En sus primeros años de existencia, ALEC (American Legislative Exchange Council) enfrentó dificultades significativas para atraer apoyo entre las empresas, ya que sus prioridades estaban enfocadas principalmente en cuestiones sociales, como la reforma educativa y el bienestar social, más que en problemas económicos que interesaran a las corporaciones. De hecho, la falta de interés por parte de muchas empresas moderadas resultó en que ALEC tuviera una financiación mayormente proveniente de fundaciones conservadoras, como las de Coors y Scaife, que también respaldaban otros proyectos de la nueva derecha, como Heritage Foundation.

A pesar de su orientación conservadora y su falta de recursos, ALEC experimentó un crecimiento durante la década de 1980, cuando sus líderes buscaron formas de vincularse más estrechamente con la comunidad empresarial. Esto se hizo posible en parte gracias a su estatus de exención fiscal, lo que permitía que las donaciones fueran deducibles de impuestos. Sin embargo, fue un evento en particular lo que demostró a ALEC cómo atraer a patrocinadores corporativos: su participación en una coalición que promovía la reforma del seguro estatal.

Durante los años 80, los costos de los seguros de responsabilidad general aumentaron drásticamente, lo que generó una gran preocupación tanto en empresas privadas como en gobiernos estatales y municipales. Ante este panorama, las empresas aseguradoras y sus clientes corporativos culparon al sistema judicial de torts, acusando que las demandas frívolas aumentaban los costos. En respuesta, ALEC comenzó a trabajar de cerca con las aseguradoras y otras empresas para promover la limitación de las demandas por torts y otras reformas legales.

El éxito de ALEC en este campo se reflejó en su involucramiento en la creación de un conjunto de legislación modelo para la reforma del sistema judicial civil a nivel estatal. A través de su iniciativa "National Project on Risk and Liability", ALEC colaboró estrechamente con la American Tort Reform Association, logrando que 23 estados introdujeran límites a los daños por demandas de torts, 34 estados limitaran o prohibieran los daños punitivos y 38 estados establecieran un monto máximo para las indemnizaciones que un demandado podía pagar.

Este éxito en la reforma de las leyes de responsabilidad civil mostró a las empresas que ALEC podía ofrecer un valor tangible al proporcionarles un medio para incidir en la legislación estatal, un beneficio que no podían obtener de otras organizaciones empresariales. Así, ALEC no solo encontró su nicho en el ámbito de la reforma judicial, sino que también atrajo nuevos miembros corporativos, como Amoco, la Alianza de Aseguradoras Americanas y la Asociación Nacional de Empresas Independientes.

Además de la reforma judicial, ALEC también logró consolidar su influencia en la política estatal a través de su enfoque pragmático: en lugar de insistir en posturas sociales extremas que alienaban a las empresas moderadas, la organización empezó a presentar proyectos de ley que abordaban directamente las necesidades e intereses de las corporaciones, como las reformas fiscales o la reducción de regulaciones que afectaban negativamente a los negocios.

La capacidad de ALEC para adaptarse a las circunstancias cambiantes, concentrándose en áreas que ofrecieran beneficios claros a las empresas, jugó un papel fundamental en su ascenso. Su habilidad para navegar por las complejidades de la política estatal y ofrecer soluciones legislativas favorables a las empresas le permitió aumentar su relevancia y poder a lo largo de las décadas siguientes.

La estrategia de ALEC en este periodo de su historia demuestra la importancia de un enfoque centrado en los intereses de las grandes corporaciones, mostrando cómo una organización, aunque inicialmente con escaso apoyo y recursos, puede cambiar su enfoque para adaptarse a las demandas del entorno político y empresarial. Así, lo que comenzó como un grupo con una agenda conservadora centrada en temas sociales y sin mucho apoyo corporativo, evolucionó hacia un actor clave en la elaboración de políticas estatales proempresariales.

¿Por qué los legisladores estatales adoptan las propuestas de ALEC?

