La votación es la manifestación más profunda de nuestra democracia. Sin embargo, lo que muchos consideran un derecho fundamental ha sido históricamente objeto de manipulaciones y ataques por parte de grupos que buscan controlar el poder político y económico. En este contexto, se hace esencial comprender cómo, a lo largo de la historia, ciertos sectores han trabajado para restringir el acceso al voto y cómo este ataque al derecho democrático sigue vigente en la actualidad.

A lo largo de los siglos, el derecho al voto en los Estados Unidos fue reducido y controlado de diversas formas. En sus inicios, el sistema de votación favoreció a ciertos grupos, excluyendo a millones de personas. Las concesiones constitucionales, como el Compromiso de los Tres Quintos, que otorgaba poder a los estados del sur a expensas de los esclavos, subrayaron que el voto no era un derecho universal, sino un mecanismo de poder y control. Así, no solo los afroamericanos, sino también las mujeres y los pueblos indígenas, se enfrentaron a luchas persistentes por el derecho de participar en los procesos electorales.

La historia de la votación en América está marcada por una serie de victorias y derrotas. La lucha por el sufragio femenino, la exclusión sistemática de los nativos y la creación de barreras legales para los afroamericanos son solo algunos ejemplos de un patrón de exclusión. A pesar de las victorias obtenidas, como la aprobación de la 19ª Enmienda que dio derecho al voto a las mujeres y la Ley de Derechos Electorales de 1965, los intentos de suplantar o silenciar las voces de ciertos grupos no cesaron.

Hoy, el ataque al voto se ha modernizado, pero sigue teniendo sus raíces en el control del poder. En el siglo XXI, las corporaciones y los multimillonarios han emprendido una campaña sistemática para restringir el acceso al voto. El dinero en la política, las máquinas de votación privadas y la manipulación de distritos electorales son algunas de las herramientas que se utilizan para garantizar que los intereses de los poderosos se mantengan intactos, mientras que se margina a la mayoría. Las tácticas de "supresión del voto", como la implementación de leyes restrictivas de identificación, la purga de votantes y la manipulación de los horarios de votación, buscan desmovilizar a aquellos que tienen menos acceso a los recursos económicos y sociales.

Esta guerra moderna contra la votación no se trata solo de los actores políticos tradicionales, sino de un complejo entramado de intereses económicos que buscan mantener su dominio sobre las instituciones. Es crucial entender que, a medida que las elites económicas logran centralizar el poder, se debilita la capacidad de las instituciones democráticas para representar verdaderamente a la ciudadanía. Por eso, uno de los desafíos fundamentales de las democracias modernas es mantener la integridad del voto y asegurarse de que todos los ciudadanos tengan acceso real y equitativo a las urnas.

En este contexto, el derecho al voto se vuelve más que una herramienta de participación cívica: es un derecho fundamental que debe ser defendido constantemente. Los intentos por debilitarlo no solo afectan el resultado de las elecciones, sino también la propia salud del sistema democrático.

Además, el concepto de "fraude electoral" ha sido distorsionado a lo largo de los años. Si bien los casos de fraude son excepcionales, se han creado narrativas alrededor de la "fraude electoral" que sirven como justificación para restringir el acceso al voto. Este mito se utiliza para implementar políticas que buscan despojar a amplios sectores de la población de su derecho a participar plenamente en la vida política del país.

Es importante entender que la lucha por el voto no solo tiene que ver con las personas que se ven directamente afectadas por las leyes de supresión, sino con el bienestar de la sociedad en su conjunto. La democracia no puede prosperar cuando una parte significativa de la población queda excluida de los procesos que definen el futuro de la nación.

A medida que la lucha por la justicia electoral continúa, las soluciones para enfrentar esta crisis deben ser multifacéticas. La implementación de medidas como el registro automático de votantes, la restauración del derecho al voto para las personas que han cumplido sus condenas, la eliminación de la manipulación de distritos electorales y la creación de un sistema de votación accesible y transparente son pasos clave para asegurar que el voto sea verdaderamente representativo de toda la ciudadanía.

