Según la visión de Arendt, toda verdad es coercitiva, ya que está más allá del acuerdo, la disputa, la opinión o el consentimiento, elementos que, como vimos en Rawls, permiten que la política democrática basada en el consenso superpuesto sea posible. En su ser indiscutible y no negociable, la verdad resulta intrínsecamente antidemocrática. Sin embargo, la distinción entre las verdades fácticas y las racionales es fundamental. Las verdades fácticas, aunque estén en desacuerdo con el debate político, son necesarias para el ejercicio del poder democrático en una sociedad plural. Esta es también la categoría que adquiere relevancia crítica hoy en día con respecto al problema de las noticias falsas: son las verdades fácticas las que las noticias falsas niegan.

Por el contrario, según Arendt, las verdades racionales están generalmente en desacuerdo tanto con el debate político como con el ejercicio del poder democrático en una sociedad plural. La razón es que la verdad no admite la pluralidad de opiniones que es esencial para la democracia. El contenido de la política, por lo tanto, puede incluir las verdades racionales solo en forma de opiniones entre otras, las cuales no poseen el valor coercitivo de la veracidad, siempre y cuando se acepten como meras opiniones. Por ejemplo, un partido político puede basar sus acciones en valores religiosos, pero no puede presentarlas como las únicas acciones verdaderas que se deben tomar. Dichos valores religiosos pueden entrar en la arena política solo como opiniones.

En cambio, las verdades fácticas, aunque sean incompatibles con el debate político por ser incuestionables, no solo son totalmente compatibles con la política democrática, sino que incluso son necesarias para ella. Aunque esto pueda parecer contradictorio, funciona si aceptamos que los hechos pertenecen a otra dimensión, situada por debajo de la política misma. "Los hechos y los eventos [...] constituyen la misma textura del ámbito político", dice Arendt. Son la base sobre la cual las opiniones políticas pueden edificarse. Si no estamos de acuerdo sobre los hechos que tenemos a mano, no podemos iniciar apropiadamente ninguna discusión sobre cómo abordarlos, intercambiando nuestras opiniones sobre el tema. Mientras que la ciencia y la filosofía corresponden a la dimensión de las verdades racionales, la política es el ámbito de las opiniones, que se basa en una capa subyacente de verdades fácticas. Esta base es sólida siempre y cuando no se ponga en duda, siempre y cuando no se cuestione su veracidad.

Cuando los hechos no son universalmente reconocidos y su veracidad se pone en duda, cuando se plantea la pregunta "¿Es realmente cierto que está lloviendo?", aparece la mentira deliberada en el discurso público y la base sobre la cual se construye el discurso político, "el suelo sobre el que estamos y el cielo que se extiende sobre nosotros", comienza a tambalear.

En la actualidad, vivimos en un contexto en el que la distinción entre hechos, opiniones y mentiras es cada vez más difusa, especialmente cuando en las democracias post-verdad, los movimientos populistas operan. Sin embargo, incluso en democracias liberales bien establecidas, esta distinción sigue siendo crucial. Por ejemplo, podemos debatir, discutir y comparar diferentes opiniones sobre cómo abordar un hecho o evento en particular, como el cambio climático, solo una vez que aceptemos que el cambio climático es una realidad. Cuando reconocemos que el cambio climático está ocurriendo, cada individuo y cada comunidad involucrada puede hacer su parte para enfrentar las consecuencias de tal hecho alarmante.

Los expertos pueden ayudar a esclarecer los hechos, identificar las causas del fenómeno y las prácticas que lo empeoran. Los políticos pueden proponer diferentes alternativas sobre cómo enfrentarlo, cada una con sus propios valores, derechos, intereses y prioridades. Hay muchas formas posibles de llegar a la misma meta; por ejemplo, los políticos pueden proponer políticas que no afecten desproporcionadamente a los países más pobres o alternativas que den prioridad al sector privado. Los periodistas pueden proporcionar al público información precisa sobre el cambio climático y las políticas en consideración. Sin embargo, si alguna figura de autoridad, como el presidente de los Estados Unidos, niega el cambio climático como un hecho mediante declaraciones como "No lo creo" o "El concepto de calentamiento global fue inventado por los chinos para hacer que la manufactura de EE. UU. sea menos competitiva", parte del debate público se desvía de las distintas opciones políticas disponibles para combatir el cambio climático hacia un debate sobre si el cambio climático está ocurriendo o si es solo una mentira.