El análisis de las propuestas legislativas de ALEC (American Legislative Exchange Council) revela patrones de adopción y enmienda que ofrecen una visión crucial sobre la relación entre los legisladores estatales y los intereses corporativos. Entre 1995 y 2013, varios proyectos de ley que se convirtieron en leyes en distintos estados fueron directamente influenciados por los modelos de ALEC. En la mayoría de los casos, estos proyectos abordaron temas clave como la educación, la sanidad y las políticas fiscales, reflejando las prioridades de los miembros de ALEC, que incluyen empresas, activistas conservadores y donantes de gran poder adquisitivo.

El paquete de reforma educativa de ALEC, que incluye desde el fomento de las escuelas charter hasta la modificación de las evaluaciones y licencias docentes, ha sido uno de los más replicados. De hecho, es uno de los pocos casos en los que se observa que un conjunto de propuestas se adopta casi en su totalidad en múltiples estados. Este fenómeno se debe en parte a que el proyecto no solo cubría un único tema, sino que integraba siete propuestas individuales que tocaban diferentes aspectos del sistema educativo. Del mismo modo, la reforma de responsabilidad médica, que limita las demandas por daños y perjuicios contra los proveedores de atención médica, también ha encontrado eco en numerosas legislaturas estatales.

Los proyectos más copiados también incluyen propuestas sobre cuidado a largo plazo, seguros de salud y políticas relacionadas con el cambio climático. Sin embargo, más allá de los temas específicos, la tendencia más notable es el patrón de privatización y desregulación, con propuestas que favorecen a las grandes corporaciones, limitan la intervención del gobierno en el mercado y buscan reducir los impuestos para las empresas.

Este fenómeno se extiende a lo largo de una amplia gama de políticas. A pesar de la diversidad de temas, los proyectos más comunes se concentran en dos áreas principales: la educación y la salud. En el año fiscal 2015, los estados de EE. UU. dedicaron un 25% de sus presupuestos a la educación K-12 y un 17% a Medicaid, el seguro de salud estatal para los más pobres. Dada la magnitud de estas áreas en el presupuesto estatal, no es sorprendente que ALEC, con su red de contactos en el sector privado, se enfoque principalmente en proponer reformas en estos campos.

Lo que distingue a ALEC es la simplicidad de su propuesta y la falta de requisitos técnicos o jurídicos complejos para su adopción. Los legisladores, en su mayoría sin experiencia previa en la creación de leyes, encuentran en las propuestas de ALEC una solución rápida y eficiente para cumplir con sus objetivos legislativos. En muchos estados, como Carolina del Norte, los legisladores que carecen de experiencia en la redacción de proyectos de ley recurren a sus equipos de trabajo, y en algunos casos, cuando los recursos son limitados, como en Idaho, a la escasa asistencia que pueden recibir de personal legislativo. En estos contextos, las propuestas de ALEC se presentan como un recurso atractivo y fácilmente accesible para los legisladores que se encuentran sin los conocimientos o el tiempo para desarrollar legislación propia.

Sin embargo, la adopción sin cambios de los textos de ALEC plantea una pregunta importante: ¿por qué los legisladores estatales aceptan sin cuestionar estas propuestas? La respuesta radica en varios factores. Primero, la presión de los intereses corporativos que componen ALEC juega un papel crucial, ya que estos grupos tienen los recursos necesarios para influir en la política pública a través de su red de contactos y financiamiento. Segundo, la falta de recursos y la experiencia limitada de muchos legisladores en la creación de políticas públicas hace que las propuestas estandarizadas de ALEC sean vistas como una forma conveniente de legislar. Tercero, la creciente privatización de servicios públicos y la desregulación que promueven muchas de estas leyes se alinea con las ideologías predominantes de muchos legisladores estatales, especialmente aquellos que representan distritos con un fuerte apoyo a la libertad de mercado.

Finalmente, la falta de una verdadera revisión o adaptación del texto legislativo a las realidades locales es otro factor que facilita la rápida adopción de las propuestas de ALEC. En algunos casos, los proyectos de ley adoptados no solo replican las ideas de ALEC, sino que también imponen restricciones adicionales que refuerzan las políticas de desregulación y privatización.

