A principios de los años 70, los Estados Unidos experimentaron una serie de transformaciones económicas que alteraron profundamente el panorama laboral e inmigratorio. Tras una prolongada etapa de crecimiento económico sostenido y de aumento de la igualdad económica, el país se adentró en una crisis de estancamiento económico, conocida como "estanflación", que combinaba altos niveles de inflación con un notable aumento del desempleo. Este fenómeno, inédito hasta el momento, dificultó la labor de los economistas y desconcertó a los políticos que se enfrentaban a un dilema económico sin precedentes. Entre 1969 y 1977, el desempleo pasó del 3.5% al 7.1%, mientras que la tasa de inflación se mantuvo elevada, afectando principalmente a la clase trabajadora.

El impacto de la estanflación fue particularmente devastador para los trabajadores de la industria manufacturera, especialmente aquellos empleados en sectores fuertemente sindicalizados, como el acero. Durante este periodo, miles de empleos se perdieron debido a la deslocalización de fábricas, la automatización y la externalización de operaciones a otros países. Las empresas buscaron abaratar costos mediante la relocalización de las operaciones productivas a centros urbanos, mientras que las fábricas se trasladaban a áreas suburbanas o fuera del país. Como resultado, los empleos bien remunerados en la manufactura fueron reemplazados por trabajos de bajo salario en el sector de servicios, lo que trajo consigo una creciente desigualdad económica. Los trabajadores comenzaron a percibir salarios más bajos, a trabajar más horas y a enfrentar la precarización laboral, sin las garantías de seguridad laboral que caracterizaban el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Esta transformación económica no solo afectó a los trabajadores estadounidenses, sino también a los inmigrantes, cuyas oportunidades laborales cambiaron significativamente. Mientras que los trabajos agrícolas habían sido una de las principales atracciones para los inmigrantes mexicanos a lo largo del siglo XX, la transformación de la economía estadounidense abrió nuevas oportunidades en el sector de servicios y manufactura ligera. Si bien en 1965 el 45% de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos trabajaban en la agricultura, para 1985 solo el 25% de ellos se dedicaban a este sector. A medida que la industria estadounidense pasó de depender de una mano de obra temporal en el campo a necesitar un trabajador constante en el ámbito urbano, los inmigrantes empezaron a trasladarse de manera más permanente a las ciudades, especialmente aquellas en el sur y oeste de los EE. UU., como Los Ángeles, Nueva York y Chicago.

El cambio en la estructura del empleo no solo afectó la naturaleza de los trabajos disponibles para los inmigrantes, sino también la percepción social y política sobre su presencia en el país. La creciente visibilidad de los inmigrantes, que se establecieron de manera más duradera y en sectores más visibles, como la limpieza, la cocina y la atención a la salud, alimentó un creciente temor en la población estadounidense. En 1976, una encuesta de Gallup reveló que más del 50% de los estadounidenses percibían que los inmigrantes indocumentados robaban empleos a los ciudadanos, mientras que un 20% los veía como una fuente de mano de obra barata. Este tipo de retórica comenzó a calar en los medios de comunicación, generando un clima de desconfianza hacia los inmigrantes, a quienes se les empezaba a ver como una amenaza para la estabilidad económica y social del país.

La reacción política frente a esta creciente percepción de los inmigrantes como una amenaza fue rápida y efectiva. Durante la década de 1980, el debate sobre las políticas migratorias se intensificó y, con ello, se introdujeron sanciones laborales para los empleadores que contrataban trabajadores indocumentados. Estas sanciones, que inicialmente fueron un intento por controlar la inmigración ilegal, reflejaron la polarización política de la época. Los demócratas, que buscaban consolidar el apoyo de la creciente población latina, y los republicanos, que abogaban por un mercado libre, coincidían en la necesidad de restringir la inmigración, pero chocaban en los métodos para lograrlo.