Además, se debe prestar atención a las nuevas formas de manipulación que pueden surgir con el avance de la tecnología. La privacidad del voto y la integridad del proceso electoral son áreas donde la vigilancia y la transparencia deben ser una prioridad. La modernización del sistema electoral debe venir acompañada de una mayor supervisión y un marco legal que proteja a los votantes de las posibles amenazas externas e internas.

¿Cómo explicar el fenómeno del "Red Shift" y su relación con las máquinas de votación electrónicas en Estados Unidos?

En las elecciones presidenciales de 2004 en los Estados Unidos, los resultados de las encuestas de salida mostraron una discrepancia significativa en comparación con los votos finalmente contabilizados, especialmente a favor de los candidatos republicanos. Este fenómeno, conocido como "red shift", se volvió aún más evidente en las elecciones posteriores, particularmente en 2016. A pesar de que las encuestas de salida indicaban victorias para Hillary Clinton en varios estados clave, los resultados reales mostraron victorias para Donald Trump, con una brecha inesperada en los porcentajes de votos. Por ejemplo, en Florida, las encuestas de salida pronosticaban que Clinton ganaría por 47,7 % a 46,4 %, pero los resultados finales reflejaron una victoria de Trump con el 49,0 %, una diferencia que se conoce como "red shift". Este fenómeno también ocurrió en otros estados como Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, donde las encuestas de salida mostraban a Clinton ganando, pero los resultados finales favorecieron a Trump con variaciones de varios puntos porcentuales.

El "red shift" es una anomalía que ha sido observada en las elecciones de Estados Unidos desde el año 2000, particularmente en las elecciones presidenciales de 2004, 2008 y 2016. Este fenómeno se caracteriza por una alteración sistemática de los resultados de las encuestas de salida, donde las encuestas tienden a subestimar el apoyo hacia los candidatos republicanos. En un análisis posterior a las elecciones de 2004, se descubrió que 22 estados experimentaron un "red shift", lo que significa que los resultados de las encuestas de salida favorecieron de manera desproporcionada a los demócratas, pero los resultados reales favorecieron a los republicanos.

Una de las teorías más debatidas para explicar este fenómeno fue propuesta por Warren Mitofsky, uno de los pioneros de las encuestas de salida. Mitofsky sugirió que existía un "votante republicano tímido", que, por diversas razones, no se sentía cómodo revelando a los encuestadores su preferencia por los candidatos republicanos. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente rechazada, ya que no existe evidencia similar de un fenómeno comparable en otros países que realicen encuestas de salida, incluso en contextos donde el líder ganador es percibido negativamente.

En el caso de las elecciones de 2000, 2002 y 2004, los números de "red shift" fueron tan significativos que muchos comenzaron a vincularlo con la introducción de las máquinas de votación electrónicas tras la aprobación de la Ley de Ayuda a la Votación de América (HAVA) en 2002. Esta ley permitió la compra masiva de máquinas de votación electrónicas, sin papel de respaldo ni mecanismos de auditoría. Estas máquinas, que en muchos casos carecían de una cadena de custodia adecuada, se convirtieron en el centro de las teorías de conspiración que atribuían la manipulación de resultados electorales a fallos técnicos o intervenciones maliciosas.

Un ejemplo de esta problemática se produjo en las elecciones de 2002 en Georgia, donde las máquinas de votación electrónicas no generaron ningún tipo de recibo o registro físico, lo que permitió que, según algunos informes, se perdieran tarjetas de memoria que contenían votos de áreas urbanas. En ese contexto, Max Cleland, un veterano de guerra y candidato al Senado, perdió frente a su oponente republicano Saxby Chambliss, a pesar de tener una ventaja en las encuestas de 5 puntos una semana antes de la elección.

Además, en las elecciones de 2018 en Georgia, las máquinas de votación electrónicas también generaron resultados inexplicables, como el hecho de que más de 160,000 personas "optaron por no votar" en una categoría importante, lo cual fue reportado como una anomalía que favoreció a los candidatos republicanos. Investigaciones periodísticas revelaron que los funcionarios responsables de las elecciones no respondieron a las solicitudes de información y que, en el proceso de litigio, algunos servidores de datos fueron misteriosamente borrados, impidiendo el acceso a pruebas cruciales.