Para los lectores interesados en comprender el impacto real de estas políticas en sus comunidades, es crucial observar cómo la legislación derivada de ALEC afecta a largo plazo a los servicios públicos y a la distribución del poder en los gobiernos estatales. Las reformas a la educación y a la salud pueden tener implicaciones profundas en la equidad social y económica, ya que tienden a favorecer a los sectores privados sobre el interés público. Es importante también considerar cómo estos proyectos de ley refuerzan una visión política de menor intervención estatal y mayor influencia corporativa, lo que puede alterar las prioridades de los gobiernos estatales y los servicios que prestan a sus ciudadanos.

¿Cómo la ALEC y las redes conservadoras configuran políticas públicas en Estados Unidos?

A pesar de contar con un presupuesto amplio y un equipo de recursos considerables, el Instituto Goldwater no hubiera logrado alcanzar la misma influencia nacional sin su participación activa en la ALEC (American Legislative Exchange Council). Al ser miembro de ALEC, Goldwater pudo llevar sus propuestas más significativas, como los recortes a los sindicatos públicos y los vales educativos, a las mesas de trabajo de ALEC, específicamente a los grupos de trabajo en temas laborales y educativos. Estas alianzas con miembros corporativos y legislativos de ALEC permitieron la creación y distribución de legislación modelo basada en sus propuestas, lo que tuvo un impacto notable en varios estados. En el caso del centro de políticas de Heritage en Maine, un afiliado más pequeño de SPN (State Policy Network), ALEC proporcionó apoyo valioso para contrarrestar las iniciativas progresistas. En 2010, el Heritage Policy Center organizó un evento con Christie Herrera de ALEC para detallar las estrategias de esta organización contra la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que demuestra la estrecha colaboración entre los miembros de SPN y ALEC.

Desde sus inicios, SPN y ALEC han compartido vínculos estrechos. El apoyo institucional de figuras como Sam Brunelli permitió la creación de lo que hoy es SPN, cuya red de think tanks conservadores ha sido clave en la formulación de políticas públicas de orientación neoliberal en Estados Unidos. Aunque SPN y sus afiliados operan como entidades legales independientes, la estructura organizativa de la red nacional facilita una coordinación precisa entre sus miembros, asegurando que los esfuerzos y objetivos a nivel estatal estén alineados con las prioridades de ALEC. En este sentido, la independencia de los think tanks afiliados se ve estratégicamente combinada con el apoyo institucional de SPN, que dirige los recursos hacia temas específicos y coordina las acciones a través de subsidios y fondos para actividades concretas, como la lucha contra la expansión de Medicaid o la participación en grupos de trabajo de ALEC.

La relación entre SPN y ALEC se ha manifestado también a través de esfuerzos de recaudación de fondos, especialmente dirigidos a financiar la membresía de afiliados en ALEC. Un ejemplo de esto es la figura de Tracie Sharp, actual presidenta de SPN, quien impulsó un esfuerzo sistemático de recaudación de fondos en la década de 2000 para cubrir los costosos pagos de membresía de ALEC. El reconocimiento a sus esfuerzos se materializó en el premio a Miembro del Año del Sector Privado en ALEC en 2009, lo que resalta el impacto de las iniciativas de SPN en la promoción de legislaciones modelo en colaboración con ALEC. Este tipo de estrategias también se reflejaron en la correspondencia interna de SPN, donde se detallaba cómo los fondos destinados a los afiliados estaban directamente relacionados con su capacidad para impulsar legislación vinculada a los objetivos de ALEC, como el caso del Instituto Goldwater en Arizona, que logró hacer avanzar legislación modelo en 2012.

El poder de esta relación entre SPN y ALEC radica en su capacidad para influir en la legislación estatal sin la necesidad de una estructura centralizada de control. Aunque SPN afirma que sus afiliados son "independientes", en realidad, la coordinación a nivel nacional asegura que las prioridades políticas se mantengan uniformes, sin perder la apariencia de autonomía local. Este es un ejemplo claro de cómo las organizaciones conservadoras, aparentemente desarticuladas, en realidad operan de manera coordinada a través de alianzas estratégicas que les permiten ejercer una presión política significativa sobre los legisladores estatales y el proceso de creación de políticas.