Este momento en la historia de los Estados Unidos marcó una inflexión importante en la política migratoria del país. A medida que se consolidaba la retórica antiinmigrante, se dificultaban las posibilidades de una reforma migratoria integral. El auge del conservadurismo y la oposición de diversos grupos de interés hicieron que las políticas migratorias fueran cada vez más restrictivas. Sin embargo, a pesar de este creciente conservadurismo, ciertos factores institucionales y la movilización de grupos de interés se encargaron de frenar los esfuerzos más extremos por implementar medidas de restricción total.

Es crucial entender que las políticas de inmigración en los Estados Unidos han sido, y continúan siendo, un terreno de disputas internas dentro de los partidos políticos, donde a menudo surgen alianzas inusuales para forjar compromisos en políticas que, en última instancia, no logran satisfacer a todos los sectores involucrados. Las sanciones laborales a los empleadores que contratan a inmigrantes indocumentados son solo un ejemplo de cómo la inmigración ha sido utilizada en un escenario político dividido, donde el objetivo de restringir la inmigración se enfrenta a la realidad de una economía dependiente de la mano de obra inmigrante, tanto legal como ilegal.

Además, es fundamental comprender que el cambio en la estructura económica de los EE. UU. y la transformación del trabajo inmigrante no son fenómenos aislados, sino que están intrínsecamente relacionados con cambios globales en la producción, la tecnología y la organización del trabajo. La inmigración, lejos de ser un fenómeno estático, responde a dinámicas económicas globales que están en constante cambio y que siguen redefiniendo las fronteras entre los países y las identidades laborales.

La inmigración y su impacto en la política estadounidense durante la convención de 1984

El debate sobre la inmigración en los Estados Unidos a principios de la década de 1980 alcanzó un punto de ebullición durante la convención nacional demócrata de 1984. A medida que la legislación Simpson-Mazzoli ganaba tracción, las tensiones entre los delegados latinos y los líderes del Partido Demócrata se hicieron evidentes. La percepción de que el Partido Demócrata no luchaba con suficiente vigor contra este proyecto de ley, que imponía sanciones a los empleadores que contrataban inmigrantes ilegales y ofrecía una amnistía limitada a ciertos inmigrantes, dividió profundamente a la comunidad latina dentro del partido.

Durante la convención, el presidente de LULAC (Liga de Ciudadanos Latinos Unidos), Mario Obledo, instó a los delegados latinos a abstenerse de votar por el candidato presidencial en la primera ronda como una forma de expresar su descontento con la postura del partido sobre la inmigración. La frustración de los latinos, que sentían que sus preocupaciones eran ignoradas, se intensificó cuando Walter Mondale, el candidato presidencial demócrata, no asistió a la conferencia anual de LULAC en junio. Esto alimentó aún más la desconfianza y el descontento entre los líderes latinos, quienes vieron en la legislación una amenaza directa a los derechos de los inmigrantes y a su propio futuro político.

El escenario en la convención se tornó cada vez más tenso. Los delegados latinos se mostraron firmes en su posición de que el Partido Demócrata debía rechazar explícitamente el proyecto de ley Simpson-Mazzoli. Temían que, si el partido apoyaba esta legislación, sería casi imposible movilizar al voto latino en las elecciones presidenciales. En una reunión crucial del caucus hispano, los delegados mostraron un nivel de frustración tan alto que la presidenta Polly Baca tuvo que recurrir a golpes sobre el atril para mantener el orden. Los delegados, liderados por Obledo, insistían en que la única manera de garantizar el apoyo latino sería asegurándose de que el proyecto de ley fuera derrotado antes de la convención. Sin embargo, algunos líderes más moderados, como el alcalde de San Antonio, Henry Cisneros, instaban a la unidad del partido, sugiriendo que el apoyo a Mondale debería prevalecer sobre el desacuerdo con la legislación.