Este es un claro ejemplo de negación de un hecho: el presidente Trump, al cuestionar el cambio climático, creó una versión alternativa de la realidad, una mentira que, una vez pronunciada por una fuente tan autoritaria, compitió con la verdad fáctica sobre el cambio climático. Aunque el régimen político en EE. UU. no sea totalitario, que un presidente haga tales declaraciones es preocupante para la democracia. Desafortunadamente, estamos presenciando dinámicas similares hoy en día con respecto al Covid-19, no solo en los EE. UU., sino también en otras democracias occidentales.

La reflexión sobre estos casos contemporáneos se puede enriquecer con una propuesta operativa que se alinea con las categorías conceptuales de Arendt, elaborada por Franca D'Agostini en su obra Introducción a la verdad. D'Agostini invita a considerar la verdad no como un contenido sustantivo en sí mismo (lo que haría que una afirmación correspondiera a una verdad específica), sino como un concepto que puede o no tener o adquirir una función. Si pensamos en la verdad como una función en lugar de como una variable, representándola no como una respuesta, sino como una pregunta, podemos empezar a pensar que "¿Es realmente cierto esto?" es pensar en la verdad, más que en un resultado final. Cuando planteamos tal pregunta, independientemente de la respuesta que obtengamos, la verdad ha entrado en la dimensión de nuestro discurso.

En resumen, la capacidad de reconocer los hechos es esencial para la función democrática. La verdad fáctica debe mantenerse intacta en el discurso público, ya que la confusión entre hechos, opiniones y mentiras crea un terreno fértil para las fuerzas populistas que buscan socavar la base misma de la democracia.

¿Cómo la Interseccionalidad puede Transformar la Ética de la Inteligencia Artificial?

La expansión de las tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial (IA) ha transformado no solo las dinámicas sociales y políticas, sino también las formas en que entendemos la identidad y la inclusión. En este contexto, la ética de la IA se enfrenta a nuevos retos que exigen la integración de enfoques más complejos y matizados. La interseccionalidad, como marco analítico, ofrece una perspectiva crucial para comprender cómo las identidades y las experiencias de opresión se entrelazan, y cómo estos entrelazamientos afectan tanto a los desarrollos tecnológicos como a sus implicaciones sociales.

La influencia creciente de la IA en la vida cotidiana ha permitido, al mismo tiempo, una amplificación sin precedentes de las campañas de desinformación. Si bien las plataformas sociales se han convertido en vehículos tanto para la propagación de noticias falsas como para su detección y eliminación, la relación entre IA y desinformación pone de relieve la necesidad urgente de desarrollar marcos éticos que consideren las complejidades sociales, políticas y epistemológicas de la actualidad. Si bien los enfoques éticos tradicionales, como el deontológico o el utilitarista, pueden ser útiles en ciertos contextos, no abordan por completo las complejidades inherentes a la IA, especialmente cuando se trata de sistemas que perpetúan o amplifican desigualdades estructurales.

La teoría de la interseccionalidad, que surgió en el contexto del feminismo, ha sido fundamental para cuestionar los enfoques homogéneos de la opresión y la discriminación, abogando por un análisis que considere cómo diversas categorías de identidad, como el género, la raza y la clase, interactúan y se refuerzan mutuamente. Esta perspectiva no solo permite una comprensión más profunda de las experiencias marginalizadas, sino que también ofrece herramientas valiosas para la ética de la IA, permitiendo identificar y abordar los sesgos algorítmicos que pueden surgir de la interacción de múltiples estructuras de poder.

Al integrar la interseccionalidad en el desarrollo de la IA, se reconoce que las experiencias de privilegio y opresión no son estáticas ni unidimensionales. En lugar de considerar a los usuarios de IA como un grupo homogéneo, este enfoque permite reconocer las diversas formas de exclusión que pueden afectar a diferentes comunidades según su ubicación social, económica o cultural. Este enfoque holístico puede ser esencial para diseñar sistemas más inclusivos y justos, que no solo mitiguen los prejuicios inherentes a los algoritmos, sino que también promuevan una distribución equitativa del poder y los recursos.

