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En la toma de decisiones sobre proyectos, el Análisis Jerárquico de Decisiones (AHP, por sus siglas en inglés) es una herramienta poderosa para evaluar opciones con múltiples criterios. La metodología se basa en la comparación de alternativas en pares según criterios predefinidos, lo que permite establecer un ranking coherente y lógico entre los proyectos a evaluar. Sin embargo, el proceso no es exento de desafíos, ya que las preferencias y evaluaciones humanas tienden a ser inconsistentes.
El primer paso del proceso AHP consiste en establecer criterios y realizar comparaciones de los proyectos respecto a cada uno de estos. Para medir la consistencia de las decisiones de un evaluador, el AHP introduce el concepto de índice de consistencia (Consistency Ratio, CR). Este índice ayuda a evaluar qué tan consistentes son las comparaciones entre los diferentes criterios. Un CR inferior al 10% sugiere que las decisiones son lo suficientemente consistentes para continuar con el análisis. Por ejemplo, en un caso práctico, se obtuvo un CR de 2.24%, lo que indica que las elecciones de los tres criterios eran coherentes.
Una vez que se han asignado las prioridades a los criterios, el siguiente paso es clasificar los proyectos según cada uno de esos criterios. Se realiza una nueva comparación en pares entre los proyectos, y para cada par, se determina cuál proyecto es más relevante en relación con el criterio específico. La comparación continua hasta que se hayan evaluado todas las posibles combinaciones de proyectos. En este paso se generan matrices de comparación, como la mostrada en la tabla 9.3, que permiten derivar un vector de prioridades para cada criterio.
Al analizar los resultados obtenidos de las matrices de comparación, es evidente que los proyectos no presentan el mismo orden de prioridad según cada criterio. Esto es esperable, ya que cada proyecto puede tener fortalezas y debilidades en relación con diferentes aspectos evaluados. Sin embargo, es crucial combinar estas diferencias de manera que se obtenga un ranking final coherente que considere todas las prioridades. Para lograrlo, se construye una matriz que incorpora los vectores de prioridad de cada criterio y se multiplica por el vector de prioridades de los criterios en el nivel anterior. Este proceso permite calcular el vector final de pesos y la clasificación definitiva de los proyectos.
A pesar de las diferencias en las prioridades para cada criterio, el proceso AHP produce un ranking final basado en el análisis integrado de todas las comparaciones. Por ejemplo, el proyecto con la mayor prioridad en este análisis podría ser el "Renovación del centro cívico" si se basa en criterios como el impacto social, mientras que otro proyecto podría ser más prioritario si se consideran aspectos económicos.
Sin embargo, en situaciones en las que hay más de un tomador de decisiones, es común que existan desacuerdos entre las evaluaciones. El AHP también permite medir el grado de desacuerdo entre diferentes evaluadores utilizando una fórmula basada en la raíz cuadrada de la diferencia de los pesos asignados por cada evaluador. Este análisis de discordancia puede indicar áreas de conflicto y ayudar a determinar si es necesario revisar las definiciones de los criterios o incluso los propios proyectos. Si el desacuerdo es considerable, es recomendable realizar una nueva evaluación de los criterios o reorganizar los proyectos.
El paso final en el proceso de selección de proyectos es la combinación de las evaluaciones de todos los tomadores de decisiones para obtener una clasificación final unificada. En este caso, se utiliza la media geométrica de los rankings individuales, lo que da como resultado un ranking ponderado de los proyectos. La media geométrica tiene la ventaja de ser más adecuada para datos en escalas de razón, como las que se generan en el análisis AHP. A pesar de que los proyectos X2 y X5 no se corresponden con los rankings iniciales, el uso de la media geométrica refleja una aproximación más equilibrada, considerando las preferencias de todos los involucrados.
Es importante que el proceso de selección de proyectos no se vea como un ejercicio puramente matemático, sino como una herramienta para facilitar la toma de decisiones informadas y consensuadas. Los desacuerdos entre los tomadores de decisiones son naturales, pero pueden ser gestionados eficazmente utilizando el enfoque del AHP, que no solo destaca las discrepancias, sino que también propone una forma de resolverlas de manera objetiva.