El conflicto no solo se limitaba al seno del Partido Demócrata. En el Partido Republicano, la administración de Reagan también enfrentaba la difícil tarea de gestionar las divisiones internas en torno a la inmigración. Mientras que la Casa Blanca disfrutaba de una imagen de liderazgo en la protección de las fronteras, los esfuerzos por construir una base sólida de apoyo latino en las elecciones de 1980 comenzaban a verse amenazados por la ambigüedad en torno a la legislación Simpson-Mazzoli. La situación se complicó cuando se filtraron encuestas que mostraban un apoyo significativo entre los votantes latinos para la reforma migratoria, pero con reservas sobre las disposiciones más estrictas del proyecto de ley, como las sanciones a los empleadores.

A pesar de la oposición interna, la administración Reagan tomó una postura en contra del proyecto de ley, pero su oposición fue cuidadosamente diseñada para no alienar a su base conservadora. Mientras que se rechazaba la amnistía prevista en la legislación, también se cuestionaba su viabilidad económica y sus implicaciones para los derechos civiles, especialmente en lo que respecta a los derechos de los inmigrantes. Esta postura, sin embargo, resultó ser un error táctico. Al negarse a considerar a los latinos como un grupo con el que se podía negociar, la administración perdió la oportunidad de atraer a este votante emergente, un error que fue criticado por algunos dentro del mismo Partido Republicano.

Los esfuerzos por parte de la administración Reagan de evitar tomar una posición clara sobre la inmigración mostraron una profunda ambigüedad en la estrategia republicana. A pesar de los esfuerzos por presentar un frente unido en cuestiones de inmigración, la falta de consenso dejó al partido en una posición débil frente a los votantes latinos. A su vez, la cuestión de la inmigración siguió siendo una de las principales divisorias dentro del electorado estadounidense, afectando tanto a la base demócrata como a la republicana.

Es esencial comprender que, aunque el tema de la inmigración ha sido históricamente un factor divisivo en la política estadounidense, en este período se configuró no solo como un tema de derechos civiles, sino también como un tema estratégico para las campañas presidenciales. Las decisiones tomadas por los partidos en relación con la inmigración y los votantes latinos tendrían repercusiones a largo plazo en las elecciones futuras. Las tensiones dentro del Partido Demócrata y la incertidumbre dentro del Partido Republicano mostraron que la inmigración no solo era un tema legislativo, sino también un tema crucial en la construcción de coaliciones electorales y en la configuración de la política estadounidense.

¿Cómo la política inmigratoria de Estados Unidos ha transformado los derechos de los inmigrantes y la percepción de la ciudadanía?

A lo largo de los últimos cincuenta años, los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos han experimentado transformaciones profundas y complejas. Esta evolución ha sido impulsada, en gran medida, por la política de bienestar y las reformas que buscaban reducir el gasto público, lo que resultó en la exclusión de millones de inmigrantes, tanto autorizados como no autorizados, de los programas de asistencia social. Las discusiones sobre el gasto público y la reforma del bienestar social contribuyeron directamente a la eliminación de los beneficios para los inmigrantes, pero estas medidas no solo afectaron a los no ciudadanos, sino también a los ciudadanos mismos, que vieron la reducción de sus propios derechos en el contexto de un sistema económico en crisis.

Durante este periodo, la política federal sobre inmigración, especialmente bajo la doctrina de la preeminencia, dejó claro que el control exclusivo de la inmigración debía recaer en manos del gobierno federal. Sin embargo, la inacción del gobierno federal en cuestiones complejas relacionadas con la inmigración brindó a los estados y localidades la oportunidad de involucrarse en la formulación de políticas migratorias. A veces, los estados presionaron al gobierno federal para que delegara autoridad en áreas específicas, como en el caso de la implementación de la sección 287(g) del IIRIRA (Ley de Inmigración de 1996) tras la muerte de Younie, como se expuso en el capítulo 6 de este libro. En otras ocasiones, los estados adoptaron políticas migratorias propias frente a la inacción federal, como sucedió con las sanciones a empleadores de California y la Proposición 187, que a pesar de ser invalidadas por los tribunales, tuvieron un fuerte impacto al presionar al gobierno federal a crear sus propias políticas de sanciones a empleadores y reformas al bienestar.

