La política, como sabemos, es un terreno complejo, donde los legisladores deben tomar decisiones informadas sobre una amplia variedad de temas. Sin embargo, no todos los legisladores cuentan con los recursos necesarios para desarrollar propuestas legislativas de manera independiente. En este contexto, surge ALEC (American Legislative Exchange Council), una organización que ofrece a los legisladores una gama de herramientas políticas, incluido un catálogo de proyectos de ley preescritos con la terminología exacta necesaria para su presentación, junto con investigación, evidencia y puntos políticos que pueden ser útiles para su promoción.
El atractivo de ALEC radica en su capacidad para suplir la falta de recursos de los legisladores, particularmente aquellos en estados con presupuestos ajustados. Según el representante Gene Whisnant de Oregón, la organización provee precisamente los recursos que muchos legisladores carecen. Los estados con menos recursos son los más propensos a recurrir a ALEC para obtener ideas legislativas. Esto es especialmente cierto en lugares donde los legisladores tienen menos personal, donde las sesiones legislativas son más cortas y donde los salarios son más bajos, obligando a muchos políticos a mantener trabajos adicionales fuera de la política.
Este fenómeno no se limita a los legisladores inexpertos o novatos. Si bien los legisladores más jóvenes y con menos experiencia son los que más recurren a los proyectos de ley modelo de ALEC, los políticos con más años de servicio también se ven involucrados en la organización, especialmente en estados donde el conservadurismo y la ideología republicana juegan un papel predominante. De hecho, ALEC ha sido históricamente más popular entre los legisladores republicanos, quienes utilizan sus modelos de ley para avanzar en su agenda proempresarial. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. A mediados de la década de 1990, los legisladores demócratas también se unieron a ALEC en número significativo, utilizando las propuestas de la organización para lograr sus propios objetivos políticos.
Aunque la influencia de ALEC está muy marcada por la ideología y el partidismo, también es crucial reconocer el impacto de los grupos de interés. Los cabilderos, especialmente a nivel individual, juegan un papel importante en la decisión de qué legisladores recurrirán más a menudo a ALEC. Sin embargo, lo que es sorprendente es que las contribuciones de campaña no parecen ser un factor determinante en la expansión de las propuestas de ALEC a lo largo de los estados. De hecho, el hecho de que ALEC atraiga a un espectro tan amplio de legisladores, incluidos aquellos con inclinaciones ideológicas opuestas, demuestra el poder de su enfoque pragmático.
La experiencia de Jeremy Nordquist, senador de Nebraska, ilustra bien la lógica detrás de unirse a ALEC. Nordquist, un demócrata de inclinación progresista, se unió a la organización después de ser elegido en 2008, motivado por la falta de recursos en su legislatura estatal. En Nebraska, los legisladores tienen un salario de apenas 12,000 dólares al año, lo que obliga a muchos a mantener otro empleo, y las sesiones legislativas son relativamente cortas, lo que dificulta la preparación exhaustiva de proyectos de ley. La posibilidad de acceder a propuestas legislativas ya desarrolladas, que incluían la redacción precisa y el respaldo de investigación y puntos políticos, le pareció una herramienta invaluable. Para muchos legisladores, el atractivo de las propuestas de ALEC radica en la comodidad de tener proyectos de ley listos para ser presentados, especialmente cuando carecen de la infraestructura y el personal necesario para desarrollar legislación por sí mismos.
No es raro que los legisladores más jóvenes o los que recién comienzan se vean atraídos por este tipo de recursos. En un entorno político con limitados recursos y un tiempo muy restringido para formular ideas complejas, las propuestas de ALEC representan una solución fácil y rápida. A esto se suma el beneficio adicional de las "viajes de lujo" que la organización organiza para sus miembros, lo cual sirve como un incentivo adicional para unirse.
Por otro lado, aunque los modelos de ley de ALEC son especialmente atractivos para los legisladores republicanos, también existe un segmento de legisladores progresistas que los adoptan, principalmente para demostrar que están alineados con los intereses empresariales. Esta contradicción, en la que políticos de diferentes inclinaciones ideológicas se ven atrapados por el pragmatismo de las propuestas de ALEC, pone de manifiesto una de las principales críticas a la organización: su capacidad para influir en la política más allá de las líneas partidistas y su éxito en posicionarse como una fuente legítima de propuestas legislativas.