¿Por qué es esencial medir errores en las previsiones y cómo afectan a la precisión del pronóstico?
En el ámbito de la previsión presupuestaria y financiera, el análisis y la medición de los errores de pronóstico son fundamentales para validar y mejorar los modelos empleados. Sin una evaluación adecuada del error, cualquier predicción carecerá de un marco riguroso para juzgar su confiabilidad. Medir el error permite identificar qué tan cerca estuvo la estimación con respecto al valor real, aportando criterios objetivos para ajustar o cambiar metodologías.
Los errores de pronóstico pueden evaluarse mediante distintos métodos estadísticos, entre ellos el Error Absoluto Medio (MAE), el Error Cuadrático Medio (MSE), y el Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE). Este último es especialmente valorado por expresar el error en términos porcentuales, facilitando comparaciones entre diferentes magnitudes y períodos. MAPE se calcula mediante la fórmula:
donde representa el valor real y el valor pronosticado en el tiempo .
La ventaja principal del MAPE es su interpretabilidad, ya que expresa errores en términos porcentuales, lo que resulta intuitivo para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, su desventaja reside en que puede distorsionarse en series con valores cercanos a cero, donde incluso pequeñas desviaciones se traducen en grandes porcentajes.
La selección del método para medir la precisión no debe considerarse arbitraria ni secundaria. Elegir la métrica adecuada depende del contexto del pronóstico y de la naturaleza de los datos. Por ejemplo, en contextos donde las desviaciones absolutas son críticas, el MAE puede ser más apropiado, mientras que en situaciones que requieren penalizar fuertemente errores grandes, el MSE puede resultar mejor. Aun así, ninguna métrica es universalmente superior; el conocimiento del problema y la interpretación práctica deben guiar la elección.
No es raro que se piense que los métodos avanzados y sofisticados garanticen mejores resultados, pero esto no siempre es así. La complejidad metodológica no asegura una mayor precisión si el modelo está mal especificado, si existen omisiones de variables clave, o si los datos presentan irregularidades. En muchas ocasiones, técnicas simples y bien aplicadas pueden superar a métodos complejos cuando estos últimos no están adecuadamente calibrados o no consideran las características esenciales de la serie temporal o los datos en cuestión.
Una diferencia notable entre las previsiones de ingresos y gastos es que estas últimas suelen ser más fáciles de estimar con precisión. Los gastos, particularmente en el sector público, a menudo están sujetos a reglas rígidas y limitaciones administrativas, lo que reduce la incertidumbre. En cambio, los ingresos dependen de variables externas más volátiles y menos controlables, como la economía, comportamiento del contribuyente o cambios legislativos, lo que incrementa la dificultad de la estimación.
El análisis de errores también debe considerar las propiedades estadísticas y estructurales del modelo. En la regresión lineal, por ejemplo, la inclusión de un término de error reconoce que la relación entre variables no es exacta. Los datos reales presentan desviaciones por omisión de variables, comportamiento imprevisible, errores de medición, entre otros factores. Por ello, el modelo se expresa como , donde representa el error. Este término captura la incertidumbre inherente y permite estimaciones más realistas y útiles.
Además, la validez y utilidad de los métodos de estimación, como el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), dependen de sus propiedades estadísticas: ser insesgado, eficiente, con mínima varianza y aprovechar toda la información disponible. Cuando estas condiciones no se cumplen, técnicas como el método de mínimos cuadrados generalizados (GLS) corrigen problemas estructurales como la heterocedasticidad, preservando la integridad del modelo.
Los datos utilizados para pronósticos deben ser suficientes y de calidad. El tamaño de la muestra influye directamente en la capacidad para identificar patrones estadísticamente significativos y obtener estimaciones robustas. Para modelos de series temporales, se recomiendan al menos 15 observaciones, mientras que modelos cross-seccionales requieren que el número de datos supere el número de parámetros para evitar resultados no significativos o engañosos. Métodos como Box-Jenkins exigen incluso muestras mayores para garantizar la fiabilidad.