El escándalo sobre las máquinas de votación electrónicas y el "red shift" también se ha alimentado con la información sobre los proveedores de estas máquinas, como Diebold, una empresa vinculada a la política republicana, que incluso fue acusada de influir en los resultados de las elecciones a favor de George W. Bush en 2004. Las máquinas de votación que carecen de mecanismos de verificación y auditabilidad se han convertido en un blanco fácil para las teorías de fraude electoral, especialmente dado el contexto de desconfianza en el sistema de votación en general.

El "red shift" y las preocupaciones sobre las máquinas de votación electrónicas no son fenómenos aislados, sino que han reflejado una creciente desconfianza en la integridad del sistema electoral estadounidense. Aunque no existe una explicación unificada que resuelva este misterio, la recurrencia de estos problemas en elecciones cruciales sigue siendo motivo de inquietud. Es fundamental que se sigan investigando las posibles fallas en los sistemas de votación y que se fortalezcan los mecanismos de auditoría para garantizar la transparencia en los procesos electorales.

El fenómeno del "red shift" no solo se limita a las elecciones presidenciales, sino que también ha afectado a otras elecciones clave, lo que refuerza la necesidad de un análisis más profundo sobre cómo se realizan las encuestas de salida y cómo se cuentan los votos. Aunque muchos atribuyen estos cambios a factores como el comportamiento de los votantes o la falta de precisión de las encuestas, la influencia de las máquinas de votación electrónicas y la falta de mecanismos de auditoría sigue siendo una preocupación central para los ciudadanos y observadores internacionales.

¿Cómo el "For the People Act" de 2019 busca transformar la democracia en Estados Unidos?

Nancy Pelosi se dirigió a un grupo de legisladores, colaboradores y ciudadanos en las escalinatas del Capitolio; la multitud se mantenía abrigada para protegerse del frío, agitando banderas estadounidenses y sosteniendo carteles a favor de la inminente votación. Durante la previa a la votación, los republicanos dejaron claro que no formarían parte de un proyecto de ley que, entre otras reformas importantes, otorgaría el derecho de voto a los ciudadanos previamente encarcelados. Por ejemplo, el representante David McKinley, republicano de Virginia Occidental, argumentó que expandir la democracia es un gasto innecesario y cuestionó en Facebook: “¿Quieres que tus impuestos financien campañas? El H.R. 1 propone una contraprestación gubernamental de 6:1 para ‘pequeñas’ contribuciones a campañas. Esto haría que los contribuyentes paguen anuncios de ataques, llamadas automáticas y anuncios dirigidos en redes sociales para candidatos”. Los republicanos en la Cámara propusieron varias enmiendas, incluida una que, según reportó Fox, condenaría el “voto de inmigrantes ilegales”. Más tarde, la Cámara de Representantes aprobó el H.R. 1, el "For the People Act" de 2019, con una votación dividida de 234-193. El resumen del proyecto de ley establece de manera simple que su propósito es "expandir el acceso de los estadounidenses a las urnas, reducir la influencia del dinero en la política y reforzar las normas éticas para los servidores públicos, entre otros fines".

El titular en el sitio web de Fox resumió la postura republicana después de que el proyecto de ley fue aprobado: “Los demócratas de la Cámara aprueban el proyecto de ley de derechos de voto como una ‘toma de poder’; McConnell dice que la propuesta no tiene oportunidad en el Senado”. Este enfoque no es sorprendente: durante más de un siglo, los republicanos se han opuesto a la expansión del voto por diversas razones y mecanismos (y los demócratas, en su mayoría, lo hicieron hasta 1965). Como dijo la representante Zoe Lofgren, demócrata de California, en ese momento, los demócratas y los defensores de la democracia ven el proyecto de ley de manera diferente: como una medida que "quita el poder a las élites y a los intermediarios del poder y se lo entrega al pueblo". Esta es la consecuencia predecible de cualquier proyecto de ley que expanda los derechos de voto y busque limitar la influencia corruptora del dinero en la política, y eso es lo que asusta a los republicanos.

