¿Cómo Influyen las Redes Conservadoras en la Desestructuración de los Sindicatos Públicos?

El ascenso de la troika conservadora formada por AFP (Americans for Prosperity), SPN (State Policy Network) y ALEC (American Legislative Exchange Council) en la década de 2010 marcó un cambio significativo en las políticas laborales en Estados Unidos. Esta coalición ha sido determinante en la creación de leyes que debilitan a los sindicatos de empleados públicos, despojándolos de recursos y capacidades organizativas esenciales. Este proceso ha afectado a miles de trabajadores en sectores clave como la educación, la seguridad pública y otros servicios esenciales, con un impacto profundo en la política de los estados.

Las investigaciones realizadas sobre la postura de los legisladores estatales ante estas reformas muestran que los miembros de ALEC, en particular, eran significativamente menos propensos a apoyar los derechos de los sindicatos en comparación con otros legisladores conservadores. Un estudio de 2017 reveló que los legisladores que se apoyaban en las directrices de ALEC apoyaban, en promedio, menos derechos para los trabajadores públicos (5.1 de 14 posibles derechos) en comparación con sus compañeros no afiliados (8.2 de 14 derechos). Este distanciamiento en las posturas sobre los derechos laborales refleja la influencia de ALEC en la creación de políticas que debilitan a los sindicatos.

El impacto de estas reformas no se limitó a los sindicatos. La debilidad de los sindicatos públicos proporcionaba a la troika conservadora una oportunidad para avanzar con otros proyectos de ley y propuestas, muchas de las cuales favorecían la agenda empresarial y conservadora. Según Tim Phillips, exorganizador de AFP y actual presidente de la organización, la fortaleza de los sindicatos de empleados públicos había sido un obstáculo importante para los republicanos, ya que estos sindicatos generaban enormes recursos financieros que eran utilizados para apoyar a candidatos y propuestas progresistas.

Este enfoque se vio reflejado en una serie de estados que, inspirados en el modelo de Wisconsin, adoptaron leyes similares que limitaban la influencia sindical. De esta manera, el debilitamiento de los sindicatos públicos se convirtió en una estrategia clave para la consolidación del poder político conservador. Según el informe de SPN, las reformas como el derecho al trabajo y la reducción de la negociación colectiva fueron vistas como una forma de "desfinanciar y desarmar" a uno de los oponentes más poderosos del movimiento de libertad, es decir, los sindicatos de empleados públicos.

Es relevante que el lector entienda que estas reformas no solo son el reflejo de un cambio en la política laboral, sino también un cambio en la estrategia política más amplia. La relación entre la debilidad de los sindicatos y el fortalecimiento de la agenda conservadora no es meramente circunstancial. La pérdida de poder de los sindicatos públicos ha permitido a los grupos conservadores avanzar en otras áreas políticas, como la reducción de impuestos y la implementación de políticas que favorecen a las grandes corporaciones. Además, el debilitamiento de estos sindicatos ha tenido consecuencias sociales y económicas de largo alcance, ya que muchos de los trabajadores afectados por estas reformas son aquellos que prestan servicios esenciales a la comunidad.

Es necesario también reconocer que el debilitamiento de los sindicatos públicos no ha sido un proceso lineal ni uniforme. En muchos estados, la resistencia de los sindicatos y la oposición pública a estas reformas han provocado desacuerdos dentro del movimiento conservador. Sin embargo, la efectividad de estas reformas en términos de la consolidación del poder político y económico de los grupos conservadores es innegable.

Finalmente, aunque las reformas impulsadas por la troika conservadora han tenido un impacto significativo, es crucial considerar que la lucha por los derechos de los trabajadores y la resistencia sindical siguen siendo elementos fundamentales en la política estadounidense. La capacidad de los sindicatos para organizarse, movilizarse y presentar una oposición coherente a estas reformas es, y seguirá siendo, una de las principales barreras contra la expansión de este tipo de políticas en el futuro.

¿Cómo influye la fuerza de la troika conservadora en los recortes a la negociación colectiva del sector público?

Casi el 40 % de los estados contaban con al menos un afiliado del SPN que había establecido vínculos institucionales con ALEC. En promedio, los estados con tales vínculos tenían tres asociaciones formales. Estas relaciones revelan una red cohesionada, donde think tanks estatales y legisladores alineados con ALEC trabajan en conjunto para proponer y aprobar legislación orientada a restringir los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos.

Un índice compuesto, que mide tanto la fuerza de la troika conservadora como su coordinación, permite visualizar geográficamente las zonas de mayor activismo. Los valores más altos se registraron en Wisconsin, Nebraska, Michigan, Kansas y Arizona, mientras que los más bajos se observaron en Rhode Island, Alaska, Hawái, Oregón y Massachusetts. Estos patrones no son accidentales. Al analizar los datos legislativos entre 2011 y 2012, se observa una correlación clara: a mayor presencia y coordinación de la troika, mayor probabilidad de que se aprueben recortes a los derechos de negociación colectiva.

La relación es estadísticamente robusta. En los estados con menor fuerza de la troika, ninguno aprobó recortes. En cambio, más de la mitad de los estados con la mayor presencia de ALEC, SPN y AFP sí lo hicieron. Incluso al controlar el factor partidista—es decir, la dominación republicana del poder ejecutivo y legislativo—la influencia de la troika conserva su capacidad explicativa. De los veintidós estados con control republicano total, solo nueve aprobaron recortes, lo cual nos lleva a preguntarnos por qué solo esos nueve. La respuesta está en la intensidad organizativa de la troika dentro de esos estados: donde su presencia era más fuerte, los recortes fueron más probables.