La interseccionalidad también permite comprender cómo las tecnologías de IA pueden reflejar y reforzar las desigualdades existentes. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación automatizada, los algoritmos pueden perpetuar los sesgos raciales y de género si no se diseñan teniendo en cuenta las interacciones complejas entre estos factores. Además, la interseccionalidad ofrece un marco para cuestionar cómo las decisiones algorítmicas afectan de manera diferente a las personas según su raza, género, clase social o situación migratoria, y cómo estas decisiones pueden contribuir a nuevas formas de discriminación o exclusión.

Es fundamental que los desarrolladores y responsables de políticas públicas comprendan que la ética de la IA no debe limitarse a una serie de normas abstractas aplicadas de manera rígida. Al contrario, debe ser un proceso dinámico y contextual que considere las realidades sociales y culturales de las comunidades afectadas. De esta manera, la incorporación de la interseccionalidad en los debates sobre ética de la IA no solo enriquecerá la comprensión de sus implicaciones, sino que también permitirá una mayor capacidad de acción para crear sistemas más equitativos y responsables.

El análisis interseccional no solo se limita a la crítica de los sistemas existentes, sino que también ofrece un marco para la creación de nuevas soluciones. Al reconocer las diversas formas de opresión y privilegio, se abren posibilidades para desarrollar tecnologías que no solo eviten reproducir las desigualdades sociales, sino que también trabajen activamente para superarlas. Este enfoque puede ser particularmente relevante en áreas como la educación, la salud y la justicia, donde la IA tiene un impacto directo en las vidas de las personas y puede contribuir a la creación de un futuro más inclusivo.

Es importante comprender que el uso de la IA no debe considerarse como un fenómeno aislado, sino como parte de un entramado social y político más amplio. Las decisiones que tomamos en relación con el desarrollo y la implementación de tecnologías de IA afectan directamente a las dinámicas de poder que existen en la sociedad. Por lo tanto, incorporar una perspectiva interseccional en la ética de la IA no solo es una cuestión técnica, sino también profundamente política y moral, que desafía a los diseñadores de tecnologías a repensar el tipo de mundo que desean crear y las consecuencias de sus decisiones.

¿Cómo puede la ciencia enfrentar los desafíos de la pandemia y la infodemia?

El cambio climático, un acuerdo internacional en torno a este fenómeno, y la pandemia de Covid-19 son ejemplos recientes de cómo los eventos globales pueden tener consecuencias desastrosas si no somos capaces de evaluar adecuadamente las evidencias científicas y los procesos que las sustentan. Vivimos en una era en la que, a pesar de los avances en el conocimiento, los expertos y sus opiniones son cuestionados, y las creencias se polarizan en torno a temas científicos debido a la influencia de factores políticos y religiosos. Sin el conocimiento adecuado, corremos el riesgo de socavar la confianza en la ciencia, lo que podría comprometer la toma de decisiones basada en evidencia y poner en peligro los esfuerzos por mejorar las condiciones globales.

¿Por qué, entonces, debemos confiar en la evidencia científica? La ciencia, desde su consolidación a partir del método científico en el siglo XVII por Francis Bacon, se ha fundamentado en observaciones imparciales que, luego de ser evaluadas por su reproducibilidad y sometidas a una autocrítica rigurosa, son ofrecidas a la comunidad científica para su revisión a través del proceso de revisión por pares y la publicación en revistas especializadas. Si una teoría es refutada, se sustituye por una más coherente con el estado contemporáneo del conocimiento. No obstante, Naomi Oreskes, historiadora de la ciencia, señala que no es el método científico en sí el que otorga confianza a la ciencia, sino el "carácter social" de la misma: "Todas las afirmaciones científicas están sujetas a un examen riguroso, y solo aquellas que superan este escrutinio pueden ser consideradas como conocimiento científico". La autoridad científica no proviene de un individuo, sino de la sabiduría colectiva de la comunidad (Oreskes 2019).