Los activistas pro-inmigrantes, tras el año 2000, comenzaron a adaptar las estrategias de los movimientos restrictivos, abrazando cada vez más los esfuerzos a nivel estatal y local para defender los derechos de los inmigrantes y promover su integración. La lucha por los derechos de los inmigrantes se intensificó, y la política inmigratoria de las décadas posteriores estuvo marcada por la creciente polarización de la opinión pública. De acuerdo con encuestas de 2019, la inmigración se convirtió en uno de los principales problemas que preocupaban a los estadounidenses, tanto a favor como en contra de la inmigración, lo que reflejaba el creciente debate sobre los derechos de los inmigrantes y los beneficios de la ciudadanía.

El auge del movimiento anti-inmigrante, especialmente en la presidencia de Donald Trump, no fue un fenómeno reciente, sino que fue el resultado de cambios históricos y estratégicos que se remontan a las décadas de los 70 y 80. Este movimiento presentó a los inmigrantes no solo como una amenaza para los trabajos de los ciudadanos, sino también como una carga para el estado, especialmente en una época de inseguridad económica y reducción de los beneficios sociales. La narrativa que presentaba a los inmigrantes como una amenaza a los beneficios del gobierno fue retomada por Trump en su primer anuncio electoral de 2016, que advertía sobre la “América de Hillary Clinton”, donde los inmigrantes ilegales cometían crímenes y se beneficiaban del sistema sin pasar por el proceso adecuado.

Las políticas anti-inmigrantes de Trump no se limitaron solo a las fronteras, sino que también apuntaron a los derechos de los inmigrantes que ya residían en el país. Estas políticas se basaron en marcos legales creados en los años 90, como el IIRIRA, que ampliaron significativamente los delitos que podían llevar a la deportación de inmigrantes, así como la creación de procedimientos de deportación acelerados. De hecho, desde la promulgación de estas leyes en 1996, las deportaciones aumentaron drásticamente, pasando de menos de 50,000 deportaciones anuales en las décadas previas a 200,000 en el año 2000 y superando los 350,000 anuales hacia 2008.

El uso de la legislación de los 90 y las medidas reforzadas por la Ley Patriota en 2001 dio lugar a esfuerzos masivos de deportación bajo las administraciones de George W. Bush, Barack Obama y, por supuesto, Trump. Aunque Trump se destacó por sus llamados a construir un muro en la frontera y aumentar la seguridad fronteriza, su agenda anti-inmigrante también incluyó la reducción del acceso de los inmigrantes a los beneficios públicos, como la seguridad social, los subsidios de vivienda y otros servicios médicos y fiscales, que anteriormente se consideraban parte de los derechos a los que los inmigrantes podían acceder.

Hoy en día, la relación de los inmigrantes con el estado administrativo ha cambiado de manera significativa. Ya no es solo una cuestión de los derechos de los inmigrantes, sino que las reformas y políticas migratorias afectan a todos los estadounidenses, nativos o inmigrantes. La reducción del estado de bienestar y las restricciones sobre los beneficios públicos están remodelando la concepción de la ciudadanía misma, creando una nueva realidad para todos los que viven en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Estas transformaciones no solo afectan a los inmigrantes, sino que también tienen consecuencias para la población nacida en el país, que se enfrenta a un estado de bienestar considerablemente más limitado.

¿Cómo los Derechos de los Inmigrantes han Influido en la Política de los Estados Unidos?

Los derechos de los inmigrantes han sido un tema central en la historia política de los Estados Unidos, con un enfoque particular en las comunidades latinas, y más específicamente, los mexicanos, que han jugado un papel crucial en este proceso. La lucha por la justicia social y la igualdad de derechos ha estado marcada por una serie de actos legislativos, sanciones laborales y políticas de inmigración que han impactado profundamente a esta población. A lo largo de las décadas, las discusiones sobre la inmigración, los derechos civiles y la economía se han entrelazado de manera compleja, revelando tanto las dificultades como los avances en la búsqueda de la equidad.