Una de las características que distingue a ALEC es su enfoque en la creación de leyes que favorecen al sector empresarial, lo cual es especialmente atractivo para los legisladores que buscan atraer inversiones y apoyo económico. Sin embargo, este enfoque no está exento de críticas. A menudo, los proyectos de ley de ALEC son acusados de favorecer los intereses de las grandes corporaciones a expensas de los trabajadores y los ciudadanos. La falta de una representación equilibrada en los procesos legislativos puede llevar a que los legisladores aprueben leyes sin tener en cuenta todas las posibles repercusiones, lo que genera tensiones y divisiones dentro de las cámaras legislativas.
Es importante señalar que la popularidad de ALEC no solo se debe a sus propuestas legislativas, sino también a su capacidad para proporcionar una estructura de apoyo político. Los legisladores que tienen dudas o preguntas sobre alguna propuesta pueden recurrir a los grupos de trabajo de ALEC para recibir orientación y asesoramiento. Esto no solo hace que los proyectos de ley sean más atractivos, sino que también brinda una sensación de seguridad y respaldo político a aquellos legisladores que se sienten inseguros en su capacidad para generar leyes de forma independiente.
A medida que se profundiza en el estudio de ALEC, es crucial comprender la dinámica subyacente de cómo funciona esta organización y por qué es tan efectiva en influir en la legislación estatal. Aunque su influencia es, sin duda, significativa en ciertos estados y entre ciertos grupos de legisladores, su impacto no es uniforme y varía dependiendo de las circunstancias locales, la ideología política y los intereses particulares de los legisladores involucrados.
¿Cómo las industrias tecnológicas y otras empresas reaccionaron frente a la amenaza de los impuestos sobre ventas de Internet?
En el ámbito de las políticas públicas, la industria tecnológica, tradicionalmente inclinada hacia posturas liberales, se ha visto en ocasiones obligada a aliarse con grupos conservadores para defender sus intereses frente a amenazas que pondrían en riesgo su rentabilidad. Un ejemplo de ello lo encontramos en la reacción de empresas como Amazon, eBay y Microsoft frente a las propuestas de impuestos sobre las ventas de productos adquiridos a través de Internet. Aunque estos gigantes de la tecnología han mostrado su apoyo a iniciativas de corte progresista, como la reforma migratoria o la lucha contra el cambio climático, cuando se trata de políticas que afectan directamente su actividad económica, han recurrido a estrategias y alianzas más conservadoras, incluyendo su participación en la American Legislative Exchange Council (ALEC), un grupo de presión empresarial con un marcado enfoque en la defensa de intereses corporativos frente a regulaciones estatales y federales.
Uno de los puntos de fricción más relevantes en este sentido fue la discusión sobre los impuestos sobre las ventas de productos comprados en línea. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Quill v. North Dakota de 1992 dejó claro que las empresas solo están obligadas a recaudar impuestos sobre las ventas si tienen presencia física en el estado en cuestión. Esto significaba que los comercios en línea, como Amazon, podían operar sin tener que aplicar impuestos sobre las ventas en la mayoría de los estados, lo que favorecía a los consumidores al permitirles acceder a productos sin la carga fiscal adicional que aplicaba a las tiendas físicas. Este vacío legal fue aprovechado por los minoristas en línea para ofrecer precios más competitivos que sus contrapartes físicas, lo que, a su vez, desventajaba a los comercios tradicionales.
Por supuesto, este beneficio para los comercios en línea significaba pérdidas significativas para los presupuestos de los estados, que no podían recaudar impuestos sobre ventas realizadas en Internet. A medida que las ventas en línea crecían, los gobiernos estatales comenzaron a buscar maneras de modificar las leyes fiscales para capturar una parte de esta nueva fuente de ingresos. En 2008, el estado de Nueva York introdujo una nueva legislación (AB 9807) que permitía a las autoridades fiscales del estado cobrar impuestos sobre las ventas de productos comprados en línea, incluso si la empresa no tenía una presencia física en el estado. Esta ley se centraba en los vendedores en línea que utilizaban programas de afiliados para referir clientes desde sitios web operados por residentes de Nueva York.