La pandemia de Covid-19 es otro caso relevante en el que la ciencia ha jugado un papel crucial, aunque con desafíos evidentes. La comunidad científica ha trabajado incansablemente para comprender los orígenes del virus SARS-CoV-2, cómo se propaga y si es posible encontrar una cura. A pesar de la incertidumbre en muchos aspectos, a medida que se recopilan más evidencias y se construye consenso a través de la sabiduría colectiva de los científicos, las recomendaciones de salud pública cambian y se adaptan. Como señalan Hopf et al. (2019), "este carácter provisional de la ciencia no es una debilidad, sino una de sus fortalezas clave".

En la lucha contra la pandemia y la infodemia, los científicos desempeñan varios roles fundamentales. Uno de ellos es contribuir al conocimiento y la evidencia. La investigación global ha sido movilizada, y las colaboraciones se han formado rápidamente para apoyar la respuesta al Covid-19. Los procesos que normalmente toman meses o incluso años se han acelerado, y ya se han logrado avances en la identificación del virus, su estructura, tratamientos y ensayos de vacunas. Según un conteo de Brainard (2020), la literatura científica relacionada con Covid-19 ya ha superado los 23,000 artículos, duplicándose cada 20 días. Además, los científicos están jugando un papel clave en la lucha contra la "infodemia", ayudando a analizar datos de plataformas como Twitter para evaluar la confiabilidad de la información.

Otro desafío importante es la comunicación de la ciencia al público. Explicar la evidencia y el proceso científico no siempre es sencillo. El malentendido y la difusión de información errónea pueden surgir rápidamente, como sucedió con un estudio sobre Covid-19 que fue reportado antes de ser sometido a revisión por pares, lo que provocó un cambio en las políticas (Lahrtz y Serrao 2020). En tiempos de crisis, es esencial que los individuos sean capaces de evaluar de manera crítica y comunicar de manera clara los hechos basados en evidencia. Sin embargo, la falta de periodistas científicos capacitados y la reducción de los equipos de redacción en muchos medios de comunicación hacen que esta tarea sea aún más difícil.

La cobertura de temas científicos, que tradicionalmente era responsabilidad de periodistas especializados, ha caído en manos de reporteros de política, negocios y otros sectores no científicos. Esto ha contribuido al fenómeno de "equilibrio como sesgo", donde se da igual peso a opiniones opuestas, incluso cuando una de ellas no está respaldada por evidencia científica. La cobertura del cambio climático es un ejemplo claro: aunque los científicos demuestran con hechos que el cambio climático es causado por la actividad humana, a menudo se le da el mismo espacio en los medios a aquellos que lo niegan, lo que distorsiona la percepción pública.

Es crucial invertir en la formación de periodistas científicos y en la educación de los propios científicos para que puedan representar su trabajo de manera precisa, atractiva y comprensible. La reforma de los sistemas educativos también es esencial para fomentar una mayor comprensión de la cultura y los valores de la ciencia y sus procesos. Además, el alcance de la ciencia no debe limitarse solo a los medios tradicionales, como periódicos y museos de ciencia, que suelen llegar a un público educado y de altos ingresos. Las estrategias de divulgación deben incluir también a las comunidades más desfavorecidas, para que todos tengan acceso a la información científica relevante.

Finalmente, los científicos deben abogar por la ciencia y ser embajadores de la comunidad científica. Esto implica estar preparados para defender la evidencia científica ante aquellos que la desestiman, como sucede con los negacionistas del cambio climático o con aquellos que difunden información errónea sobre la pandemia. La comunicación y el compromiso público son fundamentales, pero los científicos también deben mantenerse firmes en sus valores y en su compromiso con la verdad, incluso cuando se enfrenten a presiones externas. A través de un mayor y mejor compromiso con la sociedad, la ciencia puede seguir desempeñando su papel esencial en la resolución de los problemas globales más urgentes.

¿Cómo se construye la verdad histórica en tiempos de conflicto?

En los momentos de crisis y conflicto, la construcción de la verdad histórica se convierte en un terreno especialmente resbaladizo, donde las versiones oficiales y las narrativas alternas se enfrentan constantemente. El caso del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que fue derribado sobre Ucrania en 2014, es un ejemplo paradigmático de cómo la verdad puede ser manipulada y disputada en función de intereses políticos y geoestratégicos.

