¿Qué papel jugó el Departamento de Justicia en la lucha por los derechos de los niños indocumentados en los años 70?

La administración de Carter reflejó una transformación significativa en el Partido Demócrata de los años 70, aún comprometido con la revolución de los derechos de la década de 1960, pero cada vez más influenciado por una facción dentro del partido que buscaba restringir el crecimiento de los programas de subsidios sociales. Esta tensión se reflejó en su postura frente a casos como el litigio relacionado con los derechos educativos de los niños indocumentados en Texas.

El caso que llegó a los tribunales federales fue emblemático en cuanto a las políticas de inmigración y derechos civiles. La decisión del tribunal de distrito había sido desafiante, y desde el principio del proceso de apelación en el Quinto Circuito, quedó claro que el gobierno no estaba cómodo con la amplitud de la opinión del juez Justice. Varias agencias del gobierno, como el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Salud, Educación y Bienestar (HEW, por sus siglas en inglés), comenzaron a analizar el fallo y a debatir sobre el alcance de la intervención del gobierno federal.

Desde una perspectiva política y práctica, Days también señaló que la participación en el caso podría tener un impacto más allá de los derechos de los niños. Un fallo favorable podría definir cómo las leyes estatales basadas en el estatus de origen nacional serían interpretadas en el futuro, estableciendo precedentes para futuras litigaciones en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Además, la intervención del gobierno no solo tenía implicaciones jurídicas, sino que también fortalecía el compromiso de la administración con la educación inclusiva, especialmente en lo que respecta a la integración de programas bilingües para estudiantes no angloparlantes.

El Departamento de Estado también sopesó su postura, consciente de que la discriminación de los niños indocumentados podría afectar las relaciones exteriores de Estados Unidos, particularmente con los países de origen de estos estudiantes. La protección de los derechos humanos en virtud de los Acuerdos de Helsinki fue una de las razones por las cuales algunos funcionarios del gobierno instaron a la administración a involucrarse, destacando cómo el trato injusto hacia los extranjeros podría repercutir negativamente en la diplomacia internacional de EE. UU.

Este conflicto no fue solo un asunto de interpretación legal, sino también de estrategia política, pues cada decisión tomada podía influir directamente en la futura evolución de la política de inmigración y en los derechos civiles en EE. UU. Los debates dentro de la administración de Carter no solo abordaban cuestiones legales, sino también la viabilidad política de las acciones del gobierno ante la opinión pública y las tensiones internas del propio partido.

Es esencial reconocer que, a pesar de los logros alcanzados en cuanto a la protección de los derechos educativos de los niños indocumentados, el caso también destacó las limitaciones inherentes a las protecciones legales en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de inmigrantes no autorizados. La posición del Departamento de Justicia, liderada por figuras como Drew Days, resultó clave para posicionar el gobierno federal como un defensor activo de los derechos civiles, pero también dejó claro que las luchas por la inclusión y la justicia no siempre se resuelven de manera absoluta, y que los equilibrios políticos y legales siguen siendo factores determinantes en el proceso.

¿Cómo influyó la fragmentación del lobby latino en la política de sanciones laborales del presidente Carter?

La propuesta de sanciones laborales de Carter, diseñada para frenar la contratación de inmigrantes indocumentados, generó una resistencia significativa tanto dentro como fuera del Congreso. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en particular, criticó duramente la propuesta, señalando que impondría una carga excesiva a las empresas. Por otro lado, los sindicatos, representados por George Meany de la AFL-CIO, consideraron que la propuesta era demasiado débil y exigieron penas más severas para los empleadores que violaran las normativas.

Además, la propuesta de Carter no fue recibida con entusiasmo en el Capitolio. Muchos miembros del Congreso la percibieron como una iniciativa que carecía de un apoyo político claro. El proceso legislativo, que en teoría debería haber sido meramente técnico, se vio politizado de inmediato, lo que se convirtió en un grave obstáculo para su aprobación. La falta de una consulta genuina y el poco entendimiento por parte de la administración de cómo la política se entrelaza con las realidades del proceso legislativo fueron claves en el fracaso de la propuesta.

