio. Con el apoyo financiero de sindicatos como el SEIU, el movimiento logró presionar por aumentos del salario mínimo en varias ciudades.

A pesar del éxito del movimiento, los activistas progresistas pronto se encontraron con un obstáculo considerable: la preempción estatal. Muchos gobiernos estatales tienen la capacidad de anular (o "preemptar") las decisiones de las ciudades con las que no están de acuerdo. En el caso del salario mínimo y las iniciativas de licencia por enfermedad pagada, las autoridades estatales han respondido con fuerza, impidiendo que las ciudades implementen sus propias políticas laborales.

Por ejemplo, el sector de la comida rápida, preocupado por los costos de estas iniciativas, comenzó a movilizarse. En 2011, YUM! Brands, la empresa matriz de KFC, Pizza Hut y Taco Bell, acudió a una reunión del American Legislative Exchange Council (ALEC), un influyente grupo conservador que ha promovido leyes en todo el país, para compartir un mapa de iniciativas locales sobre licencia por enfermedad pagada. En esa reunión, se discutió cómo detener estas iniciativas. Un modelo propuesto fue el de Wisconsin, donde el gobernador republicano Scott Walker y la legislatura estatal aprobaron una ley que prohibía a las ciudades del estado imponer regulaciones laborales que superaran las provisiones estatales. Esta ley impedía que cualquier ciudad de Wisconsin aumentara el salario mínimo por encima del nivel estatal o implementara programas de licencia por enfermedad pagada.

La influencia de ALEC no se limitó a Wisconsin; se propagó por todo el país, y en los años siguientes, varios estados aprobaron leyes similares para frenar las regulaciones locales. Estas leyes de preempción afectaron profundamente la capacidad de las ciudades progresistas para implementar políticas laborales a favor de los trabajadores. Para 2016, una porción significativa de la población estadounidense vivía en estados que prohibían o limitaban tales iniciativas, un cambio notable desde el año 2000, cuando menos del 2% de los estadounidenses vivían en estados con leyes de preempción sobre el salario mínimo local.

Es importante comprender que la preempción no solo ha tenido lugar en el ámbito de los salarios mínimos. También ha afectado a iniciativas locales de licencia por enfermedad pagada y otros derechos laborales. Los esfuerzos por imponer un sistema de licencias pagadas en todo el país, que es común en muchas democracias avanzadas, no han tenido éxito debido a la falta de una política federal uniforme. En lugar de esperar que el gobierno federal implemente estos derechos, las ciudades que han asumido el liderazgo en este aspecto han encontrado obstáculos en sus propios estados.

El impacto de estas leyes de preempción es profundo, ya que no solo limitan la autonomía de las ciudades para regular sus propios mercados laborales, sino que también reflejan el poder de los intereses corporativos y la influencia de grupos como ALEC en la legislación estatal. La capacidad de las grandes corporaciones para moldear la política a nivel estatal resalta la dificultad de los movimientos progresistas para implementar cambios significativos sin el apoyo federal.

La experiencia de las ciudades progresistas en este contexto ofrece lecciones cruciales. Primero, resalta la importancia de una estrategia política coordinada no solo a nivel local, sino también estatal y nacional. Las victorias locales, por sí solas, pueden ser fácilmente revertidas por gobiernos estatales hostiles. En segundo lugar, subraya la necesidad de un enfoque más amplio para lograr cambios duraderos en las políticas laborales, que incluya tanto la movilización local como la presión sobre las instituciones nacionales. Si bien las ciudades progresistas han desempeñado un papel fundamental en la promoción de los derechos laborales, la preempción estatal ha demostrado que los cambios a nivel local pueden ser frágiles sin un respaldo más amplio en el ámbito estatal y federal.

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