Desde los primeros momentos posteriores al desastre, diversas figuras oficiales y comentaristas han propuesto explicaciones alternas que desvían la responsabilidad hacia otros actores. Una de las hipótesis más destacadas sugirió que el avión fue derribado por un caza ucraniano o un misil de superficie a aire ucraniano. Incluso llegó a mencionarse que el avión había sido saboteado con una bomba a bordo, o que se trataba de un montaje en el que cuerpos ya fallecidos fueron colocados en el avión para luego ser atacados por alguna agencia de inteligencia occidental, con el fin de incriminar a los separatistas prorrusos del Donbass. Esta última versión parece haber sido inspirada por una trama de ficción, reminiscentemente parecida a las historias de intriga de la serie Sherlock.

Lo que resulta claro en estos casos es que las versiones de los hechos no se limitan solo a las investigaciones oficiales o a la información corroborada por los organismos internacionales. Existen fuerzas políticas, sobre todo en contextos de tensión geopolítica, que prefieren moldear los eventos de acuerdo a sus propios intereses. De ahí que surjan explicaciones que desafían la lógica o la evidencia disponible, pero que logran captar la atención del público y ganar terreno en la opinión pública.

Un caso paralelo podría ser el intento de golpe de Estado en la URSS en 1991, cuando altos funcionarios del Partido Comunista intentaron derrocar a Mijaíl Gorbachov y frenar sus reformas, en particular el tratado de la nueva unión que descentralizaría el poder soviético. En un contexto donde la estabilidad política se veía amenazada, la verdad sobre los eventos fue manipulada, no solo por los actores del golpe, sino también por los medios de comunicación que operaban bajo un régimen de censura estricta. Este episodio de la historia soviética fue reinterpretado por el poder en varias ocasiones, con el fin de minimizar el impacto del fracaso del golpe y enmarcarlo como un acto de defensa de la integridad del Estado.

Más recientemente, en Rusia, se ha creado una comisión presidencial con el objetivo de contrarrestar los intentos de "falsificación" histórica que, según el gobierno, ponen en peligro los intereses del país. Esta comisión se encargó de revisar y rebatir las versiones críticas que ponían en duda la visión oficial de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lo que respecta al papel de la URSS en la liberación de Europa del Nazismo. Sin embargo, lo que realmente se busca es proteger la narrativa oficial que glorifica el papel de la URSS y minimiza o distorsiona los aspectos más oscuros de su historia, como la firma del pacto Molotov-Ribbentrop.

La manipulación de la historia también se encuentra en la esfera de los medios independientes y la oposición. Figuras como Alexéi Navalny han logrado crear plataformas alternativas donde se contrarresta la versión oficial del gobierno ruso. A través de sitios web como Navalny.com y su canal en YouTube, se divulga una visión crítica del régimen, exponiendo la corrupción en el gobierno y proporcionando una narrativa diferente a la oficial, que siempre ha sido respaldada por la maquinaria estatal. Aunque las plataformas de oposición enfrentan censura y represión, representan un esfuerzo por recuperar el control de la verdad histórica en un país donde la libertad de prensa está constantemente amenazada.

Este fenómeno no es exclusivo de Rusia. En todo el mundo, la historia sigue siendo un campo de batalla donde las narrativas se enfrentan. Los medios de comunicación, los académicos, los historiadores y los ciudadanos comunes participan activamente en la construcción de la historia, ya sea al sostener versiones alternativas o al resistir las versiones oficiales impuestas por los gobiernos. Sin embargo, es necesario recordar que la verdad histórica rara vez es absoluta y que, aunque siempre se debe perseguir la objetividad, la historia se construye con fragmentos de interpretación, evidencia parcial y, en ocasiones, con las huellas de poder político.

