¿Es posible transformar la propiedad urbana para el bien público sin sacrificar la equidad?

En las ciudades en crisis, la escasez de viviendas, el abandono de terrenos y la acumulación de propiedades vacías se convierten en fenómenos cada vez más comunes. En este contexto, algunos proponen estrategias para desmercantilizar la tierra y devolverla al control público con el fin de revitalizar las áreas más deterioradas y reducir la presión sobre el mercado inmobiliario. Sin embargo, convertir estas propiedades en espacios de uso público no es una tarea sencilla y está llena de desafíos legales, económicos y sociales.

Sin embargo, la reversión fiscal, aunque teóricamente útil, presenta limitaciones importantes. En primer lugar, muchas ciudades no tienen el control total sobre los procesos de subasta, ya que estos suelen ser gestionados a nivel de condado, donde las influencias suburbanas y la resistencia a que el centro urbano asuma responsabilidades de gestión de la tierra son factores determinantes. Además, la legislación estatal tiende a priorizar la venta de propiedades, lo que dificulta la conversión de estos lotes vacíos en espacios destinados exclusivamente al bienestar público, como parques o áreas recreativas. Por otro lado, el simple hecho de desmercantilizar la tierra no resuelve los problemas subyacentes de infraestructura en los barrios más abandonados. Muchos de estos terrenos se encuentran en áreas habitadas por personas que seguirían viviendo en medio de un entorno deteriorado, lo que limita la posibilidad de implementar grandes proyectos urbanos de transformación, como la creación de bosques urbanos o la restauración de ríos.

La expropiación, o dominio eminente, se ha propuesto como una solución para obtener los terrenos necesarios para proyectos de revitalización. Sin embargo, el uso de esta herramienta para adquirir propiedades de vecindarios empobrecidos es un tema controvertido. Según el principio del dominio eminente, el estado debe ofrecer un "valor de mercado justo" por las propiedades expropiadas. Pero las ciudades con problemas fiscales graves no siempre cuentan con los recursos necesarios para pagar este valor, y mucho menos para asegurar que los residentes desplazados puedan encontrar un lugar adecuado para vivir. En algunos casos, el costo de reubicar a los habitantes de barrios en crisis es mucho mayor que el valor de la propiedad expropiada, lo que genera una profunda cuestión de equidad.

El dilema central radica en cómo las ciudades pueden transformar áreas abandonadas o subutilizadas sin generar nuevas desigualdades. Si bien las propuestas de desmercantilización de la tierra ofrecen una visión de una ciudad más equitativa y sostenible, también deben ser gestionadas con un enfoque cuidadoso que tenga en cuenta las realidades sociales y económicas de los habitantes actuales. Las soluciones no pueden ser simplemente un cambio en la propiedad de la tierra; deben ser acompañadas de políticas que fomenten la inclusión social y la justicia económica.

Además de las propuestas ya mencionadas, otro aspecto crucial en este tipo de intervenciones urbanas es la necesidad de equilibrar la regeneración de los espacios públicos con la atención a las comunidades que actualmente viven en ellos. No se trata solo de recuperar terrenos vacíos para proyectos ecológicos o comerciales, sino de garantizar que las personas que habitan estos barrios tengan acceso a los beneficios de la revitalización urbana. Esto incluye una planificación estratégica que contemple el acceso a servicios públicos, empleo y una infraestructura adecuada para mejorar la calidad de vida de los residentes.

¿Cómo las políticas urbanas afectan a las ciudades postindustriales?

Un ejemplo claro de este fenómeno es la creación y expansión de los bancos de tierras, una herramienta utilizada por diversas ciudades para gestionar propiedades vacías o deterioradas. La función de estos bancos es recuperar terrenos abandonados, regularizar su situación legal y, en muchos casos, facilitar su venta para promover la rehabilitación urbana. Sin embargo, estos instrumentos han sido objeto de controversia. En algunos casos, las políticas de los bancos de tierras han sido percibidas como una forma de “expropiación” en beneficio de intereses privados o, en el mejor de los casos, de las grandes empresas. Esta percepción ha generado conflictos legales, como el que ocurrió en Kent County, donde funcionarios republicanos de nivel estatal demandaron al gobierno local acusando la apropiación ilegal de propiedades. Aunque la demanda fue desestimada, la disputa llevó a la introducción de legislación que limitaba el poder de los bancos de tierras, un reflejo del creciente escepticismo hacia las soluciones neoliberales aplicadas a la reurbanización de las ciudades.

Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos; en muchos otros países, las políticas de demolición y reurbanización han sido usadas para borrar las huellas de la pobreza y el abandono, pero a un costo humano elevado. La demolición de barrios enteros bajo el pretexto de “limpiar” la ciudad de la “mala imagen” de la pobreza ha tenido consecuencias devastadoras en términos de desintegración social. Un ejemplo paradigmático de esto es el caso de Detroit, donde la eliminación de miles de edificios ha sido vista por muchos como una medida de “progreso”, aunque no sin controversia. La justificación de estas políticas radica en la idea de que eliminar los vestigios de la decadencia urbana abrirá el camino para nuevas inversiones y para la revalorización de los terrenos. Sin embargo, en muchos casos, este proceso ha acentuado las disparidades entre los residentes originales y los nuevos habitantes, favoreciendo a los sectores más acomodados mientras empuja a los más pobres a la periferia.

Los programas que deberían facilitar la creación de viviendas accesibles en barrios de bajos recursos, como los Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos, o los subsidios estatales para la construcción de viviendas, a menudo han quedado atrapados en una red de intereses económicos que no logran resolver la crisis habitacional en estos territorios. Este desajuste entre las políticas públicas y las necesidades reales de los residentes ha llevado a una creciente crítica al modelo neoliberal, que, en lugar de promover una regeneración inclusiva, termina favoreciendo la gentrificación y la exclusión social.

El impacto de estas políticas no solo se mide en términos económicos, sino también en su capacidad para moldear las identidades de las ciudades. Los residentes de áreas que han sufrido políticas de demolición y reurbanización a menudo enfrentan un proceso de desarraigo, tanto físico como emocional, que afecta profundamente su sentido de pertenencia. Según estudios como los de Mindy Fullilove, las ciudades que han sido sometidas a una “destrucción planificada” experimentan una disrupción en sus estructuras sociales, que no solo afecta a los individuos desplazados, sino también a la cohesión comunitaria en su conjunto.

Es fundamental que los responsables de la política urbana reconozcan que la regeneración de las ciudades no debe basarse únicamente en el mercado, sino en un enfoque integral que tenga en cuenta las necesidades sociales, económicas y culturales de las comunidades afectadas. Si bien la modernización de las infraestructuras y la atracción de inversiones son importantes, deben ir acompañadas de políticas que protejan a los residentes originales, que prevengan el despojo y que fomenten la inclusión en los procesos de reurbanización.