La autocorrelación en los errores de pronóstico es otra dimensión crítica que puede afectar la validez de un modelo. La prueba de Durbin-Watson, que oscila entre 0 y 4, ayuda a diagnosticar la presencia de autocorrelación positiva o negativa. Si se detecta autocorrelación, se viola uno de los supuestos básicos para una correcta modelación, y el modelo debe ajustarse o transformarse.
En resumen, la práctica de medir errores y seleccionar métodos apropiados para la evaluación del pronóstico constituye la base para obtener predicciones útiles y confiables. La atención a la calidad de los datos, la comprensión de la estructura del modelo, y la elección consciente de las métricas de error contribuyen a mejorar la toma de decisiones presupuestarias y financieras.
Es fundamental entender que la precisión en los pronósticos no solo depende de la elección del modelo sino también del contexto económico, social y administrativo en que se aplican. Los pronósticos son siempre aproximaciones a la realidad futura y deben interpretarse con un enfoque crítico y flexible, preparados para ajustar estrategias según se disponga de nueva información o cambien las condiciones externas.
¿Cómo se controla y audita el gasto público en el proceso presupuestario?
El control del gasto público se basa en un mecanismo que vincula directamente las apropiaciones asignadas con las erogaciones efectivas mediante el sistema de asignaciones y saldos no comprometidos. Por ejemplo, si un departamento tiene asignados $50 millones en total para gastos —desglosados en sueldos, materiales, servicios profesionales, otros gastos operativos, inversiones de capital y compromisos ya asumidos—, al realizar las asignaciones trimestrales para cada rubro, se reduce progresivamente el saldo disponible no comprometido. Así, una asignación inicial de $10 millones para sueldos y otras menores para los demás rubros reduce ese saldo, que en nuestro caso hipotético queda en $34 millones al cierre del primer trimestre. Este procedimiento, repetido periódicamente, permite vigilar que el gasto no sobrepase el límite autorizado, asegurando que al final del ejercicio el saldo no comprometido sea cero o positivo, y no negativo.
Esta dinámica, sencilla en su planteamiento, resulta fundamental para la disciplina fiscal y el control presupuestario. La presentación de esta información en tablas de seguimiento ayuda a visualizar claramente la disminución progresiva del saldo presupuestario y permite anticipar ajustes o redistribuciones necesarias a lo largo del ejercicio fiscal.
El ciclo presupuestario concluye con una fase evaluativa, en la que se realiza la auditoría financiera y la auditoría de desempeño. La primera busca verificar la legalidad, exactitud y presentación adecuada de las operaciones financieras del gobierno conforme a principios contables generalmente aceptados (GAAP), mientras que la segunda evalúa la eficiencia y eficacia con que los programas gubernamentales lograron sus objetivos. Esta última es más compleja, pues carece de estándares rígidos y debe enfocarse en medir cómo los recursos fueron utilizados para alcanzar las metas propuestas, destacando la gestión y resultados obtenidos.
La auditoría financiera requiere profesionales altamente capacitados y normalmente se realiza en dos niveles: uno interno, realizado por el inspector general o auditores estatales, y otro externo, ejecutado por organismos como la Oficina General de Responsabilidad (GAO) o auditores independientes. En contraste, la auditoría de desempeño puede ser interna o apoyarse en expertos externos cuando se considera necesario.
El proceso presupuestario no es sólo una cuestión técnica o contable, sino que está inmerso en un entramado político complejo. La asignación de recursos públicos se convierte en un juego político donde actores con intereses distintos —agencias gubernamentales, la rama ejecutiva con su oficina central de presupuesto, y los comités legislativos de asignaciones— interactúan estratégicamente para defender sus posiciones y alcanzar compromisos.