Al examinar las propuestas del H.R. 1, queda claro por qué los republicanos están nerviosos: el proyecto de ley revertiría más de un siglo de esfuerzos de supresión del voto por parte de la derecha y extendería y mejoraría nuestra democracia, amenazando el control que los oligarcas tienen sobre la elaboración de políticas en los Estados Unidos. El proyecto introduce una combinación de cambios de gran alcance y ajustes menores, y se divide en tres secciones distintas pero profundamente conectadas: 1) Votación, 2) Finanzas de campaña, 3) Ética.

En su esencia, la democracia es un sistema sencillo en el que nosotros, el pueblo, enviamos señales a nuestro gobierno, que a su vez implementa políticas, leyes y grandes proyectos en nuestro nombre. En este sistema, las elecciones son las ocasiones en que nosotros, el pueblo, acudimos a los centros de votación, donde podemos enviar señales al gobierno mediante nuestro voto. En un sistema ideal, cada ciudadano es un votante elegible, y cada votante elegible puede acudir a su centro de votación en cada elección, y luego su voto es perfectamente contado.

Sin embargo, en las elecciones reales, hay fallos en el sistema en cada paso del proceso:

  1. No todos los ciudadanos están registrados para votar.

  2. Los estados controlados por los republicanos han dificultado el registro de votantes mediante mecanismos como la exigencia de identificaciones de ciudadanía y el cierre de oficinas de licencias de conducir en áreas de mayoría negra (como ocurrió en Alabama en 2015).

  3. Incluso si un ciudadano cree que está registrado para votar, muchos estados controlados por los republicanos purgan activamente a los votantes inactivos.

  4. Las elecciones se celebran en días laborables, y muchos trabajadores no pueden tomarse un día libre para votar.

  5. Los centros de votación no siempre son convenientes para acceder, y los problemas de personal pueden causar largas esperas y filas. Si las filas son particularmente largas y el clima particularmente malo, muchos votantes pueden optar por no tomarse el día libre del trabajo o simplemente quedarse en casa.

  6. Debido a problemas con máquinas de votación privadas “mal calibradas” o boletas confusas o, en algunos casos, fraude electoral, nuestros votos no siempre son contados con precisión.

  7. Debido a la influencia corruptora del dinero en la política y los medios de comunicación, y la cantidad de desinformación dirigida a los votantes, incluso si cada paso del proceso de votación fuera seguro, confiable y fácil de usar, los votantes aún podrían no estar suficientemente informados sobre sus opciones al momento de votar.

Aunque es posible que el proyecto de ley quede estancado en el Senado controlado por los republicanos, el H.R. 1 marca un buen primer paso hacia la resolución de muchos de estos problemas.

El registro automático de votantes

El proyecto de ley introduciría un registro automático de votantes a nivel nacional, lo que contrarrestaría muchas de las tácticas de supresión del voto a nivel estatal que los republicanos han explotado durante los últimos cincuenta años de elecciones. Según el Brennan Center for Justice, el registro automático de votantes tiene dos beneficios principales. En primer lugar, convierte el registro de votantes en una opción por defecto, lo que significa que los ciudadanos serían registrados automáticamente a menos que opten por no hacerlo. Esta puede parecer una diferencia semántica, pero una investigación significativa demuestra que las personas tienen más probabilidades de participar en un programa que sea una opción por defecto, en lugar de una opción a la que se deba optar activamente.

En 2013, un blog de la Association for Psychological Science describió cómo esta lógica explica por qué los Estados Unidos tienen menos donantes de órganos registrados que otros países. En los Estados Unidos, el 85% de los ciudadanos dicen que aprueban la donación de órganos, pero solo el 28% otorgan su consentimiento firmando una tarjeta de donante. En cambio, en muchos países europeos, la donación de órganos es la opción predeterminada, y menos del 1% de los ciudadanos optan por no participar. Un estudio de 2003 realizado por los psicólogos Eric J. Johnson y Daniel Goldstein descubrió que el proceso de opt-out, es decir, de eliminarse de la donación de órganos, es demasiado engorroso en comparación con simplemente permitir que las personas sean automáticamente registradas.

El mismo principio podría explicar por qué muchos estadounidenses no están registrados para votar. En una encuesta de 2017 del Pew Research Center, el 27% de los votantes elegibles no registrados dijo que “tenían la intención de registrarse pero aún no lo habían hecho”. Aunque esto no equivale a un voto obligatorio, ya que los ciudadanos todavía pueden optar por no registrarse, hace que el registro sea la opción por defecto para los adultos estadounidenses. Esto ayudaría a asegurar que más ciudadanos se inscriban y participen en las elecciones.