El Caucus Hispano del Congreso se encontraba dividido frente a la propuesta. Mientras que algunos, como el congresista Roybal, consideraban que las sanciones no eran suficientemente severas, otros temían que esta legislación abriera la puerta para enmiendas más duras. La falta de una reacción organizada de los grupos latinos hacia la propuesta de Carter fue uno de los puntos críticos que subrayó Roybal, quien instó a estas organizaciones a crear un frente común más fuerte para influir en el Congreso. Sin embargo, esta llamada a la unidad no fue bien recibida por las distintas facciones del lobby latino, que ya estaban atrapadas en una batalla interna por la supremacía en el ámbito de la política inmigratoria.

Organizaciones como MALDEF y NCLR se disputaban el liderazgo dentro de la comunidad latina. MALDEF, a pesar de ser considerada la principal voz de los latinos en Washington, no lograba conseguir el reconocimiento que aspiraba dentro del conjunto de organizaciones latinas en todo el país. La rivalidad con NCLR se intensificó, ya que esta última utilizaba su mayor infraestructura mediática y su creciente influencia dentro del gobierno para ganar notoriedad. El ambiente de competencia entre estas entidades era palpable, con MALDEF centrada en mejorar sus relaciones públicas y en minimizar la influencia de NCLR.

Este frente unido, que incluyó a grupos tan dispares como MALDEF, MAPA, el UFW, y la Cámara de Comercio, así como la incapacidad de la administración Carter para gestionar adecuadamente las relaciones con estos grupos y con el Congreso, acabó por debilitar la propuesta lo suficiente como para que no pudiera prosperar. La fragmentación interna del lobby latino, sumada a la falta de una estrategia cohesiva y al contexto político cambiante, fue uno de los factores que contribuyó al fracaso de las sanciones laborales en el Congreso.

Frente a este fracaso, la administración Carter optó por respaldar la creación de una comisión bipartidista para estudiar la política inmigratoria, lo que permitió al presidente distanciarse de su propuesta original y darle espacio a una nueva forma de abordar el tema. En 1978, se estableció la Comisión Selecta sobre Política de Inmigración y Refugiados (SCIRP), un foro en el que se podrían discutir y desarrollar políticas sobre inmigración sin las tensiones políticas inmediatas que había generado la propuesta de sanciones laborales.

La historia de la propuesta de sanciones laborales de Carter es un claro ejemplo de cómo la política de inmigración en los Estados Unidos ha sido siempre un terreno fértil para la fragmentación y el conflicto entre distintos grupos de interés. La competencia entre organizaciones latinas, la falta de una estrategia común y las diferencias dentro del Congreso sobre cómo abordar la inmigración, se combinaron para hacer de este tema un campo minado para cualquier intento de reforma significativa. Las lecciones de este proceso continúan siendo relevantes, ya que muestran cómo los esfuerzos legislativos pueden verse obstaculizados no solo por la oposición externa, sino también por las divisiones internas y la falta de consenso en torno a los objetivos comunes.

¿Cómo ha evolucionado la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos y qué implicaciones tiene para las comunidades locales?

La Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA) de 1952 estableció un sistema claro para la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. Sin embargo, la distinción entre violaciones civiles y penales no se discutió en su momento y sus consecuencias no serían evidentes hasta varias décadas después. Durante los primeros veinte años tras la promulgación de la ley, el sistema de control migratorio creado por la INA no fue cuestionado. Sin embargo, a medida que la inmigración no autorizada aumentó en la década de 1970, las autoridades locales comenzaron a tomar decisiones sobre la aplicación de las leyes migratorias de forma autónoma.

A finales de la década de 1970, un caso judicial abrió la puerta para una mayor intervención de las agencias locales en la aplicación de las leyes migratorias. En Los Ángeles, por ejemplo, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que previamente había cooperado con el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), fue demandado por la detención errónea de dos inmigrantes legales. Como resultado, la Junta de Comisionados de Policía implementó la "Orden Especial 40", que prohibía a los oficiales del LAPD interrogar a las personas sobre su estatus migratorio o colaborar con el INS en la transferencia de personas acusadas de delitos menores. La política fue una respuesta a la creciente presión de la comunidad, que consideraba que la cooperación estrecha entre la policía local y el INS generaba tensiones y discriminación.

Ante estas preocupaciones, el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) inició una campaña de resistencia tanto a nivel local como nacional. MALDEF, en colaboración con otras organizaciones y abogados, comenzó a presionar al gobierno federal para que clarificara el rol de las fuerzas del orden locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Abogaron por tres puntos principales: que los oficiales locales no tenían autoridad legal para hacer cumplir violaciones civiles de las leyes migratorias, que la aplicación local de estas leyes conduciría a discriminación y perfilado racial, y que resultaría en prácticas de aplicación inconsistentes entre diferentes jurisdicciones.

