¿Es la corrupción de la era Trump una ruptura histórica o una continuidad transformada?

La era Trump no introdujo la corrupción en la política estadounidense; la convirtió en una estética, una metodología y un lenguaje compartido entre élites y seguidores. La comprensión de la corrupción en este contexto ya no se limita a la apropiación indebida de fondos o la violación de normas legales; se amplía hacia una esfera donde el poder se legitima a través de la transgresión misma, donde el quebrantamiento de reglas se convierte en signo de autenticidad y desafío heroico a un sistema supuestamente fallido. La corrupción se vuelve así una narrativa que habilita nuevas formas de pertenencia, de ciudadanía y de exclusión.

Varios capítulos del volumen analizan cómo la corrupción no solo se comete, sino que también se moviliza discursivamente: se acusa al oponente de corrupción para justificar la propia impunidad; se invoca la corrupción como un signo de decadencia moral ajena mientras se legitima la deslealtad institucional como patriotismo. Esta lógica discursiva produce un espacio donde el cinismo no es un defecto, sino una estrategia de supervivencia y acumulación política.

El vínculo entre corrupción e iliberalismo se manifiesta también en la retórica violenta y las políticas deliberadamente antidemocráticas que se intensificaron durante la administración Trump. La gestión de la pandemia de COVID-19 reveló cómo el sufrimiento humano puede ser instrumentalizado electoralmente, mientras que las acciones migratorias extralegales exponen una política biopolítica que clasifica vidas entre las dignas de protección y las destinadas al abandono o la crueldad sistemática. La corrupción se convierte así en una forma de gobernar que renuncia a los principios republicanos en favor de la excepción permanente.

Los autores del libro no solo documentan los excesos del trumpismo; sitúan estos fenómenos dentro de una genealogía más amplia de corrupción institucional en Estados Unidos, desafiando la noción de que Trump representa un “accidente” o una anomalía. Desde los escándalos sexuales y las operaciones inmobiliarias turbias hasta las dinámicas de blanqueamiento simbólico de sus actos más ilegales, emerge un patrón: una política del descaro que naturaliza el abuso como parte del juego.

La contribución de esta obra reside en su enfoque antropológico comparativo, que permite entender el trumpismo no solo como fenómeno local, sino como parte de una corriente global de resurgimiento iliberal. Las comparaciones con otros contextos internacionales revelan cómo el autoritarismo se adapta culturalmente, cómo la corrupción puede adquirir legitimidad social y cómo las democracias liberales pueden vaciarse desde adentro sin necesidad de golpes de Estado.

La corrupción, en este marco, deja de ser una categoría meramente legal o ética y se convierte en una herramienta para interpretar las disputas por la verdad, la pertenencia y la justicia. Exige una mirada que supere la denuncia y se adentre en las condiciones sociales, económicas y afectivas que la hacen posible y deseable para millones de personas.

¿Cómo operan los élites en la sombra y qué implicaciones tienen para la política global?

A lo largo de las últimas décadas, el comportamiento de las élites globales ha experimentado una transformación significativa. Las prácticas que alguna vez fueron consideradas traidoras o corruptas ahora se han convertido en métodos normales de operar para aquellos que poseen poder e influencia, especialmente cuando se trata de actores que actúan en nombre de intereses extranjeros. Uno de los rasgos más destacados de estos "élites en la sombra" es su capacidad para operar fuera del marco tradicional de la transparencia y la rendición de cuentas, a menudo sin ser detectados por el público general.

Un ejemplo claro de esta evolución se observa en el caso de Monitor Group, una firma de consultoría vinculada a la Escuela de Negocios de Harvard, que entre 2006 y 2008 fue contratada para llevar a cabo una campaña de relaciones públicas para el régimen libio de Muammar Gaddafi. La firma reunió a un grupo de académicos, políticos y figuras públicas influyentes, quienes, tras su visita a Libia, publicaron artículos de opinión en los medios que favorecían al régimen, sin revelar explícitamente el contexto en el que se habían generado esos textos. Esta práctica de manipulación mediática es una manifestación de cómo las élites en la sombra operan, ocultando sus patrocinadores y creando una fachada de legitimidad.

Un caso particularmente revelador de esta dinámica se encuentra en los expresidentes y exprimeros ministros del mundo libre, quienes, tras dejar el poder, han continuado sus carreras con una mezcla de intereses públicos, comerciales y filantrópicos. Tony Blair, ex primer ministro británico, por ejemplo, no solo fue enviado especial del Cuarteto para el proceso de paz en el Medio Oriente, sino que también asesoró a gigantes como JPMorgan Chase y Zurich International, mientras mantenía relaciones con gobiernos como el de Libia y Kazajistán. Esta mezcla de intereses planteó serias dudas sobre la neutralidad de Blair, cuestionando si sus acciones servían realmente al proceso de paz o si beneficiaban a actores privados. A pesar de las críticas, Blair pudo negar cualquier intento de lobby, alegando que sus actividades estaban separadas y no influenciaban sus funciones diplomáticas.