En tiempos de conflicto, las versiones de la historia tienden a alejarse de la búsqueda de la verdad objetiva. Las posturas enfrentadas son más que simples interpretaciones: son herramientas de poder que se utilizan para moldear la percepción pública y justificar acciones militares, políticas o económicas. Por tanto, es crucial mantener una mirada crítica y cuestionadora frente a las narrativas oficiales, sin perder de vista la necesidad de una comprensión más profunda y matizada de los eventos históricos. Solo a través de un enfoque riguroso y multidisciplinario es posible acercarse a una verdad que no esté sesgada por intereses inmediatos.

¿Cómo se gestionan las plataformas de redes sociales en relación con la desinformación y el discurso de odio?

El panorama actual de las redes sociales, en términos de regulación y cumplimiento de la ley, ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, particularmente con la promulgación de leyes como el NetzDG en Alemania, que busca mejorar la aplicación de la ley dentro de las plataformas de medios sociales. Este acto establece la obligación de las plataformas para eliminar contenido ilegal y difamatorio, lo cual incluye discursos de odio y noticias falsas. Sin embargo, no todas las plataformas informan de manera detallada sobre sus actividades en relación con este marco legislativo, lo que limita las posibilidades de análisis exhaustivo. Un caso particular es el de Google, que incluye servicios como YouTube y Google+, y que ha sido una excepción al presentar datos estructurados y ponderados según los apartados del Código Penal correspondiente.

Es relevante destacar que, aunque la obligación de presentar estos informes está claramente establecida por la ley NetzDG, el nivel de detalle en los datos no está estrictamente prescrito. Esto implica que algunas plataformas pueden elegir cómo estructurar su información, lo que genera una cierta opacidad en la comprensión de su efectividad. A pesar de esto, Google ha excedido en muchas ocasiones las exigencias legales al proporcionar un desglose claro y comprensible de los contenidos eliminados. Esto señala que, si bien las normativas legales marcan un límite, la interpretación de las mismas por parte de las empresas tecnológicas varía según sus propios intereses y capacidades operativas.

Otro aspecto crucial de este tema es el abordaje de las "noticias falsas" o fake news. A pesar de los esfuerzos legislativos para combatir la desinformación, no existe un consenso universal sobre las definiciones exactas de este fenómeno. Las leyes, como la francesa "Loi relative à la lutte contre les fausses informations", se centran en los impactos de la desinformación en el proceso electoral y en la protección del público frente a manipulaciones informativas. Sin embargo, la interpretación de qué constituye una "noticia falsa" puede variar dependiendo del contexto y la intención detrás de la publicación. Esto se convierte en un tema de debate complejo, donde las decisiones políticas de cada país influyen en la definición y en el tratamiento jurídico de las noticias engañosas. No obstante, en este contexto, el objetivo principal no es establecer una definición definitiva, sino más bien plantear un marco general que permita a las autoridades y plataformas abordar este problema de manera eficaz.

A pesar de estos avances legislativos, es fundamental reconocer que la legislación por sí sola no puede erradicar el fenómeno de la desinformación o el discurso de odio. Existen campañas de alfabetización mediática que buscan educar al público sobre los riesgos y las dinámicas de los contenidos digitales. Estas iniciativas son promovidas no solo por gobiernos, sino también por asociaciones periodísticas y ONGs. Aunque estas campañas no son el resultado directo de las leyes mencionadas, son parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la calidad del consumo de información en la sociedad moderna.

Por otro lado, la implementación de leyes de esta naturaleza enfrenta múltiples desafíos, incluyendo el equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de combatir el contenido nocivo. Las plataformas sociales, por un lado, deben garantizar que no se permita la difusión de discursos de odio o desinformación, pero por otro lado, deben evitar la censura injustificada de los usuarios. Este balance es delicado y depende en gran medida de la capacidad de las plataformas para moderar de manera justa y efectiva, respetando siempre los derechos fundamentales de los usuarios.

Es esencial que los ciudadanos, al interactuar con las redes sociales, comprendan que la información que consumen puede estar manipulada o incluso ser completamente falsa. Los gobiernos y las plataformas deben trabajar en conjunto para proporcionar no solo medidas correctivas, sino también preventivas. La transparencia en los informes de actividad, como la que ha mostrado Google, debe ser la norma, no la excepción. Sin esta transparencia, el público nunca podrá tener una visión clara de cómo se gestionan sus interacciones en estos espacios digitales.