Cada actor cumple un rol específico: las agencias son los “gastadores” que buscan maximizar sus recursos; el ejecutivo y su oficina central actúan como “revisores” encargados de alinear las solicitudes con las prioridades administrativas; y los legisladores, en los comités de asignación, se consideran “cortadores” que representan el interés público y resguardan la prudencia en el gasto. Sin embargo, estos roles pueden cambiar según la etapa del proceso presupuestario, mostrando la dinámica y complejidad del sistema.
Es importante entender que esta confrontación y negociación política, aunque puede generar conflictos y retrasos, es necesaria para equilibrar intereses y garantizar que los recursos públicos se asignen conforme a las prioridades y limitaciones fiscales. La política presupuestaria, por tanto, no puede ser separada del análisis técnico y contable, pues ambos ámbitos se entrelazan para definir el destino de los recursos públicos.
Además, es crucial para el lector comprender que, aunque los mecanismos técnicos y legales son indispensables para el control y evaluación del gasto público, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son elementos igualmente vitales para fortalecer la legitimidad y eficacia del proceso presupuestario. Sin una supervisión adecuada y el involucramiento público, los riesgos de malversación, ineficiencia y decisiones sesgadas aumentan considerablemente.
La fiscalización adecuada, la evaluación objetiva de resultados y la conciencia política sobre la importancia del presupuesto en la gobernanza democrática constituyen, en conjunto, la base para una gestión pública responsable y orientada al desarrollo sostenible.
¿Cuáles son los principales sistemas de presupuesto y cómo impactan en la gestión pública?
A pesar de sus ventajas, el presupuesto basado en prioridades presenta limitaciones inherentes a cualquier sistema presupuestario que se ocupe de las prioridades dentro de un contexto social. Entre las cuestiones a resolver están la forma en que se identifican estas prioridades, quién se encarga de su identificación, qué medidas se utilizan para evaluarlas, entre otros aspectos. Sin embargo, este sistema ofrece una alternativa útil que busca abordar algunos de los problemas que presentan los sistemas de Presupuesto Basado en Cero (ZBB) y los sistemas de presupuesto estratégico. Su principal ventaja radica en comenzar con una suposición realista sobre la base de ingresos disponibles y luego proponer pasos para evaluar objetivamente las prioridades, con el fin de obtener una clasificación final de programas y actividades.
En cuanto al presupuesto participativo, este sistema tiene sus raíces en la democracia directa, fomentando la participación ciudadana en casi todas las etapas del proceso presupuestario: desde la elaboración, pasando por la ejecución, hasta la evaluación, con el objetivo de garantizar una mayor responsabilidad en la gobernanza. Introducido formalmente por el Partido de los Trabajadores en 1989 en Porto Alegre, Brasil, este sistema surgió como una respuesta a las políticas presupuestarias históricas que favorecían el gasto público en barrios ricos, llevando eventualmente al colapso financiero del gobierno. Conocida como "la inversión de las prioridades de gasto", la administración recién elegida reorientó el gasto hacia los ciudadanos y barrios más pobres. Para 1990, 12 ciudades en Brasil adoptaron este sistema, y para 2004, se había expandido a más de 300 municipios a nivel mundial. Varios países democráticos occidentales, como Estados Unidos (en ciudades como Nueva York, Chicago y Cambridge), Canadá (Toronto), y países de Europa Central y del Este, así como varias naciones de Asia, Medio Oriente y África, han experimentado con este sistema principalmente a nivel local.
Operativamente, no existen procedimientos estrictos para desarrollar un sistema de presupuesto participativo. Las comunidades pueden crear su propio formato, pero siempre manteniendo la importancia de la participación ciudadana en el proceso presupuestario. Julie Garrigues propone recientemente un proceso de ocho pasos para desarrollar este tipo de presupuesto: (1) reunión de compromiso ciudadano, (2) propuesta (desarrollo de ideas y establecimiento de prioridades), (3) selección, (4) votación, (5) consenso (sobre las recomendaciones finales del presupuesto), (6) aprobación, (7) implementación (incluyendo planes técnicos y contratos), y (8) monitoreo. Sin embargo, para que el presupuesto sea efectivo, debe cumplir tres condiciones mínimas: poder de decisión (el gobierno debe tener la autoridad para administrar y los recursos para implementar el presupuesto), participación ciudadana (el público debe formar parte del proceso) y rendición de cuentas (el público debe ser informado sobre los proyectos y programas específicos que implementará el presupuesto).