Es importante destacar que este fenómeno no se limita a figuras políticas de izquierda o derecha, sino que es un comportamiento transversal. Por ejemplo, mientras que los críticos de Hillary Clinton utilizaron su propia red de vehículos de influencia, como el caso de Cambridge Analytica, figuras de la alt-right como Steve Bannon crearon el Government Accountability Institute (GAI), con el fin de movilizar la opinión pública y los medios de comunicación en contra de Clinton. Estos vehículos permiten a los actores políticos y económicos operar sin ser responsables ante las instituciones tradicionales de control, distorsionando las dinámicas democráticas y de poder.

¿Cómo la corrupción y el nepotismo se fusionan con el poder en la administración Trump?

El auge de la corrupción y el nepotismo en la política estadounidense, especialmente durante la presidencia de Donald Trump, ha dejado una huella indeleble en la democracia del país. A través de prácticas que incluyen el nepotismo, la captura regulatoria, la corrupción flagrante y el uso del poder para fines privados, se ha logrado una fusión entre el poder estatal y privado. Un aspecto particularmente alarmante es el creciente número de "élites en las sombras" que operan entre bastidores, desafiando tanto las normas del mercado libre como las de un estado democrático. Estas dinámicas no solo reflejan una estrategia consciente para socavar el sistema, sino también la implementación de políticas que concentran el poder en manos del Ejecutivo, en detrimento de las instituciones democráticas.

Uno de los ejemplos más notables de este comportamiento fue la designación de su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner en roles clave dentro de la Casa Blanca, sin que tuvieran que desprenderse completamente de sus negocios personales. Ivanka, por ejemplo, recibió en un corto periodo más de una docena de marcas registradas en China, lo que generó controversias por la coincidencia con los esfuerzos de Trump para cambiar las políticas hacia las empresas chinas que se veían afectadas por las sanciones de EE. UU. Por su parte, Kushner no solo se benefició de negocios en todo el mundo, sino que también fue objeto de investigaciones por sus posibles vínculos con potencias extranjeras que buscaban influir en las decisiones políticas de EE. UU. Mediante esta fusión explícita de los negocios privados con el poder público, se socavaron las normas democráticas y las convenciones internacionales que regulan la conducta de los funcionarios públicos.

Otro fenómeno relevante que se intensificó bajo la administración Trump fue la captura regulatoria, un fenómeno en el cual las agencias gubernamentales encargadas de regular sectores específicos son tomadas por intereses privados que moldean las leyes y regulaciones a su favor. Si bien la captura regulatoria no es un fenómeno nuevo, alcanzó niveles extremos durante la presidencia de Trump. Muchos de los nombramientos clave en su gabinete provenían de industrias que ellos mismos debían regular, lo que abrió la puerta para que las políticas públicas se diseñaran en beneficio de intereses privados. Aunque sus seguidores defendieron lo que consideraron un "gabinete de forasteros" debido a sus credenciales no adquiridas en la política tradicional, la mayoría de estos funcionarios eran, en realidad, integrantes de las mismas industrias que debían supervisar.

Es importante entender que este tipo de comportamientos no son solo una consecuencia de las decisiones de una administración particular, sino que también son producto de una larga serie de precedentes que se arrastran a lo largo de los años, y que, en muchos casos, han sido respaldados por élites políticas y económicas que operan tanto en el ámbito local como global. El gobierno de Trump, al socavar la confianza en las instituciones, demuestra cómo la corrupción y el poder personal pueden trastocar profundamente el orden democrático, algo que debe ser reconocido y abordado en el contexto de los sistemas políticos contemporáneos.

¿Cómo se manipulan las vidas humanas en el cálculo económico durante una pandemia?

La gestión política de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos ha sido una lección brutal de cómo los gobiernos pueden, y a veces lo hacen, deshumanizar a la sociedad bajo la justificación de decisiones económicas. La administración Trump, desde un inicio, vio el valor de la vida humana no solo como un bien social, sino como una cifra manejable dentro de un cálculo de costos y beneficios. Esto no es solo un tema de economía, sino una cuestión profundamente política y ética. El cálculo de las muertes se convirtió en un instrumento para justificar políticas económicas, como si las vidas de los ciudadanos pudieran ser descartadas o preservadas según la conveniencia electoral y económica del momento.

A medida que el virus se expandió y las muertes comenzaron a acumularse, el enfoque cambió. Se empezó a sostener que los muertos no eran realmente "muertos", sino "no muertos", una categoría inventada para describir a aquellos que, según las predicciones del modelo del Imperial College, deberían haber muerto pero no lo hicieron. La manipulación de este concepto fue una herramienta clave para justificar que las muertes que ya se habían producido no fueran un reflejo de un fracaso en la política pública. Esta separación entre los muertos y los vivos permitió que se continuara con la narrativa de que las políticas económicas estaban funcionando, incluso si eso implicaba permitir que la pandemia siguiera su curso.