La forma en que SPN y ALEC han logrado penetrar en los círculos legislativos estatales se ejemplifica en la campaña por la implementación de leyes de "derecho al trabajo" en Michigan. Este caso es representativo de un patrón que se repite en otros estados, donde la acción de ALEC se ve reforzada por la presencia activa de afiliados de SPN, quienes aportan investigaciones, cobertura mediática y asistencia política. Sin embargo, SPN no es el único actor conservador en esta dinámica. Un tercer miembro de esta "tríada" de fuerzas de derecha es Americans for Prosperity (AFP), un grupo financiado por los hermanos Koch, cuyo impacto en las políticas conservadoras es igualmente relevante. Los Koch, con una fortuna estimada en casi 50 mil millones de dólares cada uno, han logrado crear una red de influencia política que complementa las estrategias de ALEC y SPN.

La estrecha relación entre ALEC, SPN y AFP refleja un modelo de acción política donde la influencia empresarial, la elaboración de legislación modelo y la movilización de recursos financieros se combinan para moldear políticas públicas que favorecen los intereses conservadores. Este modelo no solo es eficaz en su impacto inmediato, sino que también tiene un efecto duradero al consolidar un ecosistema que favorece la creación y difusión de políticas públicas que favorecen la desregulación, los recortes fiscales y la privatización de servicios públicos.

Es fundamental para el lector comprender que, aunque las organizaciones como SPN y ALEC operan bajo el disfraz de instituciones locales e independientes, su verdadero poder reside en la coordinación que permiten entre entidades estatales, corporativas y políticas a nivel nacional. Además, la capacidad de estas redes para movilizar recursos y crear legislación modelo muestra cómo las políticas públicas en Estados Unidos pueden ser influenciadas por un conjunto limitado de actores poderosos, cuyo impacto no siempre es evidente para la ciudadanía. Este enfoque estratégico subraya la importancia de reconocer las conexiones detrás de las políticas públicas y cómo estos movimientos conservadores han logrado construir un sistema en el que sus intereses prevalecen a través de una red de think tanks, grupos de presión y legisladores alineados con sus objetivos.

¿Cómo la Troika Conservadora Transformó la Política Laboral en Wisconsin?

El caso de la ley Acto 10 en Wisconsin ofrece un ejemplo claro de cómo una coalición de fuerzas de derecha, conocida como la "Troika", operó para modificar de manera significativa las relaciones laborales en el sector público. Este análisis nos permite comprender cómo la Troika no solo impulsó reformas políticas, sino también cómo se coordinaron de manera eficaz para neutralizar la oposición de los sindicatos y consolidar sus intereses políticos y económicos.

La historia comienza en 2011, cuando el recién electo gobernador republicano Scott Walker presentó la ley, denominada el "Proyecto de Ley de Reparación del Presupuesto", en respuesta a un déficit fiscal del estado. Aunque el recorte en el presupuesto fue una de las motivaciones expuestas, la ley fue mucho más allá, ya que limitaba la negociación colectiva de los empleados públicos y restringía el cobro de cuotas sindicales. A pesar de que los sindicatos y los demócratas en la legislatura intentaron negociar en torno a los recortes presupuestarios, se negaron a aceptar los recortes a los derechos de negociación colectiva. Walker, apoyado por su equipo, decidió seguir adelante con la propuesta sin contemplaciones, desatando protestas masivas en el estado, especialmente entre los trabajadores del sector público. La crítica principal fue que estos cambios en la negociación colectiva no tenían un impacto directo en el presupuesto del estado, sino que parecían más bien dirigidos a neutralizar a los oponentes políticos del gobernador.

