¿Cómo se construye el relato del declive urbano para justificar la privación sistémica?

La narrativa del declive urbano manufacturado ha funcionado como una herramienta ideológica central para deslegitimar las ciudades racializadas y empobrecidas como Detroit, permitiendo su abandono político, económico y moral. Este relato no se basa en un análisis riguroso de las causas estructurales del deterioro urbano, sino en una inversión deliberada de las relaciones de causa y efecto, donde los victimarios aparecen como víctimas y los oprimidos como responsables de su propia miseria.

El caso paradigmático es el de Coleman Young, alcalde de Detroit, cuya política fiscal —incluyendo un impuesto local sobre la renta— fue representada por sectores conservadores como una agresión contra el capital. Lejos de ser una política redistributiva racional en un contexto de desinversión masiva y huida blanca, fue presentada como una causa directa de la decadencia. Según esta lógica, los intentos locales de justicia social solo aceleran la fuga de capitales y habitantes privilegiados, convirtiéndose en amenazas autoinfligidas que justifican el retraimiento del Estado.

El “Curley effect”, concepto manipulado con cinismo, se utiliza para afirmar que los afroamericanos de Detroit, lejos de ser víctimas, habrían utilizado el poder político para expulsar deliberadamente a los blancos, reforzando así el aislamiento económico de la ciudad. Esta interpretación moraliza la geografía urbana: la pobreza deja de ser una consecuencia histórica de políticas racistas, como la segregación residencial, el redlining o la desindustrialización, y pasa a ser una especie de castigo natural por una mala gestión política "militante".

Este tipo de narrativa cumple funciones ideológicas concretas. En primer lugar, anestesia la empatía pública. Si la miseria de Detroit se debe a errores internos, entonces la intervención estatal no solo es innecesaria, sino contraproducente. Se convierte en una lección moral que valida la retirada del Estado y el desmantelamiento de lo público. El deterioro de los servicios, como la educación o la vivienda, no es presentado como una tragedia colectiva, sino como una consecuencia lógica que exime de culpa al gobierno federal o a los legisladores estatales.

En segundo lugar, sirve para cohesionar al movimiento conservador alrededor de un enemigo común: la ciudad negra y empobrecida. No es necesario que esta narrativa sea creíble para los académicos o los habitantes de Detroit; su función es reforzar las convicciones de quienes ya están predispuestos a ver en la ciudad un símbolo del fracaso de los programas sociales y de la inclusión racial. A estos votantes se les ofrece un discurso disfrazado de tecnocracia y compasión estratégica: los recortes no serían castigo, sino una forma superior de racionalidad moral.

Detroit es así convertida en un laboratorio ideológico. No es simplemente una ciudad en crisis, sino una representación estratégica de lo que ocurre cuando se desafían las lógicas del liberalismo clásico y se intenta aplicar el keynesianismo urbano en contextos de desigualdad estructural. La ciudad es estigmatizada como una aberración colectivista, un ejemplo útil para invalidar cualquier intento de planificación económica o justicia social a nivel municipal.

Esta narrativa del declive manufacturado no se sostiene empíricamente. Las cifras de gasto público per cápita en educación, por ejemplo, muestran que Detroit lleva generaciones bajo un régimen de austeridad extremo. La supuesta generosidad hacia los pobres nunca existió en términos materiales. El relato no busca explicar la realidad, sino justificar la continuación y expansión de políticas que mantienen a estas ciudades en el margen del contrato social.

Lo que debe entender el lector es que la función de esta narrativa no es interpretar la historia urbana, sino construir un marco simbólico donde el abandono, la desposesión y la represión aparezcan como actos de justicia. Su propósito es consolidar una visión del mundo donde los derechos colectivos

¿Cómo afectan las políticas de abandono urbano al desarrollo y a la justicia en las ciudades estadounidenses?

Las políticas urbanas orientadas a la gestión del deterioro urbano y la intervención estatal en la revitalización de ciudades en declive, como Detroit, han sido un tema clave en la discusión sobre el futuro de las urbes estadounidenses. A lo largo de las últimas décadas, estas políticas se han centrado en la demolición de viviendas vacías y la reurbanización, pero los efectos de estas medidas van mucho más allá de lo visible en la superficie.

El proceso de gentrificación es otro factor crítico a considerar. A menudo, la demolición de viviendas en barrios empobrecidos se justifica como parte de un esfuerzo por revitalizar y modernizar las áreas. Sin embargo, esto puede resultar en el desplazamiento de las poblaciones de bajos ingresos, quienes, al ser expulsados de sus hogares, pierden no solo sus viviendas, sino también el acceso a sus redes comunitarias, el empleo y las oportunidades educativas. La regeneración urbana en este contexto no es simplemente un proceso de mejorar la infraestructura, sino también una reconfiguración social que puede beneficiar a ciertos grupos económicos a expensas de otros.

Los programas de “land banking” (banca de tierras) se presentan como una solución técnica a la crisis del abandono, comprando propiedades desocupadas para su restauración o reventa. Sin embargo, en ciudades como Flint, esta estrategia ha sido criticada como un mecanismo para acumular tierras a bajo costo, sin una verdadera intervención para mejorar las condiciones de vida de los habitantes afectados. La falta de claridad en las políticas de renovación urbana y la transferencia de tierras a intereses privados ha generado una desconfianza generalizada en la eficacia de estas iniciativas.

La perspectiva de la justicia económica también juega un papel central en la discusión sobre el desarrollo urbano. Fainstein y Gray argumentan que la intervención estatal es esencial para corregir las desigualdades económicas que surgen del abandono urbano. Esto implica no solo la creación de políticas de empleo y la mejora de la infraestructura, sino también un enfoque en la inclusión de los sectores más desfavorecidos en la toma de decisiones sobre el futuro de sus propios barrios.

Es necesario entender que el abandono urbano no es un proceso inevitable o natural, sino el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales. La intervención estatal debe ser reflexiva y orientada hacia una solución que no solo recupere los espacios urbanos, sino que también reintegre a las comunidades en los beneficios de la renovación. Esto implica reconocer y corregir los desequilibrios en el acceso a los recursos y las oportunidades económicas. La intervención en el espacio urbano debe ser vista como un acto de justicia social, en el que la equidad en la distribución de recursos sea una prioridad y no solo la creación de nuevas áreas para el mercado inmobiliario.