Amazon, en particular, se vio directamente afectada por esta medida, ya que su red de afiliados era considerablemente amplia. Ante esta nueva amenaza fiscal, Amazon recurrió a ALEC para frenar la implementación de leyes similares en otros estados. ALEC, una organización conocida por su influencia en la creación de leyes que favorecen a grandes empresas, no dudó en involucrarse. El grupo de presión presentó documentos legales apoyando a Amazon, argumentando que las nuevas leyes violaban el principio constitucional de la regulación del comercio interestatal, una postura irónica considerando que ALEC, generalmente, favorece la descentralización del poder hacia los estados.
A pesar de los esfuerzos de ALEC, la ley de Nueva York fue finalmente respaldada por el Tribunal Supremo de Nueva York, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos declinó revisar el caso. Esto abrió la puerta para que otros estados siguieran el ejemplo de Nueva York, lo que ponía en riesgo los modelos de negocio de gigantes como Amazon, eBay y Overstock. Ante la posibilidad de que más estados adoptaran medidas similares, estas empresas intensificaron su colaboración con ALEC para bloquear la implementación de leyes que les obligaran a recaudar impuestos sobre ventas de productos comprados en línea.
En respuesta, ALEC promovió un modelo de ley en tres estados —Virginia, Texas e Iowa— que impedía la imposición de impuestos sobre las ventas de productos adquiridos a través de Internet, respaldando así a las empresas en línea y protegiendo sus márgenes de ganancia. ALEC organizó reuniones entre ejecutivos de empresas tecnológicas y legisladores estatales para coordinar esfuerzos y movilizar oposición a la imposición de impuestos sobre las ventas en línea. De esta manera, a través de su influencia política, ALEC desempeñó un papel fundamental en evitar que los gobiernos estatales pudieran regular más estrictamente las ventas de productos a través de Internet.
Es relevante destacar que, aunque la industria tecnológica en general ha mostrado un apoyo a políticas progresistas, en temas que atañen directamente a su supervivencia financiera, no duda en aliarse con sectores más conservadores para proteger sus intereses. Este tipo de alianzas, aunque a menudo pasan desapercibidas en el discurso público, son fundamentales para comprender cómo operan los lobbies empresariales en Estados Unidos y cómo influyen en las políticas públicas que afectan tanto a la economía como a los consumidores.
Además, es crucial entender que la relación entre las grandes corporaciones y los grupos de presión como ALEC no se limita a la defensa de intereses fiscales. ALEC ha sido un actor clave en la creación de legislación que favorece a las empresas en una amplia variedad de áreas, desde la privatización de servicios públicos hasta la regulación ambiental. Las empresas que operan en sectores estratégicos, como el comercio en línea, la salud o la energía, han demostrado que no dudan en movilizarse para proteger sus ganancias, aunque esto implique ir en contra de principios ideológicos que podrían parecer incompatibles con sus intereses a largo plazo.
¿Cómo ha logrado la derecha estadounidense implementar cambios en las políticas estatales?
A lo largo de las últimas décadas, un grupo de organizaciones de ideología conservadora ha forjado una red altamente eficaz para influir en las políticas estatales en los Estados Unidos. Encabezadas por la American Legislative Exchange Council (ALEC), estas organizaciones se han expandido en varias direcciones, consolidando su influencia en los legislativos estatales y en la opinión pública. Sin embargo, el surgimiento de este bloque político no fue una casualidad, sino el resultado de un proceso largo y calculado, lleno de alianzas entre empresarios, activistas, políticos y donantes privados.