Sin embargo, lo que realmente distingue este proceso legislativo es la actuación coordinada de la Troika: la American Legislative Exchange Council (ALEC), Americans for Prosperity (AFP) y el State Policy Network (SPN). Estos actores fueron fundamentales en la génesis, promoción y defensa de la ley. ALEC, una organización que promueve la legislación conservadora a nivel estatal, ya había influido en la agenda legislativa de Wisconsin, incluso antes de que Walker asumiera el cargo. La misma ley de presupuesto incluía elementos que provenían de modelos de ALEC, entre ellos, la desregulación de los derechos de los sindicatos públicos. A través de ALEC, Walker y sus aliados legislativos obtuvieron la asesoría necesaria para diseñar una legislación que se alineara con los intereses del capital conservador, al mismo tiempo que debilitaba el poder de los sindicatos.

AFP, por su parte, jugó un papel crucial en la movilización popular para respaldar la reforma. Esta organización gastó millones en publicidad, organizó manifestaciones y movilizó a ciudadanos del estado a favor de la ley, llevando incluso a su presidente, Tim Phillips, a participar en contraprotestas. Al mismo tiempo, el MacIver Institute, un afiliado local de SPN, contribuyó a crear un ambiente de opinión pública favorable al recorte de los derechos sindicales, especialmente en los medios de comunicación conservadores. Además, la infraestructura de movilización de AFP en Wisconsin se convirtió en una de las más activas, incluso desplazando a los sindicatos en términos de número de militantes y recursos.

El impacto de esta coalición fue significativo y perdurable. A lo largo de los años, la ley Acto 10 debilitó la influencia de los sindicatos en la política estatal, reduciendo sus filas y su capacidad para influir en las elecciones. Con menos poder organizativo y menos fondos disponibles, los sindicatos públicos han visto disminuida su capacidad para movilizar a los votantes, especialmente en las elecciones locales y estatales, que son el terreno de juego donde la reforma ha tenido sus efectos más profundos. Esto ha resultado en un cambio radical en el panorama político de Wisconsin, con la derecha ganando terreno en áreas clave, mientras que la izquierda lucha por recuperar la influencia que perdió.

Es importante destacar que este fenómeno no es un caso aislado. La intervención de la Troika en Wisconsin forma parte de una estrategia más amplia para redefinir las relaciones laborales en los Estados Unidos, especialmente en estados clave donde los sindicatos públicos tienen una fuerte presencia. El caso de Wisconsin muestra cómo una red de organizaciones políticas y económicas puede implementar un cambio estructural profundo, que a largo plazo altera el equilibrio de poder entre el gobierno, los sindicatos y los actores privados.

Es esencial entender que los cambios promovidos por la Troika no solo afectan a los sindicatos, sino que tienen implicaciones más amplias para la democracia y el sistema político en general. La deslegitimación de los sindicatos como actores políticos influye directamente en la capacidad de los trabajadores para organizarse y negociar en condiciones de igualdad con los empleadores. Esta dinámica también incide en la representatividad de las instituciones políticas, pues, al debilitar a los sindicatos, se reduce una de las principales fuerzas que históricamente ha representado a la clase trabajadora en el sistema político estadounidense.

El caso de Wisconsin es, por lo tanto, un microcosmos de una lucha más grande que sigue siendo relevante en la política de muchos estados de EE. UU. y otros países, donde las fuerzas conservadoras continúan buscando formas de erosionar las bases de los sindicatos y redefinir las relaciones laborales en términos favorables para el capital.

¿Por qué los esfuerzos de la izquierda para contrarrestar a la "Troika" han fracasado?

La historia de los intentos de contrarrestar el dominio de la "Troika" conservadora en los Estados Unidos está marcada por una sucesión de intentos fallidos y esfuerzos de colaboración que, a pesar de la buena voluntad de los activistas progresistas, nunca alcanzaron el nivel de coordinación y recursos necesarios para competir efectivamente con las fuerzas de la derecha. Uno de los intentos más destacados fue la creación de ALICE, una iniciativa que buscaba ofrecer a los legisladores estatales una biblioteca de investigaciones y propuestas políticas progresistas, a diferencia de las tácticas agresivas de lobbies tradicionales. Esta iniciativa, sin embargo, no logró despegar en sus primeras versiones debido a la falta de fondos provenientes de fuentes tradicionales de izquierda.