Ni la opinión pública ni la situación fiscal de los estados explican estos resultados. En promedio, solo un 40 % de los estadounidenses apoyaba recortes a los derechos sindicales del sector público en 2011, y ese apoyo era altamente variable entre estados. Sin embargo, los estados con mayor apoyo ciudadano no fueron necesariamente los que aprobaron tales recortes. No existe una correlación observable entre niveles de respaldo popular a la retracción sindical y la legislación aprobada en ese sentido.

Asimismo, el estado de las finanzas públicas no muestra relación significativa con la probabilidad de recortes. A pesar de que los argumentos oficiales, como los del gobernador Scott Walker en Wisconsin, apelaban al equilibrio presupuestario como justificación, los datos no respaldan esta narrativa. Estados con déficits fiscales severos no fueron más proclives a legislar contra la negociación colectiva que aquellos con balances positivos o intermedios.

Importa entender que la troika no actúa de forma aislada. Su eficacia depende de una arquitectura de poder cuidadosamente cultivada, que se apoya en la interconexión entre think tanks, legisladores y movimientos de base financiados a nivel nacional. Esta red permite la rápida circulación de ideas, la estandarización de propuestas legislativas y la aplicación táctica de presión política. El resultado no es una mera reacción al contexto económico o social, sino una ofensiva política meticulosamente planeada.

¿Cómo los Legisladores de EE. UU. Intentaron Reformar el Proceso Legislativo a Través de la Profesionalización?

En el contexto de principios del siglo XX, un grupo de legisladores liderado por el senador de Colorado, Henry W. Toll, creía firmemente que la solución a los problemas que enfrentaban los estados no residía en las propuestas populares de la época. Entre estas soluciones se incluían la reducción de los salarios de los legisladores y la modificación de las sesiones legislativas de anuales a bienales. Sin embargo, Toll discrepaba de estas ideas. Reconociendo que muchos legisladores carecían de la mentalidad, la capacitación y la imparcialidad necesarias, él sostenía que las legislaturas estatales necesitaban más recursos, no menos, para poder desarrollar políticas efectivas.

La ALA, tal y como Toll y sus colegas la concebían, tendría cinco actividades principales. Entre ellas se encontraba la creación de divisiones que ayudaran a los estados a establecer oficinas de referencia legislativa, que ofrecieran asistencia en investigaciones no partidistas y redacción legal; una "central informativa" a través de la cual los legisladores o su personal pudieran conectarse con las mejores fuentes de información sobre sus problemas actuales; una publicación que se enviaría a cada legislador con información sobre leyes recomendadas, investigaciones recientes, y ejemplos de legislación estatal destacada; una reunión anual de legisladores coincidiendo con la reunión de la Asociación Americana de Abogados; y una asamblea legislativa que considerara y promoviera leyes modelo para los estados.

Lo que Toll proponía era una organización que complementara el trabajo de otras organizaciones que promovían la cooperación interestatal y desarrollaban leyes modelo para los legisladores. Sin embargo, la ALA no era una organización liderada por expertos, como la Comisión de Leyes Uniformes de los Estados, que carecía de la capacidad de promover activamente sus propuestas. En contraste, la ALA podía hacer precisamente eso. Además, la ALA ofrecía a los legisladores y sus equipos legales y de investigación una asistencia integral, algo que la Comisión no podía proporcionar.

Cinco años después de su fundación, la ALA abrió una oficina en Chicago, donde estableció vínculos con la Universidad de Chicago y sus expertos en ciencias políticas, derecho y economía. Varios de los primeros miembros del personal de la organización fueron incorporados al cuerpo docente de la universidad, y muchos académicos se unieron a la ALA como asesores. Este vínculo con el mundo académico se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la organización, que en sus primeros años también impulsó dos iniciativas clave: establecer oficinas de referencia legislativa no partidistas en todos los estados y resolver los conflictos entre las leyes fiscales federales y estatales.

La ALA logró avanzar de manera gradual en su primera década, lo que llevó a algunos de sus participantes a plantearse la creación de una segunda organización que no solo incluyera a legisladores, sino también a miembros de las agencias administrativas estatales. Así nació en 1935 el Consejo de Gobiernos Estatales (CSG), que tenía como objetivo promover la cooperación entre los estados y con el gobierno federal. La ALA terminó fusionándose con este nuevo organismo, cuyo enfoque pasó de la mejora del proceso legislativo a un alcance más amplio que incluía cuestiones de política pública.

Durante la década de 1950, el CSG se expandió para atraer más legisladores a través de la Conferencia Nacional Legislativa, y poco después surgió el grupo de los Líderes Legislativos Estatales. En los años 60, la creación de la Sociedad Nacional de Legisladores Estatales representó otro hito en el esfuerzo por consolidar una infraestructura bipartidista y experta que uniera a los gobiernos estatales. A lo largo de los años, la CSG continuó desarrollando actividades centradas en la cooperación interestatal y la recopilación de indicadores sobre las actividades estatales.

Es importante destacar que las propuestas de Toll y sus colegas no solo buscaban mejorar la eficiencia legislativa, sino también reforzar el papel del Estado en la producción de políticas públicas mediante la cooperación profesional entre expertos y legisladores. La creación de estas instituciones no solo transformó la forma en que los legisladores interactuaban entre sí, sino que también sentó las bases para un enfoque más técnico y fundamentado en la toma de decisiones gubernamentales.