Los defensores de este enfoque, como el asesor médico Scott Atlas, promovieron lo que se conoció como "inmunidad colectiva" en lugar de mitigación, una política que no solo fue peligrosa, sino que reflejaba un desprecio fundamental por el valor de la vida humana. El gobierno intentó presentar su estrategia como exitosa, a pesar de las evidentes tragedias humanas, destacando la recuperación económica mientras minimizaba las pérdidas humanas.

Esta doble contabilidad no es solo un juego de números, sino una forma de manipulación ideológica. Es una estrategia política que busca dividir y separar lo que, de otro modo, debería ser una preocupación colectiva: la salud y la vida de todos los ciudadanos. Al reducir la pandemia a una cuestión económica, se ignoró el hecho de que la sociedad es un tejido de relaciones humanas, donde las muertes no son solo cifras, sino tragedias personales que afectan a familias, comunidades y generaciones enteras. La administración convirtió la gestión de la pandemia en una cuestión de política electoral, donde la preservación de vidas humanas se subordinó al mantenimiento de la economía, y con ello, a la perpetuación del poder político.

Además, la influencia de los modelos matemáticos y las proyecciones epidemiológicas desempeñaron un papel fundamental en la manera en que se gestionó la pandemia. La administración utilizó estas proyecciones, como las de Imperial College, no solo para planificar una respuesta sanitaria, sino también para justificar decisiones políticas. La distorsión de estos datos, la elección de qué cifras presentar y cuál ignorar, fue una táctica para minimizar las consecuencias de la pandemia, al mismo tiempo que se construía una narrativa política favorable al gobierno.

Por último, es importante reflexionar sobre cómo esta manipulación de la realidad no solo afectó la política interna de un país, sino que también tuvo repercusiones globales. La crisis sanitaria, al ser tratada como una cuestión de números, reflejó una tendencia más amplia en las democracias contemporáneas: la deshumanización a través de la política económica. Esta forma de "desvincular" la política de la responsabilidad humana tiene implicaciones más profundas, que van más allá de una administración específica o de una crisis puntual.

¿Cómo la vulnerabilidad humana se negocia en la política contemporánea?

La vulnerabilidad humana, entendida como una característica inherente a la condición social del ser humano, ha sido un tema recurrente en las ciencias sociales. En los últimos años, y especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, este concepto ha adquirido una dimensión política relevante. La respuesta de los gobiernos, particularmente en los Estados Unidos, ante la crisis sanitaria mundial puso en evidencia cómo la vulnerabilidad de los individuos, y de determinados grupos sociales, es tratada como un costo económico que se puede negociar, minimizar o incluso ignorar.

Es esencial entender que este tipo de discurso no surge de manera espontánea ni de forma única en el contexto estadounidense. En diversos momentos históricos, y a través de distintos regímenes, las nociones de vulnerabilidad y responsabilidad han sido utilizadas para justificar políticas públicas que no sólo desprotegen a los más vulnerables, sino que incluso refuerzan las desigualdades estructurales. En 1996, la reforma del bienestar social en EE.UU. es un ejemplo emblemático de cómo se construyó un discurso de “cultura de la dependencia” que, bajo el pretexto de la autonomía individual, perpetuó una visión racista y clasista de los beneficiarios del sistema de bienestar.

La crítica antropológica a esta visión, que afirma que la vida humana es intrínsecamente social, propone un marco ético y moral para evaluar las consecuencias de la negociación de la vulnerabilidad. Los estudios muestran que las políticas que marginan a los sectores más afectados por la desigualdad, como las comunidades negras, latinas y las clases trabajadoras, no sólo son ineficaces, sino que perpetúan un ciclo de exclusión y sufrimiento social que tiene un impacto devastador a nivel colectivo. La vulnerabilidad, lejos de ser un tema accesorio o secundario, se convierte en el eje central de una disputa por la justicia social.

El desafío de la política contemporánea, especialmente en tiempos de crisis, no es simplemente gestionar los recursos de manera eficiente, sino garantizar que las vidas humanas no sean tratadas como meros números. Es urgente que las sociedades reconozcan que la vulnerabilidad humana no puede ser instrumentalizada ni reducida a un intercambio económico. Es un recordatorio de que el valor de una vida no se mide por su productividad ni por su capacidad de generar ganancias, sino por su intrínseca dignidad.

La pandemia del COVID-19 ha demostrado que la salud, la seguridad y el bienestar no son aspectos que puedan ser negociados según los intereses políticos del momento. A largo plazo, el cuidado y la atención a la vulnerabilidad de los más desfavorecidos son fundamentales no sólo para una sociedad más justa, sino para una política que aspire a la verdadera democracia.