Si bien, en principio, el presupuesto participativo es útil como instrumento de democracia directa y tiene méritos en sociedades con amplias brechas de ingresos entre las comunidades, la idea de la participación ciudadana en el proceso presupuestario no es nueva. Por ejemplo, aunque algo diferente en estilo, ha sido parte del proceso presupuestario en los Estados Unidos durante mucho tiempo. El proceso presupuestario actual a nivel local permite que los ciudadanos den su opinión sobre el presupuesto durante las audiencias públicas antes de que este se finalice y se someta a la legislatura para su aprobación. Además, los referendos públicos, requeridos por ley, y frecuentemente utilizados por los gobiernos estatales y locales para legislaciones importantes relacionadas con impuestos, gastos y diversos problemas sociales y económicos, son consistentes con la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno.
El presupuesto de sostenibilidad, aunque no es un sistema de gestión presupuestaria convencional, combina elementos de diferentes sistemas para proporcionar un enfoque pragmático al desarrollo del presupuesto, dentro de la tradición de los presupuestos basados en objetivos o prioridades. A diferencia de los sistemas tradicionales, que se centran en elementos específicos del presupuesto como el control del dinero (presupuesto por partidas), el logro de metas (presupuesto por programas), la eficiencia en el uso de recursos (presupuesto por desempeño), o la asignación del presupuesto bajo restricciones (presupuesto basado en cero), el presupuesto sostenible adopta un enfoque integral para lograr cambios planificados que puedan mantenerse a lo largo del tiempo, generalmente durante más de 30 años. Originalmente desarrollado para economías emergentes y en desarrollo con estructuras de capital frágiles, alta deuda y un sector público vulnerable a disturbios cíclicos, la preocupación por la sostenibilidad ha ido más allá de las economías en desarrollo, alcanzando a las economías avanzadas, que enfrentan en la actualidad problemas financieros graves.
Sin importar las circunstancias en las que se desarrolló y los objetivos iniciales, los fines de un presupuesto sostenible son esencialmente los mismos que los de otros sistemas presupuestarios. Allen Schick sugiere cuatro criterios principales que deben ser centrales en el presupuesto sostenible: (1) solvencia: la capacidad del gobierno para pagar sus obligaciones financieras, (2) crecimiento: la capacidad del gobierno para satisfacer las crecientes necesidades de su población, (3) estabilidad: la capacidad del gobierno para cumplir con futuras obligaciones sin aumentar la carga fiscal, y (4) equidad: la capacidad del gobierno para pagar las obligaciones actuales sin transferir los costos a las generaciones futuras. No existen métodos específicos para analizar la sostenibilidad, pero se pueden usar enfoques convencionales como proyecciones basadas en la tendencia actual, análisis de balance general, análisis de brechas fiscales, contabilidad generacional y otras medidas similares para evaluar la viabilidad económica y financiera a largo plazo de un gobierno.
En cuanto a la integración de la sostenibilidad en el proceso presupuestario, diferentes gobiernos han desarrollado medidas que se adaptan a sus condiciones financieras y desafíos únicos. Por ejemplo, el Estado de Washington ha desarrollado un proceso en nueve pasos para la sostenibilidad presupuestaria, que incluye mejorar la eficiencia en el gasto público, restaurar límites firmes de gasto, implementar reformas pensionales, y mejorar la transparencia presupuestaria, entre otros. Estos pasos no son conclusivos, y deben ser actualizados continuamente para garantizar el éxito del programa. Otros gobiernos estatales y locales también han desarrollado medidas que mejor se ajustan a sus necesidades financieras inmediatas, garantizando al mismo tiempo la viabilidad económica a largo plazo.