A lo largo de este período, se evidenció que la falta de coherencia en la aplicación de las leyes migratorias a nivel local estaba creando problemas tanto en la relación entre las autoridades y las comunidades latinas como en la efectividad de la propia aplicación de la ley. Aunque el gobierno federal se mostró reticente a asumir completamente el control sobre la aplicación de las leyes de inmigración, la creciente presión de organizaciones como MALDEF y la comunidad en general generó un debate sobre las implicaciones de la participación local en estos procesos. La situación reflejó la complejidad de abordar temas migratorios en una nación diversa como Estados Unidos, donde las políticas nacionales no siempre se adaptan a las realidades locales.

Es crucial entender que las tensiones entre la inmigración no autorizada, la aplicación de las leyes locales y la discriminación racial no son fenómenos aislados. Los efectos de estas políticas no solo se reflejan en la vida cotidiana de las personas migrantes, sino también en la dinámica política y social de las comunidades en general. La relación entre la policía y las comunidades inmigrantes sigue siendo un tema candente en Estados Unidos, y el debate sobre la intervención local en la aplicación de las leyes migratorias sigue siendo relevante, especialmente cuando se trata de garantizar que los derechos humanos sean respetados.

¿Cómo se ha transformado el concepto de derechos de los inmigrantes no autorizados en la historia estadounidense?

El ciclo de restricciones y expansiones de derechos continuó, y se intensificó en las décadas posteriores, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Programa Bracero reabrió la frontera para responder a las necesidades laborales. No obstante, una vez terminada la guerra, la legislación se endureció con medidas como la Operación Wetback y la Ley McCarran-Walter, que restablecieron las distinciones en función de la ciudadanía y la inmigración legal. A pesar de estas fluctuaciones, los inmigrantes no ciudadanos y los activistas de diversos movimientos reclamaron sus derechos y exigieron protecciones, desafiando las políticas restrictivas.

La expansión de los derechos de los inmigrantes durante las décadas de 1970 y 1980, ejemplificada en el caso Plyler, se dio en un contexto de creciente sentimiento antiinmigrante y, a su vez, de activismo proinmigrante. En los años posteriores a 1965, la inmigración legal desde México se redujo drásticamente debido a la implementación de un cupo hemisférico, lo que llevó a un aumento de la inmigración no autorizada. Entre 1965 y 1986, alrededor de 28 millones de mexicanos ingresaron a los Estados Unidos sin la documentación correspondiente. Este fenómeno generó una creciente preocupación en las ciudades y pueblos, que empezaron a lidiar con la alteración de sus perfiles demográficos. Al principio, el sentimiento hacia la inmigración era bastante neutral, e incluso algunos consideraban que los niveles de inmigración deberían mantenerse sin cambios. Sin embargo, en la década de 1970, la inmigración comenzó a ser percibida como una "invasión" de una población no asimilable, alimentando un discurso xenófobo y alarmista.

Esta imagen distorsionada de los inmigrantes se encontraba en la base de un discurso político que reclamaba medidas restrictivas y controles más estrictos. El comisionado del INS, Leonard Chapman, advirtió en 1973 sobre lo que calificó como una "marea humana" que iba a "engullir" el país si no se tomaban medidas para detenerla. Al mismo tiempo, la Corte Suprema comenzaba a abordar el tema de la inmigración no autorizada de manera más crítica. La creciente dificultad para controlar la inmigración desde México se convirtió en un "problema colosal", como lo describieron varios magistrados.

A pesar de este creciente rechazo hacia los inmigrantes no autorizados, la lucha por sus derechos no desapareció. La expansión de los derechos en otras áreas de la sociedad durante las décadas de 1960 y 1970, como la desegregación, la lucha por los derechos de los afroamericanos y los movimientos de derechos laborales, ayudó a construir una base sólida para la demanda de derechos de los inmigrantes. Así, a medida que se intensificaban las restricciones, también lo hacía la resistencia. Las décadas de 1970 y 1980 marcaron un período de derechos en expansión, en el que incluso los inmigrantes no autorizados comenzaron a tener un mayor acceso a los beneficios del estado de bienestar, una tendencia que continuaría siendo relevante en los años venideros.