Uno de los momentos más significativos en esta lucha fue la aprobación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) de 1986, que permitió la regularización de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Sin embargo, esta legislación también incluyó sanciones a los empleadores que contrataran a trabajadores sin autorización, lo que generó un contexto de incertidumbre para muchos inmigrantes que dependían de trabajos informales. El impacto de la IRCA fue notorio, ya que aunque permitió que miles de personas obtuvieran el estatus legal, también marcó el comienzo de políticas más restrictivas hacia los inmigrantes.

Por otro lado, la inmigración ilegal y la política de control fronterizo se volvieron puntos focales de la política estadounidense, con operaciones como "Gatekeeper" y "Wetback", las cuales se enfocaban en la detención y deportación de inmigrantes. Estas operaciones, junto con leyes como la Ley de Reforma de Inmigración IIRIRA de 1996, marcaron un aumento en la criminalización de los inmigrantes indocumentados y un endurecimiento de las leyes de inmigración.

En el ámbito laboral, los inmigrantes, especialmente los latinos, se encontraron en una situación compleja. Por un lado, muchos trabajaban en sectores agrícolas o en industrias como la manufactura y el empaquetado de carne, donde la demanda de mano de obra era alta, pero las condiciones laborales eran precarias. La incorporación de los inmigrantes a estos sectores, particularmente los mexicanos, se dio a menudo en términos de explotación, sin la garantía de derechos laborales básicos. Las uniones laborales, como la AFL-CIO y el ILGWU, jugaron un papel importante en la defensa de estos derechos, aunque con resultados dispares.

El racismo y la xenofobia también se han entrelazado en esta narrativa, con el tratamiento desigual de los inmigrantes en comparación con los ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, los inmigrantes latinos, particularmente los mexicanos, fueron objeto de discriminación tanto en el ámbito laboral como social. Esto se reflejó en las políticas restrictivas que, aunque se basaban en la idea de controlar la inmigración ilegal, a menudo no distinguían entre inmigrantes indocumentados y aquellos con estatus legal, contribuyendo a una visión sesgada de los latinos en la sociedad estadounidense.

En cuanto a la representación política, el papel de los latinos ha sido fundamental en los últimos años. Los latinos, especialmente a través de organizaciones como LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos), han luchado por obtener mayores derechos civiles, incluida la posibilidad de votar. A medida que la población latina creció, también lo hizo su influencia política, convirtiéndose en una fuerza a tener en cuenta en elecciones locales y nacionales. Las discusiones sobre la inmigración y los derechos laborales, a menudo impulsadas por figuras como César Chávez y Dolores Huerta, han llevado a avances en el activismo político y en la creación de una comunidad más unida y consciente de sus derechos.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la lucha por los derechos de los inmigrantes continúa siendo un tema divisivo en la política estadounidense. Las recientes propuestas de políticas migratorias, como el Proyecto de Ley de Reforma de Inmigración de 2007, así como los esfuerzos del gobierno para limitar la inmigración mediante leyes más restrictivas, siguen siendo puntos de controversia. Estos debates reflejan una sociedad profundamente polarizada, donde los inmigrantes, especialmente los latinos, siguen luchando por su lugar en una nación que se presenta como una "tierra de oportunidades", pero que, a menudo, no ofrece acceso equitativo a todos.

Es esencial entender que, más allá de las políticas y las leyes, los derechos de los inmigrantes están íntimamente ligados a cuestiones más amplias como la justicia social, la equidad y el respeto por los derechos humanos. El camino hacia una verdadera integración de los inmigrantes en la sociedad estadounidense pasa por la eliminación de barreras sociales y económicas que dificultan su plena participación en la vida cívica. Además, es fundamental que las políticas migratorias no solo se centren en la seguridad y el control, sino también en la promoción de la dignidad humana, reconociendo el valor y la contribución de los inmigrantes a la sociedad.

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