En segundo lugar, el registro automático de votantes crearían un sistema en el que las agencias encargadas de la votación mantendrían información electrónica sobre los votantes, que podría ser transferida a los funcionarios electorales, en lugar de depender de formularios en papel que podrían perderse o ser manipulados por funcionarios locales interesados en manipular los resultados. Modelos exitosos de registros automáticos de votantes, como los de Suecia, ya funcionan de esta manera.

¿Cómo las leyes de votación y el acceso a las urnas afectan la participación electoral en la sociedad moderna?

Las leyes que regulan el acceso al voto y las prácticas electorales juegan un papel crucial en la forma en que los ciudadanos participan en el proceso democrático. Aunque la expansión del voto por correo y el aumento del registro electoral automático han sido pasos importantes hacia una mayor inclusión, el acceso al voto sigue estando condicionado por una serie de factores legislativos y sociales que, a menudo, limitan la participación de diversos grupos en la sociedad. Las leyes de identificación de votantes, las restricciones al voto por correo y la eliminación de centros de votación en ciertas áreas son ejemplos de políticas que pueden reducir la participación en las elecciones.

Históricamente, las políticas de votación han estado orientadas a proteger intereses políticos específicos y, en muchos casos, a excluir a sectores de la población que, por diversas razones, podrían alterar el equilibrio del poder establecido. La exclusión de votantes afroamericanos, el desafío de los derechos de los exconvictos y la exclusión de los estudiantes universitarios de ciertos estados son ejemplos claros de cómo las leyes pueden ser manipuladas para mantener un control sobre la democracia. Estas prácticas no solo perpetúan la desigualdad, sino que también socavan la legitimidad de los procesos electorales.

Un factor importante en la evolución de las leyes electorales es la creciente digitalización del proceso de votación. Aunque el voto electrónico ha sido promovido como una solución moderna, su implementación ha mostrado diversas falencias, sobre todo en países en desarrollo. Las máquinas de votación electrónica, que se suponía que garantizarían una mayor eficiencia y transparencia, han sido objeto de críticas debido a los errores en el conteo de votos y la falta de confianza en su seguridad. En algunos países, como el Congo, las autoridades advirtieron sobre los peligros de implementar este tipo de tecnología sin una infraestructura adecuada, lo que podría resultar en una manipulación masiva de los resultados electorales.

En un contexto estadounidense, el sistema electoral ha sido objeto de un debate constante, especialmente en torno al Colegio Electoral. Mientras algunos argumentan que este sistema es obsoleto y desproporcionado, otros defienden su importancia como salvaguarda contra la tiranía de la mayoría. Las reformas propuestas, como la implementación de un sistema de voto popular directo o la ampliación del voto anticipado, están en la agenda de muchos legisladores y activistas, que buscan una mayor representatividad y equidad en el proceso electoral.

Otro tema de debate es el voto obligatorio. Países como Australia han adoptado esta práctica con la intención de garantizar una participación democrática más amplia, aunque su aplicación no está exenta de controversias. Mientras que algunos ven el voto obligatorio como una manera efectiva de asegurar que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, otros lo consideran una violación de la libertad individual. Las ventajas de este sistema incluyen una mayor representación y una disminución de las disparidades en la participación electoral, pero los opositores argumentan que la coerción no es la solución a los problemas de apatía electoral.

Es fundamental que los votantes comprendan cómo sus derechos están siendo moldeados por las leyes locales y federales. El voto no es solo una oportunidad para influir en el futuro político del país, sino también una herramienta para luchar contra las injusticias sociales y económicas. Sin embargo, la lucha por el derecho al voto está lejos de haber terminado. La historia ha demostrado que el acceso al voto no siempre ha sido equitativo, y aunque hemos avanzado, persisten obstáculos que impiden que muchos ciudadanos participen plenamente en la democracia. Es esencial que los votantes estén informados sobre las leyes que afectan su derecho al voto y se involucren activamente en las reformas que buscan hacer del proceso electoral algo más justo para todos.