ALEC, fundada en 1973, es la piedra angular de esta "troika" de la derecha, que ha sido reforzada con el paso de los años por otras organizaciones como la State Policy Network (SPN) y Americans for Prosperity (AFP). A través de estas entidades, la derecha conservadora ha logrado coordinar y promover propuestas de políticas que abarcan todos los 50 estados, apoyadas por una extensa red de think tanks, activistas, recursos financieros y campañas de medios de comunicación. Este sistema, en su conjunto, no solo impacta la política legislativa, sino que también es capaz de movilizar a millones de personas para que apoyen o rechacen ciertas propuestas legislativas a nivel estatal.
El éxito de esta red conservadora, que comenzó a gestarse mucho antes de los desastrosos resultados de las elecciones de medio mandato de 2010 para los demócratas y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha sido gradual. Aunque durante los años noventa y principios de los dos mil ya se visibilizaban sus primeras victorias, el auge real se dio en la última década, tras la reconfiguración del panorama político estadounidense. Es importante destacar que este proceso no fue ni mucho menos automático ni predeterminado. Los actores clave de este movimiento han tenido que aprender, adaptarse, y ajustar sus tácticas sobre la marcha. El trabajo de crear y mantener coaliciones entre empresas, activistas, políticos y donantes ha sido fundamental para que esta red conservadora sea tan efectiva.
En este proceso de construcción de poder, un aspecto esencial ha sido la capacidad de los grupos organizados para moldear la agenda de los partidos políticos. A diferencia de lo que se cree en la teoría política tradicional, que plantea que los partidos son equipos formados por políticos en busca de ganar elecciones, en la práctica, los partidos políticos se han transformado en coaliciones de grupos de interés, con los activistas y los donantes jugando un rol central. Estos grupos han logrado definir plataformas políticas que no necesariamente responden a los deseos de los votantes, sino que reflejan las posiciones de los intereses que se encuentran en el centro de estas coaliciones.
La relación entre los grupos de interés y los políticos no siempre ha sido de dependencia total. De hecho, muchas veces estos grupos han preferido actuar de manera autónoma para evitar quedar demasiado atados a un solo partido. Mantener vínculos con ambos partidos les ha permitido maximizar su influencia, asegurándose de que su agenda sea considerada en todo momento, independientemente de cuál sea la administración en el poder.
En cuanto a los medios de comunicación, el apoyo de entidades como SPN y AFP ha sido clave. Estos grupos no solo han proporcionado financiamiento y personal para crear contenido y llevar a cabo campañas de sensibilización, sino que también han utilizado su red de think tanks para influir en la opinión pública a través de encuestas, entrevistas y artículos de opinión. Las iniciativas de ALEC, por ejemplo, son a menudo respaldadas por investigaciones que dan soporte a las propuestas legislativas que defienden. A través de su control sobre los medios y la producción de contenido relevante, estos grupos han logrado dar visibilidad a sus propuestas y convertirlas en una parte integral de los debates legislativos estatales.
Sin embargo, lo que no se puede pasar por alto es la eficiencia de esta red en movilizar a las bases. Con más de dos millones de voluntarios a nivel nacional, AFP ha logrado no solo movilizar personas a través de campañas tradicionales, sino también organizar grandes concentraciones, marchas y otros eventos de apoyo que han sido cruciales para generar presión sobre los legisladores. Este modelo de acción popular, en combinación con los recursos políticos y económicos de grandes donantes, ha sido una pieza fundamental del éxito de la derecha en Estados Unidos.
El impacto de esta red en las políticas públicas es innegable. La capacidad para influir en la creación de leyes a nivel estatal ha dado a los conservadores una ventaja significativa en la lucha por el poder político, y ha permitido una reconfiguración de las prioridades legislativas en toda la nación. Además, esta red ha aprovechado la creciente disparidad de ingresos y riqueza en Estados Unidos, adaptando sus propuestas a un electorado que, en muchos casos, busca soluciones a problemas económicos que, paradójicamente, los mismos intereses que las promueven podrían estar perpetuando.
Es esencial, por lo tanto, que los lectores comprendan que el éxito de esta red conservadora no es solo resultado de una estrategia bien pensada, sino también de su habilidad para adaptarse a los cambios en el entorno político. El proceso de aprendizaje y ajuste continuo ha sido clave para mantener la efectividad de esta coalición, que sigue siendo una de las fuerzas más influyentes en la política estadounidense.
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