El fracaso inicial de ALICE no fue un hecho aislado. En paralelo, Rogers, uno de sus principales impulsores, también fundó el Center for State Innovation (CSI) en la Universidad de Wisconsin, con el objetivo de proporcionar recursos a los ejecutivos estatales para el desarrollo de políticas públicas progresistas. Ambos proyectos enfrentaron problemas similares: la falta de una infraestructura sólida y el limitado apoyo financiero que dificultó su expansión.

Sin embargo, ante la creciente presión por parte de los republicanos y la incapacidad de las redes progresistas para movilizarse eficazmente, los líderes progresistas decidieron unir fuerzas en 2014 para formar el State Innovation Exchange (SIX). La idea era reunir recursos y crear una red poderosa que pudiera apoyar a los legisladores progresistas en los estados mediante la redacción de legislación modelo, así como utilizando tácticas agresivas como la investigación de oposición y el seguimiento de videos para socavar las iniciativas republicanas. A pesar de la ambición de SIX, los resultados han sido decepcionantes. Con un presupuesto que ronda los 3 millones de dólares, SIX se encuentra muy lejos de alcanzar los objetivos iniciales de recaudar hasta 10 millones al año, y la mayoría de sus actividades se han limitado a estados ya considerados bastiones liberales.

Al analizar los esfuerzos de SIX, se observa que la mayoría de su actividad se concentra en estados con movimientos laborales fuertes y electorados democráticos, como Washington, Colorado, Massachusetts, Minnesota, Oregón y California. Esta concentración en bastiones progresistas refleja la dificultad que enfrenta SIX para expandir su influencia más allá de estos territorios tradicionales de izquierda. De hecho, la mayoría de los legisladores estatales y sus equipos informaron que no dependen en gran medida de los recursos que ofrece SIX, lo que pone en duda la eficacia de la organización en su objetivo de influir a nivel nacional.

Además, hay indicios de que SIX podría estar cambiando su enfoque de la promoción legislativa hacia una mayor actividad electoral. Después de las derrotas demócratas en las elecciones de 2016, SIX creó un brazo electoral, SIX Action, con el objetivo de ayudar a los demócratas a ganar elecciones estatales y locales. Este cambio podría reflejar la falta de confianza en los métodos legislativos tradicionales y el intento de competir directamente en las urnas para cambiar la composición política de los estados.

La historia de estas redes progresistas está marcada por lo que podría considerarse un ciclo constante de pánico y desesperación. Ante la creciente brecha entre los recursos y las capacidades de los grupos progresistas y las organizaciones de la derecha, los líderes de la izquierda han intentado varias veces reconstruir sus estructuras organizativas, pero con frecuencia estos esfuerzos se ven frustrados por la falta de fondos consistentes y el continuo desafío de competir contra grupos bien financiados como ALEC.

Es importante señalar que la repetida falta de éxito en la construcción de una infraestructura progresista robusta a nivel estatal también refleja un patrón más amplio en la política estadounidense. A lo largo de los años, las fuerzas progresistas han tendido a organizarse y movilizarse de manera significativa solo cuando los demócratas estaban fuera del poder a nivel federal. Este fenómeno se ha visto en momentos clave, como después de la reelección de George W. Bush en 2004, o tras las derrotas demócratas en 2010. Cuando los demócratas controlan una parte importante del gobierno federal, la necesidad de una organización progresista a nivel estatal se reduce, lo que ha generado una visión errónea de que el control federal es suficiente para avanzar en las políticas progresistas.

Lo que resalta de todo esto es que la infraestructura y los esfuerzos para construir redes progresistas realmente sólidas son extremadamente vulnerables a los cambios en el poder político federal. La historia demuestra que, cuando los demócratas están en el poder federal, los recursos destinados a estas iniciativas se reducen drásticamente, lo que contribuye a los ciclos de auge y caída que hemos visto a lo largo de los años.

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